Peru: “Tía María está en una situación de incertidumbre”

José De Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente e investigador de la ONG Cooper Acción, analiza los resultados electorales en las regiones mineras. Asimismo, habla sobre los posibles escenarios que se podrían generar en estas zonas con la victoria de algunos candidatos, tomando en cuenta las posiciones que tienen con respecto a la actividad minera.

Desde su análisis, ¿la victoria de Gregorio Santos significará el fin de la minería en Cajamarca? No creo que signifique el fin, pero con relación al proyecto minero Conga, los resultados electorales son como un plebiscito y la constatación que no tiene licencia social. Para los que pensaban que había una posibilidad para el proyecto, los resultados muestran un contundente no. Pero esto tampoco indica que ningún proyecto se vaya a desarrollar. Asimismo, es una suerte de reflejo de que la empresa ha hecho mal las cosas desde hace varios años, y que está recibiendo este nivel de rechazo a un proyecto tan significativo dentro de su cartera de proyectos en Cajamarca.

Hay quienes piensan que Santos gana por el hecho de estar detenido
En Lima se dan explicaciones puntuales como la que mencionas, pero no se dan cuenta de que Gregorio es unlíder político y social de larga data con tres procesos electorales. Gregorio nace del movimiento ronderil, es un profesor ligado al magisterio, que son las dos instituciones sociales más importantes en Cajamarca. De otro lado, el MAS ha hecho política y no ha tenido contrapeso por el lado de los candidatos opositores, que quisieron contrarrestar la capacidad política del MAS con un despliegue económico sin precedentes.

En Apurímac, el ex congresista Michel Martínez, que es señalado por los medios nacionales como antiminero, ha pasado a la segunda vuelta ¿Una victoria suya podría frenar el proyecto minero Las Bambas?
 Apurímac es una caja de sorpresas. Si uno analiza los resultados, cinco de las siete provincias han votado por el movimiento de Martínez, sobre todo Cotabambas, Grau, Aymaraes y Abancay, pero el eje Andahuaylas –Chincheros, no. Apurímac es una región todavía más fragmentada que Cajamarca. Ahora bien el alcalde elegido en Cotabambas, que es el centro del proyecto minero Las Bambas, se le identifica como un personaje cercano a la minera. Y si Martínez es elegido presidente regional, uno se pregunta cuál será su actitud frente a la minería, porque él ha dicho que va a hacer auditoria y fiscalización, pero veremos si finalmente lo hace y cómo lo hace.

¿Qué explicación se puede dar sobre la derrota de Tierra y Libertad en Espinar, a pesar de que el ex alcalde Oscar Mollohuanca logró un buen porcentaje en la elección regional en esta provincia?
  Casos como el de Espinar demuestran que la gente de la zona rural cruza su voto, cuando esta manera de votarera sólo característica dela zona urbana. Tierra y Libertad obtuvo 3% para la candidatura provincial, en Espinar, pero Mollohuanca tuvo un 32%. Estas cifras indican que el candidato provincial de Mollohuanca no representaba los intereses de Espinar.

¿Podríamos decir entonces que en Espinar ganó la empresa minera? ¿Cómo continuará la renegociación del convenio marco en ese escenario?
Si nos sujetamos a la historia, cuando en el 2003 se firmó el convenio marco, quien lo hizo fue Luis Alvarez, sucesor de Mollohuanca, en cuyo período éste había sido negociado. Algo similar puede pasar ahora, y va a depender de la capacidad que tengan los actores sociales para efectivamente negociar ese convenio marco, concretarlo y firmarlo. En la actualidad, el proceso ha sido iniciado, y ese es mérito de Mollohuanca, pero no le alcanzó el tiempo para firmar.

¿La victoria de la oposición al proyecto Tía Maria de la Southern, en la provincia de Islay (Arequipa), podría generar un nuevo conflicto, a pesar de contar con el EIA aprobado?
 Es probable. El resultado en Islay y en los tres distritos más cercanos a la zona de influencia del proyecto muestra que este no tiene aceptación, a pesar de que la empresa y las autoridades del Ministerio de Energía y Minas decían que la población había participado y que el EIA fue aprobado en una audiencia pública, cuando sabemos que esa jornada se desarrolló con una presencia significativa de la policía. Los resultados electorales muestran que Tía María está en una situación de incertidumbre y por lo menos tres alcaldes distritales de la provincia de Islay dicen que ese proyecto no va, a lo que hay que agregar que el alcalde provincial electo ha visto la posibilidad de que las Naciones Unidas de Servicios Para Proyectos, UNOPS, revise el EIA.

Viendo en perspectiva, ¿los alcaldes críticos a la minería podrán hacer una buena gestión en un contexto de reducción de los fondos del canon?
Es un tema importante, porque los próximos cuatro años serán diferentes al período que termina; se asemejarán al último año, en que los recursos del canon se han reducido significativamente. Entonces, serán años complicados, y va a depender muchode la capacidad de las autoridades electas y reelectas hacer gestiones cualitativamente diferentes. Está probado, como sucede en San Martín, que se puede hacer gobiernos correctos con pocos recursos, y va a depender de la voluntad política y de la capacidad que demuestren estas nuevas gestiones para fortalecer la institucionalidad regional. Es un reto clave como respuesta a las voces que quieren detener el proceso de descentralización.

Por último ¿Qué significa el pase a la segunda vuelta de dos líderes vinculados a la minería informal en Madre de Dios?
Hay un enorme poder de influencia que tiene esta actividad en Madre de Dios, y que se está extendiendo a otras regiones. No olvidemos que más del 30% de la economía de dicha región es movido por la minería informal, que es el sector que más trabajo genera, aunque sea precario. Por ello, cada decisión que toca los intereses de este sector informal genera movilizaciones importantes. Entonces, los mineros informales han decidido optar por el camino político, y no es la primera vez que ocurre, porque tenemos al congresista Romero, que está vinculado a este sector. Sea quiensea la autoridad elegida, tendrá poco margen de maniobra para atender la agenda que plantean. Lo que sí van a lograr es bloquear el proceso de formalización minera, porque parte de este proceso dependía de una interacción con los gobiernos sub nacionales, y creo que es un punto de quiebre para este proceso.

Fuente: NoticiasSER -  https://blognoticiasser.lamula.pe/2014/10/24/tia-maria-esta-en-una-situacion-de-incertidumbre/noticiasser/

[FOTOREPORTAJE] Celendín: Vigilia en memoria de los caídos del 03.07.2012

Escribe: Jorge Chavez Ortiz
Fotos: Jorge Chavez Ortiz (@ChavezWar)

La mañana del 02 de julio de 2014, al promediar las 11:30 a.m. un grupo de activista llegado de diferentes partes del Perú y el mundo, comienzo la realización del mural histórico de la lucha del pueblo de Celendín contra el proyecto minero Conga, dicho mural ubicado está en la esquina del Jr. Pardo y Jr. 2 de mayo. El mural histórico de la lucha, era el prologo de las actividades conmemorativa, en honor a los caídos del 03 de julio de 2012.

Por la tarde se desarrollo el foro publico denominado "Minería  y Movimientos Sociales en el Perú", organizado por la Plataforma Interinstitucional Celendina, donde estuvieron presente como ponentes:

• José de Echave (Ex-vice ministro del Ministerio del Ambiente)
• Roció Silva Santisteban  (Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - CNDDHH)
• Raphael Hoetmer (Activista y investigador, miembro del Programa Democracia y Tranformacion Global - PDTG)
• Alejandro Seminario (Catedrático de la Universidad Nacional de Cajamarca)
• Marco Arana Zegarra (Activista Ambiental y miembro del Movimiento Tierra y Libertad)

El foro publico inicio desde las 4:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. en la Casa del Maestro, donde el publico presente pudo hacer preguntas al los panelistas.

Por la noche, a las 8:30 p.m. inicio la vigilia en el atrio de la Iglesia Virgen del Carmen, la vigilia fue dedicada en honor a los hermanos caídos el pasado 03 de julio de 2012 a manos del Ejercito Peruano y la Policía Nacional del Perú.

Doña Máxima Acuña de Chaupe, La Dama de las Lagunas, estuvo presente también en la vigilia.

Dentro de las organizaciones internacionales que estuvieron presente esta noche, fue el Comité de Justicia y Paz de Denver, Colorado de Estados Unidos. Donde se manifestaron sobre el proyecto minero Conga, como se sabe el pasado 2010, la misma organizacion reconoció a la ONG GRUFIDES por el trabajo y apoyo a las comunidades afectadas por las actividades extractivas en la región de Cajamarca. También estuvo presente la representante del Comité de Apoyo París Francia.

La vigilia contó con participación de diferentes artistas celendinos y cajamarquinos, donde los mas destacados esta Daniel Gil, cantautor y guardián de las lagunas. En otra parte de la vigilia, un  grupo de mujeres se encontraban trabajando en el cafecito que se repartió entre los presentes, como también preparaban los insumos para la olla común de se cocinara este 03 de julio.

Para el cierre de la vigilia, el grupo musical Tinkari, creador del himno de la lucha "Agua Si, Oro No", se hizo presente, cerrando así la vigilia cultural.

[FORO PÚBLICO] Celendín: Minería y Movimientos Sociales en el Perú (02 de julio de 2014)

Peru: Police Abuse in the Pay of Mining Companies

 

Photo credit: Grufides

Peru is a mining conflict country. In September of this year, the Defensoría del Pueblo (National Ombudsman Office) reported 223 social conflicts in September alone, with more than two thirds of them linked to minerals. The report also registers 196 dead and 2,369 injured in disputes over natural resources from 2006 to 2011. The database of the Latin American Observatory of Mining Conflicts (OCMAL)registers 34 cases across Peru. Even though the State has increased its presence in some mining areas and has its own Social Conflict Administration Office, the front line often becomes the ugliest side of corporate-community relations.

Hard Partners

A report published this month by Peruvian NGOs Grufides, Derechos Humanos Sin Fronteras (Human Rights without Borders), the Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (National Coordinator for Human Rights, CNDDHH), and the Society for Threatened Peoples (STP) of Switzerland, revealed that mining corporations have signed agreements with the National Police to secure their assets. Titled "Police in the Pay of Mining Companies," the report examined the links between the police and mining corporations Antamina, Gold Fields, Sulliden Gold, Xstrata Tintaya, Minera Coimolache, and Yanacocha. These agreements allow them to request permanent police presence or ask for rapid deployment of larger units to prevent or repress social protests. In some cases, the companies provide full financial and logistical support: an incentive to use force.

Expanding Giant

The Switzerland-based commodities giant Glencore Xstrata owns the Tintaya mine and its expansion Antapaccay. Protesters in the province of Espinar have accused the company of causing pollution. As the protests grew, police moved in: three people were killed and around one hundred were injured. In a typical "knee jerk" reaction, the government of Ollanta Humala suspended freedom of assembly and imposed a state of emergency. What then? In an unusual display of force, the police arrested the mayor leading the protest against Xstrata. Dozens of riot police carrying plastic shields stormed the municipal building to pull Óscar Mollohuanca out.

Far away, indignant voters in the relaxed Swiss town of Hedingen decided to donate to charity some US$120,700 of taxes paid by Glencore Xstrata Chief Executive Ivan Glasenberg in protest against the commodities trader’s business practices.

On the Payroll

Early this year, the report "Policía mercenaria" (mercenary police) released in April by the combative newspaper Hildebrandt en sus trece, reported that in normal conditions, mining companies pay around S/.48 a day (US$10) to the official in charge, and S/.28 a day (US$10) to sub officials, for providing protection to the corporation. In circumstances denoted as “special," the pay can be as high as S/.78 a day (US$28). Mar Pérez from the CNDDHH says that these agreements put all the responsibility for the repression of the protests in the hands of the police. "If someone dies," she notes, "it is much harder to investigate the crime."

 

Photo credit: Hildebrandt en sus trece

Police corruption is not just a mining issue. In fact, it was one of the main issues in last week's Lima political agenda when a scandal broke out involving the police protection of Óscar Lopez Meneses, former intelligence officer under house arrest. Meneses was a member of the inner circle and in the 1990s was a close advisor to Vladimiro Montesinos, chief of intelligence under dictator Alberto Fujimori who is now serving a 25-year prison sentence. In response, José de Echave, Director of Lima-based NGO Cooperacción, wrote: "the fact that a fundamental body of the State such as the National Police should take the side of those who pay them, instead of the side of the public…reveals that it does not care about public interest in the least."

Keepers of the Lakes

The Conga mining project is located some 73 km northeast of the city of Cajamarca, in the discricts of Sorochuco and Huasmín. It has been the site of anti-mining protests for years. The U.S.-based Newmont Mining Corp. proposes to dig the Chailhuagón and Perol pits and at least two other additional areas. A plant with the capacity to process 92,000 tons of rock a day would produce 3.1 billion pounds of copper and 11.6 million ounces of gold in 20 years. However, the mineral content is very low: each ton contains less than 1 gram of gold and 0.2% of copper.

The Regional Government and the local communities denounced the serious impacts the project would have on the watersheds. To the complaints about the destruction of the Azul, Perol, Mala, and Chica Andean lakes, Minera Yanacocha replied that it would build three reservoirs to replace them. In July 2011, Denver-based Newmont Mining and its local partner Buenaventura publicly announced that they had approved funding for the project to the value of US$4800 million, one of the biggest mining investments in the history of Peru. In Cajamarca, the same mining companies have operated Yanacocha, the largest open-pit goldmine in South America, for the past 19 years.

But in November 2011, a massive strike forced them to suspend all activities. In December, Humala decreed a 60-day state of emergency in the provinces of Cajamarca, Hualgayoc, Celendín, and Contumazá. In the first days of July 2012, brutal police repression of demonstrators protesting to defend their lakes left a tragic toll of five dead and around 150 injured. In response, the communities have organized an admirable form of protests: the guardianes de las lagunas (keepers of the lakes).

Private Security Agencies

Luis Escarcena Ishikawa is the Securitas coordinator for Canadian corporation Hudbay Minerals. He was Alberto Fujimori´s aide-de-camp and one of the three pilots of the “narco-plane,” the Peruvian Air Force detained minutes before leaving for Russia with 170 Kg (375lbs) of cocaine in May 1996. According to a report by IDL Reporteros, Fujimori himself exculpated Escarcena in a public speech in July 1997.

Hudbay bought Norsemont Mining and its Constancia copper project near the Tintaya mine in 2011. Some 40% of the construction of the mine has already been completed. Authorities of the Chamaca community have expressed their concerns about the project’s "huge enviornmental impacts and reduced economic benefits." Tito Cruz Llacma, from the local organization Frente Único de Defensa de los Intereses de Chamaca (United Front in Defense of the Chamaca’s Interests, FUDICH) stated that "it’s going to be like Espinar, where cattle and agriculture have been affected by contamination of the rivers."

Congressional Investigation

Private security firm Forza was investigated in 2009, when a Congressional commission opened an inquiry into whether crimes were committed by the police and private security personnel in response to protests.Peruvian prosecutors accused the police of torturing protesters at the Rio Blanco mining camp in 2005, but cleared the security firm. At the time, Monterrico Metals operated the Rio Blanco project. When the scandal erupted, Forza's press office referred Reuters to Switzerland's Securitas, which later officially bought the Peruvian company in 2007. After the Monterrico affair, China's Zijin bought the project in 2007. Monterrico was sued by 33 of the victims in a UK court and in 2011 agreed to pay them compensation.

Surviving the Pierina Mine

On September 19, 2012 at 3:30 p.m., about 100 protesters from the Marinayoc Community, a close neighbor of Barrick Gold Corporation’s Pierina gold and silver mine in Huaraz, gathered at the mine’s main gate known as Bravo 22. They demanded that the Toronto-based gold miner fulfill its promise to provide the community with fresh and clean water, as the massive open pit and its infrastructure had destroyed their water sources. While they were protesting at the gate, the police sent by Barrick fired tear gas bombs. The protestors dispersed down the hill while being chased by shotguns. Nemesio Poma Rosales (55) was wounded and later died. Barrick released his body to the local morgue the next day in Jangas, the district capital. According to Lima-based newspaper La República, “Edith Poma denounced that her father Nemesio was taken alive to the mine medical post where he bled to death.”

When the police started shooting, many of the protesters ran away. Alejandro Tomás Rosales Chávez (45) had made it some 20 steps down the hill when he was wounded in his back by bullet splinters. Alejandro was then taken to a clinic in Huaraz where, after three operations, the doctors saved his life. I took his testimony for this year's edition of Barrick Gold alternative annual report. A day after the violence at Pierina, Human Rights Watch issued an open letter to President Ollanta Humala expressing concern over the use of lethal force deployed during protests. Barrick financed the restoration of the house where César Vallejo, the canonical Latin American poet, spent his childhood. The stated goals of the project were to strengthen regional pride in the rich cultural heritage of La Libertad and to improve the local economy through an expansion of the tourist industry; the money came from the Lagunas Norte mine in La Libertad, located some 150 km from Pierina.

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Luis Manuel Claps studied Communications at the Buenos Aires University. He has followed mining in Latin America since 2004 as editor of the Mines and Communities Website. He is based in Lima, Perú.

Fuente: NACLA - https://nacla.org/blog/2013/12/16/peru-police-abuse-pay-mining-companies

DE ECHAVE: EL PROYECTO MINERO TÍA MARÍA Y LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

 

Foto: Perú 21

Escribe: José De Echave C.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, ha declarado que el proyecto minero Tía María ya tiene licencia social para operar, porque la audiencia pública del Estudio de Impacto Ambiental finalmente se pudo realizar el pasado 19 de diciembre. Lo que olvida decir el ministro es que para que la accidentada audiencia se pueda realizar necesitó trasladar más de dos mil policías, un número que supera largamente a los asistentes a la audiencia.

La empresa Southern, propietaria del proyecto, ha señalado que no escatimará gastos para sacar adelante el proyecto. La empresa también olvida señalar que hace tres años precisamente rechazaba la posibilidad de desalinizar el agua del mar y pretendía utilizar la escasa agua de la cuenca, porque el procedimiento era muy costoso, lo que provocó el rechazo de los pobladores del Valle del Tambo.

Lo que ha quedado claro en estos días es que el cuestionado proyecto minero de Tía María no tiene, ni por asomo, licencia social para operar. Por el contrario, la gran mayoría de pobladores de la zona han expresado su rechazo al proyecto: la audiencia pública ha estado acompañada de intensas movilizaciones y enfrentamientos con la policía, que han provocado tres pobladores heridos y el inicio de una huelga de hambre de pobladores que se oponen al proyecto. Además, las organizaciones representativas de la zona han denunciado que los participantes de la audiencia no eran pobladores de la zona.

El caso de Tía María también muestra el colapso de nuestro sistema de certificación ambiental que a estas alturas está claro que carece de toda legitimidad y credibilidad. ¿Una audiencia pública como la realizada en la localidad de Cocachacra el pasado 19 de diciembre puede significar que el proyecto Tía María ya tiene licencia social? De ninguna manera, porque entre otros aspectos el procedimiento no recoge criterios básicos de participación oportuna e informada.

Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) se han constituido, desde hace 20 años, en la herramienta fundamental del Sistema Nacional de Gestión Ambiental en nuestro país, sin embargo la falta de credibilidad y una larga lista de proyectos cuestionados, han puesto en debate los EIA y han planteado la necesidad de renovarlos.

Uno de los temas centrales es cómo romper el control privado de todo el procedimiento, en donde la empresa minera privada, contrata a una consultora privada, y entre ambas, fijan los términos del proceso de elaboración del EIA. Además, mientras dura la elaboración del EIA, la empresa contratante y la consultora, interactúan sin que las autoridades intervengan, salvo al final cuando todo está prácticamente decidido y en condiciones desfavorables.

Una propuesta alternativa debe apuntar a que el Estado peruano intervenga desde el inicio y no al final, como ocurre hoy en día; es decir desde la definición de los términos de referencia de los EIA, la elección de la consultora que elaborará el estudio y el monitoreo del proceso, antes de encarar la parte definitiva de su aprobación o desaprobación. Este debe ser un aspecto fundamental de una reforma de este instrumento.

El caso del proyecto Tía María pone nuevamente en agenda este tema. Mientras no se construyan nuevos instrumentos, una nueva institucionalidad ambiental que recupere credibilidad frente a la población y mientras el gobierno solo siga pensando en políticas orientadas a destrabar las inversiones, sin tomar en cuenta las bases objetivas que están detrás de los conflictos, situaciones como las ocurridas en la provincia de Islay, seguirán repitiéndose. Lo que se necesita es destrabar las políticas sociales y ambientales para superar el estatus quo que nos pretende seguir imponiendo la ortodoxia extractivista.

Escrito: Dic 21, 2013 Actualizado: Dic 22, 2013

Fuente: http://www.cooperaccion.org.pe/opina/43-cooperaccion-opina/1219-el-proyecto-minero-tia-maria-y-los-estudios-de-impacto-ambiental

REPORTAJE [Video] - Cuarto Poder: Mira cómo se combate la minería informal en Madre de Dios

DE ECHAVE: LOS INDIGNADOS DE LAS LAGUNAS Y DE OTRAS LATITUDES

Por José De Echave 

Los editoriales de los principales periódicos a nivel mundial se preguntan por qué en países que atraviesan por uno de sus mejores momentos de crecimiento y estabilidad económica se producen las movilizaciones sociales más importantes de las últimas décadas.

En Turquía la indignación y el rechazo al avance destructivo de proyectos inmobiliarios y grandes centros comerciales y la consiguiente defensa de parques y áreas protegidas, ha desatado una amplia movilización. En la plaza de Taksim, en Estambul, los manifestantes protestan en contra del gobierno turco por temas tan variados como la ecología, la corrupción y la impunidad de los que comparten el poder político y económico.

En Brasil las protestas se iniciaron en las ciudades en las que se aumentaron el precio de los pasajes. A los pocos días, ya se habían extendido a cien ciudades, pese a que las autoridades retrocedieron en la medida. Ya no sólo se cuestiona el alza de los pasajes, sino también los más de 26 mil millones de dólares que se piensan gastar en el próximo mundial de futbol y en las olimpiadas y la agenda se ha ampliado a temas de educación, corrupción y violencia.

Como ocurriera en Chile, en Brasil y Turquía, los jóvenes han tomado las calles y sus demandas se conectan con los movimientos de indignados de otros países. En este contexto cabe preguntar si algo similar podría ocurrir en nuestro país.

No es sencillo dar una respuesta definitiva. Lo cierto es que cada país presenta características propias. En los últimos años, en el Perú se ha registrado movilizaciones importantes que responden a agendas más específicas: desde el capítulo doloroso de Bagua, pasando a la movilización por la defensa del agua, los numerosos conflictos mineros y la marcha de los cuatro suyos que se trajo abajo a la dictadura fujimorista. Si bien es cierto que la conflictividad en los últimos años, ha ido en ascenso y todo indica que la tendencia continuará, por el momento todas estas luchas no se expresan necesariamente en grandes movilizaciones nacionales.

Sin embargo, la terca lucha de las comunidades de Bambamarca y Celendín por defender sus lagunas es una expresión a la peruana de las luchas de los indignados en todo el planeta. El crecimiento económico de los últimos años en nuestro país tampoco se expresa como algunos quisieran en paz social. ¿Qué pasará más adelante? Difícil de pronosticar.

Sin embargo, no hay que perder de vista el creciente malestar que se percibe en diversos sectores sociales del país y que está a la base de la próxima jornada de lucha del 4 de julio. Un gobierno que sigue cediendo a las presiones de los grandes grupos económicos, que anuncia nuevos paquetes para facilitar aún más las inversiones sin equilibrios sociales y ambientales, está generando las condiciones para que la indignación aumente cada vez más.

Peru: “Ministerio del Ambiente es un archivador de EIA”

Según el exministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, las recientes medidas dadas por el gobierno para reducir los plazos, a menos de 100 días, para la evaluación y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), no garantiza que se cumpla los controles ambientales, por el contrario generaría nuevos conflictos sociales. Por ello, consideró que el Ministerio del Ambiente es un archivador de EIA y que el sector “está pintado en la pared”. Y lamentó que el actual titular de la cartera de Ambiente “hace lo que el gobierno lo deja hacer y no lo que tiene que hacer”. En conversación con LA PRIMERA aseguró que los EIA no son transparentes.

—El gobierno lanzó medidas para impulsar proyectos de inversión, entre ellas se busca acortar el tiempo de evaluación en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), ¿considera que esta medida va a garantizar una buena evaluación del EIA de los grandes proyectos mineros?
—Es muy importante tomar acciones para el crecimiento económico, pero no veo por qué el gobierno tiene que seguir insistiendo en cosas que han generado una conflictividad enorme en el país, por ejemplo las inversiones de Yanacocha. Es imposible hacer una buena evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, de gran minería, en menos de 100 días. No se puede confundir rapidez con apuro, porque las evaluaciones del EIA se van hacer para que salga y después habrá consecuencias, nuevos conflictos. Con estas medidas, queda claro que el gobierno está escuchando, con un volumen alto, a los inversionistas mineros.

—¿En promedio cuánto dura la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental para un proyecto minero?
—La revisión del EIA de proyectos mineros demora por lo menos seis meses, ahora se quiere acortar a más de la mitad del tiempo que se requiere. La demora no es porque los especialistas que observan el EIA son ociosos, sino es porque la evaluación toma tiempo. La revisión es todo un proceso, porque se tiene que hacer un trabajo de campo, recoger información física, climatológica, geológica y química, para reconocer el impacto ambiental que generará el proyecto, y así planear la mitigación de los efectos y la compensación. En otros casos el EIA puede demorar de 2 a 3 años en ser analizados.

—¿Considera apropiado que la empresa se encargue del EIA, teniendo en cuenta los intereses de por medio?
—En el país le falta transparencia a los EIA. Por la metodología que se sigue no le da confianza al ciudadano de a pie. Lo que está pasando es que una empresa se encarga de hacer el EIA, luego viene y te lo propone al gobierno. Allí la empresa se asegura que el EIA sea factible para la ejecución del proyecto. Entonces los EIA no deberían ser realizados por la parte interesada en el proyecto.

—¿Entonces cómo debería ser?
—Se debe crear un fideicomiso entre la empresa que invierte y el Ministerio del Ambiente, para no generar gasto a la institución pública. Con ese dinero, el encargado de contratar a los especialistas para la realización del EIA debe ser el Ministerio del Ambiente. Al término del estudio se debe contratar a un grupo de técnicos para que certifiquen el EIA. Además, debe haber un EIA que incluya a la población para certificar la aceptación del proyecto.

—Según las recientes reformas dadas por el gobierno, el EIA luego de ser aprobado por el Ministerio de Energía y Minas y otras entidades relacionadas, recién llega al Ministerio del Ambiente para su aprobación u observación, ¿parece que el EIA solo llega a la cartera de Ambiente para su reconocimiento?
—El Ministerio del Ambiente vuelve hacer un archivador de EIA y a estar pintado en la pared. Aquí solo lo que cuenta es la inversión y para eso no necesitamos un presidente, un Congreso de la República, sino se necesita un buen gerente. No debe prevalecer solo la inversión.

—Las observaciones del EIA en el proyecto de Conga generó una crisis en el gobierno, ¿qué lecciones se deben rescatar ante las medidas de acortar el tiempo en la evaluación del EIA?
—Por ejemplo, el EIA del proyecto Conga tiene 25 mil páginas y la evaluación se hizo en seis meses. El proceso del análisis tuvo poco tiempo y la evaluación no lo hizo directamente el Ministerio de Energía y Minas con sus profesionales, sino se contrató gente adicional que pagó la empresa minera. Las recomendaciones que hizo el Ministerio del Ambiente, cuando estuve en la gestión, coincidió con las conclusiones de los peritos.

—El Estudio de Impacto Ambiental define si un proyecto es factible, ¿considera que los inversionistas ven al EIA como un arma que atenta sus intereses?
—Solo a los malos inversionistas les pasa eso y piensan que los controles ambientales son un freno para la inversión. Aquí se tiene que hacer las cosas bien, y estoy seguro que Yanacocha no habría podido avanzar sin tener a personas que le ayuden a crecer cerrándoles un ojo.

—El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene cerca de 20 años en el país, algunos señalan que es obsoleto, ¿usted lo considera así?
—Hay muchos términos de referencia que es copia y pega. No existe una normativa común para los EIA en los diferentes sectores, Agricultura, Energía y Minería, Pesquería, cada uno hace lo que se le da la gana. Tanto es así que en la industria las herramientas de control ambientales no están desarrolladas. Entonces se debe modernizar el EIA y el Ministerio del Ambiente debe estar a cargo.

—La Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), ambos organismos dependen de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿considera que el gobierno quita facultades del Ministerio del Ambiente?
—Los Ministerios del Ambiente de otros países se hacen cargo del ordenamiento territorial, de la Autoridad del Agua, eso pasa en Chile, Bolivia, Ecuador y otros países de Latinoamérica. En el Perú no sucede eso, porque el empresario y el agroexportador tienen mucho poder en el país.

— ¿El Ministerio del Ambiente es el enemigo de los inversionistas en Minería?
—El Medio Ambiente es el “cuco” que los inversionistas han creado. El Ministerio es como el semáforo y los inversionistas quieren pasar por encima, sin respetar.

— ¿El EIA es una traba para las inversiones?
—El EIA y el cuidado del medio ambiente es un factor de excelencia de las inversiones.

—Usted fue ministro de Ambiente en el gobierno de Ollanta Humala, ¿qué le parece la gestión de su actual predecesor?
—El Ministro del Ambiente está haciendo lo que le dejan hacer y no lo que tiene que hacer.

— ¿Y usted hizo lo mismo cuando estaba al frente de dicha cartera?
—Siempre fue así.

—¿De qué depende el cambio?
—Cambiará cuando el gobierno entienda que realmente el tema ambiental es parte de la excelencia del país, las inversiones tienen que hacerse bien.

SEGÚN JOSÉ DE ECHAVE
Medidas relajan filtro ambiental
El ambientalista José de Echave señala que las medidas del gobierno para impulsar las inversiones relajan aún más el filtro ambiental que representa los Estudios de Impacto Ambiental.

“El paquete que más preocupa tiene que ver con el decreto supremo 060-2013-PCM, que busca agilizar la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) detallados y semidetallados. Desde ahora estos estudios deberán ser aprobados en menos de 100 días. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta que una decisión de este tipo aportará a relajar aún más el filtro ambiental que representan los EIA, en la medida que ni la institucionalidad ambiental que está en los ministerios está preparada para realizar evaluaciones ambientales rigurosas en esos plazos y el nuevo sistema nacional de certificación ambiental (SENACE) recién comenzará a operar desde abril del próximo año”, indicó.

Asimismo, resaltó que estamos frente a una gestión que perdió los necesarios equilibrios sociales y ambientales.

“Cada vez son más evidentes los retrocesos, mensajes contradictorios y la debilidad que muestra el gobierno frente a las presiones de los principales grupos económicos. Pasó con el tema de Repsol y la posible compra de sus activos, luego con el entrampamiento de la consulta previa a los pueblos indígenas y ahora con este paquete de promoción de las inversiones. Con mucha razón los que perdieron las elecciones deben sentir que al final ganaron”, explicó.

EN CORTO

1 Es imposible hacer una buena evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, de gran minería, en menos de 100 días. No se puede confundir rapidez con apuro, porque las evaluaciones del EIA se van hacer para que salga y después habrá consecuencias, nuevos conflictos. Con estas medidas, queda claro que el gobierno está escuchando, con un volumen alto, a los inversionistas mineros.

2 La revisión del EIA de proyectos mineros demora por lo menos seis meses, ahora se quiere acortar a más de la mitad del tiempo que se requiere. La revisión es todo un proceso, porque se tiene que hacer un trabajo de campo, recoger información física, climatológica, geológica y química, para reconocer el impacto ambiental que generará el proyecto, y así planear la mitigación de los efectos y la compensación. En otros casos el EIA puede demorar de 2 a 3 años en ser analizados.

3 El EIA del proyecto Conga tiene 25 mil páginas y la evaluación se hizo en seis meses. El proceso del análisis tuvo poco tiempo y la evaluación no lo hizo directamente el Ministerio de Energía y Minas con sus profesionales, sino se contrató gente adicional que pagó la empresa minera. Las recomendaciones que hizo el Ministerio del Ambiente, cuando estuve en la gestión, coincidió con las conclusiones de los peritos

4 El Medio Ambiente es el “cuco” que los inversionistas han creado. El Ministerio es como el semáforo y los inversionistas quieren pasar por encima, sin respetar.

Gina Carbajal
Redacción

Fuente: La Primera - http://www.laprimeraperu.pe/online/entrevista/ministerio-del-ambiente-es-un-archivador-de-eia_140360.html

Cajamarca: Presentación del libro "Más allá de Conga"

José de Echave: “La ausencia de partidos políticos no ayuda en conflictos socioambientales”

Por Cristian Roca Roggero 

El ex viceministro del Ambiente, José de Echave, señaló que los conflictos socioambientales en el Perú se caracterizan por tener un Estado poco dialogante y con respuestas violentas. Destacó además la inoperancia de los estudios de impacto ambiental, porque no son acumulativos, sino que en una misma zona se desarrollan sobre proyectos aislados.

El especialista en temas ambientales indicó que los conflictos socioambientales se originaron en la década de los noventa, cuando se inició el llamado “boom minero”, que dio lugar a un conjunto de normas que afectaban a las comunidades.

Dijo que entonces “se creó un marco legal que atentaba contra los derechos culturales, económicos, y donde los derechos colectivos se flexibilizaron.”

Asimismo indicó que “la ausencia de partidos políticos impide canalizar el ordenamiento de las demandas de las poblaciones”.

Importancia de luchas en Cajamarca

Destacó que el conflicto en Cajamarca, a raíz del proyecto minero Conga, haya puesto por primera vez el tema del agua como fundamental a la hora de realizar proyectos extractivos.

“Conga puso el tema del agua como algo fundamental. Dónde debe y no debe haber minería”, señaló.
Por último indicó que cada conflicto social debe ser visto de forma independiente y no “homogéneo”.

El ex viceministro del Ambiente dio estas declaraciones con motivo de una ponencia denominada “Hacia una Estrategia post-extractivista y el Buen Vivir, en la Universidad San Marcos, ayer martes.

 

Fuente: Erizo Verde - http://elerizoverde.net/?p=669

Libro: "Mas Alla de Conga" - Jose de Echave - Alejandro Diez

Libro: "Mas Alla de Conga" - Jose de Echave - Alejandro Diez by Mi Mina Corrupta

José de Echave: Los estudios de impacto ambiental están desfasados

JOSÉ DE ECHAVE Cáceres. Ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, e investigador de la ONG CooperAcción.

Rocío Maldonado.

Ex viceministro de Gestión Ambiental presenta hoy el libro Más allá de Conga –en coautoría con Alejandro Diez–en un intento de plantear reformas pendientes para el desarrollo de una nueva minería en el país a partir del conflicto socioambiental de mayor impacto político y mediático en el Perú en los últimos años.

Usted fue viceministro de Ambiente del primer gabinete del presidente Ollanta Humala, que luego cae por el conflicto entorno a Conga, ¿Qué lecciones recoge sobre este caso?

Conga ha sido un caso emblemático, dos gabinetes comprometidos, pero se debe destacar la creación de una comisión multisectorial destinada a mejorar las condiciones en las industrias extractivas y quizá una primera reforma que deriva de ella es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE).

¿Lo considera un avance?

SENACE busca transitar el camino de romper la gestión ambiental donde cada ministerio es la autoridad ambiental de su sector. El Ministerio del Ambiente (Minam) no es la autoridad ambiental y en esa dirección la única reforma tímida es el SENACE.

Se necesita de mucha voluntad política para aplicar reformas, ¿cree que el gobierno la tiene?

Yo creo que sí hay voluntad política para avanzar en reformas sustantivas, pero algunas competencias son del Ejecutivo y otras del Legislativo.

Los conflictos sociales vinculados a la minería no son nuevos en el país, pero se dice que Conga debe marcar un antes y un después...

El país tiene que saber sacar lecciones de su conflicto emblemático. Por eso lo que tratamos de identificar en la publicación es una agenda legítima detrás de los conflictos que tiene que ser atendida. La intención es sistematizar y por eso el libro se llama Mas allá de Conga porque es un análisis del caso y lo que plantea al Perú como reflexión en términos de institucionalidad y de políticas públicas.

¿Y qué plantea en términos de institucionalidad?

Hoy tenemos una institucionalidad todavía precaria que goza de enorme desconfianza de parte de la población. El Minam es buen ejemplo de eso, una institucionalidad en proceso de construcción que necesita tener todas las competencias de una autoridad ambiental en cualquier parte del mundo .

¿En cuanto a políticas públicas?

Las políticas públicas son herramientas y en la actualidad la herramienta que permite aprobar o desaprobar un proyecto minero son los EIA, pero el tema es que existen en el país hace 20 años y no se han actualizado. Incluso organismos como el Banco Mundial los consideran una herramienta desfasada que necesita modernizarse y responder a mejores estándares internacionales.

¿Cuál es el problema?

Los EIA tienen un problema, entre otros, porque se aprueban uno por uno, pero qué pasa cuando en una zona existen varios proyectos mineros. Entonces hablamos de impactos acumulativos y allí el EIA ya no funciona porque se necesitan evaluaciones ambientales estratégicas que permitan medir los impactos acumulativos.

Volviendo a Conga, el proyecto está paralizado, pero el conflicto no ha desaparecido...

Para utilizar los criterios de la Defensoría del Pueblo, se trata de un conflicto latente, y que lo que ha pasado en el Perú en los últimos 20 años, y en el mundo, en torno a conflictos sociales, muestra que para que un proyecto minero sea viable tiene que construir por lo menos 4 viabilidades: la técnico-productiva, la financiera, la ambiental –que en teoría se construye a partir de estos instrumentos que insisto no están actualizados–, y la social. Si un proyecto no tiene viabilidad social la casuística muestra que los proyectos no van.

Pero el empresario Roque Benavides no entiende la licencia social, le basta con los permisos del gobierno...

El concepto de licencia social es generado por la propia industria. Le recomendaría que lea los documentos del Consejo Internacional de Minería y Metales, que agrupa a las principales mineras globales. Allí está muy claro en qué consiste la licencia social.

¿Qué tanto puede influir la consulta previa en los conflictos?
No hay remedios milagrosos, pero creo que el derecho a la participación ciudadana es un elemento importante que forma parte de la canasta de reformas necesarias, pero al parecer no hay interés en el tema, el padrón de pueblos indígenas se posterga permanentemente.

Entrevista de Otra Mirada, sobre el Proyecto Conga de Minera Yanacocha

José de Echave le responde a Fritz Du Bois por acusar de ‘terroristas’ a manifestantes

 

Por: Jorge Paucar A.
 

El ex viceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, le respondió al director del diario Perú 21, Fritz Du Bois quien anteriormente señaló que los que protestaban en contra de grandes proyectos mineros son ‘terroristas’.

En un contexto de resurgimiento de las protestas sociales relacionadas a temas mineros, con el caso de Kañaris-Candente Copper, el día 31 de enero, Du Bois escribió una columna titulada “Su negocio no ha cambiado” donde acusa a los ciudadanos que se oponen a grandes proyectos mineros de ‘terroristas’. Lejos de contra-argumentar las razones de los manifestantes, Du Bois mantiene una visión ‘conspiracionista’ acerca de las protestas sociales. Para el director de Perú 21, “todos son terroristas”, señala José de Echave.

Con ello, sostiene de Echave, investigador de Cooperacción, se pretende criminalizar las protestas e imponer mano dura desde el Estado y el empresariado extractivo. A continuación, compartimos el artículo de José de Echave:

“TODOS SON TERRORISTAS”

Escribe: José De Echave C.

Al principio los mensajes intentaban ser más matizados y elaborados: “en algunos movimientos de protesta contra la minería habría presencia de ex terroristas”, se decía. Poco a poco el mensaje se fue generalizando: “hay un complot en el país contra la minería encabezado por grupos terroristas”.

De la sospecha y la hipótesis se ha pasado directo y sin escalas a la afirmación y lo que es más peligroso a la generalización. Ahora se pretende pasar el mensaje-contrabando de “todos son terroristas”.

Un buen ejemplo de esto es la columna de opinión del director de Perú 21 (31 de enero 2013): “un común denominador en cualquier episodio de la campaña antiminera que los exmiembros del MRTA están liderando es la provocación en la búsqueda de uno o más muertos en cada caso”. “Por ello, es claro que ya no tiene sentido usar dinamita o anfo si cuentan con la capacidad destructiva del Sr. Santos”. Sin duda, una afirmación que tiene bastante dinamita y que busca tener un alto poder destructivo.

El mensaje que se busca pasar está claro: todas las protestas contra la minería están lideradas por ex terroristas. Todos son terroristas. Lo que se intenta decir es que es lo mismo un ex terrorista que el Presidente de Cajamarca o el campesino de Kañaris o de cualquier otro lugar que levante su voz de protesta contra un proyecto minero.

La intención es clara. Poniéndole el sello de ex(?) terrorista a todo lo que se mueva, no solo se busca deslegitimar cualquier protesta contra la minería sino también criminalizarla e imponer mano dura.

Para estos “analistas” no hay nada legítimo en las protestas de las poblaciones ni nada que atender. Consecuentemente con el mensaje de fondo, la columna del director de Perú 21 termina señalando: “Ojalá que el gobierno no se deje engañar nuevamente por reuniones sin ningún resultado”. Otro mensaje más: nada de diálogo. Y claro, si el diálogo no tiene razón de ser ¿cuál es el camino alternativo? Por supuesto, la mano dura y la represión.

No sabemos qué tanta llegada tendrán estos tremendos “analistas” de nuestra realidad en las esferas del gobierno. Solo queda alertar: cuidado, qué sería del país si les hacen caso. ¿O acaso ya los están escuchando?

 Fuente: La Mula - http://lamula.pe/2013/02/01/jose-de-echave-conflictos-sociales-mineria-terrorismo-fritz-du-boi/jorgepaucar

Perú: Grupos económicos son principales opositores a las reformas ambientales

 

- El núcleo duro del poder económico está en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Servindi, 12 de noviembre, 2012.- En el Perú hay una fuerte presión de los grupos económicos para evitar que las reformas ambientales se produzcan bajo el argumento de que las inversiones se van a ir, afirmó José de Echave, ex viceministro de gestión ambiental.

Poderosos grupos de poder como el que se encuentra articulado en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) son los más influyentes y tienen un alto nivel de penetración en las decisiones políticas del país, expresó el investigador miembro de la asociaciónCooperacción.

Lo preocupante es que en los últimos quince años -desde Fujimori hasta Humala- no ha cambiado el concepto de desarrollo y “la política minera sigue siendo todo el extractivismo posible en el más breve tiempo posible, y eso no es sostenible desde el punto de vista social y ambiental”, sostuvo De Echave.

Recordó que el Perú ocupa el cuarto lugar entre los países de América Latina con mayores inversiones de la industria extractiva y el sexto lugar en el mundo.

“Sin embargo, a diferencia de otros países todavía tenemos un sistema de certificación ambiental sectorial. Son los ministerios los que fiscalizan. El país tiene que avanzar y diseñar una estrategia de evaluación y fiscalización ambiental fuerte” señaló el especialista.

La asociación Cooperacción, a la cual pertenece De Echave, cumplió este año quince años de acción solidaria para el desarrollo en el Perú.



El poder de la minería

La minería es el sector económico más rentable, dinámico y el que capta la mayor más inversión extranjera, equivalente al 60 por ciento de las exportaciones. Da cuenta del 8 por ciento del producto bruto interno (PBI) nacional, y se calcula que dentro de algunos años la inversión crecerá en más de US$ 50 mil millones de dólares.

“Es falso que la minería se va a ir del país pues no hay minas rentables así no más en otro sitio”, señala De Echave. “Pero, evidentemente, la minería es el sector productivo que más conflictividad social produce en el Perú”.

Una reforma de etiquetas pero sin contenidos

José de Echave se mostró escéptico frente al anuncio de una minería del siglo XXI de la que habla Ollanta Humala. Afirmó que “se ha puesto la etiqueta pero no hay muchos contenidos. Todavía se hace difícil entender lo que el presidente está planteado como nueva minería.”

“Se anunció que esos cambios se presentarían en 30 días, desde el 4 junio. Estamos acabando octubre y hasta ahora no hay nada visible” indicó.

La primera reforma fue la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace), adscrito al Ministerio del Ambiente y cuya función principal será revisar y aprobar los EIA.

Sin embargo, el Senace presenta varios problemas. Por ejemplo, deja la posibilidad abierta para que los ministerios tengan la última palabra sobre la aprobación o no de los EIA de los proyectos extractivos.

“Si se considera a un proyecto extractivo como “estratégico”, la propuesta será debatida en el propio Ministerio de Energía y Minas. No todos los proyectos pasarán por el Senace”, sostiene.

“Lo que el país necesita –dijo De Echave- es que haya rigurosidad exhaustiva en la evaluación de los EIA. El reto es recobrar la confianza para que la población vuelva a creer en la capacidad del Estado para revisar los EIA y dar una evaluación real sin ningún tipo de inclinaciones hacia las industrias extractivas”, dijo.

El experto recomendó fortalecer la capacidad del personal del Estado que será encargado de evaluar los EIA. En el caso del Senace, el Estado tendrá que fortalecer la capacidad y el número de personal para la aprobación de los EIA”, dijo.

Un ministerio sin autoridad ni competencias

“El Perú es uno de los pocos países de América Latina donde los estudios de impacto ambiental (EIA) los aprueba el propio ministerio de Energía y Minas. En Chile los aprueba una autoridad ambiental independiente”

Al Minam le falta autoridad y competencias. “No concibo que un Ministerio del Ambiente no sea el que apruebe los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que es el instrumento que le dará luz verde a un proyecto minero” indica De Echave.

“Es inaceptable que el agua, tema fundamental en la agenda ambiental del país, no forme parte de sus competencias. Es evidente que le faltan competencias que cualquier autoridad ambiental debería tener” prosigue.

“De otro lado, intenta hacer cosas. Por ejemplo, tiene la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) adscrita, pero sin los recursos suficientes para una gestión adecuada, y se continúa haciendo una gestión desde Lima”.

En resumen, “el Minam tiene que ampliar sus facultades, definir e imponer la agenda ambiental con visión de país”, señala De Echave.

Retos pendientes en la gestión ambiental

Entre los retos pendientes se encuentra la institucionalidad de la gestión ambiental y sus herramientas, la ley de ordenamiento territorial, la minería informal, la transparencia financiera de cuánto aporta la industria minera -lo que debería ser una política pública- entre otros.

“Un gran tema pendiente es la tributación minera, donde debería haber una reforma sustantiva. “Hace dos campañas presidenciales se discute si el país debe colocar impuestos a la sobreganancia minera, y hemos perdidos diez años de un impuesto que es un derecho que el país debería tener por entregar un recurso que no es renovable a las empresas mineras”.

Otro tema pendiente es el tema laboral, pues el 70 por ciento de los trabajadores mineros no reciben beneficios laborales de las empresas mineras.

Un ministerio que nivele la balanza

La gestión ambiental nace en el Perú antes del gobierno de Fujimori con la aprobación del Código del Medio Ambiente. La principal reforma de Fujimori fue sectorizar la gestión ambiental y dispersarla en varios sectores.

“La gran reforma que se esperaba del gobierno de Gana Perú era que el ministerio del Ambiente deje de ser un ministerio decorativo, y que se convierta en la autoridad ambiental que el país necesita”. Lamentable esto aún no ha ocurrido, observa De Echave.

El gran problema actual es que el ministerio del Ambiente (MINAM) no ha logrado revertir los problemas de la sectorización” y lograr que la gestión sectorial se convierta en una gestión transectorial, una verdadera autoridad ambiental que trascienda a los demás sectores. Este reto sigue pendiente”, agrega.

La necesita de una autoridad ambiental fuerte radica en que el Perú es un país que tienen sectores extractivos muy fuertes y se necesita un ministerio del Ambiente también fuerte que ayude a nivelar la balanza. “El sector minero es un poder económico fuerte que necesita estar contrarrestado”, dice.

Escenarios futuros

La región Latinoamericana será escenario de una disputa muy fuerte por los recursos en los próximos quince años debido a la riqueza diversa que posee.

“Hay regiones en el mundo donde hay petróleo, gas, minería metálica o no metálica, reservas de agua dulce, pero la única región donde hay todo eso junto es América del Sur. Por eso se darán disputas globales por el control de esos recursos que cada vez son más escasos” expresó.

De Echave: CONSULTAS Y MARCHAS GLOBALES

Por: Jose De Echave

 

En la década pasada las consultas ciudadanas en torno a los proyectos mineros comenzaron a implementarse en América Latina. La primera fue la de Tambogrande en el Perú el año 2002, luego le siguió la consulta de Esquel en Argentina, Sipacapa en Guatemala, Río Blanco/Majaz nuevamente en Perú y una lista amplia de experiencias de participación ciudadana que con características propias marcaron una pauta de exigencia del derecho a ser consultados en América Latina.

Para los que siguen pensando que los conflictos socio ambientales son una característica exclusiva de un solo país, los hechos los desmienten. Ahora, por ejemplo, se vienen reproduciendo las marchas de poblaciones en América Latina: luego de la exitosa Marcha Nacional por el Agua en el Perú, se anuncian iniciativas con características propias en otros países.

Por ejemplo, en Ecuador se anuncia también una Marcha por el Agua. Las organizaciones indígenas y ambientales de ese país impulsan la marcha con una agenda similar a la peruana. En Argentina se anuncia una caminata de pobladores de diversos lugares de la Patagonia en defensa de una ley que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso del cianuro en la provincia de Chubut. La marcha de más de 400 kilómetros unirán las ciudades de Trelew y Esquel en la meseta patagónica.

Por otro lado, en la ciudad de Marsella, Francia, a mediados de marzo, se realizará el sexto Foro Mundial del Agua, organizado por el Consejo Mundial del Agua, espacio que intenta generar acuerdos globales e instrumentos de gestión en cuanto al uso y la protección de este importante recurso. En paralelo y en la misma ciudad de Marsella se desarrollará un foro alternativo que promueve el reconocimiento que el agua como bien común de la humanidad y no como una mercancía. Además se propone defender el derecho al acceso universal al agua potable, de conformidad con la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Todos estos hechos son una muestra de los temas que hoy en día preocupan a poblaciones, académicos, gobiernos y organismos internacionales y que se expresan en diferentes iniciativas globales. Además, esto se da en la fase de preparación de la Conferencia de Río más 20, que nuevamente se desarrollará en Brasil el próximo mes de junio. Alrededor del 40% de los conflictos sociales que se producen en todo el planeta tienen que ver con problemas generados por la explotación de recursos naturales. Lo que viene ocurriendo en el América Latina forma parte de ese escenario global que no debemos dejar de mirar.

(Video) De Echave sobre Doe Run: “El Estado ha sido muy permisivo con una empresa de pésimos antecedentes”

El experto en temas mineros y ex viceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, señaló que el Estado peruano ha sido muy permisivo en estos últimos años al brindarle facilidades a Doe Run Perú, pese a sus antecedentes internacionales en materia financiera y ambiental.

“Yo creo que el estado no está cumpliendo con su tarea. Ha sido muy permisivo con una empresa que tiene pésimos antecedentes. Esta empresa (Dore Run Perú) ha sido suspendida de la Sociedad Peruana de Minería, y tiene además pésimos antecedentes en Estados Unidos, en donde siempre ha sido una pesadilla”, señaló De Echave en entrevista con Actualidad Ambiental.

Según el ex funcionario del Ministerio del Ambiente (Minam), no sólo se debemos preocuparnos por el tema laboral de los trabajadores, que considera importante, sino también por “la situación ambiental, en una localidad en donde hay problemas gravísimos en la salud de la población. La Oroya recibe diariamente un cóctel de residuos tóxicos como el plomo, cadmio y arsénico, todos cancerígenos. Por eso buscamos que las cosas se manejen con equilibrio”.

De Echave también alertó que “se está hablando de una tercera ampliación del Plan de Adecuación y Manejo ambiental (PAMA), a través de un proyecto de ley presentado en el Congreso de la República. Este documento presenta artículos que deja abierta las puertas para nuevas prórrogas, que levantan la responsabilidad de multas que la empresa ha recibido durante todos estos años , es decir, una propuesta bastante flexible”.

Por otro lado, se refirió al proceso de arbitraje que la empresa ha llevado a nuestro país, amparándose en el Tratado de Libre Comercio y, además, habló sobre los funcionarios que del sector privado han pasado al público y que hoy se encuentran en cargos importantes del sector minero, entre ellos el titular del Ministerio de Energía y Minas, Jorge Merino.

Fuente: SPDA - Actulidad Ambiental

El Estado no es independiente en Peritaje a Conga

El ex viceministro de Ambiente, José De Echave, advirtió que pese a la falta de confianza en la población en materia de políticas públicas vinculadas al tema ambiental, no ve una voluntad política del gobierno para remediar esta situación.

“La gente no cree que el Estado, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, tenga la capacidad y la voluntad de hacer evaluaciones ambientales con la debida independencia. Esta es una tarea pendiente y sobre esta hay que hacer esfuerzos. Tengo la impresión de que no hay mucha voluntad política para dar esas peleas”, declaró, en entrevista con la periodista Jaqueline Fowks en el programa Aquí y Ahora de la Mula TV.

Por otro lado, De Echave mencionó que la Marcha del Agua realizada el pasado 10 de febrero en protesta por el proyecto minero Conga ha generado una iniciativa en el Congreso para proteger las cabeceras de cuenca en el Perú.


“La iniciativa legislativa está girando en torno a la protección de las cabeceras de cuenca. La idea es que, partiendo de la ley de recursos hídricos que dice claramente que las cabeceras son zonas sensibles ecosistemas vulnerables que deben ser protegidas, ver cómo se reglamenta esta iniciativa”, agregó.


Finalmente, De Echave consideró que el Ministerio del Ambiente está pintado en la pared ya que los Estudios de Impacto Ambiental no son aprobados por esta entidad estatal sino por el Ministerio de Energía y Minas, un organismo que se encarga de promover la inversión minera en el país.

Pese al peritaje, Saavedra convocaría paro

El mismo día que se difundieron los nombres de los peritos internacionales que realizarán el nuevo informe del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Conga, el presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Wilfredo Saavedra, anunció en diálogo con LaMula.pe que se encuentran organizando un paro nacional, debido a que el peritaje solo pretende “justificar que es posible llevar el proyecto minero a cabo”.

El periodista Martín Hidalgo difundió hoy en su columna en el medio digital Spacio Libre los nombres de los tres peritos elegidos por la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) para “identificar y proponer medidas que permitan el mejoramiento de las acciones de mitigación de los impactos ambientales del proyecto Conga” en un plazo de 40 días, según consta en las bases del proceso de selección.

Para Saavedra, la citada medida “desconoce los intereses de los cajamarquinos. Significa que el proyecto va. Así lo dijo el premier [Óscar Valdés], está oleado y sacramentado”.

Saavedra anunció que, además de la iniciativa legislativa que presentaron después de la Marcha del Agua, están organizando un paro nacional. El dirigente no descartó que la agitación llegue a los niveles que provocaron la declaración del Estado de Emergencia en Cajamarca, en diciembre del año pasado.

En declaraciones a LaMula.pe, el líder ambientalista Marco Arana y el ex viceministro de Ambiente, José De Echave, coincidieron en señalar que existen problemas sociales que el peritaje no va a resolver.

Arana: ”La decisión política del gobierno es que el proyecto va sí o sí”



Para Arana, el peritaje está ”muerto desde su nacimiento”, porque no resolverá los problemas de fondo del proyecto Conga, como la destrucción de fuentes naturales de agua:

Destruir lagunas e intubar ríos es una solución inaceptable para nosotros. Estamos cuestionando es la tecnología, la zona donde se ubica y la afectación ambiental y social. No se ha tenido en cuenta la propuesta técnica multisectorial de Cajamarca.

Arana evitó opinar sobre los peritos designados por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) antes de averiguar de quiénes se trata, pero señaló: “Es un peritaje hecho a pedido de la necesidad que tiene el gobierno de viabilizar el proyecto, y va a ser visto como una acción unilateral para imponerlo”.



Echave: “El tema se ha manejado con muy poca transparencia”

José de Echave, ex viceministro de Ambiente que realizara el informe anterior sobre el EIA, señaló que “la idea del peritaje era recuperar un proceso participativo y transparente, y eso no ha ocurrido”:

Hoy, lo que se busca es satisfacer o mitigar las dudas que tiene la población, y esa no era la idea central, porque hay un conflicto latente y no hay un clima adecuado para que eso ocurra.

Además, indicó que dos problemas que evitan que el peritaje sea la solución: la falta de coincidencia de las fechas y la desconfianza de la población:

Se anuncia el peritaje [con un plazo de 40 días] y luego se anuncia el reinicio de operaciones del proyecto minero en marzo. Las fechas no coinciden, y parece un saludo a la bandera. Además, la población no confìa en la rigurosidad de los estudios de impacto ambiental.

Sobre los peritos elegidos, señaló que solamente tiene referencias de Rafael Fernández Rubio: “Sé que es una persona vinculada al sector minero”.

Tribunal de Justicia Hidrica

TRIBUNAL DE JUSTICIA HÍDRICA FINAL