[PUCP - TESIS] EL PROYECTO CONGA DESDE LOS ESTÁNDARES DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS by Mi Mina Corrupta
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24 febrero, 2015
27 junio, 2014
Colombia: El antecedente en la CIDH (Caso Conga) que incomoda al proyecto minero La Colosa
Carlos Hernando Enciso, gerente de Asuntos Corporativos del proyecto minero La Colosa, aseguró que la compañía no tiene ninguna posición u opinión relacionada con una posible solicitud de medidas cautelares ante la CIDH.
Luego de que se conociera la pretensión de la Administración seccional, la Personería de Ibagué y otras organizaciones de llevar hasta instancias internacionales la discusión sobre la conveniencia del proyecto minero La Colosa, existe un precedente que podría ser clave para ese propósito.
Se trata del megaproyecto minero Conga, que se desarrolla en zona de influencia de Cajamarca, Perú, población que de manera coincidente, lleva el mismo nombre de la ‘Despensa agrícola de Colombia’.
Representantes del movimiento Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, en esa población Inca, solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, la protección de 46 líderes que se oponen al desarrollo de actividades mineras en su territorio.
La solicitud efectuada en 2011 generó sus frutos en mayo de este año, cuando la Cidh otorgó la medida cautelar a 46 líderes de la comunidad.
Ello obligó al estado peruano a ordenar medidas de protección para los opositores de la iniciativa, entre los que se encuentran población campesina e indígena.
Aunque el proyecto minero Conga se desarrolla a miles de kilómetros de la Cajamarca colombiana, la medida cautelar otorgada por la Comisión podría servir como asidero jurídico de los opositores al proyecto minero La Colosa, que se ubica a solo 14 kilómetros del casco urbano del municipio tolimense.
Panorama internacional
En una reunión efectuada entre el gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón; y el personero de Ibagué, Isaac Vargas, se determinaron los posibles efectos que, según ellos, generaría el proyecto que está en etapa de exploración.
Los dos funcionarios advirtieron que el proyecto de la multinacional Anglogold Ashanti (AGA) podría afectar las fuentes hídricas y el medio ambiente, y poner en riesgo la seguridad alimentaria de la región.
Las dos advertencias no representan una novedad, de hecho podrían parecer conclusiones trilladas si se revisan los antecedentes y la oposición que ha causado entre varios sectores de la ciudadanía tolimense el proyecto minero de AGA.
Sin embargo, las dos podrían servir como argumentos para la solicitud de medidas cautelares ante la Cidh, como opina Juan Diego Gómez Vásquez, secretario subregional de la Internacional de Servicios Públicos (PSI), una organización de carácter sindical.
Según él, quien estuvo en la reunión del Gobernador y el Personero, con la explotación en La Colosa se violarían derechos colectivos fundamentales, que incluye recursos tan preciados como el agua.
A eso, se suma el caso de la consulta popular de Piedras, que según Gómez Vásquez, “hace parte del derecho de la actividad pública para convocar consultas populares, en el que los ciudadanos deciden si es adecuado o no aceptar el proyecto”, lo cual podría ser materia de protección por la Comisión.
En términos generales, lo que se pretende es que esas posibles violaciones a los derechos de la población sean protegidos por la CIDH, mediante una medida cautelar, situación que según el líder, puede gestarse con base en el caso del proyecto Conga de Perú.
Pero para ello, el Secretario del PSI reconoce que el caso del proyecto en Cajamarca, Tolima debe ser analizado desde ámbitos más amplios, por lo que para octubre de este año se prevé organizar y llevar a cabo un Foro internacional.
En él, participarían representantes de comunidades que han tenido que convivir cerca de proyectos mineros a gran escala y a cielo abierto como está planteado en el proyecto minero de La Colosa.
“Lo que queremos es propiciar un intercambio de experiencias entre la resistencia y la lucha que han tenido que dar las comunidades organizadas de Cajamarca, Perú, y toda la región (Tolima)”, afirmó.
Medidas cautelares
De acuerdo con la definición de la Cidh, “lo que establece el Reglamento, en situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente, así como a personas que se encuentren bajo su jurisdicción, en forma independiente de cualquier petición o caso pendiente”. En cuanto a quienes pueden solicitar el mecanismo, la Cidh precisa que: “estas medidas podrán ser de naturaleza colectiva a fin de prevenir un daño irreparable a las personas debido a su vínculo con una organización, grupo o comunidad de personas determinadas o determinables”.
Estudiando el caso
Juan Diego Gómez Vásquez asegura que se está pendiente de analizar junto a algunos especialistas que han puesto casos ante la Cidh, el proceso para llevar ante la Comisión la situación de La Colosa.
Con respecto al caso específico del megaproyecto de AGA en el Cajamarca, el líder sindical afirmó que “hay varios derechos que están en juego”, y que darían lugar a presentar la solicitud ante la Cidh.
“El derecho fundamental al agua como derecho humano, el derecho a la seguridad alimentaria que se va a ver de alguna manera lesionada con el proyecto que tienen en La Colosa.
“Y el tercero, es el derecho de los pueblos de decidir por sí mismos, y que se tengan en cuenta ya decisiones tomadas por algunas comunidades, como en Piedras que le ha dicho ‘no’, mediante una consulta popular, al megaproyecto en la región”, explica Gómez Vásquez.
Y agregó que, “(...) la Comisión fácilmente puede estudiar esto, estos derechos fundamentales que están siendo violentados (...)”, aunque reconoció que no se tiene aún certeza de cómo y quién podría efectuar la solicitud de medidas cautelares, pero están explorando alternativas. Es de recordar, que de acuerdo con el reglamento de la CIDH (Ver medidas cautelares), cualquier ciudadano, comunidad, autoridad pública o ente puede solicitar ante el organismo la activación de ese mecanismo.
Un antecedente incómodo
Las comparaciones son odiosas, sin embargo, para Juan Diego Gómez Vásquez el caso del megaproyecto minero Conga de la empresa Yanacocha en Perú, no dista mucho del de La Colosa que se pretende ejecutar en el Tolima.
Aparte de afectar poblaciones que tienen el mismo nombre, Cajamarca, ambas iniciativas son de minería a gran escala y en ambos existe oposición de varios sectores de la comunidad.
De ahí parte la posibilidad planteada por Gómez Vásquez, quien opina que el caso de AGA en el Tolima no es exclusivo del Departamento, sino general, por lo cual, afirma, debe ser llevado a una discusión en escenarios mundiales.
En el caso del proyecto Conga, el líder resalta la unión y la organización de la comunidad con las autoridades públicas y las organizaciones sociales, para hacerle frente, según él, a los efectos nocivos que les ha generado el proyecto.
Y es que la petición formulada por el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú en diciembre de 2011, se registró por varios motivos, que hicieron posible el otorgamiento de la medida cautelar.
Entre ellos, se enumeran una serie de agresiones contra los ‘antimineros’, como son denominados en Perú los opositores al proyecto minero Conga.
La CIDH, en su Resolución 9/2014, del 5 de mayo de 2014, que determina la medida cautelar, señala que la comunidad (campesinos e indígenas) que se ha opuesto al proyecto, se encuentra en “situación de riesgo”.
De acuerdo con el organismo con sede en Washington, en el caso del megaproyecto minero Conga, se cumplen tres requisitos fundamentales para otorgar la medida cautelar: gravedad, urgencia e irreparabilidad.
En el documento se habla de “continuos ciclos de amenazas, hostigamientos y actos de violencia que los líderes y lideresas identificados estarían recibiendo”.
Asimismo, la Cidh en la Resolución considera que el requisito de urgencia se cumple “en la medida que los alegados factores de riesgo se han mantenido activos y han aumentado con el transcurso del tiempo”.
En referencia al tercer requisito, el de irreparabilidad, la Comisión estima que también se cumple, debido a “la posible afectación al derecho a la vida e integridad personal constituye la máxima situación de irreparabilidad”.
¿Puede parar ‘la locomotora’?
No obstante, y aunque para los grupos opositores del proyecto Conga fue un éxito el fallo de la Comisión, habría que mirar si un fallo de la Cidh puede ‘parar’ o evitar que un proyecto como el de La Colosa no se ejecute.
En el caso del megaproyecto minero Conga, no solo se solicitó la protección de las comunidades que se oponen a la extracción de oro, plata y cobre, en Cajamarca.
También se pidió la protección del territorio ancestral de las comunidades y rondas campesinas de la provincia de Cajamarca, Celendín y Bambamarca, y esa solicitud efectuada ante la CIDH en 2012, sigue su trámite por otra vía.
Así las cosas, la Comisión no ha tomado una decisión acerca de esa petición, con la que se exigiría al estado peruano que no otorgue los permisos para la continuación del proyecto Conga, que podría ser cancelado.
Eso, en últimas, constituye el tema de fondo en el conflicto minero de Cajamarca (Perú), porque es el objetivo que persiguen los denomina dos antimineros peruanos. En cuanto al caso del proyecto La Colosa, por ahora se están pensando en solicitar medidas ca utelares para la protección de los derechos colectivos de las comunidades que se oponen a la iniciativa de AGA.
Pero así como en Cajamarca, Perú, habría que esperar si una solicitud que contenga la protección de recursos como el agua, y el resguardo de la seguridad alimentaria y el medio ambiente, podría por ende ‘parar’ la ejecución de un proyecto minero a gran escala.
La Colosa está catalogada como uno de los 10 proyectos mineros más grandes del mundo, con el que se prevé la explotación de una reserva de oro que supera los 35 millones de onzas.
Según Gómez Vásquez, las medidas cautelares no detendrían de forma definitiva la posible explotación de La Colosa, pero sí obligaría al Gobierno a repensar el proyecto.
Y, de manera adicional, opina que propiciaría que las comunidades formularan una propuesta que permita armonizar el desarrollo económico con los derechos colectivos: agua, seguridad alimentaria y el derecho a decidir si desean o no la ejecución de proyectos como el planteado para La Colosa.
“No estamos en una postura paquidérmica que estanque el desarrollo económico, necesitamos que el desarrollo económico esté armonizado con los derechos colectivos e individuales”, añade el Secretario.
Por ahora, lo único cierto es que una solicitud ante la Cidh es cada vez más factible en el caso de La Colosa, debido a antecedentes como los del Perú. Sin embargo, habría que esperar si un fallo de ese organismo puede detener el embate de un proyecto que es impulsado por la denominada ‘locomotora minera’, que es una de las banderas mejor cuidadas dentro de la actual política económica del Gobierno nacional.
Fuente: El Nuevo Dia - http://m.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/223450-el-antecedente-en-la-cidh-que-incomoda-al-proyecto-minero-la-colosa
Luego de que se conociera la pretensión de la Administración seccional, la Personería de Ibagué y otras organizaciones de llevar hasta instancias internacionales la discusión sobre la conveniencia del proyecto minero La Colosa, existe un precedente que podría ser clave para ese propósito.
Se trata del megaproyecto minero Conga, que se desarrolla en zona de influencia de Cajamarca, Perú, población que de manera coincidente, lleva el mismo nombre de la ‘Despensa agrícola de Colombia’.
Representantes del movimiento Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, en esa población Inca, solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, la protección de 46 líderes que se oponen al desarrollo de actividades mineras en su territorio.
La solicitud efectuada en 2011 generó sus frutos en mayo de este año, cuando la Cidh otorgó la medida cautelar a 46 líderes de la comunidad.
Ello obligó al estado peruano a ordenar medidas de protección para los opositores de la iniciativa, entre los que se encuentran población campesina e indígena.
Aunque el proyecto minero Conga se desarrolla a miles de kilómetros de la Cajamarca colombiana, la medida cautelar otorgada por la Comisión podría servir como asidero jurídico de los opositores al proyecto minero La Colosa, que se ubica a solo 14 kilómetros del casco urbano del municipio tolimense.
Panorama internacional
En una reunión efectuada entre el gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón; y el personero de Ibagué, Isaac Vargas, se determinaron los posibles efectos que, según ellos, generaría el proyecto que está en etapa de exploración.
Los dos funcionarios advirtieron que el proyecto de la multinacional Anglogold Ashanti (AGA) podría afectar las fuentes hídricas y el medio ambiente, y poner en riesgo la seguridad alimentaria de la región.
Las dos advertencias no representan una novedad, de hecho podrían parecer conclusiones trilladas si se revisan los antecedentes y la oposición que ha causado entre varios sectores de la ciudadanía tolimense el proyecto minero de AGA.
Sin embargo, las dos podrían servir como argumentos para la solicitud de medidas cautelares ante la Cidh, como opina Juan Diego Gómez Vásquez, secretario subregional de la Internacional de Servicios Públicos (PSI), una organización de carácter sindical.
Según él, quien estuvo en la reunión del Gobernador y el Personero, con la explotación en La Colosa se violarían derechos colectivos fundamentales, que incluye recursos tan preciados como el agua.
A eso, se suma el caso de la consulta popular de Piedras, que según Gómez Vásquez, “hace parte del derecho de la actividad pública para convocar consultas populares, en el que los ciudadanos deciden si es adecuado o no aceptar el proyecto”, lo cual podría ser materia de protección por la Comisión.
En términos generales, lo que se pretende es que esas posibles violaciones a los derechos de la población sean protegidos por la CIDH, mediante una medida cautelar, situación que según el líder, puede gestarse con base en el caso del proyecto Conga de Perú.
Pero para ello, el Secretario del PSI reconoce que el caso del proyecto en Cajamarca, Tolima debe ser analizado desde ámbitos más amplios, por lo que para octubre de este año se prevé organizar y llevar a cabo un Foro internacional.
En él, participarían representantes de comunidades que han tenido que convivir cerca de proyectos mineros a gran escala y a cielo abierto como está planteado en el proyecto minero de La Colosa.
“Lo que queremos es propiciar un intercambio de experiencias entre la resistencia y la lucha que han tenido que dar las comunidades organizadas de Cajamarca, Perú, y toda la región (Tolima)”, afirmó.
Medidas cautelares
De acuerdo con la definición de la Cidh, “lo que establece el Reglamento, en situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente, así como a personas que se encuentren bajo su jurisdicción, en forma independiente de cualquier petición o caso pendiente”. En cuanto a quienes pueden solicitar el mecanismo, la Cidh precisa que: “estas medidas podrán ser de naturaleza colectiva a fin de prevenir un daño irreparable a las personas debido a su vínculo con una organización, grupo o comunidad de personas determinadas o determinables”.
Estudiando el caso
Juan Diego Gómez Vásquez asegura que se está pendiente de analizar junto a algunos especialistas que han puesto casos ante la Cidh, el proceso para llevar ante la Comisión la situación de La Colosa.
Con respecto al caso específico del megaproyecto de AGA en el Cajamarca, el líder sindical afirmó que “hay varios derechos que están en juego”, y que darían lugar a presentar la solicitud ante la Cidh.
“El derecho fundamental al agua como derecho humano, el derecho a la seguridad alimentaria que se va a ver de alguna manera lesionada con el proyecto que tienen en La Colosa.
“Y el tercero, es el derecho de los pueblos de decidir por sí mismos, y que se tengan en cuenta ya decisiones tomadas por algunas comunidades, como en Piedras que le ha dicho ‘no’, mediante una consulta popular, al megaproyecto en la región”, explica Gómez Vásquez.
Y agregó que, “(...) la Comisión fácilmente puede estudiar esto, estos derechos fundamentales que están siendo violentados (...)”, aunque reconoció que no se tiene aún certeza de cómo y quién podría efectuar la solicitud de medidas cautelares, pero están explorando alternativas. Es de recordar, que de acuerdo con el reglamento de la CIDH (Ver medidas cautelares), cualquier ciudadano, comunidad, autoridad pública o ente puede solicitar ante el organismo la activación de ese mecanismo.
Un antecedente incómodo
Las comparaciones son odiosas, sin embargo, para Juan Diego Gómez Vásquez el caso del megaproyecto minero Conga de la empresa Yanacocha en Perú, no dista mucho del de La Colosa que se pretende ejecutar en el Tolima.
Aparte de afectar poblaciones que tienen el mismo nombre, Cajamarca, ambas iniciativas son de minería a gran escala y en ambos existe oposición de varios sectores de la comunidad.
De ahí parte la posibilidad planteada por Gómez Vásquez, quien opina que el caso de AGA en el Tolima no es exclusivo del Departamento, sino general, por lo cual, afirma, debe ser llevado a una discusión en escenarios mundiales.
En el caso del proyecto Conga, el líder resalta la unión y la organización de la comunidad con las autoridades públicas y las organizaciones sociales, para hacerle frente, según él, a los efectos nocivos que les ha generado el proyecto.
Y es que la petición formulada por el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú en diciembre de 2011, se registró por varios motivos, que hicieron posible el otorgamiento de la medida cautelar.
Entre ellos, se enumeran una serie de agresiones contra los ‘antimineros’, como son denominados en Perú los opositores al proyecto minero Conga.
La CIDH, en su Resolución 9/2014, del 5 de mayo de 2014, que determina la medida cautelar, señala que la comunidad (campesinos e indígenas) que se ha opuesto al proyecto, se encuentra en “situación de riesgo”.
De acuerdo con el organismo con sede en Washington, en el caso del megaproyecto minero Conga, se cumplen tres requisitos fundamentales para otorgar la medida cautelar: gravedad, urgencia e irreparabilidad.
En el documento se habla de “continuos ciclos de amenazas, hostigamientos y actos de violencia que los líderes y lideresas identificados estarían recibiendo”.
Asimismo, la Cidh en la Resolución considera que el requisito de urgencia se cumple “en la medida que los alegados factores de riesgo se han mantenido activos y han aumentado con el transcurso del tiempo”.
En referencia al tercer requisito, el de irreparabilidad, la Comisión estima que también se cumple, debido a “la posible afectación al derecho a la vida e integridad personal constituye la máxima situación de irreparabilidad”.
¿Puede parar ‘la locomotora’?
No obstante, y aunque para los grupos opositores del proyecto Conga fue un éxito el fallo de la Comisión, habría que mirar si un fallo de la Cidh puede ‘parar’ o evitar que un proyecto como el de La Colosa no se ejecute.
En el caso del megaproyecto minero Conga, no solo se solicitó la protección de las comunidades que se oponen a la extracción de oro, plata y cobre, en Cajamarca.
También se pidió la protección del territorio ancestral de las comunidades y rondas campesinas de la provincia de Cajamarca, Celendín y Bambamarca, y esa solicitud efectuada ante la CIDH en 2012, sigue su trámite por otra vía.
Así las cosas, la Comisión no ha tomado una decisión acerca de esa petición, con la que se exigiría al estado peruano que no otorgue los permisos para la continuación del proyecto Conga, que podría ser cancelado.
Eso, en últimas, constituye el tema de fondo en el conflicto minero de Cajamarca (Perú), porque es el objetivo que persiguen los denomina dos antimineros peruanos. En cuanto al caso del proyecto La Colosa, por ahora se están pensando en solicitar medidas ca utelares para la protección de los derechos colectivos de las comunidades que se oponen a la iniciativa de AGA.
Pero así como en Cajamarca, Perú, habría que esperar si una solicitud que contenga la protección de recursos como el agua, y el resguardo de la seguridad alimentaria y el medio ambiente, podría por ende ‘parar’ la ejecución de un proyecto minero a gran escala.
La Colosa está catalogada como uno de los 10 proyectos mineros más grandes del mundo, con el que se prevé la explotación de una reserva de oro que supera los 35 millones de onzas.
Según Gómez Vásquez, las medidas cautelares no detendrían de forma definitiva la posible explotación de La Colosa, pero sí obligaría al Gobierno a repensar el proyecto.
Y, de manera adicional, opina que propiciaría que las comunidades formularan una propuesta que permita armonizar el desarrollo económico con los derechos colectivos: agua, seguridad alimentaria y el derecho a decidir si desean o no la ejecución de proyectos como el planteado para La Colosa.
“No estamos en una postura paquidérmica que estanque el desarrollo económico, necesitamos que el desarrollo económico esté armonizado con los derechos colectivos e individuales”, añade el Secretario.
Por ahora, lo único cierto es que una solicitud ante la Cidh es cada vez más factible en el caso de La Colosa, debido a antecedentes como los del Perú. Sin embargo, habría que esperar si un fallo de ese organismo puede detener el embate de un proyecto que es impulsado por la denominada ‘locomotora minera’, que es una de las banderas mejor cuidadas dentro de la actual política económica del Gobierno nacional.
Fuente: El Nuevo Dia - http://m.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/223450-el-antecedente-en-la-cidh-que-incomoda-al-proyecto-minero-la-colosa
13 mayo, 2014
La verdad sobre la CIDH y el caso Conga
Policia intimidando en el predio de la familia Chaupe en la zona del py. minero Conga. Foto: Milton Sanchez
Con fecha 5 de mayo del presente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre las dos medidas cautelares solicitadas por la AIDESEP (1), la CCP (2), la CNA (3), la CONACAMI (4) y la ONAMIAP (5), en el caso CONGA. La primera medida cautelar solicitaba la protección a las autoridades, población indígena, comunidades y rondas campesinas y población en general de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc quienes se encontrarían en situación de riesgo debido a su oposición a la ejecución del proyecto minero.
Estas organizaciones también solicitaron que se proteja el territorio ancestral de las comunidades y rondas campesinas de la provincia de Cajamarca, Celendín y Bambamarca. Dicha solicitud guardaba relación con la petición P716-12, que presentaron a la CIDH el 12 abril de 2012.
Sobre el primer punto, la Comisión considera que está demostrado que los líderes y lideresas identificados en el procedimiento se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, pues su vida e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo. En consecuencia, le exige al Estado Peruano que adopte una serie de medidas para garantizar la vida y la integridad de dichas personas.
Sobre el segundo pedido, encontramos su pronunciamiento en la parte referida al análisis de los elementos de gravedad, urgencia e irreparabilidad. En esta parte se hace un recuento de lo argumentado por las organizaciones sociales y el Estado, y la CIDH concluye lo siguiente:
“En este escenario, la CIDH observa que existiría una controversia sobre diversos aspectos que podrían ser materia de una petición o caso contencioso. Por consiguiente, considera que el mecanismo adecuado para abordar dichos alegatos y la información aportada sería la petición P716-12.”
Si bien es cierto, que para el segundo pedido la CIDH no otorgó la medida cautelar, es claro también que se nos remite al procedimiento de la petición presentada (P716-12), en el cual se abordará la afectación del territorio ancestral.
Para entender lo sucedido, debemos recordar que las medidas cautelares sirven para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso de un caso pendiente, en situaciones de gravedad y urgencia y las peticiones para denunciar las violaciones o amenazas a derechos humanos.
Por lo tanto, José Miguel Morales Dasso, expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), falta a la verdad cuando dice: “Yo creo que lo que ha hecho la Comisión es ratificar que las adjudicaciones que se le han dado al proyecto Conga son válidas, entonces no vemos razón alguna para que haya oposición de nadie”. Esta afirmación no guarda correspondencia con lo decidido por la CIDH.
Lo que llama la atención, es que no sea de preocupación del empresariado minero y del Estado peruano, el que la CIDH concluya que la vida e integridad de un conjunto de personas estarían amenazadas y en grave riesgo. Nos debería preocupar a todos los peruanos, que en un Estado democrático de derecho, se esté afectando los derechos fundamentales de líderes sociales por el solo hecho de oponerse a un proyecto minero.
…
1 Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana.
2 Confederación Campesina del Perú.
3 Confederación Nacional Agraria.
4 Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería.
5 Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú.
Ana Leyva V
Cooperación.
Estas organizaciones también solicitaron que se proteja el territorio ancestral de las comunidades y rondas campesinas de la provincia de Cajamarca, Celendín y Bambamarca. Dicha solicitud guardaba relación con la petición P716-12, que presentaron a la CIDH el 12 abril de 2012.
Sobre el primer punto, la Comisión considera que está demostrado que los líderes y lideresas identificados en el procedimiento se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, pues su vida e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo. En consecuencia, le exige al Estado Peruano que adopte una serie de medidas para garantizar la vida y la integridad de dichas personas.
Sobre el segundo pedido, encontramos su pronunciamiento en la parte referida al análisis de los elementos de gravedad, urgencia e irreparabilidad. En esta parte se hace un recuento de lo argumentado por las organizaciones sociales y el Estado, y la CIDH concluye lo siguiente:
“En este escenario, la CIDH observa que existiría una controversia sobre diversos aspectos que podrían ser materia de una petición o caso contencioso. Por consiguiente, considera que el mecanismo adecuado para abordar dichos alegatos y la información aportada sería la petición P716-12.”
Si bien es cierto, que para el segundo pedido la CIDH no otorgó la medida cautelar, es claro también que se nos remite al procedimiento de la petición presentada (P716-12), en el cual se abordará la afectación del territorio ancestral.
Para entender lo sucedido, debemos recordar que las medidas cautelares sirven para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso de un caso pendiente, en situaciones de gravedad y urgencia y las peticiones para denunciar las violaciones o amenazas a derechos humanos.
Por lo tanto, José Miguel Morales Dasso, expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), falta a la verdad cuando dice: “Yo creo que lo que ha hecho la Comisión es ratificar que las adjudicaciones que se le han dado al proyecto Conga son válidas, entonces no vemos razón alguna para que haya oposición de nadie”. Esta afirmación no guarda correspondencia con lo decidido por la CIDH.
Lo que llama la atención, es que no sea de preocupación del empresariado minero y del Estado peruano, el que la CIDH concluya que la vida e integridad de un conjunto de personas estarían amenazadas y en grave riesgo. Nos debería preocupar a todos los peruanos, que en un Estado democrático de derecho, se esté afectando los derechos fundamentales de líderes sociales por el solo hecho de oponerse a un proyecto minero.
…
1 Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana.
2 Confederación Campesina del Perú.
3 Confederación Nacional Agraria.
4 Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería.
5 Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú.
Ana Leyva V
Cooperación.
Fuente: La Primera - http://laprimeraperu.pe/2014/05/13/la-verdad-sobre-la-cidh-y-el-caso-conga/
CONGA Y CONCENTRACION DE MEDIOS: DOS CASOS PARA EXPLICAR QUE HACE EL SISTEMA INTERAMERICANO
Por: Jose Alejandro Godoy
Durante los últimos días, se han dado informaciones inexactas respecto a procedimientos (presentes y futuros) sobre casos vinculados al Perú ante el sistema interamericano de Derechos Humanos. Dado que ambos casos son de actualidad y generan posiciones polarizadas, conviene explicar qué es lo que ha ocurrido, para evitar cualquier interpretación que tergiverse las instituciones planteadas en el sistema.
CASO CONGA:
Desde el gobierno, así como varios columnistas de opinión, han señalado un único mensaje respecto a la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre una medida cautelar solicitada por los opositores al proyecto Conga. Dicho mensaje es bien resumido por el consultor de empresas mineras Miguel Santillana:
La CIDH solo aceptó que el Estado peruano proteja la vida y la integridad de los pobladores del proyecto Conga de la agresión de grupos de desadaptados que vienen de otras zonas como hordas de Atila. La CIDH acepta que las FF.AA. y FF.PP. protejan a las 32 comunidades del área de influencia del proyecto y no se manifiesta sobre las licencias y derechos otorgados a la empresa, por lo que se entiende que cumplieron los requisitos de ley.Lo dicho por Santillana tiene dos inexactitudes. Y por ello, siempre en estos casos, antes que visiones de parte, conviene remitirse a lo que dicen los documentos. Desde el Tercer Piso accedió al documento completo de la CIDH que resuelve la medida cautelar sobre este tema. Y lo que dice es bastante distinto al tenor que el consultor intenta dar.
En primer lugar, las garantías otorgadas son precisamente para los dirigentes de la protesta: 46 líderes comunales y ronderos, la familia Chaupe, el rondero Luis Mayta y el periodista César Estrada. La Comisión ordena al Estado peruano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de estas personas. Y lo hace porque el Estado no ha demostrado que medidas de protección está ejerciendo a favor de estos ciudadanos.
En segundo lugar, no se puede decir, como señala Santillana, que la CIDH “no se manifiesta sobre las licencias y derechos otorgados a la empresa, por lo que se entiende que cumplieron los requisitos de ley”. En realidad la Comisión, en el acápite 29, explica por qué no se pronuncia: porque los pedidos hechos por los opositores a Conga y la respuesta del Estado tienen que ver con el fondo del asunto y, por tanto, el mecanismo más adecuado es pronunciarse sobre el fondo de la petición planteada por los opositores a Conga. La medida cautelar solo se destina para situaciones de manifiesta vulneración de derechos fundamentales y donde hay una situación de emergencia que atender.
Así las cosas, la CIDH no ha extendido un “certificado de buena conducta” sobre el proyecto Conga, sino que se pronunciará sobre el tema cuando vea la petición de fondo. Claro está, esto significa también que la continuidad o no del proyecto, por ahora, esté en manos del principal interesado, es decir, Yanacocha. Newmont ya indicó que Conga se evaluará a fines de año, luego del resultado de las elecciones regionales y considerando el precio de los minerales.
CASO CONCENTRACION DE MEDIOS:
Hoy El Comercio informa lo siguiente como noticia central:
El presidente del Poder Judicial (PJ), Enrique Mendoza, espera que la demanda presentada por un grupo de periodistas y propietarios de medios de comunicación en contra de la asociación entre el Grupo El Comercio y Epensa “se solucione definitivamente dentro de la jurisdicción nacional, que es en donde se viene ventilando, sin interferencias nacionales e internacionales”. Así lo expresó Mendoza a través de un comunicado remitido por la Corte Suprema de Justicia.Esta mañana, en entrevista con Rosa María Palacios - una de las periodistas que interpuso la demanda de amparo en contra de la compra de Epensa por parte de El Comercio -, Jiménez Mayor señaló que el gobierno está estudiando la posibilidad de solicitar una opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en torno a los parámetros que tiene el sistema interamericano respecto a la concentración y el acaparamiento de medios. Asimismo, precisó que, en su entrevista con Mendoza, no se trató este tema.
De acuerdo a lo informado, el magistrado ha recibido recientemente la visita de Juan Jiménez Mayor, representante peruano ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
El ex primer ministro le expresó “su preocupación por la gran cantidad de demandas y procesos pendientes que tiene el Estado Peruano ante la comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Recientemente, Jiménez se mostró a favor de que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se pronuncie sobre la asociación entre los referidos grupos periodísticos, lo cual coincide con lo expresado por quienes han demandado al El Comercio y Epensa.
El abogado de El Comercio, Natale Amprimo, ha intentado vender esta posibilidad como una suerte de injerencia indebida del sistema interamericano. Así lo expuso en un artículo publicado en el diario al que defiende:
Como quiera que la estratagema abortó, ahora el mismo embajador político Jiménez Mayor señala que está evaluando la formulación de una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a efectos de que se pronuncie sobre la misma materia. Es decir, por otra vía, se busca, una vez más, interferir en la función jurisdiccional.
El problema para el doctor Amprimo es que, antes de escribir el mencionado artículo, debió revisar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el reglamento de la Corte, donde se señala la posibilidad que los Estados u órganos parte de la Organización de Estados Americanos puedan solicitar a la Corte IDH una opinión consultiva donde, en forma abstracta - y sin referirse a un caso en particular (pues así lo precisa la normativa internacional - se puedan precisar determinados conceptos.
De hecho, la Corte ha emitido, a lo largo de su historia, 20 opiniones consultivas sobre diversos tópicos en torno a la interpretación de derechos fundamentales. Una de esas opiniones fue solicitada sobre un tema vinculado al Perú: la responsabilidad internacional por expedición y aplicación de normas vulneratorias de la Convención Americana, cuando en la Constitución de 1993 se ampliaron los supuestos para la pena de muerte. Dichas 20 opiniones consultivas no constituyen una injerencia indebida en casos que posiblemente lleguen al sistema interamericano, sino que establecen parámetros claros de interpretación para situaciones complicadas. De hecho, una de estas opiniones consultivas estableció que la colegiación obligatoria de periodistas vulneraba la libertad de expresión.
Así las cosas, conviene recordar un consejo a los periodistas: antes que declaraciones de parte, conviene revisar los documentos legales y las instituciones jurídicas, para saber en que consisten, antes que los abogados de parte los usen como mera caja de resonancia. Y, para los abogados y lobbistas, resulta necesario que sus opiniones de parte estén fundamentadas en la verdad y no en la tergiversación. Ello aplica en ambos casos.
Fuente: Desde el Tercer Piso - http://www.desdeeltercerpiso.com/2014/05/conga-y-concentracion-de-medios-dos-casos-para-explicar-que-hace-el-sistema-interamericano/
03 abril, 2013
Cajamarca: Convenio de servicio extraordinarios complementarios con la Policía Nacional del Perú y Minera Sulliden Shahuindo
Sin comentarios, saquen sus propias conclusiones respecto al documento, por seguridad nuestra y colaborador, nos reservamos la fuente.
Cajabamba: ¿Shahuindo y la minería informal, conflicto visible o invisible?
Por: Jorge J. Chávez Ortiz*
En esta semana la noticia en el aspecto de conflictos socio-ambientales fue en torno al proyecto Shahuindo de la minera Sulliden Shahuindo. Uno de los problemas de los conflictos socio-ambientales, se debe a la poca información que se brinda respecto a las empresas como también de sus proyectos, en estos casos mineros. Si nos ponemos a pensar como lectores promedios cuanto sabemos sobre estos proyectos, la respuesta es casi nula o nada.
¿Quién es Sulliden Shahuindo?
La minera Sulliden Shahuindo es una empresa de capital canadiense y cotiza en la bolsa de valores de Toronto – Canadá, New York – USA y Lima – Perú; esta empresa no tiene experiencia explotando yacimientos en ninguna parte del mundo, por el cual la empresa Kallpasab Securities lo cataloga[1] como empresa minera JUNIOR, Sulliden en Perú poseen un proyecto llamado Shahuindo, con una altitud de 2 900 m.s.n.m. ubicado en la provincia de Cajabamba, distrito de Cachachi cerca de los centros poblados de Araqueda y Algamarca que abarca varios caseríos como San José, Moyan y Shahuindo; cerca del Valle del Condebamba. Como antecedentes[2] la minera obtiene el proyecto en noviembre de 2002, entre el 2002 - 2009 Sulliden y la antigua concesionaria que era la CIA Algamarca S. A. que en ese entonces era de la familia Sánchez Paredes, comienzan una disputa legal por las concesiones , Hay que dejar claro dos punto: lo primero antes que ingrese Sulliden, también exploraron la minera Southern Perú Copper y ASARCO; lo segundo luego que la CIA Algamarca S.A abandona de manera inexplicable sus operaciones, varios mineros informales se posicionaron de los antiguos socavones y en la actualidad siguen siendo explotados.
Para Sulliden, el proyecto de explotación debe iniciar en el presente año (2013) y con expectativas de producción de oro y plata para el 2013-2014, según estos datos que proporciona la empresa, el Ministerio de Energía y Minas – MEM, toma en consideración a dicho proyecto en la cartera de inversiones[3] para el año 2013, donde deja como datos relevantes: Producción anual proyectada: 105,000 Oz/Au (no toman en cuenta la plata), Inversión proyectada: US$ 132 Millones y lo que no podemos dejar de lado es que poseen Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado - EIAsd (aprobado RD 083-2011-MEM-AAM), para EXPLORAR, mas no para EXPLOTAR.
Es importante pues, conocer los antecedentes de las empresas que quieren invertir en el Perú, así como también de sus respectivos estudios de sus exploraciones y explotaciones, este conocimiento no solo debe ser a nivel de gobierno o instituciones involucradas sino también de la población y mucho más los de la zona de influencia del proyecto, para ser evaluados y así evitar los conflictos socio ambientales que se producen cuando no están claras las cosas.
Trabajos de exploración hechos por la empresa Sulliden Gold en Cajabamba. Foto: Sulliden Gold.
Sulliden, minería informal y conflictos
Para la Defensoría del Pueblo, los conflictos socio-ambientales por minería informal se remonta al Reporte Nº 35 Conflictos Sociales, hasta la fecha, los datos más relevantes sobre conflictos entorno a la minera Sulliden lo encontramos en los Reportes N° 76, 83 y 107.
El 7 de junio de 2010, mineros informales tomaron el campamento y estos fueron desalojados por la policía, en enero de 2011 la Defensoría del Pueblo recoge un dato muy interesante que citamos a continuación: “De otro lado, nos precisan que se viene coordinando con la Dirección Regional de Energía y Minas, con el objetivo de evitar enfrentamientos y situaciones de violencia en la zona, en el proceso de desocupación de La Chilca a favor de la empresa Sulliden.”[4], la pregunta es ¿Quién intento enviar realmente a la policía fue el gobierno o la minera?, las razones reales solo nos pueden explicar los funcionarios de Dirección Regional de Energía y Minas de esa época. En enero del 2013, los mineros informales realizaron una movilización en contra de la Minera Sulliden, exigiendo que la misma otorgue las facilidades para desarrollar los trámites de formalización de actividades que desarrollan en la zona.
El pasado 11 de marzo del presente año, pobladores que se oponen al proyecto mineros fueron reprimidos por la policía, dejando como saldo 8 heridos entre ellas una mujer en gestación, los pobladores denunciaron que la policía hizo uso de armas de fuego para disuadir a los manifestantes, que promovían la no participación en la presentación del EIA a las diferentes comunidades, por otro lado Romelia Izquierdo Leiva manifestó lo siguiente, para Noticas SER: “La empresa Sulliden ha traído gente en ómnibus de otros lugares, no son de acá, estamos rodeados con muchos policías como si fuéramos delincuentes, sólo reclamamos nuestros derechos, estamos indignados, vivimos en el valle que ellos quieren destrozar”, otro grupo que se opone al proyecto son los agricultores del Valle de Condebamba, quienes rechazan el proyecto por el temor a la contaminación que genera la mina y a la vez también piden que los mineros informales se retiren de la zona. Sergio Sánchez Ibáñez ex – gerente regional de RENAMA - Cajamarca, nos manifestó que los conflictos en torno al proyecto Shahuindo vienen del año 2006 y agrego que dicho proyecto afectara a un aproximado de 15 000 agricultores que viven cultivado en la zona del Valle de Condebamba. Los medios de comunicación tanto de Cajamarca como a nivel nacional, en ningún momento informaron que el EIA presentado al Ministerio Energía y Minas es para la EXPLOTACIÓN y no de exploración, esto es importante porque a la comunidad se le quiere sorprender, para obtener la licencia social, esto contribuye para que se agrave los conflictos sociales.
Vista área de la minería informal en Algamarca cerca de los predios de Sulliden.
Foto: Jorge Chávez Ortiz
Un dato importante es que la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad – ONDS, oficina adjunta a la Presidencia del Concejo de Ministro del Gobierno del Perú – PCM, en ninguno de sus informes denominados Willaqniki toca el tema de Shahuindo y la minería informal.
Más datos sobre el proyecto
La propiedad Shahuindo cubre aproximadamente 9 218 hectáreas de concesión minera, y otras 10 795 hectáreas en una elevación de 2.900 metros aproximado. El proyecto aurífero Shahuindo[5] planea construir un tajo abierto denominado “Moyan” que tendría como diámetro de 1.3 km aproximado, un depósito de desmonte de una capacidad aproximada de 56 100 000 m3, un pad de lixiviación de 29 000 000 m3 aprox., 2 reservorios de 249 000 m3 y 111 800 m3 aprox., planta de trituración para el materia extraído del tajo Moyan y otras estructura, pretenden minar 10 000 toneladas de roca por día (tpd) en un aproximado de 10 años. Para el desarrollo del proyecto Sulliden Gold ha conseguido financiamiento[6] por parte de Credit Suisse y Barclays Bank por un monto de $ 125 mil millones de dólares.
Diseño de ingeniería del proyecto Shahuindo en explotación. Fuente: Sulliden Gold
Mismos pasos
Esta semana la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - CNDDHH representada en la Secretaria Ejecutiva por la Dr. Roció Silva Santisteban, explico ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, que el Estado peruano ha movilizado centenares de efectivos policiales y militares a pueblos pequeños, pero de forma más preocupante aún, que se han firmado convenios entre la Policía Nacional y las diversas empresas extractivas, “privatizando la Policía Nacional del Perú”[7]. Donde la empresa Minera Sulliden Shahuindo no escapa de la excepción.
El 01 de octubre de 2009, la empresa Sulliden Shahuindo suscribe un convenio de servicio extraordinarios complementarios con la Policía Nacional del Perú, estos servicios tienen como objetico de establecer medidas de prevención que detecte y neutralice riesgos que atenten contra el personal, instalaciones, materiales y equipos de la empresa mencionada. Este convenio a la vez pide atender diligentemente las denuncias, así, como prevenir, detectar y neutralizar actos de sabotaje, terrorismo y cualquier amenaza contra el personal, instalación y equipos de Sulliden. Por la prestación de servicios a la policía se pagó S/. 100 nuevos soles a cada efectivo policial (14 policías) y al oficial encargado S/. 120 nuevos soles (1 policía), aparte la empresa les brinda alojamiento y alimentación por el tiempo de servicio prestado. En una de las clausulas la empresa solicita efectivos policías adicionales en momentos excepcionales y/o emergencia. Este convenio tuvo vigencia por 2 años a partir de la suscripción. Este convenio suscrito culmino el pasado octubre de 2011.
Una de las preguntas que se hacen los activistas se refiere al convenio a “actos de sabotajes”, quienes son ese grupo de “terroristas” que atentan contra la inversión privada; por qué ocultar estos convenios a la población, si no es nada malo, porque no lo hacen público, esto ayudaría más bien a la transparencia de la empresa y no aumentaría su cuestionamiento por la población civil como por parte de los organismos en derechos humanos.
Primera página del Convenio entre Sulliden y la PNP. Fuente: Reservada
Queramos dejar en claro que no estamos en contra de la minería, pero esta se tiene que desarrollar en zonas donde no afecte a nadie, aparte la minería formal e informal por igual contaminan y ambas no son reguladas apropiadamente por mas leyes que sean publicado. Pero lo importante para evitar los conflictos sociales, hay que tener en cuenta la trasnparencia de la empresa y gobierno hacia la comunidad, como respetar las opiniones de los diferentes actores del problema.
__________
*Bloguero, estudiante de Ing. Ambiental de la Universidad Nacional de Cajamarca, Premio Nacional de DDHH y Periodismo de la CNDDHH – año 2012.
_________
[1] Lista de empresas minera junior que participan en la Bolsa de Valores de Lima. Información disponible en: http://www.kallpasab.com/reportes/KallpaSAB_Mineria_Junior_Marzo_2012.pdf
[2] Historia del Proyecto Shahuindo y más datos, disponible en la página web de Minera Sulliden: http://www.sulliden.com/Spanish/Proyectos/Proyecto-Aurifero-Shahuindo/Historia/default.aspx
[3] Cartera Estimada de Proyectos Mineros - 2013, Ministerio de Energía y Minas, Pág. 39; disponible en: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2013/cartera2013.pdf
[4] Reporte Mensual Nº 99 Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, Pág. 22. Disponible en: http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2011/reporte-83.pdf
[5] Presentación Corporativa del Proyecto Shahuindo de minera Sulliden Gold. Diciembre de 2012. Disponible en: http://www.sulliden.com/files/doc_presentations/2012%20English/121227_Sulliden%20Gold%20Presentation_v001_o712ge.pdf
[6] Informe de Inversión hecha por Kallpasab Securities – Sociedad de Agentes de Bolsa. Fecha 14 de noviembre de 2012, disponible la información en el siguiente link: http://www.kallpasab.com/reportes/02_KallpaSAB_Sulliden_Actualizacion_14_11_2012.pdf
[7] Rocío Silva Santisteban advierte en la CIDH: “Se está privatizando la Policía Nacional del Perú”, publicado el 11 de marzo de 2013 en la web de la CNDDHH, disponible el texto completo en: http://derechoshumanos.pe/2013/03/rocio-silva-santisteban-advierte-en-la-cidh-se-esta-privatizando-la-policia-nacional-del-peru/
Alerta: Hostigamiento de policía nacional de Cajamarca contra defensora de DDHH (27.Marzo.2013)
Cajamarca, 27 de Marzo 2013El día miércoles 27 de marzo, a las 9am cuando la reconocida defensora de derechos humanos, Dra. Mirtha Vásquez Chuquilín, quien se dirigía a realizar algunas diligencias en la Fiscalía Provincial de Cajamarca, fue interceptada por una patrulla policial apenas salía de su domicilio. La intervención policial se realizaba por una requisitoria de su vehículo (BGZ-108), el que supuestamente habría intervenido en un asalto y robo a mano armada en la ciudad del Lima el día 27 de marzo del 2006.
En la requisitoria exhibida por la policía no figura quién es la autoridad que ordena, ni el demandante ni el demandado. No obstante, el vehículo fue conducido a la 2da. Comisaría policial de Cajamarca y allí permanece sin que el comisario explique quién es la autoridad que ordena la captura ni proporcione ninguna otra información.
Después de más de seis horas, al solicitar la Dra. Vásquez, la intervención de la Defensoría del Pueblo, el comisario de la 2da Comisaría de Cajamarca pudo averiguar que se trataría de la Comisaría de Magdalena del Mar en Lima, en una supuesta investigación policial iniciada hace siete años. El comisario de la PNP de Magdalena del Mar ha referido que no hay mandato judicial sino que "solo se trata de una investigación policial y que para resolver eso la afectada debe viajar a la ciudad de Lima (más de 800 kms) "para esclarecer los hechos".
Al no haber mandato judicial y al haber transcurrido siete años de solo una investigación policial en la que nunca fue notificada la Dra. Mirtha Vásquez, el hecho que su vehículo fuera intervenido no en un operativo de rutina policial sino cuando salía recién de su domicilio el día de hoy (una patrulla que habría actuado con mandato expreso) parece indicar que se solo se trata de un acto arbitrario de la PNP de Cajamarca destinado a hostigar a la Dra. Mirtha Vásquez quien ha realizado denuncias contra el hoy ex Director Nacional de la Policía, Raúl Salazar, y varios jefes y efectivos policiales más por abuso de autoridad, uso indebido de la fuerza y tortura en el conflicto que Yanacocha y el proyecto minas Conga han originado en la región por una disputa al derecho al agua.
Llama la atención que precisamente ocurra esta intervención policial cuando la Dra. Mirtha Vásquez acaba de regresar de una audiencia en la Comisión Interamericana de derechos Humanos en Washington DC, donde junto a miembros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció los convenios existentes entre las empresas mineras y la Policía Nacional del Perú.
La Dra. Vásquez ha repetido en todos los tonos ante el comisario de Cajamarca que, aunque ella puede probar que el vehículo que obra en su propiedad desde el año 2002 nunca estuvo en Lima desde que lo adquirió y que, por tanto, de haber una investigación judicial en curso que puede tratarse de delincuentes que clonaron las placas de su vehículo, se somete plenamente a los requerimientos judiciales, y por ello precisamente rechaza las arbitrariedades que la PNP de Cajamarca está cometiendo contra su persona.
GRUFIDES, se solidariza con la Dra. Mirtha Vásquez, Secretaria Ejecutiva de nuestra organización y expresa su rechazo a estos actos de hostigamiento policial, cuyo móvil sería las múltiples denuncias que en instancias nacionales e internacional está realizando nuestra organización contra malos policías que han infringido la ley y han violado derechos humanos.
Después de más de seis horas, al solicitar la Dra. Vásquez, la intervención de la Defensoría del Pueblo, el comisario de la 2da Comisaría de Cajamarca pudo averiguar que se trataría de la Comisaría de Magdalena del Mar en Lima, en una supuesta investigación policial iniciada hace siete años. El comisario de la PNP de Magdalena del Mar ha referido que no hay mandato judicial sino que "solo se trata de una investigación policial y que para resolver eso la afectada debe viajar a la ciudad de Lima (más de 800 kms) "para esclarecer los hechos".
Al no haber mandato judicial y al haber transcurrido siete años de solo una investigación policial en la que nunca fue notificada la Dra. Mirtha Vásquez, el hecho que su vehículo fuera intervenido no en un operativo de rutina policial sino cuando salía recién de su domicilio el día de hoy (una patrulla que habría actuado con mandato expreso) parece indicar que se solo se trata de un acto arbitrario de la PNP de Cajamarca destinado a hostigar a la Dra. Mirtha Vásquez quien ha realizado denuncias contra el hoy ex Director Nacional de la Policía, Raúl Salazar, y varios jefes y efectivos policiales más por abuso de autoridad, uso indebido de la fuerza y tortura en el conflicto que Yanacocha y el proyecto minas Conga han originado en la región por una disputa al derecho al agua.
Llama la atención que precisamente ocurra esta intervención policial cuando la Dra. Mirtha Vásquez acaba de regresar de una audiencia en la Comisión Interamericana de derechos Humanos en Washington DC, donde junto a miembros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció los convenios existentes entre las empresas mineras y la Policía Nacional del Perú.
La Dra. Vásquez ha repetido en todos los tonos ante el comisario de Cajamarca que, aunque ella puede probar que el vehículo que obra en su propiedad desde el año 2002 nunca estuvo en Lima desde que lo adquirió y que, por tanto, de haber una investigación judicial en curso que puede tratarse de delincuentes que clonaron las placas de su vehículo, se somete plenamente a los requerimientos judiciales, y por ello precisamente rechaza las arbitrariedades que la PNP de Cajamarca está cometiendo contra su persona.
GRUFIDES, se solidariza con la Dra. Mirtha Vásquez, Secretaria Ejecutiva de nuestra organización y expresa su rechazo a estos actos de hostigamiento policial, cuyo móvil sería las múltiples denuncias que en instancias nacionales e internacional está realizando nuestra organización contra malos policías que han infringido la ley y han violado derechos humanos.
GRUFIDES
DENUNCIAN ANTE LA CIDH AL RÉGIMEN MINERO-MILITAR DE OLLANTA HUMALA
Rocío Silva Santisteban advierte en la CIDH: “Se está privatizando la Policía Nacional del Perú”
En el marco del 147° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se llevó a cabo hoy lunes 11 de marzo la audiencia titulada “Derechos humanos y protesta social en Perú”. En la parte peticionaria estuvieron Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Mar Pérez, directora del área DESC de la CNDDHH, David Velazco, director de Fedepaz, Mirtha Vasquez, directora del área jurídica de Grufides, y Alejandra Vicente, de CEJIL.
Recordando la cifra de 24 civiles muertos como resultado del accionar de las fuerzas del orden en el marco de los conflictos sociales, incluyendo menores de edad, además de la cifra de 649 heridos (cifra de la Defensoría del Pueblo), Silva Santisteban explicó que el Estado peruano ha movilizado centenares de efectivos policiales y militares a pueblos pequeños, pero de forma más preocupante aún, que se han firmado convenios entre la Policía Nacional y las diversas empresas extractivas, “privatizando la Policía Nacional del Perú”. Silva Santisteban lamentó haber llegado a esta situación, producto de la defensa de las inversiones de empresas y corporaciones multinacionales en industrias extractivas, dado que se privilegia el modelo primario exportador como motor del desarrollo del Perú.
Mar Pérez denunció que se ha vulnerado el carácter excepcional de la declaratoria del estado de emergencia, figura usada en los conflictos de Conga y Espinar, recurso que ha servido como el “escenario de detenciones arbitrarias, torturas a defensores y periodistas, así como un sistemático uso abusivo de la fuerza”. Velazco, por su parte, advirtió de una serie de normas que favorecen en la práctica la criminalización de la protesta y la impunidad, como el DL 1095, que permite el uso de la fuerza por parte de las FF.AA. en el marco de una protesta social en contra de civiles, creando un “escenario de guerra que hace que para juzgar supuestos delitos que se puedan haber cometido en esas circunstancias no se aplique el derecho internacional de derechos humanos sino el derecho internacional humanitario, pensado para la guerra”. Mirtha Vásquez hizo énfasis en las leyes que permiten alquilar los servicios de la PNP a empresas privadas, especialmente empresas mineras.
En el marco del 147° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se llevó a cabo hoy lunes 11 de marzo la audiencia titulada “Derechos humanos y protesta social en Perú”. En la parte peticionaria estuvieron Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Mar Pérez, directora del área DESC de la CNDDHH, David Velazco, director de Fedepaz, Mirtha Vasquez, directora del área jurídica de Grufides, y Alejandra Vicente, de CEJIL.
De izquierda a derecha, Alejandra Vicente, Mirtha Vásquez, Rocío Silva Santisteban, David Velazco y Mar Pérez.
Recordando la cifra de 24 civiles muertos como resultado del accionar de las fuerzas del orden en el marco de los conflictos sociales, incluyendo menores de edad, además de la cifra de 649 heridos (cifra de la Defensoría del Pueblo), Silva Santisteban explicó que el Estado peruano ha movilizado centenares de efectivos policiales y militares a pueblos pequeños, pero de forma más preocupante aún, que se han firmado convenios entre la Policía Nacional y las diversas empresas extractivas, “privatizando la Policía Nacional del Perú”. Silva Santisteban lamentó haber llegado a esta situación, producto de la defensa de las inversiones de empresas y corporaciones multinacionales en industrias extractivas, dado que se privilegia el modelo primario exportador como motor del desarrollo del Perú.
Mar Pérez denunció que se ha vulnerado el carácter excepcional de la declaratoria del estado de emergencia, figura usada en los conflictos de Conga y Espinar, recurso que ha servido como el “escenario de detenciones arbitrarias, torturas a defensores y periodistas, así como un sistemático uso abusivo de la fuerza”. Velazco, por su parte, advirtió de una serie de normas que favorecen en la práctica la criminalización de la protesta y la impunidad, como el DL 1095, que permite el uso de la fuerza por parte de las FF.AA. en el marco de una protesta social en contra de civiles, creando un “escenario de guerra que hace que para juzgar supuestos delitos que se puedan haber cometido en esas circunstancias no se aplique el derecho internacional de derechos humanos sino el derecho internacional humanitario, pensado para la guerra”. Mirtha Vásquez hizo énfasis en las leyes que permiten alquilar los servicios de la PNP a empresas privadas, especialmente empresas mineras.
Fuente: CNDDHH
21 noviembre, 2012
Perú: ¿Tiene el Estado peruano voluntad de realizar una consulta previa adecuada?
Por Iris Olivera Gómez*
19 de noviembre, 2012.- El 1 de noviembre el Estado peruano expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los avances sobre la implementación de la Ley de la Consulta Previa para los Pueblos Indígenas.Durante su presentación, la delegación del Estado peruano recalcó que la aprobación de la Ley de Consulta Previa atendió al pedido expreso de los pueblos indígenas y la sociedad civil, pero no mencionó que las organizaciones indígenas denunciaron que el texto consensuado no fuera el que finalmente se aprobó.
Ante las preguntas de los Comisionados de la CIDH sobre ¿cuáles serían las medidas adoptadas por el Estado para salvaguardar el derecho de consulta previa, o en su caso reparación para aquellas comunidades cuyos territorios pudieran haber sido afectados por proyectos de extracción con anterioridad a la vigencia de la Ley de Consulta Previa?, los representantes del Estado afirmaron que la consulta no solo se hará para proyectos nuevos, sino que incluirá proyectos que se han venido desarrollando, como el caso del Lote 192 (antes Lote 1AB).
En cuanto a las reparaciones, indicaron que la legislación peruana ya cuenta con mecanismos para asegurar que se den las reparaciones convenientes e incluso resalta que estos mecanismos existen desde antes de la Ley de Consulta Previa y su reglamento.
De la presentación realizada por el estado peruano, llama la atención que se muestre el proceso de desarrollo normativo e implementación (durante la Reglamentación de la Ley) como ejemplar a pesar de las serias observaciones realizadas por las organizaciones indígenas que implicó el retiro del proceso de reglamentación de 4 de las 6 organizaciones, y que incluso las 2 organizaciones que participaron hasta el final del proceso emitieron sus pronunciamientos de disconformidad con el mismo.
Cabe indicar que la Ley de Consulta Previa no incluye la consulta para proyectos anteriores a su promulgación y que el proceso de consulta que se viene promoviendo en el Lote 192 es sobre las nuevas actividades y no sobre las actividades ya desarrolladas. Además han sido las organizaciones indígenas de la zona las que han condicionado la consulta al Lote 192, exigiendo que primero se remedien los pasivos ambientales y el pago de las indemnizaciones por los daños causados por más de 40 años de contaminación petrolera.
Finalmente, en la actualidad solo existe la vía judicial para reclamar una indemnización por daños y perjuicios, pero ello no puede ser calificado como una medida del Estado de reparación para pueblos indígenas afectados por proyectos de extracción con anterioridad a la vigencia de la Ley de Consulta Previa y tampoco como salvaguarda a su derecho a la consulta.
El mensaje del estado peruano ante la CIDH fue mostrar que las garantías están dadas para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, desconocer los problemas existentes no genera confianza, por el contrario debilita las relaciones con los pueblos indígenas y sus organizaciones. El reto es asegurar que el derecho a la consulta previa libre e informada sea efectivo y garantizado, superando las debilidades normativas y de implementación a través de un proceso consensuado con las organizaciones indígenas.
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*Iris Olivera Gómez es coordinadora del Programa Social Indígena de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
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Fuente: Diario La Primera:http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas-y-colaboradores/tiene-el-estado-peruano-voluntad-de-realizar-una-consulta-previa-adecuada_124556.html
18 octubre, 2012
Caso Conga fue presentado ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Por: Jorge Paucar Albino
Secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, recibe documentación de la abogada Zulma Villa (IIDS) y el dirigente rondero Ydelso Hernández. (Foto: Vilma Rodríguez Chihúan)
Este martes por la noche, el presidente del Comando Unitario de Lucha de Cajamarca, Ydelso Hernández, presentó ante los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar y una petición de reunión para tratar el tema del proyecto minero Conga.
“Nuestra presencia en Lima es con el objetivo de presentar un documento ante la CIDH. Hemos solicitado una mesa de trabajo para el 30 y 31 de octubre en Washington donde queremos exponer la situación actual en Cajamarca, contando todos los abusos de las fuerzas del orden que vienen hostigando a los ronderos campesinos”, señaló Hernández.
Por su parte, la abogada Zulma Villa, del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), se hizo presente para asesorar a los involucrados en el conflicto socio-ambiental en relación al proyecto minero que destruiría un conjunto de lagunas, ríos, manantiales y bofedales.
“Las rondas campesinas están defendiendo sus derechos frente a los intereses económicos que se vienen imponiendo de la minera Yanacocha. Como IIDS, venimos acompañando a las rondas campesinas desde hace mucho tiempo”, señaló la abogada Zulma Villa.
Villa dio detalles sobre la estrategia de litigio internacional. “Nuestro objetivo es fortalecer el sujeto colectivo. Las rondas campesinas le han entregado información actualizada a la CIDH. Es importante que esta instancia internacional tomen conocimiento de todas las vulneraciones que están sufriendo los comuneros”, señaló.
Por su parte, la vicepresidenta del IIDS, Raquel Yrigoyen, confirmó que el caso Conga ya se encuentra en la CIDH. “La petición y la medida cautelar ya han sido presentadas. La admisibilidad suele demorar, pero en la próxima sesión la CIDH puede evaluarlo”.
Además, señaló que el caso también podría ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). “Conga también podría ir a la Corte, pero para eso falta primero que la CIDH declare formalmente la admisibilidad”, agregó.
Como se recuerda, desde el 8 de octubre miles de ronderos campesinos de Bambamarca y Celendín se encuentran acampando en las zonas de las lagunas aledañas al proyecto minero Conga de Yanacocha.
El martes por la mañana, cerca de 400 policías de la DINOES cercaron a los ronderos, quienes se sintieron amenazados ante un posible enfrentamiento.
Este martes por la noche, el presidente del Comando Unitario de Lucha de Cajamarca, Ydelso Hernández, presentó ante los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar y una petición de reunión para tratar el tema del proyecto minero Conga.
“Nuestra presencia en Lima es con el objetivo de presentar un documento ante la CIDH. Hemos solicitado una mesa de trabajo para el 30 y 31 de octubre en Washington donde queremos exponer la situación actual en Cajamarca, contando todos los abusos de las fuerzas del orden que vienen hostigando a los ronderos campesinos”, señaló Hernández.
Por su parte, la abogada Zulma Villa, del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), se hizo presente para asesorar a los involucrados en el conflicto socio-ambiental en relación al proyecto minero que destruiría un conjunto de lagunas, ríos, manantiales y bofedales.
“Las rondas campesinas están defendiendo sus derechos frente a los intereses económicos que se vienen imponiendo de la minera Yanacocha. Como IIDS, venimos acompañando a las rondas campesinas desde hace mucho tiempo”, señaló la abogada Zulma Villa.
Villa dio detalles sobre la estrategia de litigio internacional. “Nuestro objetivo es fortalecer el sujeto colectivo. Las rondas campesinas le han entregado información actualizada a la CIDH. Es importante que esta instancia internacional tomen conocimiento de todas las vulneraciones que están sufriendo los comuneros”, señaló.
Por su parte, la vicepresidenta del IIDS, Raquel Yrigoyen, confirmó que el caso Conga ya se encuentra en la CIDH. “La petición y la medida cautelar ya han sido presentadas. La admisibilidad suele demorar, pero en la próxima sesión la CIDH puede evaluarlo”.
Además, señaló que el caso también podría ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). “Conga también podría ir a la Corte, pero para eso falta primero que la CIDH declare formalmente la admisibilidad”, agregó.
Como se recuerda, desde el 8 de octubre miles de ronderos campesinos de Bambamarca y Celendín se encuentran acampando en las zonas de las lagunas aledañas al proyecto minero Conga de Yanacocha.
El martes por la mañana, cerca de 400 policías de la DINOES cercaron a los ronderos, quienes se sintieron amenazados ante un posible enfrentamiento.
Fuente: La Mula
07 julio, 2012
CIDH expresa su preocupación por agresiones ocurridas en el Departamento de Cajarmarca, Perú
CIDH expresa su preocupación por agresiones ocurridas en el Departamento de Cajarmarca, Perú
6 de julio de 2012
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por las muertes y la violencia ocurrida en el Departamento de Cajamarca, en Perú, y urge al Estado a garantizar la vida, la integridad y la seguridad de las personas que protestan contra el proyecto minero Conga. Asimismo, la Comisión Interamericana insta al Estado peruano a que haga uso de la fuerza exclusivamente con la finalidad de cumplir con su obligación de proteger a las personas presentes en la manifestación y a los miembros de las fuerzas de seguridad, y sólo utilizando la fuerza que sea estrictamente necesaria, conforme a los principios internacionalmente reconocidos. Finalmente, la CIDH urge a todas las partes el cese a la violencia y a buscar por la vía del diálogo una solución pacífica a este conflicto de conformidad con los mecanismos institucionales existentes en el Estado.
Según la información recibida, cinco personas habrían resultado muertas -incluyendo un niño de 17 años- y decenas heridas -incluyendo tres policías- como consecuencia de enfrentamientos violentos entre la población y las fuerzas de seguridad que tuvieron lugar el 3 y 4 de julio de 2012. Asimismo, varias personas habrían sido detenidas durante las protestas.
La CIDH recuerda al Estado su obligación de esclarecer judicialmente las muertes de estas personas y los hechos de violencia, sancionar a los responsables, y reparar las consecuencias. Asimismo, la CIDH reitera que es necesario adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en marchas y manifestaciones de protesta. En ese sentido, la Comisión Interamericana hace un llamado al Estado a adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para la debida protección de los manifestantes e integrantes de sus propias fuerzas de seguridad dentro del marco de respeto de los estándares interamericanos de derechos humanos. La CIDH destaca que en los operativos de seguridad, las autoridades deben tomar en especial consideración el interés superior del niño, y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar su protección contra todo tipo de violencia.
Según la información recibida, defensoras y defensores de derechos humanos que se encontraban realizando labores de verificación en la zona habrían resultado agredidos durante la intervención de las fuerzas policiales. Al respecto, se tiene conocimiento de las agresiones que habrían sufrido Amparo Abanto, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y Genoveva Gómez, abogada comisionada de la Defensoría del Pueblo, por parte de policías mientras se encontraban indagando por la situación de personas detenidas en la Plazuela Bolognesi el pasado 21 de junio.
Asimismo, se recibió información que indica que habría habido un uso abusivo de la fuerza en la detención de Marco Arana, defensor de derechos humanos que participa en la protesta y beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 23 de abril de 2007. Adicionalmente, Marco Arana, quien ya fue liberado, dijo haber recibido golpes durante su detención.
La Comisión reitera que los actos de violencia y otros ataques contra los defensores de los derechos humanos no solamente violan sus garantías individuales en tanto personas, sino también atentan contra el rol fundamental que cumplen en la sociedad, y generan situaciones de indefensión para todas las personas que se benefician de sus labores.
La Comisión recuerda que el derecho de asociación, manifestación y la libertad de expresión son derechos fundamentales garantizados la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dada la importancia de estos derechos para la consolidación de sociedades democráticas, la Comisión ha sostenido que cualquier restricción de los mismos debe estar justificada en un interés social imperativo. En este sentido, la Comisión observa que un Estado puede imponer limitaciones razonables a las manifestaciones con el fin de asegurar el desarrollo pacífico de las mismas, así como dispersar aquellas que se tornan violentas, siempre que tales límites se encuentren regidos por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Por su parte, el accionar de agentes estatales no debe desincentivar los derechos de reunión, manifestación y libre expresión, por lo cual la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas. Los operativos de seguridad que se implementen en estos contextos deben contemplar las medidas más seguras y menos lesivas de los derechos fundamentales involucrados. El uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
La CIDH recuerda al Estado su obligación de esclarecer judicialmente las muertes de estas personas y los hechos de violencia, sancionar a los responsables, y reparar las consecuencias. Asimismo, la CIDH reitera que es necesario adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en marchas y manifestaciones de protesta. En ese sentido, la Comisión Interamericana hace un llamado al Estado a adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para la debida protección de los manifestantes e integrantes de sus propias fuerzas de seguridad dentro del marco de respeto de los estándares interamericanos de derechos humanos. La CIDH destaca que en los operativos de seguridad, las autoridades deben tomar en especial consideración el interés superior del niño, y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar su protección contra todo tipo de violencia.
Según la información recibida, defensoras y defensores de derechos humanos que se encontraban realizando labores de verificación en la zona habrían resultado agredidos durante la intervención de las fuerzas policiales. Al respecto, se tiene conocimiento de las agresiones que habrían sufrido Amparo Abanto, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y Genoveva Gómez, abogada comisionada de la Defensoría del Pueblo, por parte de policías mientras se encontraban indagando por la situación de personas detenidas en la Plazuela Bolognesi el pasado 21 de junio.
Asimismo, se recibió información que indica que habría habido un uso abusivo de la fuerza en la detención de Marco Arana, defensor de derechos humanos que participa en la protesta y beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 23 de abril de 2007. Adicionalmente, Marco Arana, quien ya fue liberado, dijo haber recibido golpes durante su detención.
La Comisión reitera que los actos de violencia y otros ataques contra los defensores de los derechos humanos no solamente violan sus garantías individuales en tanto personas, sino también atentan contra el rol fundamental que cumplen en la sociedad, y generan situaciones de indefensión para todas las personas que se benefician de sus labores.
La Comisión recuerda que el derecho de asociación, manifestación y la libertad de expresión son derechos fundamentales garantizados la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dada la importancia de estos derechos para la consolidación de sociedades democráticas, la Comisión ha sostenido que cualquier restricción de los mismos debe estar justificada en un interés social imperativo. En este sentido, la Comisión observa que un Estado puede imponer limitaciones razonables a las manifestaciones con el fin de asegurar el desarrollo pacífico de las mismas, así como dispersar aquellas que se tornan violentas, siempre que tales límites se encuentren regidos por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Por su parte, el accionar de agentes estatales no debe desincentivar los derechos de reunión, manifestación y libre expresión, por lo cual la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas. Los operativos de seguridad que se implementen en estos contextos deben contemplar las medidas más seguras y menos lesivas de los derechos fundamentales involucrados. El uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
25 marzo, 2012
Argumentos de las organizaciones indígenas ante la CIDH para suspender Conga es contundente
Conacami 24/03/12.- Las organizaciones del Pacto de Unidad quienes plantearon la Medida Cautelar para preservar la integridad física, biológica y cultural de los pueblos de Cajamarca, adicionalmente al pedido adjuntaron un alegato que contiene pruebas fehacientes de violaciones de derechos humanos que la CIDH, deberá tener en cuenta esta tarde.
Ante el requerimiento de información, el pasado18 de enero del 2012 el Estado peruano se apresuró en alcanzar por escrito sus argumentos a la Comisión interamericana de derechos Humanos (CIDH) su Informe N.° 10-2012-JUS/PPES, en el cual señala entre otras cosas:
1) No está vigente el Estado de Emergencia; 2) No existe represión ilegítima; 3) No se ha iniciado las actividades mineras; y, 4) Existe un proceso de diálogo en curso con los representantes de las comunidades; y, al no existir una situación de gravedad capaz de causar daños irreparables a la comunidad y a sus líderes, señalan que la Ilustrada no estaría habilitada a conceder las medidas cautelares.
Consiguientemente las organizaciones indígenas también han puesto de manifiesto su rechazo a esas afirmaciones mediante un Alegato que Ud. puede leer o descargar el documento completo desde nuestra cuenta Scrib que publicamos a continuación de este artículo, el cual concluye señalando que ha quedado demostrado que:
1. El Estado peruano continúa con su negativa de consultar y obtener el consentimiento previo, libre e informado de las rondas campesinas, comunidades campesinas y el pueblo de Cajamarca.
Ante el requerimiento de información, el pasado18 de enero del 2012 el Estado peruano se apresuró en alcanzar por escrito sus argumentos a la Comisión interamericana de derechos Humanos (CIDH) su Informe N.° 10-2012-JUS/PPES, en el cual señala entre otras cosas:
1) No está vigente el Estado de Emergencia; 2) No existe represión ilegítima; 3) No se ha iniciado las actividades mineras; y, 4) Existe un proceso de diálogo en curso con los representantes de las comunidades; y, al no existir una situación de gravedad capaz de causar daños irreparables a la comunidad y a sus líderes, señalan que la Ilustrada no estaría habilitada a conceder las medidas cautelares.
Consiguientemente las organizaciones indígenas también han puesto de manifiesto su rechazo a esas afirmaciones mediante un Alegato que Ud. puede leer o descargar el documento completo desde nuestra cuenta Scrib que publicamos a continuación de este artículo, el cual concluye señalando que ha quedado demostrado que:
1. El Estado peruano continúa con su negativa de consultar y obtener el consentimiento previo, libre e informado de las rondas campesinas, comunidades campesinas y el pueblo de Cajamarca.
2. El Estado peruano continúa criminalizando y amedrentando a líderes indígenas, líderes sociales, autoridades locales y regionales que se enfrenten a la ejecución del Proyecto Conga; casos 5278-2011; 2149-2011; 3318-2011; 534-2011; 533-2011.
3. El Estado peruano continúa con la presencia de personal Policial en territorio indígena, impidiendo la libre circulación entre las provincias de Celendín y Bambamarca.
4. El Estado peruano continúa permitiendo que se sigan desarrollando las actividades mineras en la zona.
5. El Estado peruano continúa poniendo en peligro la integridad biológica, cultural y social, de las rondas campesinas, comunidades campesinas y el pueblo de Cajamarca.
Finalmente se solicita que la Comisión Interamericana recomiende al Estado peruano cumpla con respete sus obligaciones internacionales en uso de su soberanía; cese la decisión unilateral de continuar con la ejecución del proyecto Conga; cese las represalias de las que están siendo víctimas los líderes indígenas, sociales y autoridades regionales; se ordene el retiro de los efectivos Policías de territorio indígena; y dé atención médica a los 19 heridos, según corresponda.
Medida Cautelar Al aCIDH Por Caso Conga Alegatos
Ministro de Justicia de Peru, intentará desconocer sucesos violentos del 29 de nov de 2011 en Conga
Ministro de Justicia sobre Conga: "Se explicará a CIDH que actuamos con responsabilidad"
Juan Jiménez afirmó que este es un proyecto que ha tenido una amplia participación del gobierno para llegar a buenos acuerdos.
El Ministro de Justicia, Juan Jiménez, informó que entre el día de hoy y el lunes representantes del Gobierno peruano expondrán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que actuó con responsabilidad y con apertura al diálogo en el caso del proyecto minero Conga.
"Este es un proyecto que ha tenido un amplia participación de la comunidad en una serie de reuniones convocadas por la empresa, luego cuando el presidente, Ollanta Humala, ingresa al poder, el Gobierno tuvo una serie de reuniones, de compromisos, para poder llegar a acuerdos", señaló Jiménez a la agencia Andina.
El titular de Justicia afirmó que junto a los representantes del Gobierno peruano, los acompañará un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) quienes desean anular el proyecto Conga, debido a que el proyecto minero pone en riesgo a tres lagunas de la región de Cajamarca.
Esta propuesta fue aprobada por el gobierno de Alan García pero rechazada por su presidente regional, Gregorio Santos, y varias ONG dedicadas al tema ambiental. Por esto, Santos ha promovido varias protestas y paros en Cajamarca en contra de Conga.
Por su parte, Jiménez ha manifestado la intención del Gobierno de no romper el diálogo con las comunidades y hasta ha contratado especialistas internacionales para realizar los peritajes respectivos sobre las consecuencias del proyecto, informe que será presentado en el mes de abril.
Asimismo, el ministro añadió que el Perú "es el primer país del mundo en desarrollar, a través de una ley, la consulta previa", y que informará a la CIDH esta iniciativa, que permite consultar a las comunidades antes de ejecutar un proyecto en sus territorios.
"Este es un proyecto que ha tenido un amplia participación de la comunidad en una serie de reuniones convocadas por la empresa, luego cuando el presidente, Ollanta Humala, ingresa al poder, el Gobierno tuvo una serie de reuniones, de compromisos, para poder llegar a acuerdos", señaló Jiménez a la agencia Andina.
El titular de Justicia afirmó que junto a los representantes del Gobierno peruano, los acompañará un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) quienes desean anular el proyecto Conga, debido a que el proyecto minero pone en riesgo a tres lagunas de la región de Cajamarca.
Esta propuesta fue aprobada por el gobierno de Alan García pero rechazada por su presidente regional, Gregorio Santos, y varias ONG dedicadas al tema ambiental. Por esto, Santos ha promovido varias protestas y paros en Cajamarca en contra de Conga.
Por su parte, Jiménez ha manifestado la intención del Gobierno de no romper el diálogo con las comunidades y hasta ha contratado especialistas internacionales para realizar los peritajes respectivos sobre las consecuencias del proyecto, informe que será presentado en el mes de abril.
Asimismo, el ministro añadió que el Perú "es el primer país del mundo en desarrollar, a través de una ley, la consulta previa", y que informará a la CIDH esta iniciativa, que permite consultar a las comunidades antes de ejecutar un proyecto en sus territorios.
Fuente: La Republica
08 marzo, 2012
La CIDH paralizaría Conga con medida cautelar presentada por ONG
MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2012 23:19
En tiempo récord la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habría admitido una medida provisional (cautelar) en contra del Estado peruano presentada por las ONG y organizaciones de izquierda que se oponen al proyecto Conga.
Según fuentes de Correo, este tema tenía que evaluarse recién en agosto próximo pero se habría acelerado su proceso. Al respecto, la exprocuradora supranacional de derechos humanos, Delia Muñoz, señaló que la eventual aceptación de la medida provisional sería un exceso por parte de la CIDH en vista que no tiene injerencia en decisiones de Estado.
Por su parte, el exministro de Defensa Ántero Flores Aráoz coincidió con Muñoz y dijo que la admisión es un exceso, pues este tipo de medidas solo se trata en casos de dictaduras.
Nos defenderemos
Entre tanto, el Perú sustentará su posición ante la medida cautelar en una audiencia oral que se realizará a fin de mes en la CIDH, informó el procurador supranacional Luis Alberto Salgado.
Explicó que allí se enfatizará el nuevo modelo de minería y respeto al medio ambiente que impulsa el gobierno.
Salgado recordó que el Estado ha respondido por escrito a la notificación de la CIDH señalando que en la actualidad existe un proceso de negociaciones con poblaciones, campesinos y organizaciones de Cajamarca, y que existe un proceso de peritaje internacional.
De otro lado, Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca, anunció que ya tiene en sus manos el resultado del peritaje paralelo que realizó junto a la ONG Grufides, dirigida por Marco Arana, el cual lo dará a conocer la próxima semana.
En tiempo récord la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habría admitido una medida provisional (cautelar) en contra del Estado peruano presentada por las ONG y organizaciones de izquierda que se oponen al proyecto Conga.
Según fuentes de Correo, este tema tenía que evaluarse recién en agosto próximo pero se habría acelerado su proceso. Al respecto, la exprocuradora supranacional de derechos humanos, Delia Muñoz, señaló que la eventual aceptación de la medida provisional sería un exceso por parte de la CIDH en vista que no tiene injerencia en decisiones de Estado.
Por su parte, el exministro de Defensa Ántero Flores Aráoz coincidió con Muñoz y dijo que la admisión es un exceso, pues este tipo de medidas solo se trata en casos de dictaduras.
Nos defenderemos
Entre tanto, el Perú sustentará su posición ante la medida cautelar en una audiencia oral que se realizará a fin de mes en la CIDH, informó el procurador supranacional Luis Alberto Salgado.
Explicó que allí se enfatizará el nuevo modelo de minería y respeto al medio ambiente que impulsa el gobierno.
Salgado recordó que el Estado ha respondido por escrito a la notificación de la CIDH señalando que en la actualidad existe un proceso de negociaciones con poblaciones, campesinos y organizaciones de Cajamarca, y que existe un proceso de peritaje internacional.
De otro lado, Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca, anunció que ya tiene en sus manos el resultado del peritaje paralelo que realizó junto a la ONG Grufides, dirigida por Marco Arana, el cual lo dará a conocer la próxima semana.
22 febrero, 2012
CNDDHH considera que Comisión para Reglamento de Consulta Previa no es representativa y carece de legitimidad
En carta dirigida al Viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), expresó que la Comisión Multisectorial conformada para consensuar la reglamentación de la Ley de consulta Previa “no cuenta con la legitimidad y representatividad que se requiere para un proceso tan importante”.
“De las 6 organizaciones nacionales que venían participando en el proceso, actualmente sólo han quedado dos (CCP y CONAP) mientras que las cuatro, es decir la mayoría (AIDESEP, CONACAMI, ONAMIAP y CNA) están al margen”, señala el documento.
La organización solicitó además ampliar el proceso de la Comisión con el fin de no terminar con el diálogo para consensuar el Reglamento porque “sería una señal importante de que se tiene la voluntad de lograr un Reglamento legítimo y representativo, y no se busca impornerlo”.
La CNDDHH también recomendó al Gobierno atender el pedido de algunas organizaciones indígenas, como Aidesep, que demandaron la modificación de la Ley de Consulta (artículos 1, 2, 4,7, 15, 19 y la segunda disposición complementaria final), pero que ello no afecte el consenso respecto al reglamento “puesto que se puede correr de manera paralela”.
AIDESEP PREPARA DEMANDA ANTE LA CIDH
En conferencia de prensa, el lunes pasado, la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep) anunció que se iniciará los trámites para la declaratoria de la inconstitucionalidad de la Ley de Consulta ante el Tribunal Constitucional y la elaboración del cuadernillo para la presentación de una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que recomiende al Estado la modificatoria de esta norma.
Aidesep sostiene que el Gobierno no tomó en cuenta para la elaboración del borrador de la Ley los puntos acordados en los seis talleres macrorregionales y el Encuentro Nacional de Organizaciones Indígenas, desarrollado a mediados del presente mes.
Según el presidente de dicha organización, Alberto Pizango, se han ignorado los acuerdos “por un tema de plazos, de compromisos económicos. El Estado, en un acto de mala fe, está atropellando los derechos de los pueblos indígenas; cuando en un principio indicamos la necesidad de que otras organizaciones participaran de los talleres, el Gobierno no lo permitió”.
LANEGRA AFIRMA QUE EL ESTADO CUMPLIRÁ LOS PLAZOS
El viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, señaló que el Gobierno cumplirá con los plazos para reglamentar la Ley de Consulta Previa y con el recojo de aportes de las comunidades originarias de la selva y los Andes.
“El compromiso del ministro de Cultura, Luis Peirano, es cumplir con los plazos. (…) El Gobierno cumple con sus promesas, cumple con lo que señala, porque hay una serie de compromisos que cumplir”, manifestó.
Lanegra aseguró que hoy miércoles continuará el diálogo con los representantes de las comunidades originarias, para recoger sus planteamientos en torno al reglamento. De ese conjunto mencionó que solo la Confederación Nacional Amazónica de Perú (Conap) y la Confederación Campesina del Perú (CCP) presentaron sus propuestas.
Las organizaciones que no lo hicieron son la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami) y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap).
En entrevista con LaMula, Lanegra señaló que de no llegarse a un acuerdo con cada una de las partes involucradas en el proceso de Reglamentación, el Estado trabajará con otros actores y de esta manera continuará con el debido proceso de la Ley de Consulta.
“El Estado tiene varios actores con los cuales ha interlocutado. Hay otros dos actores que están actuando cumpliendo con los compromisos previamente acordados”, señaló.
CONSULTA PREVIA EN UN PUNTO MUERTO
En su columna del Diario 16, el especialista de la organización Servicios Educativos Rurales (SER), Javier Torres, sostuvo que “el proceso de reglamentación de la Ley de Consulta Previa parece haber caído en un punto muerto”, debido a que algunas organizaciones indígenas no acudieron al diálogo convocado por el Gobierno.
“El problema de la posición maximalista que han tomado sus dirigentes (de las organizaciones indígenas) lleva a la consulta a un punto muerto. Con ello terminan haciéndole un enorme favor a quienes desde hace varios años, desde la burocracia estatal, el sector privado y algunos medios de comunicación, han negado los derechos de los pueblos indígenas”, sostuvo Torres.
Ver carta de la CNDDHH:
Carta Al Vice Ministro de Intercultural Id Ad Sobre Proceso de Reglamentacion Ley de Consulta Previa
Perú: Presentarán medida cautelar ante la CIDH para evitar aprobación de Ley de Consulta
Servindi, 21 de febrero, 2012.- Las organizaciones indígenas reunidas en el Pacto de Unidad anunciaron este último lunes que presentarán una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que la Ley de Consulta Previa “viola derechos indígenas ya ganados”.
Gladis Vila, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres indígenas y Amazónicas del Perú (Onamiap) que forma parte del Pacto, expuso ante la prensa nacional y extranjera las razones de la medida.
En un inicio se le dio un plazo de 30 días (a partir del último día del encuentro nacional para evaluar el reglamento, 15 de febrero) al Gobierno para que se pronuncie sobre la modificación de la norma, sin embargo, el Ejecutivo continúa en conversaciones con dirigentes indígenas que no forman parte de la Comisión Multisectorial, explicó Vila Pihue.
En este sentido señaló que el Gobierno está buscando el apoyo de dirigentes al margen de la Comisión para conseguir así el respaldo que necesitan para la aprobación del reglamento de la Ley de Consulta.
Los dirigentes del Pacto reafirmaron que lo único que le piden al Estado es que se respete las conclusiones a las que se llegó en los seis encuentros macroregionales donde se evaluó el borrador del reglamento así como la propia Ley de Consulta.
Los encuentros observaron los artículos 1, 2, 4, 7, 15, 19 y algunas disposiciones complementarias. El artículo más polémico es el referido a que el Ejecutivo es quien tendrá la decisión final en caso de que los pueblos indígenas y el Gobierno no lleguen a un acuerdo.
El Pacto de Unidad lo conforman además de Onamiap, la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
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