[CAJAMARCA]Alerta: Hostigamiento a familia de Máxima Acuña - Caso Py. Minero Conga

El 04 de febrero del presente integrantes de la Marcha Nacional de Mujeres, Consejo Regional de la Mujer (COREMU) y Asociación de Mujeres en Defensa de la Vida, denunciaron constantes acciones de hostigamiento y amedrentación a los integrantes de la familia de Máxima Acuña alertaron de la presencia de un ómnibus con DINOES  y cuatro camionetas contrabajadores de la empresa Minera Yanacocha.  

Testimonio fotográfico*

 

 Informacion Vehicular presente el dia del hostigaminto, mira foto anterior a ella.

 

*Imágenes extraídas de video registrado por integrante de la Asociación de Mujeres en Defensa de la Vida 

Observatorio de Conflictos
GRUFIDES

[VIDEO] Cajamarca: Denuncian a Javer Velarde Zapater gerente de minera #Yanacocha - Py. Conga

[Ciberaciones] ¡Máxima y su familia en riesgo de desalojo! - Minera #Yanacocha / #DityConga

 

LINK PARA FIRMAR

http://www.amnistia.org.pe/ciberaccion-detalle/?id=48#

¡Máxima y su familia en riesgo de desalojo!

Máxima Acuña y su familia, agricultores de subsistencia, mantienen una disputa con la empresa minera Yanacocha sobre la propiedad de la tierra en la que viven, en Tragadero Grande, distrito de Sorochuco, región de Cajamarca. Tanto Yanacocha como la familia de Máxima Acuña afirman ser propietarios de la tierra. En julio de 2013 un tribunal anuló una resolución judicial de 2012, dictada tras una querella presentada por la empresa, que declaraba a la familia culpable de ocupación ilegal de la tierra. El juez concluyó que la primera resolución presentaba una serie de irregularidades, entre ellas el hecho de que no se habían examinado pruebas presentadas por la familia de Máxima Acuña y que incluían la documentación relativa a la compra de la tierra. El juez ordenó un nuevo juicio. La próxima audiencia está prevista para marzo.

La familia, mientras aguarda el resultado del nuevo juicio, ha sufrido, según la información recibida, numerosas amenazas y acoso de la policía. El 30 de enero, Máxima Acuña recibió una llamada telefónica de un hombre que le dijo: “sal de tu propiedad, si no vas a morir”. Poco después de la llamada, dos policías se acercaron a ella y le dijeron que dejara de cultivar la tierra, porque no le pertenecía. Según afirman ella y su hija, cuando ambas regresaron a casa dos policías, uno de ellos armados, entraron en la casa y les dijeron que dejaran de cultivar y que abandonaran las tierras inmediatamente. Los policías se marcharon después de que Máxima Acuña hiciera varias llamadas telefónicas pidiendo ayuda, pero regresaron a su propiedad el 4 de febrero para intimidarla de nuevo. Durante los últimos años, la familia Acuña ha denunciado haber sufrido ataques y acoso reiterado por parte de la policía, que, según afirma la familia, intenta expulsarla de las tierras.

Información complementaria

Según el derecho internacional, los desalojos forzosos son violaciones graves de varios derechos humanos, como el derecho a una vivienda adecuada, garantizado por el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en el propio domicilio, consagrado en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, incluso cuando se considera que un desalojo está justificado, e independientemente de la situación de tenencia de las personas que van a ser desalojadas, éste debe llevarse a cabo de estricta conformidad con el derecho internacional y con los requisitos del proceso debido. Todo uso de la fuerza debe respetar los principios de necesidad y proporcionalidad. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha manifestado que los desalojos no deben “dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos”.

Perú es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, por tanto, sus autoridades están obligadas a respetar, proteger y hacer cumplir el derecho a una vivienda adecuada, lo cual incluye la prohibición y la prevención de los desalojos forzosos.

Fuente: Amnistia Internacional Perú - http://www.amnistia.org.pe/ciberaccion-detalle/?id=48#

Perú: Experto internacional se pronuncia sobre la ley 30151 llamada “licencia legal para matar”

06 de febrero, 2014.- A través de una misiva dirigida al Presidente Ollanta Humala, el economista español Pedro Arrojo nos refiere sobre su gran preocupación por la reciente promulgación de la Ley 30151 llamándola “licencia legal para matar”, así como de su relación con la criminalización de la protesta social. En esa línea, insta a que el único camino que puede llevar a resolver de forma efectiva los dolorosos conflictos abiertos en Cajamarca y en otras regiones de Perú es el del diálogo en un marco de estricto respeto a los derechos humanos.

Para Arrojo, que dicha ley exima a la policía y al ejército de responsabilidades penales, incluso cuando, haciendo uso de la fuerza, lleguen a producir lesiones y/o la muerte de personas, no sólo es muy grave, sino contrario a los más elementales principios de un orden constitucional democrático. No amparar la vida de las personas que ejercen derechos democráticos, como el de manifestación pacífica, supone una transgresión de los derechos humanos que conmueve y conmoverá más aún a la opinión pública internacional si, como nos tememos, llega a haber heridos graves e incluso muertos al amparo de esta ley, precisó el experto.

Adjuntamos la carta completa dirigida a Ollanta Humala, así como el Informe Final sobre la Gran Marcha Nacional por el Derecho al Agua en el Perú.

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*Pedro Arrojo, Profesor Emérito de la Universidad de Zaragoza (España).

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Fuente: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

 

 

Informe sobre la Gran Marcha Nacional por el Derecho al Agua en Perú by Mi Mina Corrupta

Carta Abierta al Presidente Humala, escrito por Pedro Arrojo. (Licencia para matar en protesta social) by Mi Mina Corrupta

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Cajamarca: Máxima Acuña de Chaupe denuncia nueva intimidación de Policía Nacional del Perú contratada por minera Yanacocha

Escuchar audio aquí: http://www.ivoox.com/maxima-acuna-chaupe-denuncia-nueva-intimidacion-de-audios-mp3_rf_2799468_1.html



Alrededor de las 11:20 horas del día de hoy se comunicó Máxima Acuña de Chaupe con nuestro medio para denunciar nuevamente el hostigamiento que viene siendo víctima su familia por parte de la empresa minera Yanacocha a través de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú (DINOES) a quién esta empresa minera ha contratado para brindarle seguridad.

 Informó que la DINOES en un número de 18 efectivos fuertemente armados que llegaron en 3 camionetas de la empresa minera han entrado a su propiedad a impedir que desarrollen sus actividades agrícolas. La empresa alude que el terreno en donde vive la familia Chaupe Acuña es de su propiedad, los efectivos de la policía han ido a llevar este mensaje de prohibición de trabajar en sus chacras. Por otro lado también se conoce que la familia viene afrontando un litigio con la todo poderosa minera Yanacocha que quiere apropiarse de sus terrenos que poseen desde 1994 y que se encuentran ubicado estratégicamente en el corazón del cuestionado proyecto minero Conga, frente a la Laguna Azul que se convertiría en su botadero de desechos tóxico de ejecutarse dicho proyecto.

Así mismo Máxima informó que los efectivos de la policía han ido a notificarles que no trabajen pero no mostraron ninguna orden del juez o de alguna autoridad pertinente, por lo que este hecho se constituye en un acto arbitrario y abuso de autoridad de la Policía Nacional del Perú, a ordenes de inera Yanacocha.

Máxima y su familia vienen siendo amenazados constantemente incluso denunciaron ser víctimas de amenazas de muerte, invocó también al la Fiscalía de Celendín para impedir este tipo de abusos que vienen sufriendo.

La Red Ulam ha hecho un llamado de acción urgente para impedir que se siga vulnerando los derechos de esta familia: Ver el Enlace y apoya.

Máxima Acuña Chaupe está en peligro

Cajamarca: Situación del Proyecto minero Conga al 2014. ¡Peligro inminente!

En el transcurso de las últimas semanas el movimiento social en Cajamarca a venido siendo víctima de una serie de ataques difamatorios por parte del trabajador de la minera Yanacocha, Miguel Santillana. Estos ataques han sido dirigidos a través del Grupo El Comercio, brazo desinformativo de Yanacocha que ahora ostenta el monopolio mediático en el Perú. Con esto se demuestra una vez más que este monopolio utiliza sus medios de comunicación para promover intereses económicos de sus empresas constructoras que tienen contratos con distintas empresas mineras en el Perú. (Ver aquí, aquí y aquí)

Yanacocha en su afán de imponer el Proyecto Conga ha establecido una estrecha alianza con el Gobierno y quieren mostrar las manifestaciones legítimas de los pueblos de Celendín y Bamabamarca como actos delincuenciales, terroristas y es El Grupo El Comercio su instrumento para lograr sus objetivos.

El pasado 16 de enero las comunidades de Celendín, Bambamarca y Cajamarca retornaron a las lagunas amenazadas, este acto constituyó una respuesta contundente al Gobierno de Ollanta Humala, sus ministros y a Vladimiro Huaroc, quienes salieron anunciando que existiría condiciones para reanudar el proyecto minero Conga, incluso Huaroc declaró que habría 32 comunidades que está pidiendo su ejecución. Sólo en la provincia de Celendín que hizo su llegada a la Laguna El Perol en señal de rechazo a Yanacocha y el Proyecto Conga, se concentraron 48 comunidades que serán afectadas por este proyecto, en similar número de manifestantes la provincia de Hualgayoc llegó a la Laguna Mamacocha. Así se demostró una vez más que Conga no tiene licencia social. Entonces ¿quiénes son los que reclaman la ejecución de Conga? Son un pequeño número de personas que vendieron algunos terrenos a Yanacocha, la empresa les prometió que serían los nuevos empresarios de Conga; estas personas formaron cerca de 180 empresas, algunos individuos y familias cuentan con empresas por cada hijo. Ellos se endeudaron comprando camionetas, combis y volquetes para trabajar en la mina y se quedaron sin usarlas cuando se detuvo el proyecto minero. Son estas personas que usadas por Yanacocha los trasladan a Lima a reunirse con los ministros y tienen acceso directo a radio programas del Perú y a los medios del Grupo El Comercio y televisión Nacional del Perú. Sin embargo son un grupo reducido de algunas zonas aledañas a Conga que saben que si el proyecto minero se realiza no podrán vivir en el lugar, pero manifiestan que tendrían el suficiente dinero para ir a vivir en otro lugar.

Hace algunas semanas Anonymous (Ver aquí) filtró archivos del Ministerio del Interior en la que se encuentran informes del reglaje que se viene realizando a dirigentes que junto a su pueblo se oponen a este irracional proyecto minero Conga. En los documentos filtrados también se encuentra un archivo que muestra que el Gobierno de Ollanta Humala planifica toda una estrategia de militarización de las zonas adyacentes al proyecto minero Conga, incluso plantean la construcción de plataformas de aterrizaje de helicópteros para imponer a la fuerza el proyecto minero.

Imágenes de documento filtrado por anonymous que revela plan para imponer Conga

Pero militarizar la zona para imponer el proyecto Conga sería un escándalo. Para ello trazaron una coartada a los compañeros de Bambamarca, acusándolos de haber quemado el día 16 una caseta de telefonía móvil y un puesto de seguridad de la mina. Este echo es de ocurrencia improbable, los puestos de seguridad se encuentran fuertemente custodiados por numeroso contingentes de DINOES, así mismo informaron que habrían encontrado a personas armadas, pero no dijeron que a quién intervinieron fue a la seguridad del Alcalde de Hualgayoc que al igual que la seguridad del presidente Ollanta Humala y Roque Benavides portan armas. Esta era la coartada perfecta y así lo difundió EL Grupo El Comercio, al que se sumó los reportes difamatorios de los corresponsales de Cajamarca para el diario República en Cajamarca. Ellos tomaron como fuente de información a la misma empresa Yanacocha y a la Policía Nacional del Perú que se encontraba en el lugar contratada por la minera para "prestarles seguridad". Como era de prever los titulares fueron como ellos nos llaman, radicales: "Antimineros siembran el Terror en Conga" "Disturbios en Conga" Ver aquí, aquí, aquí y los periodistas y congresistas que defienden la inversión de Yanacocha reclamaban exaltados, casi vociferando "el Gobierno debe poner mano dura en Cajamarca", "se debe restablecer el estado de derecho", palabra de moda dos semanas antes del 16 de enero para los ministros, funcionarios de Yanacocha, confiep y periodistas asalariados; hasta el ex primer ministro Oscar Valdés, responsable de la represión en Celendín y Bambamarca se pronunció "el Estado peruano debe demostrar más firmeza y seriedad para terminar con este tipo de manifestaciones", “Estos antimineros le están causando daño al país, han retrasado inversiones. Necesitamos que las inversiones se den”, "es vital que el ministro del Interior, el titular de la PCM e incluso el presidente de la República vayan a la zona y desenmascaren a estas personas que perjudican a miles de peruanos”, "Se necesita una actitud valiente del gobierno" sentenció (Ver Aquí). Del lado del Gobierno el ministro de Energía y Minas Jorge Merino que se encuentra muy presionado por las empresas mineras y la confiep que en algún momento pidieron su reemplazo se pronunció justamente en el tono que Yanacocha de acuerdo a su plan requería: ante los recientes hechos de violencia registrados en las instalaciones de la empresa Yanacocha en Cajamarca, inversiones en el país tendrán protección del Estado, afirma ministro Merino. "Apoyamos a la inversión privada; nuestra función como gobierno es darle un marco legal a las inversiones que se hacen en el país no solo en Cajamarca sino en todo el país", dijo. (Ver aquí) Ahí está, justo lo que quería Yanacocha.

Dos días antes de las manifestaciones en las lagunas Vladimiro Huaron se fue de boca, revelenado las intensiones y la coartada de Yanacocha, el manifestó para un diario: "Si no se restablece el estado de derecho en Cajamarca, puede devenir el descontrol" quién probablemente ya sabía que el 16 de enero se iban a generar "desmanes" por los "rojos ultra radicales que se oponen al progreso de nuestro país". (Ver aquí)

Lo mas indignante son las declaraciones de la La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del distrito fiscal de Cajamarca, Esperanza León Deza, ella informó el día de ayer 02 de febrero para Perú 21, diario del Grupo El Comercio, que el Ministerio Público implementará una serie de acciones preventivas con el propósito de evitar desmanes en el marco de las protestas contra el proyecto minero Conga. Esto es una sentencia para los manifestantes, pues sobre los hechos que nos acusan haber causado el 16 se encuentran en investigación, sin embargo la fiscal adelanta juicio al respecto. (Ver aquí)

Celendín manifestación 03 de febrero[/caption]

En la misma nota de Perú 21 anuncian que el proyecto conga se reiniciaría el día de hoy 03 de febrero, por lo que las comunidades de Sorochuco y Huasmín el día de hoy nuevamente han regresado a inspeccionar, cuidar y vigilar nuestras lagunas; ellos se enfrentan a un peligro latente pues la base militar en San Nicolás de Chaillhuagón que anunciaron su construcción ya se encuentra funcionando la misma que cuenta con plataformas de aterrizaje de helicópteros. Esta es la nueva forma de imposición de los proyectos que no tienen licencia social. Este peligro se fundamenta más aún con la promulgación por parte del Gobierno de la Ley 30151 (Ver aquí y aquí) que otorga inmunidad al terrorismo que viene del estado y que da licencia para reprimir o matar a los manifestantes. (Manifestantes para El Grupo El Comercio significa: rojos ultra radicales que se oponen al progreso del país)

Mientras los ministros del Gobierno y Vladimiro Huaroc a través del monopolio mediático El Comercio anuncian que Yanacocha ha cambiado de actitud y ha recuperado la confianza de los cajamarquinos (ver, aquí, Aquí) esta empresa fue nuevamente denunciada por otra familia aledaña al proyecto Conga de despojo y apropiación arbitraria o mejor dicho de robo de sus terrenos (Ver enlace de Audio). Se suma a ello la nueva denuncia que realiza la familia Chaupe de amenazas de muerte e invasión por la policía a sus terrenos pidiéndoles que se retiren de las supuestas propiedades de Yanacocha (Ver aquí); como sabemos la familia Chaupe se negaron vender sus tierras a la minera, sus terrenos se ubican frente a la Laguna Azul y se han constituído en el mayor obstáculo para el Proyecto Conga pues esta laguna es el Corazón mismo del proyecto y se convertiría en el botadero de desechos tóxicos de este proyecto. Así mismo un trabajador de la empresa minera Yanacocha denunció haber sido víctima de contaminación con mercurio en la sangre y que la empresa no se responsabiliza de su caso (Ver video).

Otro hecho de importancia durante estas semanas que pasaron ha sido el archivamiento por parte del Fiscal Víctor Pinillos Padilla, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo de los asesinatos que ocasionaron las represiones a manifestantes que mostraban su rechazo al proyecto Conga. Estas muertes fueron causadas por disparos de parte de fuerzas conjuntas de policías y militares el pasado 3 y 4 de julio en Celendín y Bambamarca, incluso reconocen que los disparos podían haber provenido de los helicópteros que sobrevolaba en la ciudad de Celendín (Ver aquí y aquí). El fiscal Pinillos alude que la justificación para el archivamiento del caso es la imposibilidad de determinar quienes dispararon; sin embargo creemos que alguien ha tenido que ordenar la utilización no sólo armamento de disuasión (bombas lacrimógenas, perdigones, balas de goma), sino también de armas letales como fusiles Galil, AKMs, etc. que fue lo que al final causó la muerte a 5 ciudadanos peruanos y no las piedras que se tiraron entre ellos como anunció el Ministerio del Interior en comunicado en su página web que luego retiraron.

Conclusiones:

• El proyecto Conga no tiene licencia social por lo que quieren imponerlo a la fuerza, utilizando las fuerzas especiales de la Policía y modificando las leyes para bañarlas de impunidad en caso asesinen a los manifestantes.
• Yanacocha goza del total rechazo de la población y nunca ha recuperado la confianza de los Cajamarquinos.
• Que los monopolios mediáticos son una amenaza para la población pues anteponen sus intereses económicos antes de informar con la verdad.
• Vladimiro Huaroc no cumple su función, la oficina de "Diálogo" que el tienen a su cargo en la PCM no resuelve los conflicto, los aviva, los agrava. Por ello este señor debe renunciar.
• Es inminente el peligro de la población Cajamarquina, pues al reclamar sus derechos y hacer escuchar su voz podría causarles la muerte por parte de la policía que goza de la impunidade de la ley que otorga licencia para matar.
• Es inminente el peligro que corre la familia Chaupe por las amenazas de muerte y el constante hostigamiento de parte de la Policía Nacional del Perú al servicio ya no de la población, sino de la empresa minera Yanacocha.
• Se hace necesario la intervención urgente de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales para garantizar los derechos de la población cajamarquina, puesto que en el Perú su Gobierno y algunas de sus instituciones están sumamente parcializadas y en un franco apoyo a las mineras.

Existen más conclusiones que podríamos obtener de este análisis, sin embargo en este momento se me escapa de la mente.

Milton Sánchez Cubas

Secretario General Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) (Los defensores de yanacocha, los del monopolio mediático nos llama la ultra radical PIC)

Internacional: Emplazan a Newmont en Corte federal de EEUU por represión en manifestaciones contra proyecto minero Conga

Acción ante Corte Federal de Estados Unidos solicita información a Newmont sobre represión de protestas sociales en el proyecto minero Conga

Enero 24, 2014

Contact:

Rick Herz (U.S.): (860) 233-4938, rick@earthrights.org 

Benjamin Hoffman (Peru): +51-959-284295, benjamin@earthrights.org

Denver, 24 de enero de 2014 – EarthRights International (ERI) presentó hoy una demanda ante la Corte Federal en representación de Elmer Eduardo Campos Álvarez (32), manifestante herido por la violencia policial en la zona del proyecto minero Conga. Con esta acción, ERI busca obtener información y documentos de la empresa Newmont que asistan a los procesos judiciales abiertos en el Perú relativos a la represión de la protesta social contra el proyecto.

El demandante, residente del departamento de Cajamarca, donde está ubicado el proyecto, recibió dos impactos de bala en la espalda el 29 de noviembre de 2011, mientras protestaba pacíficamente en el lugar donde se propone la mina. Por las lesiones sufridas, Campos perdió un riñón y quedó parapléjico. Fue uno de los 24 manifestantes heridos por la policía durante aquella jornada.

La empresa minera Yanacocha, subsidiaria de Newmont, firmó un contrato con la Policía Nacional del Perú para la prestación de servicios de seguridad. Los agentes de policía implicados en la represión del 29 de noviembre afirmaron ante los fiscales locales que estaban proporcionando seguridad a la empresa. El proyecto Conga generó una fuerte oposición en las comunidades cercanas, ya que supone la destrucción de lagunas altoandinas vitales para el sistema hídrico, y consideradas como fuente fundamental de vida por la población local.

“La represión policial a la protesta social contra las operaciones mineras es endémica en el Perú”, dijo Benjamin Hoffman, abogado del Programa Amazonía de ERI. “El problema se agrava en casos como éste, donde los agentes públicos de la policía están al servicio de la seguridad privada. Esperamos que esta acción contribuya a esclarecer la situación y facilite la obtención de justicia en el Perú”.

El demandante busca información de la empresa Newmont - como evidencias fotográficas y de video, informes de seguridad de empleados de Minera Yanacocha, registros de comunicaciones con la policía y comunicaciones internas - que aporten claridad sobre lo ocurrido.

Si se proporciona, la información solicitada ayudará a las autoridades judiciales peruanas que investigan los hechos, tanto en la investigación penal pendiente contra los dos agentes al mando de la policía aquel día, como en una demanda civil presentada por el señor Campos contra la Policía Nacional de Perú y otros oficiales públicos.

“Justicia significa, en primer lugar, que haya una verdadera investigación para determinar quiénes fueron los responsables y que paguen por sus crímenes. En segundo lugar, significa que el gobierno cumpla con su responsabilidad de proteger a los ciudadanos y el medioambiente, en lugar de imponer un proyecto minero destructivo mediante conductas policiales abusivas”, señaló Elmer Campos.

La actividad minera es conflictiva en el Perú: en septiembre de 2012 la Defensoría del Pueblo reportó 223 conflictos sociales activos, dos tercios de ellos vinculados a la extracción de minerales. La Defensoría registra además 196 muertos y 2369 heridos en conflictos por los recursos naturales entre 2006 y 2011.

"Esperamos que la acción en los Estados Unidos apoye los esfuerzos legales en curso en el Perú para buscar justicia, rendición de cuentas y una mayor protección de los derechos humanos, y ayude a poner fin a la cultura de la impunidad ante la represión policial de las actividades de protesta legítimas”, señaló Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, institución que representa al señor Campos como parte civil agraviada en la investigación penal.

La acción legal ante la Corte Federal fue presentada bajo el Estatuto 28 USC § 1782, ley que permite a las partes de procedimientos judiciales en el exterior obtener documentos e información de personas o empresas en los Estados Unidos.

Además de EarthRights International, el señor Campos es representado en la acción ante la Corte Federal estadounidense por Gail Johnson, de Johnson, Brenner & Klein, PLLC, con sede en Boulder, Colorado.
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EarthRights International (ERI) es una organización no gubernamental sin fines de lucro que combina el poder de la ley y los pueblos en defensa de los derechos humanos y el medioambiente, definidos de manera conjunta como “derechos de la tierra”. Nos especializamos en investigación y acciones legales contra quienes violan estos derechos, capacitamos a líderes comunitarios y promovemos campañas de incidencia pública y tenemos oficinas en el Sur Este de Asia, Estados Unidos y Peru.

Documents:

Factsheet about the case (English)
Media Release (English)
Comunicado de prensa (Espanol)

Peru: CNDDHH presenta recurso de impugnación sobre archivamiento de masacre policial en Celendín, entorno a conflicto py minero Conga

La CNDDHH Perú ha presentado un recurso de impugnación ante el Fiscal de Chiclayo que ha archivado los casos de los muertos de Celendín durante los hechos del 3 de julio de 2012. El fiscal tiene la obligación de elevar el recurso a su superior inmediato para que tome cartas en el asunto. Esta medida se tomó luego que el fiscal Víctor Pinillos Padilla, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, dispuso que es improcedente formalizar y seguir la investigación preparatoria respecto a la muerte de los comuneros César Medina Aguilar, Paulino García Rojas, Faustino Silva Sánchez y Antonio Sánchez Huamán, el 3 de julio del 2012, en Celendín, en una protesta contra el proyecto Conga; pese a se afirma que sí hay elementos que indican que hubo homicidio doloso de parte de algunos de los miembros de las FFAAs , también señala que incluso algunos de los disparos pudo provenir de helicópteros que sobrevoló en la ciudad durante las manifestaciones contra el proyecto minero Conga.

[Vídeo] Cajamarca: Minera Yanacocha entrega Vehículos a Policía Nacional del Perú [¿mas represión?]

[Kolumna okupa] ¿Lobo qué estás haciendo?

 

 Por: Rocio Silva Santisteban M. (@pavese)

 

El domingo en La República se publicó un reportaje sobre lo sucedido en Cajamarca con las trabajadoras sexuales de los night club Alondra y PK2 que fueron golpeadas por las rondas urbanas. A mi entender, el reportaje adolece de confusión en relación con los que implica la institución "rondas" y en la medida que he trabajado el tema desde hace muchos años quería aclarar algunos puntos.

Ante todo quiero dejar constancia de mi indignación por lo sucedido: simplemente lo que hicieron las rondas urbanas es un delito y se tipifica de lesiones contra el cuerpo y la salud. Las fotografías de las piernas de las lesionadas las expusieron ellos mismos y dan cuenta de un atropello y violación de los derechos humanos de todas estas jóvenes y, desde que sé, las rondas siempre han respetado la constitución y la legalidad. Me solidarizo con todas las mujeres agredidas y espero que se inicie una investigación fiscal que termine en sanción a los culpables.

Sin embargo, creo que la percepción de esta situación en el contexto del inminente inicio de trabajos mineros para desaguar la laguna El Perol, así como de las declaraciones de ayer de Vladimiro Huaroc (“Si no se rescata el Estado de derecho en Cajamarca puede devenir el descontrol”), está siendo aprovechada por ciertos sectores para mellar la credibilidad de las rondas campesinas y desacreditar una lucha justa contra el Proyecto Minero Conga, que poco a poco está siendo cercada por los contratos entre la PNP y las empresas mineras, así como por la flexibilidad que permite a la policía y los efectivos del Ejército hacer uso de la fuerza letal incluso si es con otras armas de fuego que no son las reglamentarias (Ley 30151 publicada ayer en El Peruano).

El reportaje de Oscar Miranda del domingo apenas plantea una diferencia entre las rondas urbanas y las rondas campesinas, pero ni en Lima ni en otras ciudades del Perú se percibe la diferencia. Por la forma como Miranda narra los hechos, se entiende que los ronderos urbanos, con Chuquilín a la cabeza, se imponen como moralizadores autoritarios sin, por supuesto, tener ningún tipo de acreditación para ello. Y eso es cierto, pero los ronderos que yo conozco, también perciben esta actuación de las rondas urbanas como algo contrario al mandamiento ronderil. Recordemos que las rondas campesinas están reconocidas en el art. 149 de la Constitución, y sus funciones y límites en un acuerdo de sala plena de la Corte Suprema.

El día viernes estuve en El Tambo, en las alturas de Bambamarca, y le pregunté a Manuel Ramos, uno de los líderes más reconocidos de las rondas en todo el departamento, sobre su opinión de lo sucedido en el Alondra. Ramos me dijo: “jamás las rondas de El Tambo le han pegado a una mujer, jamás hubiéramos actuado de esa manera. Y si tendríamos que entrar a un lugar donde se ejerce la prostitución clandestina, hubiéramos sancionado a los cafichos y a los explotadores, no a las explotadas”. Entiendo que en Lima se percibe la prostitución como un ejercicio de libertad de trabajo y de uso del cuerpo como espacio de mercancía dentro de los anchos límites del mercado. Quizás esto sea cierto para un porcentaje muy reducido de trabajadoras sexuales, en términos generales en nuestro país, la prostitución implica una situación de explotación de jóvenes mujeres, sobre todo, en zonas alrededor de campamentos mineros legales e ilegales.

Pero el debate sobre la prostitución es otro tema. Regresando a las rondas y sus funciones, considero que Vladimiro Huaroc y las autoridades de este gobierno tendrán que saber que los ronderos y ronderas de Cajamarca, Piura, Amazonas, y de otros lugares, no están “jugando a la ronda”. Estamos hablando de una institución muy compleja que surge en los vacíos de poder del Estado, no por ausencia como suponen muchos, sino por corrupción entre los jueces, policías y operadores de justicia como sucedió en Cuyumalca, Chota, en 1976. ¿Las rondas campesinas administran justicia? Por supuesto que sí, desde hace más de veinte años legalmente. ¿Esto implica que el Estado ha cedido el monopolio de la administración de justicia? Claro que sí, pero en el contexto de una realidad signada por el difícil acceso a la justicia en zonas rurales.

Las rondas campesinas son una institución con varios éxitos además del control del abigeato y de echar a Sendero Luminoso. Por eso, lo sucedido así como la hipótesis de que los ronderos son aliados del narcotráfico, se están blandiendo como excusa para entrar a reprimir a fuego letal a los ronderos y otros manifestantes que luchan por las Lagunas de Conga

 

[Arequipa] De Echave: No hay condiciones adecuadas para sacar el proyecto minero Tía María

María Chauca Castillo.

Arequipa.

José de Echave formó parte del primer gabinete de Ollanta Humala y fue invitado a participar en la audiencia pública que los agricultores del Valle del Tambo harán el próximo viernes sobre el EIA del proyecto minero Tía María. Dice que no podrá asistir, pero enviará a técnicos para que expongan su análisis. Autor del libro Más allá de Conga, De Echave nos concedió esta entrevista vía telefónica. Explica su punto de vista sobre el proyecto de Southern.

¿Qué similitudes hay entre Tía María y el proyecto Conga?

Cada proyecto tiene sus particularidades. El piso ecológico de Tía María no es el mismo que el de Conga, donde un ecosistema de lagunas altoandinas iban a ser afectados por la minería. Tía María tiene otras particularidades. El hecho de estar en un valle cerca de la costa se asemeja más al de Tambogrande (Piura), porque son casos donde finalmente la actividad minera contrasta con el riesgo para la actividad agrícola.

¿Tía María es un caso aislado de conflicto social?

Arequipa es la región del Perú con más terrenos concesionados y donde se concentra el mayor número de proyectos de inversión minera. Creo que es un error ver el proyecto como un caso aislado. Se debe ver como un proceso en el que el Estado pretende desarrollar en una zona agrícola una zona de creciente minería, que sin duda va a desplazar a las actividades económicas tradicionales. Hay que leer el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) desde esta perspectiva y comenzar a ver los impactos acumulativos que se pueden generar en una zona si es que se van a desarrollar varios proyectos mineros. Los EIA tienen una limitación y es que evalúan de manera aislada un proyecto.

¿Debió el ministro Merino afirmar que Tía María obtuvo, con la realización de la audiencia, la licencia social?

Decir eso fue mostrar un desconocimiento total de qué significa obtener una licencia social. Si pensamos que una licencia social se logra con una audiencia pública que trae una movilización impresionante de policías, donde miran quién entra y quién no al auditorio, con escaso diálogo y poco tiempo para que la población revise el EIA, es no entender lo que ha pasado en el país en los últimos años.

¿Cómo el Estado logra equidad en afrontar estos conflictos cuando parece que está a favor del proyecto?

Un gobierno tiene la obligación de abordar estos temas con equidad, transparencia, sin precipitación y generando condiciones adecuadas para que se dé un diálogo democrático, participativo e informado. El Estado Peruano y las autoridades deberían ser percibidas por la población como neutrales. En Cocachacra se ve a las autoridades con un afán por sacar adelante el proyecto y de no trabajar en función del bien común. Nadie dice que no haya inversión minera, pero se deben generar condiciones adecuadas y en el caso de Tía María no las hay.

¿Debería ejecutarse este proyecto teniendo en cuenta las condiciones en las que se desarrollaron los talleres y la audiencia pública?

Este proyecto no tiene licencia social. Hoy en día las empresas mineras modernas no ejecutan proyectos si no consiguen esta aprobación. En el 2011, cuando se iba a presentar el EIA, que fue observado por la Unops, tampoco se tenía licencia social. En ese momento se le dijo a la empresa que debía desalinizar el agua en lugar de utilizar la del valle de Tambo, y ésta se negó porque el proyecto sería más caro o inviable. Ahora Southern asegura que desalinizará y cree que con esa afirmación la situación va a cambiar de manera sustantiva, sin darse cuenta que al verse negado años atrás rompió la confianza y creó que la imagen de una empresa que trataba de minimizar costos para obtener mayores ganancias, sin interesarle los temas ambientales. Recuperar la confianza no se hace de un día para el otro. Mal se haría en forzar una situación si no hay las condiciones adecuadas. La minería es una actividad importante, pero debe desarrollarse de manera armónica con los intereses de la población y sin afectar los derechos económicos, sociales, culturales.

¿Cómo se obtiene la licencia social si no hay normativas que lo regulan?

En un país donde hay recursos mineros se debería avanzar en definir cómo se obtiene una licencia social. El ministro de Energía y Minas nos ha dado una lección impresionante de que para él la licencia social se obtiene con una audiencia pública. Los procesos de licencia social están relacionados con procesos de construcción de confianza, aceptación mutua. Tienen su tiempo de maduración y las empresas modernas aceptan y reconocen que es un proceso complicado y complejo.

Los talleres y la audiencia del proyecto fueron accidentadas, con violencia y exposiciones que poco se entendían. ¿Cuáles deberían ser las condiciones para realizar estos eventos?

Esas definitivamente no fueron las condiciones adecuadas, más bien fue una caricatura de un proceso participativo. La participación ciudadana para estos temas tiene que ser oportuna e informada y no fue ninguna de las dos. El EIA del proyecto Tía María tiene un poco más de dos mil páginas. No es un estudio muy largo a comparación del proyecto Conga que tenía poco más de 20 mil hojas. ¿Una población agrícola está en condiciones de revisar en menos de un mes un EIA complejo desde un punto de vista técnico? No. Así tenga los recursos sería difícil porque es un proceso complicado y complejo. Se necesita el concurso de varias especialidades. Las audiencias públicas tienen que ser mejoradas de manera sustantiva.

¿Cuál es papel del Ministerio del Ambiente en estos aspectos?

Se espera que con la creación del Nuevo Sistema Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) sea el Ministerio del Ambiente quien revise y apruebe los proyectos y no el Minem.

¿Debería la Unops revisar este EIA?

Podría ser. La Unops jugó un rol importante la vez pasada. Es una alternativa interesante. ♣

 

Fuente: La Republica - http://www.larepublica.pe/12-01-2014/no-hay-condiciones-adecuadas-para-sacar-el-proyecto-tia-maria

[URGENTE] Perú: PNP y FFAA que usen armas en su labor exentos de responsabilidad penal

Protesta social en Celendin - Cajamarca contra el proyecto minero Conga. Foto: Jorge Chavez Ortiz

Se modificó el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, referido al uso de armas u otro medio de defensa.

Quedarán "exento de responsabilidad penal el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte", según reza una ley publicada hoy el diario oficial "El Peruano" y firmada este lunes 13 de enero por el jefe del Estado, Ollanta Humala, y el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva.

La Ley 30151 fue aprobada por sesión plenaria del Parlamento en junio del 2013 y comunicada por el presidente del Congreso, Fredy Otárola, al Gobierno en diciembre del año pasado.

La iniciativa legislativa permitirá dotar a los miembros de los institutos armados y policiales demecanismos que puedan utilizar en legítima defensa propia y de terceros. En ese sentido, se modificó el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, referido al uso de armas u otro medio de defensa.

Fuente: RPP - http://www.rpp.com.pe/2014-01-13-policias-y-ffaa-que-maten-cumpliendo-su-deber-ya-no-seran-juzgados-noticia_661365.html 

LEY 30151 - USO DE ARMAS U OTRO MEDIO DE DEFENSA POR PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LA POLICÍA NACION... by Mi Mina Corrupta

DE ECHAVE: EL PROYECTO MINERO TÍA MARÍA Y LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

 

Foto: Perú 21

Escribe: José De Echave C.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, ha declarado que el proyecto minero Tía María ya tiene licencia social para operar, porque la audiencia pública del Estudio de Impacto Ambiental finalmente se pudo realizar el pasado 19 de diciembre. Lo que olvida decir el ministro es que para que la accidentada audiencia se pueda realizar necesitó trasladar más de dos mil policías, un número que supera largamente a los asistentes a la audiencia.

La empresa Southern, propietaria del proyecto, ha señalado que no escatimará gastos para sacar adelante el proyecto. La empresa también olvida señalar que hace tres años precisamente rechazaba la posibilidad de desalinizar el agua del mar y pretendía utilizar la escasa agua de la cuenca, porque el procedimiento era muy costoso, lo que provocó el rechazo de los pobladores del Valle del Tambo.

Lo que ha quedado claro en estos días es que el cuestionado proyecto minero de Tía María no tiene, ni por asomo, licencia social para operar. Por el contrario, la gran mayoría de pobladores de la zona han expresado su rechazo al proyecto: la audiencia pública ha estado acompañada de intensas movilizaciones y enfrentamientos con la policía, que han provocado tres pobladores heridos y el inicio de una huelga de hambre de pobladores que se oponen al proyecto. Además, las organizaciones representativas de la zona han denunciado que los participantes de la audiencia no eran pobladores de la zona.

El caso de Tía María también muestra el colapso de nuestro sistema de certificación ambiental que a estas alturas está claro que carece de toda legitimidad y credibilidad. ¿Una audiencia pública como la realizada en la localidad de Cocachacra el pasado 19 de diciembre puede significar que el proyecto Tía María ya tiene licencia social? De ninguna manera, porque entre otros aspectos el procedimiento no recoge criterios básicos de participación oportuna e informada.

Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) se han constituido, desde hace 20 años, en la herramienta fundamental del Sistema Nacional de Gestión Ambiental en nuestro país, sin embargo la falta de credibilidad y una larga lista de proyectos cuestionados, han puesto en debate los EIA y han planteado la necesidad de renovarlos.

Uno de los temas centrales es cómo romper el control privado de todo el procedimiento, en donde la empresa minera privada, contrata a una consultora privada, y entre ambas, fijan los términos del proceso de elaboración del EIA. Además, mientras dura la elaboración del EIA, la empresa contratante y la consultora, interactúan sin que las autoridades intervengan, salvo al final cuando todo está prácticamente decidido y en condiciones desfavorables.

Una propuesta alternativa debe apuntar a que el Estado peruano intervenga desde el inicio y no al final, como ocurre hoy en día; es decir desde la definición de los términos de referencia de los EIA, la elección de la consultora que elaborará el estudio y el monitoreo del proceso, antes de encarar la parte definitiva de su aprobación o desaprobación. Este debe ser un aspecto fundamental de una reforma de este instrumento.

El caso del proyecto Tía María pone nuevamente en agenda este tema. Mientras no se construyan nuevos instrumentos, una nueva institucionalidad ambiental que recupere credibilidad frente a la población y mientras el gobierno solo siga pensando en políticas orientadas a destrabar las inversiones, sin tomar en cuenta las bases objetivas que están detrás de los conflictos, situaciones como las ocurridas en la provincia de Islay, seguirán repitiéndose. Lo que se necesita es destrabar las políticas sociales y ambientales para superar el estatus quo que nos pretende seguir imponiendo la ortodoxia extractivista.

Escrito: Dic 21, 2013 Actualizado: Dic 22, 2013

Fuente: http://www.cooperaccion.org.pe/opina/43-cooperaccion-opina/1219-el-proyecto-minero-tia-maria-y-los-estudios-de-impacto-ambiental

[Vídeo]: Entrevista a Julio Gutierrez, respecto a audiencia de Proyecto minero Tia Maria de Southern Copper

Perú: Informe revela mercenarismo de la Policía Nacional al servicio de empresas mineras

Doña Santos mostrando foto de su hijo asesinado por el ejercito el pasado de 3 de julio de 2012. 

(Foto: Jorge Chavez Ortiz - 30.11.2013)

- Informe presentado hoy en las Naciones Unidas exige anular convenios secretos entre la Policía Nacional y empresas mineras.

Servindi, 2 de diciembre, 2013.- Un informe publicado hoy revela como operadores mineros han suscrito en los últimos años convenios con la Policía Nacional del Perú (PNP) que atentan contra la independencia de las fuerzas de seguridad pública en una practica similar al mercenarismo.

El informe: Policía mercenaria al servicio de las Empresas Mineras fue publicado el lunes 2 de diciembre por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asociación para los Pueblos Amenazados, Derechos Humanos Sin Fronteras y el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides).

El documento presentado simultáneamente en Ginebra, en el marco de las reuniones de las Naciones Unidas, argumenta cómo esos convenios socavan el monopolio del uso de la fuerza por Estado.

Además, lejos de contribuir a la solución pacífica de los conflictos, han agudizado la violencia y producido severas vulneraciones de los derechos humanos como sucedió en los conflictos con minera Yanacocha en Cajamarca y con la minera Xstrata Tintaya en Espinar, Cusco.

En ambos casos las protestas ciudadanas fueron respondidas con una represión muy violenta, y detrás de la acción policial existen convenios entre la Policía Nacional y las empresas mineras.

Las cuatro organizaciones exigen la inmediata anulación de los convenios entre las fuerzas de seguridad peruanas y las empresas mineras y exigen al gobierno respetar los derechos de la población y garantizar su protección.

Asimismo, demandan la instalación de una Comisión de la Verdad sobre los derechos humanos y la minería en el Perú.

La colaboración de la PNP con las empresas mineras contradice las directrices para la Economía y los Derechos Humanos, así como los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, dos iniciativas internacionales impulsadas por las Naciones Unidas.

Es una gran contradicción que la empresa matriz de minera Yanacocha, Newmont Mining Corporation se adhiere a los principios voluntarios y tenga a la vez convenios con la policía peruana. Igual sucede con la empresa Xtrata Tintaya, con sede en Suiza, comprometida también con el cumplimiento de los principios voluntarios.

Los autores del informe requieren que los Estados y mecanismos de la ONU promuevan una reforma de los principios voluntarios y se cree un marco normativo conforme a las directrices para la Economía y los Derechos Humanos que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos y ambientales.

En casos de violaciones de derechos humanos y grave destrucción del medio ambiente los afectados deben poder reclamar sus derechos vulnerados tanto en el país anfitrión (host country) de la empresa como en el país que es sede de su casa matriz (home country).

Acceda al informe completo con un clic en los siguientes enlaces:

Policía mercenaria al servicio de las Empresas Mineras (PDF, 37 páginas, español)
Police in the Pay of Mining Companies (PDF, 32 páginas, inglés)

Policía mercenaria al servicio de las Empresas Mineras by Mi Mina Corrupta

Police in the Pay of Mining Companies by Mi Mina Corrupta

[Peru][Video] Juramento en defensa de las lagunas, Caso proyecto minero Conga de Yanacocha

Perú: Premian documental "Máxima" que difunde la lucha la familia Chaupe contra minera Yanacocha

  Por: Andrea Valencia 

El pasado lunes 25 de noviembre, conmemorando del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Ysidora Chaupe Acuña recibió un reconocimiento por su cortometraje “Máxima”.

El premio fue otorgado en la ceremonia de premiación de cortometrajes sobre el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación para la Defensa de los Derechos de la Mujer, organizado por el Movimiento Manuela Ramos, la ONG de Desarrollo ONGAWA, y diversas organizaciones agrupadas en el Programa Willay.

“Máxima”, que obtuvo el primer lugar, es un reportaje/documental que recopila algunas imágenes del proceso que ha enfrentado su familia desde el 2011. Fue el martes 09 de agosto del 2011 que Minera Yanacocha y la Policía Nacional del Perú ingresaron a la propiedad de la familia Chaupe Acuña.

Gracias a las imágenes grabadas con el celular de Ysidora, esta denuncia ha podido salir a la luz. La familia ha presentado públicamente y en reiteradas ocasiones y manifestaciones los documentos que avalan la posesión de sus terrenos.

En los dos últimos años, la policía contratada por la Minera ha acosado y atacado a la familia que corre peligro de volver a ser víctima de ese tipo de violencia y desalojo forzoso. Además, la Minera ha iniciado un proceso judicial contra todos los miembros de la familia. Sin embargo, cada vez más este caso ha ganado notoriedad y el apoyo de diferentes organizaciones de derechos humanos, como en esta ocasión.

El reportaje/documental "Máxima"

[Fotoreportaje] Cajamarca: 2 años luchando contra el proyecto minero Conga

Escribe: Jorge Chavez Ortiz (@ChavezWar)
Fotos: Jorge Chavez Ortiz (@ChavezWar)

El pasado 9 de noviembre, se cumplió 2 años desde que iniciaron las primeras movilizaciones contra el proyecto Conga de minera Yanacocha, por el cual para conmemorar dos años se realizó una visita para inspeccionar el estado actual de la laguna El Perol, que de acuerdo al EIA de dicho proyecto minero, la laguna El Perol tiene que ser transvasada para luego dar inicio con los trabajos de construcción del tajo El Perol, donde se encuentra una de las mayores betas de oro y cobre.

Para esta fecha se hicieron presente los diferentes centros poblados de Celendín y Bambamarca; contó también con la presencia de Milton Sánchez, Edy Benavides y Ídselo Hernández, también se contó con los acaldes de Huasmin, José Marín, el alcalde de Sorochuco, Ebert Abanto, y el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos.

La jornada de lucha inicio a las 11:30 horas aproximado, desde la tranquera que da acceso a la laguna Azul, luego de caminar hasta el cruce que lleva a la laguna Azul, las diferentes bases sociales acordaron dar inspección a la laguna El Perol.

Llegados al Perol, en el cual por el momento no se reanuda ningún trabajo, las organizaciones, frentes de defensa y dirigentes se reunen en círculo y empieza la asamblea dirigida por el Presidente del Frente de Defensa de Jadibamba, Alamiro Vasquez y por Nicanor Alvarado de la PIC animado por una banda típica.

En todo el desarrollo de la jornada, las comunidades estuvieron siempre vigilados por el personal de seguridad de minera Yanacocha, como también de la DINOES y Servicio de Inteligencia. 

PNP USE, resguarda ingreso hacia la laguna Azul, en fondo policía filma a pobladores opositores al proyecto minero Conga.

Joven poblador, empuña bandera de los pueblos del ande.

Con música, comunidades se adentran pacíficamente dentro del proyecto minero Conga.

Población movilizandose dentro del proyecto minero Conga.

Seamos un rió, en defensa del agua y la vida.

Plataforma Interinstitucional Celendin, presente en jornada de lucha.

Mientras medios informaban de cuatro gatos en Conga, el río de gente crecía.

Jinetes a caballo, se dirigen rumbo a la laguna El Perol, en fondo la laguna Azul

Para luchar no hay edad, jóvenes rumbo hacia la laguna El Perol.

Milton Sanchez, Idelso Hernandez y Gregorio Santos; coordinan jornada hacia laguna El Perol.

Población llegando hacia la laguna El Perol, amenazada por proyecto minero Conga de Yanacocha

Yanacocha, prohibe acceso con carteles a personas que desean visitar la laguna El Perol.

Maxima Acuña de Chaupe; La Dama de las Lagunas, presente en jornada de lucha.

DINOES resguarda acceso donde se realizan trabajos del reservorio El Perol que construye minera Yanacocha.

Banda de músicos animan inicio de asamblea en orillas de laguna El Perol.

Comunidades cantan himno nacional mientras a sus espaldas minera los vigilaba.

Trabajador de minera Yanacocha, filma asamblea que se realizaba en faldas de la laguna El Perol.

DINOES fuertemente armados, custodian proyecto minero.

Minera Yanacocha, vigila a pobladores, mientras dos personas filman los sucesos.

Asamblea se desarrolla pacificamente, bajo las miradas de la minera.