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03 agosto, 2012
12 mayo, 2012
Región Junín expresa respaldo a la lucha de Cajamarca
El jueves 10 de mayo la delegación del Comando Unitario de Lucha de Cajamarca, visitó la ciudad de Huancayo. El objetivo de la visita fue explicar las acciones y medidas de lucha de resistencia pacífica por la defensa de las lagunas altoandinas de Celendín, Hualgayoc y Cajamarca frente a la amenaza del proyecto minero Conga de la empresa Yanacocha que pretende destruirlas para obtener oro.
Por la mañana la delegación realizó reuniones con organizaciones sociales, populares y sindicales; así mismo se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Club Unión, a la que asistieron todos los medios de comunicación de esta ciudad.
Por la tarde en la provincia de Concepción se estableció un reunión por invitación de la Mesa de Diálogo Ambiental de la Región Junín (MEDIAREJ), coordinada por el Monseñor Pedro Barreto Jimeno. Esta reunión se llevó a cabo en la sala de sesiones de la Municipalidad Provincial de Concepción.
Las organizaciones sociales, sindicatos, la MEDIAREJ expresaron su solidaridad con la lucha del pueblo de Cajamarca y se comprometieron a realizar acciones de lucha en respaldo al pueblo Cajamarquino.
30 marzo, 2012
Video de Sensibilización: La #Oroya por un cambio
Artistas e intelectuales se unieron a la campaña de sensibilización promovida por la Plataforma La Oroya por un cambio, donde participaron: el músico Julio Pérez, vocalista de La Sarita, el actor Gianfranco Brero, el periodista Guillermo Giacosa, el ilustrador "Carlín" Tovar, la bailarina Pachi Valle Riestra, quienes comparten cámaras con el historiador Toni Zapata, el actor Gustavo Bueno, la periodista española Laura Arias y la ciudadana de a pie, Flor Chávez para hacer un llamado sobre los riesgos que implicaría que el complejo metalúrgico de Doe Run Perú vuelva a funcionar en La Oroya, sin las garantías de un entorno saludable.
Fuente: http://laoroyaporuncambio.blogspot.com
02 marzo, 2012
Protesta. Rechazan nueva ampliación al PAMA de Doe Run
Arzobispado de Huancayo emite pronunciamiento en el que exige que complejo Metalúrgico de La Oroya solo se reactive si cumple con ese programa de manejo ambiental.
Consuelo Alonzo C.
Sobre los 3.249 metros sobre el nivel del mar, unos 65 mil peruanos exigen respirar aire puro y no uno que envenene su sangre y la de sus descendientes.
Para su mala suerte, la irresponsable actividad minera que les dejó un ambiente contaminado con plomo y dióxido de azufre pretende volver. Y es que el Complejo Metalúrgico de La Oroya-Doe Run ha solicitado la reactivación de sus operaciones, paralizadas desde hace mil días, además de una nueva ampliación para la presentación delPrograma de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
Esto no tendría nada de malo si no fuera por que esta es la tercera vez que piden una prórroga por 30 meses más.
Ante esto, el Arzobispado de Huancayo no pudo mantenerse ajeno y emitió un comunicado en el que indica que el retraso en la presentación del PAMA por la minera "es una irresponsabilidad que indigna", pero además que de permitirlo "se volvería a afectar gravemente la vida y la salud de la población".
"No podemos callar porque su incumplimiento es un atropello a la dignidad y la salud de las personas de La Oroya y de los trabajadores del Complejo Metalúrgico que se ven obligados a laborar en condiciones letales a su integridad", cita el documento.
La Arquidiócesis que lidera Monseñor Pedro Barreto aclara que no se oponen a la reactivación de dicho complejo metalúrgico, pero que ello debe ocurrir únicamente después del cumplimiento "de un PAMA que asegure la vida, la salud y un trabajo digno".
Solo así, sostienen, la disminución de las partículas contaminantes continuaría tal y como se ha visto reflejado en el tiempo que Doe Run ha estado sin operar. Resulta que en todo ese tiempo la concentración de dióxido de azufre (SO2) se ha reducido en un 99,5%; mientras que la presencia de plomo en material particulado (PM10) disminuyó en un 98,8%, según el monitoreo comparativo de calidad de aire del Proyecto El Mantaro Vive.
LOBBY EN EL CONGRESO
En declaraciones al blog Plataforma La Oroya por un cambio, el religioso también lamentó que el congresista Casio Huaire Chuquichaico haya presentado un proyecto de ley que plantea un plazo de 24 meses para la culminación de la construcción de la Planta de Ácido Sulfúrico y Modificación del Circuito de Cobre a partir de la fecha de reinicio de operaciones de Doe Run.
"Es lamentable porque sería la segunda vez que el Congreso aprobaría un proyecto de ley con nombre propio (…) Doe Run es una empresa que presiona al Congreso por el lado de los trabajadores, y con ello se deja de lado la urgente necesidad del cuidado de la vida y de la salud de la población de La Oroya que, desde 1922 hasta mayo del 2009, ha sufrido una gravísima contaminación ambiental", sostuvo.
Justamente, en la exposición de motivos de dicho proyecto, Huaire Chuquichaico argumenta que "la paralización de actividades en el Complejo Metalúrgico La Oroya generaría conflictos sociales, a razón de la inestabilidad laboral de 3.500 trabajadores directos y 16 mil trabajadores indirectos, lo que genera un clima de negativismo económico no solo en La Oroya, sino en toda la región".
Luego agrega que " ese proyecto busca blindar y proteger a la población y la clase trabajadora de Doe Run". Más claro ni el agua.
De ser aprobado en el Pleno, monseñor Barreto confía en que el presidente Ollanta Humala no vaya a promulgar la referida ley porque contradice su propuesta de inclusión social. "No puede haber inclusión social si no hay respeto a la vida y a la salud de las personas", agregó.
Se debe indicar que ese proyecto que contó con la firma de once legisladores de Alianza Parlamentaria ya sufrió una baja, puesto que la congresista Doris Gladys Oseda Sotopidió al presidente del Congreso Daniel Abugattas el retiro de su rúbrica en enero.
VÁLIDA PREOCUPACIÓN
Otra persona que no puede ser ajena al peligro en ciernes que acecha a los juninenses es Esther Hinostroza Ricaldi, directora de la ONG Filomena Tomaira Pacsi, pues ha sido a través de su institución que realizaron exámenes de sangre y detectaron hace años el plomo que envenenaba sus venas.
En ese sentido, le recordó al Estado peruano que tiene la obligación de proteger la salud de su población y velar por el derecho a una vida digna, por encima del derecho de cualquier empresa.
"Si no hay fuerza ni principio de autoridad, nuevamente Doe Run contaminará La Oroya, y todos los que vivimos allí pagaremos las consecuencias por una mala decisión del Estado que no se pone del lado de la población", aseguró Hinostroza, y recordó que la intoxicación con plomo afecta la salud reproductiva, causa abortos espontáneos y tiene relación directa con malformaciones congénitas.
CLAVES
La ONG Filomena Tomaira Pacsi informó que en 1999, en coordinación con otras instituciones, realizó un estudio en La Oroya y los resultados arrojaron que la población tenía hasta 55 microgramos por decilitro (ug/dl) de plomo en la sangre, cuando el máximo nivel de riesgo máximo permitido es 10, debido principalmente a la actividad de Doe Run.
Por otro lado, en Pasco, tras una audiencia pública, la posición de la población y de las autoridades fue de no permitir el traslado de Cerro de Pasco, ciudad afectada por la contaminación minera, y muy por el contrario demandaron la urgente ejecución de los proyectos de agua y desagüe. El presidente de Pasco, Kléver Meléndez, le recordó al presidente Ollanta Humala que existe un compromiso de su parte de financiar los mismos.
Sobre los 3.249 metros sobre el nivel del mar, unos 65 mil peruanos exigen respirar aire puro y no uno que envenene su sangre y la de sus descendientes.
Para su mala suerte, la irresponsable actividad minera que les dejó un ambiente contaminado con plomo y dióxido de azufre pretende volver. Y es que el Complejo Metalúrgico de La Oroya-Doe Run ha solicitado la reactivación de sus operaciones, paralizadas desde hace mil días, además de una nueva ampliación para la presentación delPrograma de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
Esto no tendría nada de malo si no fuera por que esta es la tercera vez que piden una prórroga por 30 meses más.
Ante esto, el Arzobispado de Huancayo no pudo mantenerse ajeno y emitió un comunicado en el que indica que el retraso en la presentación del PAMA por la minera "es una irresponsabilidad que indigna", pero además que de permitirlo "se volvería a afectar gravemente la vida y la salud de la población".
"No podemos callar porque su incumplimiento es un atropello a la dignidad y la salud de las personas de La Oroya y de los trabajadores del Complejo Metalúrgico que se ven obligados a laborar en condiciones letales a su integridad", cita el documento.
La Arquidiócesis que lidera Monseñor Pedro Barreto aclara que no se oponen a la reactivación de dicho complejo metalúrgico, pero que ello debe ocurrir únicamente después del cumplimiento "de un PAMA que asegure la vida, la salud y un trabajo digno".
Solo así, sostienen, la disminución de las partículas contaminantes continuaría tal y como se ha visto reflejado en el tiempo que Doe Run ha estado sin operar. Resulta que en todo ese tiempo la concentración de dióxido de azufre (SO2) se ha reducido en un 99,5%; mientras que la presencia de plomo en material particulado (PM10) disminuyó en un 98,8%, según el monitoreo comparativo de calidad de aire del Proyecto El Mantaro Vive.
LOBBY EN EL CONGRESO
En declaraciones al blog Plataforma La Oroya por un cambio, el religioso también lamentó que el congresista Casio Huaire Chuquichaico haya presentado un proyecto de ley que plantea un plazo de 24 meses para la culminación de la construcción de la Planta de Ácido Sulfúrico y Modificación del Circuito de Cobre a partir de la fecha de reinicio de operaciones de Doe Run.
"Es lamentable porque sería la segunda vez que el Congreso aprobaría un proyecto de ley con nombre propio (…) Doe Run es una empresa que presiona al Congreso por el lado de los trabajadores, y con ello se deja de lado la urgente necesidad del cuidado de la vida y de la salud de la población de La Oroya que, desde 1922 hasta mayo del 2009, ha sufrido una gravísima contaminación ambiental", sostuvo.
Justamente, en la exposición de motivos de dicho proyecto, Huaire Chuquichaico argumenta que "la paralización de actividades en el Complejo Metalúrgico La Oroya generaría conflictos sociales, a razón de la inestabilidad laboral de 3.500 trabajadores directos y 16 mil trabajadores indirectos, lo que genera un clima de negativismo económico no solo en La Oroya, sino en toda la región".
Luego agrega que " ese proyecto busca blindar y proteger a la población y la clase trabajadora de Doe Run". Más claro ni el agua.
De ser aprobado en el Pleno, monseñor Barreto confía en que el presidente Ollanta Humala no vaya a promulgar la referida ley porque contradice su propuesta de inclusión social. "No puede haber inclusión social si no hay respeto a la vida y a la salud de las personas", agregó.
Se debe indicar que ese proyecto que contó con la firma de once legisladores de Alianza Parlamentaria ya sufrió una baja, puesto que la congresista Doris Gladys Oseda Sotopidió al presidente del Congreso Daniel Abugattas el retiro de su rúbrica en enero.
VÁLIDA PREOCUPACIÓN
Otra persona que no puede ser ajena al peligro en ciernes que acecha a los juninenses es Esther Hinostroza Ricaldi, directora de la ONG Filomena Tomaira Pacsi, pues ha sido a través de su institución que realizaron exámenes de sangre y detectaron hace años el plomo que envenenaba sus venas.
En ese sentido, le recordó al Estado peruano que tiene la obligación de proteger la salud de su población y velar por el derecho a una vida digna, por encima del derecho de cualquier empresa.
"Si no hay fuerza ni principio de autoridad, nuevamente Doe Run contaminará La Oroya, y todos los que vivimos allí pagaremos las consecuencias por una mala decisión del Estado que no se pone del lado de la población", aseguró Hinostroza, y recordó que la intoxicación con plomo afecta la salud reproductiva, causa abortos espontáneos y tiene relación directa con malformaciones congénitas.
CLAVES
La ONG Filomena Tomaira Pacsi informó que en 1999, en coordinación con otras instituciones, realizó un estudio en La Oroya y los resultados arrojaron que la población tenía hasta 55 microgramos por decilitro (ug/dl) de plomo en la sangre, cuando el máximo nivel de riesgo máximo permitido es 10, debido principalmente a la actividad de Doe Run.
Por otro lado, en Pasco, tras una audiencia pública, la posición de la población y de las autoridades fue de no permitir el traslado de Cerro de Pasco, ciudad afectada por la contaminación minera, y muy por el contrario demandaron la urgente ejecución de los proyectos de agua y desagüe. El presidente de Pasco, Kléver Meléndez, le recordó al presidente Ollanta Humala que existe un compromiso de su parte de financiar los mismos.
Fuente: La Republica
01 marzo, 2012
Arzobispado de Huancayo exige que Doe Run cumpla con su PAMA antes de volver a operar
ü Mediante un pronunciamiento, representantes de la Iglesia Católica de esta ciudad mostraron su indignación a nueva prórroga solicitada por cuestionada empresa minera
Como un atropello a la dignidad y la salud de las personas de La Oroya fue considerado por el Arzobispado de Huancayo la nueva solicitud de Doe Run Perú, que por tercera vez ha pedido la ampliación del plazo para cumplir con su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), luego de haber tenido más de diez años para hacerlo y no mostrar voluntad a pesar de las facilidades que le brindó el Estado Peruano.
Como un atropello a la dignidad y la salud de las personas de La Oroya fue considerado por el Arzobispado de Huancayo la nueva solicitud de Doe Run Perú, que por tercera vez ha pedido la ampliación del plazo para cumplir con su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), luego de haber tenido más de diez años para hacerlo y no mostrar voluntad a pesar de las facilidades que le brindó el Estado Peruano.
En los próximos días el Congreso debatirá el Proyecto de Ley 636/2011_CR, el cual le permitiría a Doe Run Perú reiniciar sus operaciones y le brindaría impunidad para seguir contaminando y afectando la salud de sus pobladores legalmente, entre otras concesiones.
Al respecto, los representantes de la Iglesia de esta ciudad señalaron que “Doe Run, por segunda vez (2009), obtuvo una ampliación de 30 meses para cumplir con el PAMA, sin embargo, de manera reiterada, no ha cumplido con sus obligaciones ante el país. Por eso nos indigna que, con estos antecedentes, solicite nuevamente al Estado Peruano una nueva ampliación de 30 meses más, que volvería a afectar gravemente la vida y la salud de la población”.
En dicho comunicado, el Arzobispado de Huancayo informó que la calidad del aire en esa ciudad mejoró notablemente desde que en el 2009 Doe Run dejó de funcionar, reduciéndose en 99.5% la concentración de dióxido de azufre y 98.8% la presencia del plomo en material particulado, según el monitoreo comparativo de calidad de aire del Proyecto El Mantaro Revive realizado en diciembre del 2009.
“Nos alienta saber que según los resultados de los censos hemáticos realizados en La Oroya, por el Convenio Minsa-Doe Run Perú y el Gobierno Regional de Junín en el 2008, con el complejo en actividad, indican que solo el 5.91% de los evaluados tenían niveles menores a 10 microgramos de plomo por decilitro de sangre (µg/dl). Mientras que en noviembre del 2011, con más de dos años de paralización, el 52.9% de los evaluados tienen niveles menores a 10 µg/dl.de plomo en la sangre”, así lo reveló el pronunciamiento del Arzobispado.
A pocos días de discutirse la aprobación de una nueva prórroga a Doe Run, representantes del Arzobispado de Huancayo solicitaron al gobierno la reactivación del Complejo Metalúrgico, “solo después del cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental que asegure la vida, la salud y un trabajo digno”.
En dicho comunicado, el Arzobispado de Huancayo informó que la calidad del aire en esa ciudad mejoró notablemente desde que en el 2009 Doe Run dejó de funcionar, reduciéndose en 99.5% la concentración de dióxido de azufre y 98.8% la presencia del plomo en material particulado, según el monitoreo comparativo de calidad de aire del Proyecto El Mantaro Revive realizado en diciembre del 2009.
“Nos alienta saber que según los resultados de los censos hemáticos realizados en La Oroya, por el Convenio Minsa-Doe Run Perú y el Gobierno Regional de Junín en el 2008, con el complejo en actividad, indican que solo el 5.91% de los evaluados tenían niveles menores a 10 microgramos de plomo por decilitro de sangre (µg/dl). Mientras que en noviembre del 2011, con más de dos años de paralización, el 52.9% de los evaluados tienen niveles menores a 10 µg/dl.de plomo en la sangre”, así lo reveló el pronunciamiento del Arzobispado.
A pocos días de discutirse la aprobación de una nueva prórroga a Doe Run, representantes del Arzobispado de Huancayo solicitaron al gobierno la reactivación del Complejo Metalúrgico, “solo después del cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental que asegure la vida, la salud y un trabajo digno”.
29 febrero, 2012
Doe Run Perú niega desconocer deuda con el Estado pese a nueva demanda
El vicepresidente de asuntos corporativos de Doe Run, José Mogrovejo, indicó que la empresa no intenta abrir un juicio contra el Estado, sino plantear un contencioso judicial ante la posibilidad de que la firma deba, además de culminar el PAMA, pagar el monto que Indecopi le ha reconocido como deuda al Estado.
“No existe tal demanda. Ha sido un malentendido. Planteamos esta acción porque había el riesgo de que una vez completado el PAMA se pueda pedir los US$163 millones, lo cual pondría en riesgo la viabilidad de la empresa, incluso de que se apruebe el plan de reestructuración, entonces se presentó un contencioso administrativo por esta decisión de Indecopi”, señala.
Emma Gómez, subdirectora de Cooperacción –que ha seguido el problema de Doe Run y La Oroya–, advirtió que la demanda hecha ante el Poder Judicial para pedir que se desconozca la deuda con el Estado en Indecopi, apunta a sustentar el pedido de arbitraje que tiene Doe Run en el CIADI.
Como se recuerda, Doe Run acusa al Estado de intentar una expropiación indirecta al haber ingresado como acreedor en su proceso concursal en Indecopi. Gómez indica que la demanda reciente de Doe Run apunta a reforzar sus argumentos.
Se debe indicar que hasta el momento Doe Run no ha suspendido su pedido de arbitraje en el CIADI.
El Comercio
“No existe tal demanda. Ha sido un malentendido. Planteamos esta acción porque había el riesgo de que una vez completado el PAMA se pueda pedir los US$163 millones, lo cual pondría en riesgo la viabilidad de la empresa, incluso de que se apruebe el plan de reestructuración, entonces se presentó un contencioso administrativo por esta decisión de Indecopi”, señala.
Emma Gómez, subdirectora de Cooperacción –que ha seguido el problema de Doe Run y La Oroya–, advirtió que la demanda hecha ante el Poder Judicial para pedir que se desconozca la deuda con el Estado en Indecopi, apunta a sustentar el pedido de arbitraje que tiene Doe Run en el CIADI.
Como se recuerda, Doe Run acusa al Estado de intentar una expropiación indirecta al haber ingresado como acreedor en su proceso concursal en Indecopi. Gómez indica que la demanda reciente de Doe Run apunta a reforzar sus argumentos.
Se debe indicar que hasta el momento Doe Run no ha suspendido su pedido de arbitraje en el CIADI.
El Comercio
27 febrero, 2012
Ministerio de Energía y Minas advierte que demanda de Doe Run afectaría reinicio de operaciones en La Oroya
Señaló que, según la demanda ante el Poder Judicial, la empresa de capitales estadounidenses solicita la nulidad de la Resolución Nº 1743-2011/SC1-Indecopi que reconoce el crédito a favor del Estado peruano.
Estimó que la demanda tiene la clara intención de excluir al Estado del Proceso Concursal en que se encuentra la referida empresa ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
El MEM tomó conocimiento de la sorpresiva demanda presentada por Doe Run a través del reporte judicial, donde consta el trámite del Expediente 368-2012 ante el Cuarto Juzgado Transitorio – Contencioso Administrativo de Lima.
“La actitud de Doe Run Perú es inexplicable, sobre todo porque obstaculiza los esfuerzos que viene realizando el Estado, en su condición de mayor acreedor en la Junta de Acreedores, lo cual podría afectar el pronto reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya”, observó.
No obstante, el MEM reafirmó su voluntad de mantener una actitud positiva con la finalidad de que Doe Run Perú reinicie sus operaciones y cumpla con sus obligaciones ambientales, asegurando el empleo a los trabajadores, el control del medio ambiente, la salud de la población y el desarrollo sostenible de La Oroya.
“Esperamos un cambio de actitud de la empresa que revele una real intención de honrar los compromisos ambientales que están reflejados precisamente en el crédito reconocido al MEM y que Doe Run pretende impugnar mediante el mencionado proceso judicial”, añadió.
ANDINA
Estimó que la demanda tiene la clara intención de excluir al Estado del Proceso Concursal en que se encuentra la referida empresa ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
El MEM tomó conocimiento de la sorpresiva demanda presentada por Doe Run a través del reporte judicial, donde consta el trámite del Expediente 368-2012 ante el Cuarto Juzgado Transitorio – Contencioso Administrativo de Lima.
“La actitud de Doe Run Perú es inexplicable, sobre todo porque obstaculiza los esfuerzos que viene realizando el Estado, en su condición de mayor acreedor en la Junta de Acreedores, lo cual podría afectar el pronto reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya”, observó.
No obstante, el MEM reafirmó su voluntad de mantener una actitud positiva con la finalidad de que Doe Run Perú reinicie sus operaciones y cumpla con sus obligaciones ambientales, asegurando el empleo a los trabajadores, el control del medio ambiente, la salud de la población y el desarrollo sostenible de La Oroya.
“Esperamos un cambio de actitud de la empresa que revele una real intención de honrar los compromisos ambientales que están reflejados precisamente en el crédito reconocido al MEM y que Doe Run pretende impugnar mediante el mencionado proceso judicial”, añadió.
ANDINA
Demanda de Doe Run ante Indecopi sorprendió al Estado
El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, dijo que la demanda presentada por Doe Run contra el Estado ante el Indecopi, como principal acreedor, causó sorpresa y adelantó que la minera deberá cumplir con ciertos requisitos para reiniciar sus operaciones el 1 de mayo.
Refirió que la impugnación de empresa estadounidense ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) se planteó solo una semana después de instalarse la junta de acreedores donde la empresa participó.
“Para nosotros ha sido una sorpresa esta nueva demanda que ha hecho Doe Run, en el sentido de impugnar la participación del Estado como acreedor”, subrayó.
Refirió que Doe Run debería ser consecuente de su voluntad de cumplir sus obligaciones ambientales y cumplir con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), y aclarar su posición frente al Estado.
Por otra parte, señaló que el proyecto que el Congreso prepara para darle facilidades a Doe Run, tiene que revisarse porque no es posible darles concesiones cuando han demandando por 800 millones de dólares al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial con sede en Washington.
Asimismo, señaló que el Gobierno ha sido muy claro y mantiene una misma posición desde el principio, en que primero “vela por el trabajo de la masa laboral de La Oroya y la mina Cobriza; y asimismo, que se respete el medio ambiente y la salud del pueblo de La Oroya.
Señaló que Doe Run debe cumplir con ciertos requisitos para poder reiniciar sus operaciones el 1 de mayo del presente año, los cuales pasan por generar confianza.
“El plan de reestructuración debe permitir las garantías que va a ser una operación limpia, y que sus acreedores van a poder operar, y para eso se ha puesto un veedor”, dijo en Canal N.
Doe Run, compró el Complejo Metalúrgico de La Oroya, en 1997 tras un proceso de subasta pública por 247.9 millones de dólares, ubicado a 185 kilómetros al este de Lima, a una altura de 3,750 metros sobre el nivel del mar, es uno de los lugares más contaminados del planeta, según mediciones efectuadas por organismos internacionales.
Doe Run ha incumplido el PAMA en varias oportunidades, y en el 2006 y 2009 el Estado le permitió su prórroga para evitar la paralización del complejo y salvaguardar el empleo de sus trabajadores.
ANDINA
Refirió que la impugnación de empresa estadounidense ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) se planteó solo una semana después de instalarse la junta de acreedores donde la empresa participó.
“Para nosotros ha sido una sorpresa esta nueva demanda que ha hecho Doe Run, en el sentido de impugnar la participación del Estado como acreedor”, subrayó.
Refirió que Doe Run debería ser consecuente de su voluntad de cumplir sus obligaciones ambientales y cumplir con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), y aclarar su posición frente al Estado.
Por otra parte, señaló que el proyecto que el Congreso prepara para darle facilidades a Doe Run, tiene que revisarse porque no es posible darles concesiones cuando han demandando por 800 millones de dólares al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial con sede en Washington.
Asimismo, señaló que el Gobierno ha sido muy claro y mantiene una misma posición desde el principio, en que primero “vela por el trabajo de la masa laboral de La Oroya y la mina Cobriza; y asimismo, que se respete el medio ambiente y la salud del pueblo de La Oroya.
Señaló que Doe Run debe cumplir con ciertos requisitos para poder reiniciar sus operaciones el 1 de mayo del presente año, los cuales pasan por generar confianza.
“El plan de reestructuración debe permitir las garantías que va a ser una operación limpia, y que sus acreedores van a poder operar, y para eso se ha puesto un veedor”, dijo en Canal N.
Doe Run, compró el Complejo Metalúrgico de La Oroya, en 1997 tras un proceso de subasta pública por 247.9 millones de dólares, ubicado a 185 kilómetros al este de Lima, a una altura de 3,750 metros sobre el nivel del mar, es uno de los lugares más contaminados del planeta, según mediciones efectuadas por organismos internacionales.
Doe Run ha incumplido el PAMA en varias oportunidades, y en el 2006 y 2009 el Estado le permitió su prórroga para evitar la paralización del complejo y salvaguardar el empleo de sus trabajadores.
ANDINA
Junín: Doe Run demanda al Estado peruano y en el Congreso buscan beneficiarla con ley
En la ciudad del plomo ya no humea su enorme chimenea. Desde que Doe Run decidió paralizar de repente sus actividades en junio del 2009 (aduciendo una crisis financiera), el complejo metalúrgico de La Oroya se asemeja más a un enorme, viejo y oxidado museo de metal.
En las calles ya no hay mineros caminando: La Oroya de hoy vive de los servicios que le ofrece a los viajeros que están de paso. “La vida sigue”, dice una vendedora de quesos de una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo.
El último análisis de sangre difundido por la Dirección Regional de Salud de Junín revela el primer impacto del cierre de la planta: la presencia de plomo se ha reducido en los niños.
Mientras eso ocurre en Junín, aquí en Lima, Doe Run mantiene una estrategia legal ambigua. Luego de que sus acreedores (entre ellos el Estado Peruano) le dieran una nueva oportunidad y decidieran que sea la misma empresa la que dirija el plan que la sacaría de su crisis, Doe Run acaba de presentar una nueva demanda ante el Poder Judicial para exigir la nulidad de la resolución de Indecopi que reconoce al Estado Peruano como su principal acreedor.
“La actitud de Doe Run es inexplicable, sobre todo porque obstaculiza los esfuerzos que realiza el Perú. Esto podría afectar la pronta reanudación de las operaciones”, dice el breve comunicado del Ministerio de Energía y Minas.
La estrategia de Doe Run
En las calles ya no hay mineros caminando: La Oroya de hoy vive de los servicios que le ofrece a los viajeros que están de paso. “La vida sigue”, dice una vendedora de quesos de una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo.
El último análisis de sangre difundido por la Dirección Regional de Salud de Junín revela el primer impacto del cierre de la planta: la presencia de plomo se ha reducido en los niños.
Mientras eso ocurre en Junín, aquí en Lima, Doe Run mantiene una estrategia legal ambigua. Luego de que sus acreedores (entre ellos el Estado Peruano) le dieran una nueva oportunidad y decidieran que sea la misma empresa la que dirija el plan que la sacaría de su crisis, Doe Run acaba de presentar una nueva demanda ante el Poder Judicial para exigir la nulidad de la resolución de Indecopi que reconoce al Estado Peruano como su principal acreedor.
“La actitud de Doe Run es inexplicable, sobre todo porque obstaculiza los esfuerzos que realiza el Perú. Esto podría afectar la pronta reanudación de las operaciones”, dice el breve comunicado del Ministerio de Energía y Minas.
La estrategia de Doe Run
Esta demanda se suma a la otra que el complejo metalúrgico mantiene en los tribunales de EE.UU. por 800 millones de dólares. La empresa aduce que ha recibido un trato inequitativo, porque el Gobierno no ha cumplido con su parte: la remediación de suelos en La Oroya.
¿Cuál es la verdadera intención de la empresa al demandar por segunda vez al Perú? Para Emma Gómez, abogada de Cooperacción, esto revela que Doe Run estaría más interesada en cobrar los 800 millones de dólares de la demanda en EE.UU. que en reabrir el complejo y cumplir sus compromisos ambientales. “El argumento que utiliza Doe Run es que el Gobierno Peruano busca una expropiación, por eso no lo quiere aceptar como acreedor. Me da la impresión de que están construyendo su estrategia legal para hacer creer en EE.UU que el Gobierno Peruano los quiere expropiar y así ganar los 800 millones de dólares”, sostiene.
La historia de Doe Run es una suma de excesos y extrañas concesiones: es la única empresa minera que arrastra el incumplimiento de su programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA); se le ha permitido modificarlo cuatro veces, ha incumplido su implementación y, aún así, en dos oportunidades (2006 y 2009) se le han otorgado prórrogas. Pese a estos antecedentes, un proyecto de ley promovido por el congresista Casio Huaire Chuquichaico busca darle nuevos beneficios.
La iniciativa legislativa del representante de Junín por Perú Posible promueve no solo flexibilizar el cumplimiento de estándares ambientales a esta empresa, sino también, eliminar sus deudas pendientes con el Estado y ampliar por tercera vez el plazo para la construcción de una planta necesaria para evitar la emisión al aire de plomo, arsénico y cadmio.
Este proyecto ha sido respaldado por los fujimoristas Néstor Valqui y Jesús Hurtado, y los representantes de Alianza Parlamentaria Víctor Crisólogo, Rennán Espinoza, Willyam Valle, Modesto Julca y José León. La también congresista por Junín, Doris Oseda (Gana Perú), retiró su firma porque dijo que “la habían sorprendido”. En su despacho alistan un nuevo proyecto de ley.
El proyecto de Casio Huaire recoge la misma agenda que Doe Run plantea desde junio del 2010: “tolerancia en la exigencia de cumplimiento de los estándares ambientales y la exoneración de las multas”. El congresista ha reconocido que los representantes del sindicato de Doe Run han participado en la elaboración de la propuesta.
Carmen Heck, abogada de la sociedad Peruana de Derecho Ambiental, ha dicho que el proyecto en cuestión pretende normar un caso particular, cuando las leyes deben tener alcances generales. “Una ley destinada a otorgar beneficios especiales a Doe Run sería irregular”. Consultado sobre el tema, el presidente de la comisión de pueblos indígenas y ambiente del Congreso, Antonio Medina, señaló que le parece “poco ético” que una de las partes interesadas haya participado en la elaboración de la propuesta.
Compromisos impagos
¿Cuál es la verdadera intención de la empresa al demandar por segunda vez al Perú? Para Emma Gómez, abogada de Cooperacción, esto revela que Doe Run estaría más interesada en cobrar los 800 millones de dólares de la demanda en EE.UU. que en reabrir el complejo y cumplir sus compromisos ambientales. “El argumento que utiliza Doe Run es que el Gobierno Peruano busca una expropiación, por eso no lo quiere aceptar como acreedor. Me da la impresión de que están construyendo su estrategia legal para hacer creer en EE.UU que el Gobierno Peruano los quiere expropiar y así ganar los 800 millones de dólares”, sostiene.
La historia de Doe Run es una suma de excesos y extrañas concesiones: es la única empresa minera que arrastra el incumplimiento de su programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA); se le ha permitido modificarlo cuatro veces, ha incumplido su implementación y, aún así, en dos oportunidades (2006 y 2009) se le han otorgado prórrogas. Pese a estos antecedentes, un proyecto de ley promovido por el congresista Casio Huaire Chuquichaico busca darle nuevos beneficios.
La iniciativa legislativa del representante de Junín por Perú Posible promueve no solo flexibilizar el cumplimiento de estándares ambientales a esta empresa, sino también, eliminar sus deudas pendientes con el Estado y ampliar por tercera vez el plazo para la construcción de una planta necesaria para evitar la emisión al aire de plomo, arsénico y cadmio.
Este proyecto ha sido respaldado por los fujimoristas Néstor Valqui y Jesús Hurtado, y los representantes de Alianza Parlamentaria Víctor Crisólogo, Rennán Espinoza, Willyam Valle, Modesto Julca y José León. La también congresista por Junín, Doris Oseda (Gana Perú), retiró su firma porque dijo que “la habían sorprendido”. En su despacho alistan un nuevo proyecto de ley.
El proyecto de Casio Huaire recoge la misma agenda que Doe Run plantea desde junio del 2010: “tolerancia en la exigencia de cumplimiento de los estándares ambientales y la exoneración de las multas”. El congresista ha reconocido que los representantes del sindicato de Doe Run han participado en la elaboración de la propuesta.
Carmen Heck, abogada de la sociedad Peruana de Derecho Ambiental, ha dicho que el proyecto en cuestión pretende normar un caso particular, cuando las leyes deben tener alcances generales. “Una ley destinada a otorgar beneficios especiales a Doe Run sería irregular”. Consultado sobre el tema, el presidente de la comisión de pueblos indígenas y ambiente del Congreso, Antonio Medina, señaló que le parece “poco ético” que una de las partes interesadas haya participado en la elaboración de la propuesta.
Compromisos impagos
La empresa es asidua a los tribunales. De las 14 multas impuestas entre el 2007 y el 2011 por infracciones al ambiente y la seguridad e higiene, solo ha cancelado cinco. El resto las ha llevado al Poder Judicial. Las multas por pagar suman S/.1’303.050.
En el Congreso las voces están divididas. No todos los parlamentarios están de acuerdo con una tercera ampliación, y algunos, como Antonio Medina y Doris Oseda han resaltado la importancia en la reducción de plomo en los niños desde que cerró el complejo. Esta semana, sin embargo, el presidente del Congreso, Daniel Abugattás, se mostró a favor de una nueva prórroga, pero en su bancada han precisado que se trata de una opinión personal.
¿Logrará la empresa –separada el 2010 de la Sociedad Nacional de Minería por “transgredir los principios éticos” y “no demostrar con hechos su voluntad de cumplir sus compromisos ambientales”– el plazo adicional que busca en este Congreso? El debate deberá resolverse antes de abril, cuando vence el plazo otorgado a Doe Run el 2009.
El Comercio
26 febrero, 2012
El 90% de La Oroya sufre de altos niveles de plomo en la sangre
El 90% de la población de La Oroya (Junín), sobre todo niños, tienen niveles de plomo por encima de los 10 microgramos por decilitro de sangre que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtió el exviceministro de Ambiente, José De Echave.
“Se ha hecho un último estudio, cuando el complejo metalúrgico ha estado paralizado. (...) Este estudio lo que muestra es que el plomo en sangre ha bajado de manera importante lo que evidencia una correlación muy clara entre la presencia del complejo metalúrgico y la presencia del plomo en la sangre”, agregó el también investigador de la ONG Cooperación.
En declaraciones para RPP Noticias, De Echave explicó que la presencia del plomo disminuye en la sangre pero en los huesos permanece. No obstante, “se dice que se necesitarían entre 30 o 40 años para que desaparezca".
En otro punto, el ex Viceministro dijo que el PAMA es un instrumento que buscaba que las operaciones antiguas se adecuasen a los nuevos estándares de las legislaciones ambientales, sin embargo, en el caso de Doe Run, el PAMA debió durar hasta el 2007, pero no lo cumplió.
“Se ha hecho un último estudio, cuando el complejo metalúrgico ha estado paralizado. (...) Este estudio lo que muestra es que el plomo en sangre ha bajado de manera importante lo que evidencia una correlación muy clara entre la presencia del complejo metalúrgico y la presencia del plomo en la sangre”, agregó el también investigador de la ONG Cooperación.
En declaraciones para RPP Noticias, De Echave explicó que la presencia del plomo disminuye en la sangre pero en los huesos permanece. No obstante, “se dice que se necesitarían entre 30 o 40 años para que desaparezca".
En otro punto, el ex Viceministro dijo que el PAMA es un instrumento que buscaba que las operaciones antiguas se adecuasen a los nuevos estándares de las legislaciones ambientales, sin embargo, en el caso de Doe Run, el PAMA debió durar hasta el 2007, pero no lo cumplió.
Fuente: La Republica
24 febrero, 2012
Hugo Villa: “El costo de la intoxicación puede ser mayor que el costo de control de la contaminación”
Hugo Villa fue médico en La Oroya durante veintinueve años. Es co-autor de un estudio realizado en el Hospital de EsSalud de La Oroya, que el 2005 demostró que los bebés nacían con altos niveles de plomo en la sangre. Trabajó para el seguro social desde antes que la estadounidense Doe Run Company comprara el Complejo Metalúrgico, cuando éste era propiedad de la empresa estatal Centromín Perú S.A. Villa, junto a otros médicos, ha sido testigo de los estragos que ha dejado la contaminación con plomo y otros metales pesados en la salud de los pobladores de La Oroya; y como muchos activistas, médicos y representantes de la sociedad civil que se opusieron a que el Complejo siga funcionando sin las medidas necesarias para proteger la salud de la población, fue amenazado y perseguido por Doe Run Perú. Esta es su historia.
El doctor comenzó a laborar en La Oroya desde la década del setenta. En ese entonces no se hablaba de contaminación ambiental. La emanación de gases tóxicos las 24 horas al día arrojados por la gran chimenea del Complejo Metalúrgico era una realidad que los pobladores tenían que aceptar como normal. Villa comenzó sus investigaciones sobre los peligros de la intoxicación con plomo haciendo un muestreo entre los trabajadores mineros de Centromín Perú quienes estaban expuestos directamente al contacto con los metales pesados. “Era necesario un estudio porque se habían reportado casos de mineros que sufrían parálisis en las manos, problemas respiratorios agudos, problemas de conducta. Con este estudio se determinaron los daños que ocasionaría en el organismo la presencia de altas dosis de plomo en la sangre”, dice el doctor y recuerda que durante sus investigaciones con el Sindicato de Trabajadores de Centromín se encontró con el caso de un trabajador minero al que diagnosticaron demencia luego de haber estado expuesto al plomo por más de una década.
Así comienza una oleada de estudios sobre intoxicación con plomo y otros metales pesados en la población de La Oroya que pusieron en evidencia el terrible daño que podría causar el plomo y otros metales pesados en el organismo de los pobladores. En 1999 se realizó un estudio a 346 niños entre 2 y 10 años de tres localidades: La Oroya Antigua, La Oroya Nueva y Santa Rosa de Sacco, teniendo como resultado que el 99.1% sobrepasaron el límite, considerado como riesgo, establecido por la Organización Mundial de la Salud, con un promedio de 33,6µg/dl microgramos por decilitro de plomo en sangre.
Movido por estos antecedentes y junto a otros colegas pediatras, el año 2004, el doctor Villa decide realizar de forma “clandestina” un estudio de plomo en la sangre a recién nacidos. Se tomó como muestra a unos 93 niños que nacieron el Hospital EsSalud de La Oroya. En este estudio se comprobó que el 75% de recién nacidos tenía entre 6µg/dl y 10µg/dl. “Se trata de recién nacidos que son contaminados mediante la placenta por madres también contaminadas”, dice el médico y añade que estos niños nacen ya con grandes desventajas: “Debido a que su sistema nervioso se ha formado expuesto a la contaminación con plomo, estos niños podrían sufrir de problemas de conducta, hiperactividad, problemas de atención y, está comprobado, que podrían ser adultos agresivos, dice el doctor Villa. Además se comprometen el sistema digestivo y el respiratorio y puede provocar problemas de anemia, trastornos del hígado y los riñones.
Sin embargo, mediante pruebas de plomo en la sangre no se puede conocer la “carga total” de plomo presente en el organismo de las personas. Se deberían complementar los análisis con pruebas de espectroscopía de hueso, en función de que algo más del 95% del plomo que se absorbe en el organismo se deposita en los huesos y se queda entre 25 a 30 años en promedio. “Lo que significa que por más que una persona se retire de la fuente de contaminación o ésta fuente desaparece, o como es el caso del Complejo Metalúrgico, que ha dejado de funcionar, el plomo ya fue absorbido en su momento y va a tardar muchos años en desaparecer del organismo y mientras tanto, puede provocar daños”, dice el médico.
Y no sólo el plomo ha deteriorado el organismo de los pobladores. La exposición a gases tóxicos como el dióxido de azufre sufre con frecuencia de problemas respiratorios, rinitis, enfisemas en el pulmón que pueden devenir en cáncer.
¿Y qué ha hecho el Estado? “Los niveles de plomo en la sangre de las personas persisten en La Oroya debido a que los suelos están contaminados, producto de la sedimentación producida después de las emanaciones tóxicas que en su momento arrojó el Complejo Metalúrgico. El Ministerio de Salud poco o nada ha invertido en programas de prevención o desintoxicación de la población contaminada. La empresa sólo realizó jornadas simbólicas de desintoxicación, llevando a los niños de La Oroya a zonas alejadas de la ciudad, alimentándolos adecuadamente por un día y realizándoles exámenes de plomo en la tarde. Aparentemente estos niños, al final de la jornada, presentaban una leve reducción del nivel de plomo en la sangre, pero volvían a la ciudad contaminada y empezarán nuevamente a intoxicarse”, dice Villa.
Señala además que “desde siempre el Estado ha tirado hacia el lado de Doe Run, alegando que están trabajando de codo a codo en “programas de prevención” pero lo cierto es que no hay un interés real. Y los que hemos trabajado en investigaciones sobre el daño que ocasiona el Complejo Metalúrgico hemos sufrido amenazas, hostigamientos de parte de la empresa que siempre desdeñó los informes médicos que se publicaron sobre la condición de la salud de los pobladores”.
“Los costos de la intoxicación pueden ser mayores que los costos de control de la contaminación”, finaliza el doctor Villa: “el desarrollo del sistema nervioso central se ve seriamente comprometido. Tal lesión puede dar como resultado la pérdida permanente de las capacidades de inteligencia y las capacidades motoras, puede provocar trastornos psicológicos y cambios del comportamiento. Estos efectos originan la reducción de la productividad económica de la provincia y sus repercusiones económicas son enormes”.
Villa enfatiza que la única forma de reducir los daños de la contaminación por gases tóxicos y metales pesados, es que la empresa Doe Run Perú modernice el Complejo Metalúrgico y que cumpla con los compromisos de su Plan de Adecuación Medioambiental (PAMA).
Colectivo pide al Congreso observar proyecto de ley que promueve reanudación de actividades de Doe Run en La Oroya
Según el documento, dirigido al Presidente del Congreso, Daniel Abugattás, y al Presidente de la Comisión de Energía y Minas, Martin Rivas, el proyecto de ley busca dar “una amplia flexibilidad para que el complejo metalúrgico La Oroya renueve sus actividades” sin contemplar las “medidas para la protección a la salud y al ambiente que pueden verse afectadas”.
Al respecto Carmen Heck, de la sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señala que “con este proyecto de ley se pretende regular un caso particular, cuando las leyes deben tener alcances generales. Una ley destinada a otorgar beneficios especiales a Doe Run sería irregular”.
REANUDACIÓN EN MANOS DEL CONGRESO
La carta del colectivo también indica que al autorizar la reapertura del Complejo de la manera como estaba operando anteriormente, “el Congreso estaría autorizando también el reinicio de la contaminación y de la violación de los estándares ambientales diarios, con los consecuentes daños al ambiente y a la salud humana y el aumento del riesgo a la salud y al ambiente a futuro”.
Cabe recordar que el gerente general de Doe Run Perú, Juan Carlos Huayhua, en declaraciones a un diario local, anunció el inicio de operaciones del complejo metalúrgico para el mes de mayo de 2012, en “honor al día de los trabajadores”.
El proyecto de ley, impulsado por el congresista Casio Huaire, busca ampliar el plazo para la culminación de la construcción del proyecto de planta de ácido sulfúrico y modificación del circuito de cobre del complejo por un plazo de 24 meses, siendo posible la adopción de posteriores prórrogas. Sin embargo, el proyecto omite establecer un cronograma de avances, medidas para verificar el cumplimiento del mismo, y las sanciones a las que habría lugar en caso Doe Run incumpliera nuevamente con el PAMA.
Asimismo, establece que la minera cumplirá con los estándares de plomo y niveles máximos permisibles de emisión de dióxido de azufre, sólo después de haber culminado el proyecto de dicha planta. Por último,busca la exoneración de multas, indemnizaciones y sanciones impuestas a la empresa durante su funcionamiento.
Para Carmen Heck, una de las principales preocupaciones respecto al proyecto de ley es que exonera a la empresa de cumplir con cualquier modificación de los estándares o límites permisibles por un plazo de 5 años contados desde terminada la planta de ácido sulfúrico.
“No hay justificación alguna para que se les dé ese beneficio, ya que cuando se modifica un estándar ambiental o límite máximo permisible por regla general se establece un plazo de adecuación al que se pueden acoger las empresas. Entonces, ¿por qué dar un trato diferenciado a Doe Run?”, señaló la especialista de la SDPA.
La operación del complejo metalúrgico, ha ocasionado graves impactos a la salud y al ambiente en La Oroya y esto fue reconocidos por el Tribunal Constitucional, la CIDH e incluso por una comisión del Congreso Peruano. Por ello el colectivo señala que es necesario que la reapertura del complejo contemple medidas efectivas mientras se termina el PAMA en su totalidad.
La carta fue firmada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
Fuente: SPDA - Actualidad Ambiental
Carta Al Presidente Del Congreso Sobre Reanudacion de Doe Run
23 febrero, 2012
Monseñor Barreto: “Ampliación de PAMA para Doe Run es indigno para los peruanos”
El coordinador de la de la Mesa de Diálogo Ambiental de Junín, monseñor Pedro Barreto, señaló que una tercera ampliación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de la empresa Doe Run Perúsería “indigno para los peruanos” debido a que la minera se ha caracterizado por su irresponsabilidad con el ambiente y la salud de los pobladores de La Oroya.
La ampliación del PAMA por tercera vez es promovida por el congresista Casio Huaire, a través de un proyecto de ley (Ver documento). Sobre dicha iniciativa parlamentaria, Barreto anunció que “la Mesa de Diálogo Ambiental está haciendo un estudio técnico, que coincide con la posición del Arzobispado en que el PAMA no puede darse, porque sería ir a una vida indigna para un peruano o peruana, y que beneficia únicamente a Doe Run”.
Barreto agregó que dicho proyecto de ley también tiene como fin la exoneración de multas a la empresa, lo cual significaría un “premio a una empresa irresponsable”. “El comportamiento de esta empresa minera no es nuevo, siempre dice una cosa y después hace otra”, señaló el monseñor.
Según el colectivo “La Oroya por un Cambio”, Doe Run Perú -desde el inicio de sus operaciones- arrojó, las 24 horas al día, humo tóxico cargado de dióxido de azufre, plomo, cadmio, arsénico y otros metales pesados. La empresa estadounidense tuvo diez años para invertir en proyectos que disminuyeran los daños ambientales, como indicaba su PAMA, pero no cumplió.
Pese a las consecuencias que trajo la contaminación, como los severos e irreversibles daños en la salud de niños y adultos, intoxicados por el plomo y otros gases tóxicos, los gobiernos anteriores ampliaron dos veces el PAMA de la empresa, pero Doe Run incumplió con sus responsabilidades.
ESTADO DEBE PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS
Para Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el actual gobierno tiene una visión desfasada de los derechos humanos y nos vende una visión del desarrollo enfocado solamente en los réditos que dejan la actividad extractiva, lo cual es “engañoso”.
“Con el caso de Doe Run el Estado está incumpliendo su obligación fundamental que es proteger los derechos humanos. La necesidad de desarrollo no puede ser una excusa para dejar de lado la protección de derechos humanos. La protección del derecho a la salud y del medio ambiente es una vía para garantizar un verdadero desarrollo para el país”, dijo Pérez.
“El Estado debería encontrar una fórmula que permita garantizar el respeto a ambos derechos (a la salud y al trabajo) y no colocarlos en dos posiciones contrarias. Salud o Trabajo, es una manera perversa de concebir el desarrollo de un país. Los pobladores no deberían continuar sufriendo los estragos de la contaminación ambiental y el Estado debería garantizar una fuente de trabajo y de ingresos”, agregó.
Fuente: SPDA - Actualidad Ambiental
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