Lima, (PL).- Un paro general de agricultores y ganaderos comenzó el miércoles en la región norandina de Cajamarca contra el proyecto minero Conga a cargo de una empresa de capitales locales y estadounidenses, luego de fallidos intentos gubernamentales de impedir la protesta mediante el diálogo y el despliegue de la fuerza. Denuncian que la minera Yanacocha contamina el agua y gasta 900 litros por segundo.
Desde el 14 de noviembre persiste una huelga general contra la actividad minera en la región de Apurímac, en los Andes del sur de Perú, mientras otros conflictos continúan latentes. El Ejecutivo accedió a dictar un decreto de prohibición de la minería informal y de cualquier actividad minera en las cabeceras de los ríos, para evitar la contaminación de las aguas que daña la agricultura y la ganadería.
Sin embargo, el Comité de Lucha de la provincia de Andahuaylas, que dirige las protestas, desconoció un acuerdo firmado con el gobierno semanas atrás. La protesta seguirá con bloqueos de carreteras hasta que el gobierno emita un decreto que proscriba la actividad minera en las dos provincias, informó el nuevo presidente del Comité de Lucha de Andahuaylas Guido Flores. Un frente de organizaciones regionales del sur del país dio un plazo de dos semanas al gobierno para que dicte medidas de protección de los recursos hídricos y se abstenga de aprobar proyectos mineros porque depredan el ambiente.
El congresista Javier Diez Canseco, de la bancada del bloque gobernante Gana Perú, advirtió que elementos ligados al encarcelado ex gobernante Alberto Fujimori azuzan el conflicto. Según el parlamentario, fue un error que los ministros de Energía y Minas Carlos Herrera y Agricultura Miguel Callaux hubieran abandonado una reunión con los dirigentes de la protesta, bajo la falsa percepción de que estos querían tomarlos en rehenes.
También respaldo la posición del ministro del Ambiente Ricardo Giesecke, en el sentido de que se revisen los estudios de impacto ambiental que respaldan proyectos mineros en marcha, resistidos en diversas regiones. Diez Canseco puso en duda que esos estudios garanticen la preservación del medio ambiente y los recursos hídricos, por lo que deben ser revisados.
La tensión persistía el 23 de noviembre en la norandina región de Cajamarca, en la víspera de un paro general, pese al desmentido de versiones sobre el envío de tropas a reprimir la protesta. Aunque el lunes se confirmó la llegada de tropas de élite policiales a Cajamarca, el jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas general Luis Howell desmintió el envío de tropas del ejército a esa región como refuerzo de la policía.
Este miércoles continuaban los reclamos del frente de organizaciones sociales contra el proyecto Conga de explotación de oro, motivado por la percepción de que depredará fuentes de agua vitales para la población. La huelga fue precedida, según fuentes consultadas telefónicamente, por el arribo de numerosos policías y el ministro del Interior Oscar Valdés, para tomar medidas de resguardo del orden público ante posibles excesos de los activistas del paro, y dialogar con los dirigentes sociales.
Valdés hizo llamados contra el paro, por considerar que no es pertinente, y hasta lanzó advertencias sobre la posible acción de grupos radicales provocadores que tendrían armas robadas en un asalto a la policía en la ciudad selvática de Tarapoto. Fue criticado duramente por el congresista oficialista Jorge Rimarachín, quien pidió su renuncia por haber asumido una actitud provocadora que exacerbó los ánimos de la población.
El ministro se reunió brevemente con el presidente regional (gobernador) de Cajamarca Gregorio Santos y con dirigentes de Frente de Defensa de Cajamarca, que conduce la protesta, pero no logró avances. Sus interlocutores le dijeron que no confían en los ministros y que solo quieren hablar con el presidente Ollanta Humala y rechazaron acusaciones policiales de aprestos de violencia.
El gobierno aguardaba la llegada de alcaldes y otras autoridades de ese territorio, convocados a un diálogo sobre el proyecto minero aurífero Conga, pero el llamado no encuentra eco. Según Gregorio Santos, duro crítico del proyecto e impulsor de la huelga, y el presidente del Frente de Defensa Interprovincial de Cajamarca Wilfredo Saavedra, el presidente Ollanta Humala debe viajar a Cajamarca a debatir el tema.
"No hay ninguna posibilidad de que el proyecto Conga u otros proyectos mineros se integren al plan de desarrollo regional de Cajamarca. No es posible ni técnica ni científicamente", aseveró Saavedra. Cuestionó así el anuncio del presidente Humala de que el gobierno avala el citado proyecto y considera factible que se desarrolle con la construcción de lagunas en reemplazo de las que serán afectadas por la explotación aurífera.
Argumentó que las empresas mineras realizan operaciones a tajo abierto, lo que contamina y destruye el paisaje y las cabeceras de cuenca (nacientes de los ríos). Señaló que en Cajamarca hay actividad minera desde hace 19 años y el saldo es la destrucción de las cabeceras de agua, afectando a la población, que ahora carece del elemental recurso, del cual la firma Yanacocha gasta 900 litros por segundo.
Tal situación, dijo, afecta a la agricultura y la ganadería, principales actividades de la citada región y que constituyen 77 por ciento de la economía de la zona. La minería, en cambio, alegó, no ha impulsado el desarrollo regional de Cajamarca, que ocupa el cuarto lugar en el cuadro de las regiones más pobres del país. Tras denunciar que el gobierno ha tomado partido por las empresas mineras, el dirigente afirmó que en la campaña electoral el actual presidente planteó que Cajamarca debe optar entre el agua y el oro, el agro o la minería.
El mandatario descartó el dilema y consideró posible tener oro y agua y que el proyecto Conga se realice garantizando la provisión y reposición de agua para la agricultura y la ganadería. Humala no acepta ultimátum de nadie, en alusión a los reclamos de las organizaciones sociales de Cajamarca y mantendrá el orden y la tranquilidad, aunque mantendrá disposición al diálogo para dar explicaciones.
Según el mandatario, los impuestos que el Estado recibirá por el proyecto servirán para las reformas sociales y el desarrollo regional, lo que fue cuestionado por el presidente de Cajamarca, quien afirmó que el anuncio del gobernante está dirigido a complacer intereses empresariales y equivale a una declaratoria de guerra a Cajamarca. Santos denunció que la empresa Yanacocha, a cargo del proyecto Conga, está repartiendo escopetas entre su personal y elementos de choque, y llamó a las autoridades a intervenir ante esa ilegalidad.
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