El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, dijo que la demanda presentada por Doe Run contra el Estado ante el Indecopi, como principal acreedor, causó sorpresa y adelantó que la minera deberá cumplir con ciertos requisitos para reiniciar sus operaciones el 1 de mayo.
Refirió que la impugnación de empresa estadounidense ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) se planteó solo una semana después de instalarse la junta de acreedores donde la empresa participó.
“Para nosotros ha sido una sorpresa esta nueva demanda que ha hecho Doe Run, en el sentido de impugnar la participación del Estado como acreedor”, subrayó.
Refirió que Doe Run debería ser consecuente de su voluntad de cumplir sus obligaciones ambientales y cumplir con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), y aclarar su posición frente al Estado.
Por otra parte, señaló que el proyecto que el Congreso prepara para darle facilidades a Doe Run, tiene que revisarse porque no es posible darles concesiones cuando han demandando por 800 millones de dólares al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial con sede en Washington.
Asimismo, señaló que el Gobierno ha sido muy claro y mantiene una misma posición desde el principio, en que primero “vela por el trabajo de la masa laboral de La Oroya y la mina Cobriza; y asimismo, que se respete el medio ambiente y la salud del pueblo de La Oroya.
Señaló que Doe Run debe cumplir con ciertos requisitos para poder reiniciar sus operaciones el 1 de mayo del presente año, los cuales pasan por generar confianza.
“El plan de reestructuración debe permitir las garantías que va a ser una operación limpia, y que sus acreedores van a poder operar, y para eso se ha puesto un veedor”, dijo en Canal N.
Doe Run, compró el Complejo Metalúrgico de La Oroya, en 1997 tras un proceso de subasta pública por 247.9 millones de dólares, ubicado a 185 kilómetros al este de Lima, a una altura de 3,750 metros sobre el nivel del mar, es uno de los lugares más contaminados del planeta, según mediciones efectuadas por organismos internacionales.
Doe Run ha incumplido el PAMA en varias oportunidades, y en el 2006 y 2009 el Estado le permitió su prórroga para evitar la paralización del complejo y salvaguardar el empleo de sus trabajadores.
ANDINA
Refirió que la impugnación de empresa estadounidense ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) se planteó solo una semana después de instalarse la junta de acreedores donde la empresa participó.
“Para nosotros ha sido una sorpresa esta nueva demanda que ha hecho Doe Run, en el sentido de impugnar la participación del Estado como acreedor”, subrayó.
Refirió que Doe Run debería ser consecuente de su voluntad de cumplir sus obligaciones ambientales y cumplir con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), y aclarar su posición frente al Estado.
Por otra parte, señaló que el proyecto que el Congreso prepara para darle facilidades a Doe Run, tiene que revisarse porque no es posible darles concesiones cuando han demandando por 800 millones de dólares al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial con sede en Washington.
Asimismo, señaló que el Gobierno ha sido muy claro y mantiene una misma posición desde el principio, en que primero “vela por el trabajo de la masa laboral de La Oroya y la mina Cobriza; y asimismo, que se respete el medio ambiente y la salud del pueblo de La Oroya.
Señaló que Doe Run debe cumplir con ciertos requisitos para poder reiniciar sus operaciones el 1 de mayo del presente año, los cuales pasan por generar confianza.
“El plan de reestructuración debe permitir las garantías que va a ser una operación limpia, y que sus acreedores van a poder operar, y para eso se ha puesto un veedor”, dijo en Canal N.
Doe Run, compró el Complejo Metalúrgico de La Oroya, en 1997 tras un proceso de subasta pública por 247.9 millones de dólares, ubicado a 185 kilómetros al este de Lima, a una altura de 3,750 metros sobre el nivel del mar, es uno de los lugares más contaminados del planeta, según mediciones efectuadas por organismos internacionales.
Doe Run ha incumplido el PAMA en varias oportunidades, y en el 2006 y 2009 el Estado le permitió su prórroga para evitar la paralización del complejo y salvaguardar el empleo de sus trabajadores.
ANDINA
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