Informe revela la existencia de convenios entre la Policía Nacional del Perú y empresas extractivas que afectan la imparcialidad e independencia del Estado

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Defensa Legal y EarthRights International presentaron hoy, martes 19 de Febrero del 2019, el informe Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú. Análisis de las relaciones que permiten la violación de los derechos humanos y quiebran los principios del Estado democrático de Derecho. Este documento es producto de un análisis riguroso de todos los convenios firmados entre la PNP y las empresas mineras e hidrocarburíferas.

El informe revela la existencia de 138 convenios de prestación de servicios policiales extraordinarios, suscritos entre los años 1995 y 2018; de estos, 29 se encuentran vigentes.

La mayoría de las empresas extractivas con las que hay convenios vigentes tienen proyectos ubicados en regiones donde ha habido movilización social y se han cuestionado los proyectos.

Del total, 5 están en Cajamarca, 10 en el llamado corredor minero (Cusco, Apurímac y Arequipa) y 2 en la Amazonía, habiendo sido firmadas con empresas como Southern Peru, Yanacocha, Antamina y Chinalco.

Del análisis realizado, se destaca la forma en que los convenios afectan la imparcialidad y la independencia de la PNP, favorecen el desarrollo de las actividades empresariales y permiten la violación de derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas que se encuentran en las zonas de influencia de los proyectos.

Los convenios tienen por objeto proteger el patrimonio y los intereses económicos de las empresas extractivas, y para lograrlo utilizan a la fuerza policial, lo que desnaturaliza y contradice su finalidad de acuerdo a los principios de un Estado Democrático de Derecho.
También se resalta la instrumentalización de las normas, leyes y directrices de la legislación peruana a favor de las empresas extractivas y contraria a las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Las organizaciones de derechos humanos solicitan al Estado que deje sin efecto los convenios suscritos por la Policía Nacional del Perú y las empresas extractivas, como parte de su compromiso por el respeto y garantía de los derechos humanos y territoriales.

Contacto:
Piero Meza (ERI)
piero@earthrights.org
941 471 960 (Perú)

Fuente: EarthRight International

Link: https://earthrights.org/media/convenios-policia-nacional-empresas-extractivas-peru/

Informe: Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú by Mi Mina Corrupta on Scribd

IDL: Estado incumplió Convenio 169 en Cañaris y una acción de amparo podría suspender concesión

Ideeleradio.- El Estado incumplió el Convenio 169 en Cañaris al no haber realizado el mecanismo de consulta previa a la concesión del proyecto minero Cañariaco y una acción de amparo podría suspender el proceso porque toda decisión que viole un derecho fundamental es nula, estimó Juan Carlos Ruiz, integrante del Área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Si partimos de la premisa de que el Convenio 169 exige la consulta previa de todo acto administrativo o normativo que afecta a los pueblos indígenas está vigente desde el año 95 y, luego, advertimos que esta no se ha realizado, quien está en falta en realidad es Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), es decir esta instancia del Ministerio de Energía y Minas que hace las concesiones. Ellos están en falta por no haber hecho la consulta previa en el caso de Cañaris”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Un primer punto que habría que preguntarnos es dónde están los que quiebran el Estado de Derecho: ¿están en Cañaris o están en la Presidencia del Consejo de Ministros? […] La idea es reconducir esto a un proceso de amparo, como es que se están litigando ahora los casos. Es pedirle al juez que [declare que] la omisión de INGEMMET de consultar esto es incompatible con el derecho a la consulta, por favor suspenda esta concesión y ordene que se consulte”, apuntó.

Toda decisión que viola un derecho fundamental es nula
Explicó que toda decisión que viole un derecho fundamental con rango constitucional, como el derecho a la consulta, debe declararse nula. Apuntó que a Cañaris, sea como pueblo indígena o como ronda campesina, le corresponde exigir un mecanismo de consulta previa.

“El Convenio 169 de alguna manera viene a incorporarse a la Constitución [que dice que la consulta es un derecho fundamental] toda decisión que viola un derecho fundamental es nula. Es decir, que si yo tomo una decisión y eso afecta un derecho fundamental, esa decisión tiene un vicio de nulidad. Acá el problema es la omisión de consulta del Ministerio de Energía de esa concesión, que es incompatible absolutamente con el Convenio 169 y eso es lo que no se quiere ver”, refirió.

“Puede ser que se diga que no está claro que sean pueblos indígenas, puede ser que sean rondas [campesinas]. La ley de rondas dice que se les aplica a las rondas todos los derechos de las comunidades campesinas y pueblos indígenas en cuanto se les favorezca. En consecuencia, en el caso de Cañaris, el Gobierno es el que está en falta, el Gobierno es el que ha incumplido el Convenio 169, que es parte del Estado de Derecho”, declaró.

Compatibilizar explotación con derechos indígenas
Ruiz Molleda subrayó que el tema central es que se consulte la primera decisión del Estado susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas y estimó que la idea es compatibilizar la explotación de recursos naturales con los derechos de estas comunidades.

“[¿El momento para consultar es este o no?] Allí hay un debate, lo que dice es consulta previa y previa es antes, la idea es que se consulte la primera decisión del Estado, susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas y la idea es que se consulte y se les dé a los pueblos indígenas el Estudio de Impacto Ambiental. En el caso de Perú, el Convenio 169 parece que es desconocido, no se le toma en serio. No es que la gente de Cañaris es violentista o que está pidiendo cosas irracionales, está pidiendo que se cumpla el Estado de Derecho”, indicó.

“Si yo no le doy información a esa comunidad sobre los impactos reales que la minería va a ocasionar en sus territorios, si yo cumplo con el derecho de las comunidades a participar de los beneficios, si yo escondo la información, ¿qué están esperando? Ante el miedo, la dudad y la falta de confianza, no solo es de necesidad pública generar más ingresos para el Estado, también lo es proteger el medioambiente, los derechos de los pueblos indígenas. La idea es compatibilizar la explotación de recursos naturales con los derechos indígenas”, concluyó.

 

Fuente: IDL - La Mula - http://lamula.pe/2013/01/28/idl-estado-incumplio-convenio-169-en-canaris-y-una-accion-de-amparo-podria-suspender-concesion/idl

Milton Sánchez: Yanacocha engañó al país porque Conga no está suspendido

Ideeleradio.- Yanacocha ha estado engañando al país al decir que el proyecto minero Conga está suspendido porque la empresa continua trabajando en la zona y construyendo un reservorio, sostuvo el presidente de la Plataforma Interinstitucional de Celendín, Milton Sánchez.

“Se está diciendo que los cajamarquinos han ganado por la suspensión del proyecto minero, pero en realidad encierra una estrategia para seguir continuando la elaboración o la ejecución del proyecto minero Conga y están confundiendo a la población, y están engañando al país entero de que este proyecto minero está suspendido”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Nosotros [Los Guardianes de las Lagunas] hemos apreciado que siguen removiendo tierras, siguen moviendo las maquinarias en la parte alta de nuestras lagunas, por eso que se ha tomado la decisión de regresar a las lagunas a vigilarlas a custodiarlas”, aseveró.


Recordó que tras las protestas en Cajamarca, el Gobierno y la empresa Yanacocha anunciaron la suspensión de proyecto minero Conga, advirtió que con la construcción de reservorios se busca dar viabilidad al proyecto minero, con lo cual las lagunas desaparecerán.

 

Fuente: http://ideeleradio.blogspot.com/2012/11/milton-sanchez-yanacocha-engano-al-pais.html

Piura, Cajamarca, Ica, Arequipa y Pasco acataron paro de la CGTP

Diversas organizaciones sociales y gremiales exigieron al jefe de Estado, Ollanta Humala, el cumplimiento de sus promesas electorales.

En Piura médico exigen mejoras salariales

Ideeleradio.- Diversas organizaciones sociales y gremiales en la región Cajamarca, Ica, Piura, Pasco y Arequipa, entre otras, acataron hoy la jornada nacional de lucha convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), en la que exigieron al jefe de Estado, Ollanta Humala, el cumplimiento de sus promesas electorales.

El presidente de la Federación Médica de Piura, Arnaldo Vite, confirmó que más de 600 médicos de Essalud se sumaron hoy al paro de 48 horas y exigieron mejoras salariales y la optimización de las condiciones laborales. Advirtió que acatarán una huelga indefinida si el Ejecutivo no atiende sus demandas.

Por su parte, Juan Luis Orozco Duque, secretario regional de Construcción Civil, informó que la movilización de la CGTP empezó en la explanada del parque infantil Miguel Cortez y transcurrió de forma pacífica por las principales calles y avenidas de la ciudad de Piura.

Ica: Piden construcción y ampliación de centros de salud

Asimismo, el dirigente Juan Medina Robles indicó que las organizaciones sociales solicitan al Gobierno Regional de Ica la implementación de la red alcantarillado y agua potable en el distrito de Vista Alegre y la rehabilitación y ampliación del Hospital de Apoyo de Nasca.
En las movilizaciones participaron más de 900 personas, entre obreros de la empresa minera Shougang Hierro Perú, trabajadores del Hospital de Apoyo de Nasca, agremiados de Construcción Civil y del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), entre otros.

Cajamarca: Piden libertad de 15 detenidos del penal de Picsi

Además, la Federación Subregional de Rondas Campesinas y Urbanas de Jaén solicitó la liberación de las 15 personas que están detenidas que en el penal de Picsi de Chiclayo, tras los disturbios en la localidad de Celendín en el marco de las propuestas contra el proyecto Minero Conga.
Mientras que en Arequipa, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín tomaron momentáneamente el local del área de Sociales, en apoyo a las autoridades y dirigentes que se oponen al proyecto minero Conga. Y en Pasco, docentes realizaron nuevas movilizaciones exigiendo al Ejecutivo mejoras salariales.

Reportaron: Evaristo Chunga (Piura), Nina Puelles, Eduin Lozano (Cajamarca), Raúl Peña (Pasco), Juan Valderrama (Arequipa) y Víctor Quilca (Ica).

CNDDHH: Ministro Calle debe renunciar y se tiene que sancionar a policías que agredieron a Arana

Secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), dijo que Marco Arana fue golpeado también dentro de la comisaría de Cajamarca. 

Ministro Calle tiene que rendir cuentas

Ideeleradio.- El ministro del Interior, Wilver Calle, debe renunciar y rendir cuentas por la irregular detención del exsacerdote Marco Arana, quien fue agredido durante su detención y su permanencia en la comisaría de Cajamarca, sostuvo Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), tras exigir una sanción ejemplar contra los policías que intervinieron al líder medioambientalista en la plaza de armas.

“Aquí el que tiene que rendir cuentas es el ministro del Interior, por supuesto [que se tiene que ir], Wilver Calle Girón tiene que rendir cuentas por esto y también por las mentiras que se han dicho”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Una de las cosas que se ha dicho grave es que se dijo que los policías que estaban en el hospital tenían heridas de bala y no tienen heridas de bala, [ellos] tienen quemaduras de cohete porque la población no está armada. En Celendín, se les ha tirado petardos, que es también mortífero y negativo, pero no ha sido bala, no estaban armados”, explicó.

Sanción ejemplar para policías

Silva Santisteban comentó que la Policía no puede esgrimir ningún argumento legal para justificar los golpes que propinaron al líder de Tierra y Libertad y, por ello, exigió un castigo para los agentes que lo detuvieron el miércoles último. Indicó que el Ministerio del Interior debe evaluar mejor a sus efectivos y después entregarles las armas para patrullar en la calles.

“La Policía no ha dado ninguna explicación, ¿cómo va a explicar una detención con golpes si Marco [Arana] estaba sentado en la banca del parque y viene un policía y lo golpea por delante y otro por atrás. Y lo peor es que también lo han golpeado en la comisaría. ¿Cuál ha sido el argumento legal? No hay ningún argumento legal, nada justifica eso, la Policía no puede decir nada, lo que se requiere ahí una sanción ejemplar, el ministro del Interior debería tomar cartas en el asunto”, manifestó.

“Lo que hay es una increíble tensión y de violencia fácil de parte de la Policía. Primero, evalúen a sus efectivos y después póngalos en la calles con armas; esta gente que actúa con esta increíble violencia, es la misma gente que está armada con armas letales”, declaró.

Lo golpearon y le dijeron terruco 

Precisó, en otro momento, que Arana Zegarra fue golpeado también dentro de la comisaría y que los agentes del orden lo golpearon en los riñones y le dijeron: “terruco de mierda”.

“Aparte de todos los golpes que recibió; además, dentro de la comisaría él ha sido golpeado fuertemente por cuatro policías, tres hombres y una mujer. Lo han golpeado en los riñones, él [Arana] tiene un problema renal crónico y ha estado con pulmonía hace poco, y tiene una situación de salud que habría primero que evaluarla”, señaló.

“Lo que refleja esto es la increíble tensión que hay en Cajamarca y, por supuesto, la situación de los propios policías, porque le decían a Marco, ‘terruco de mierda’, ‘estamos acá por tu culpa’, etc”, acotó.

Santos: Población se trasladará a zonas altas y militarización traería graves consecuencias

Presidente regional se refirió así al anuncio de la construcción de represas y de la resolución suprema que prorroga la intervención de las FF.AA.

Todos seremos responsables

Ideeleradio.- La población se trasladará a las zonas altas donde se prevé construir los reservorios que anuncio la compañía minera Newmont y la militarización de la zona de influencia del proyecto Conga traería gravísimas consecuencias advirtió el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, al señalar que tanto el Ejecutivo como las autoridades regionales serían los responsables.

Fue al comentar la resolución suprema publicada en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano, en la cual el Ejecutivo prorrogó por un mes más la intervención de las Fuerzas Armadas en las protestas contra el proyecto minero Conga.

“[Tras el anuncio de Yanacocha de iniciar la construcción de los reservorios] lo que va a pasar es que la población se va a trasladar a las zonas altas y lo que va a ocurrir es que ahí la militarización puede tener gravísimas consecuencias, y de eso seremos responsables tanto el Gobierno Central, como nosotros. El Servicio de Inteligencia le debería decir al presidente que nos posible imponer de manera violenta o armada el proyecto [Conga] porque eso sería un precedente muy negativo para la protesta y para el propio Gobierno”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Nosotros ya estamos militarizados, tenemos una presencia policial importante, todos los dirigentes, todas las autoridades siempre estamos llamando a nuestra población a que se exprese libremente y que no caiga en actos de provocación. [No entiendo] militarizarlo más, judicializarlo más, esta lucha no sé hasta dónde se va a llevar, porque ya tenemos los juicios ahí en camino, tenemos la Policía por todas las provincias, entonces militarizarlo más no sé hasta dónde podrían llegar”, cuestionó.
 

Construcción de reservorios dañará lagunas

En otro momento, expresó que la construcción de reservorios es una farsa y que de todas maneras las lagunas Azul y Chica serán destruidas. Responsabilizó, en ese sentido, a la empresa Newmont de haber hecho inviable –con sus acciones y omisiones– el proyecto minero.

“Esa es una farsa, esa es una enorme mentira, para construir los reservorios necesitan destruir todas las lagunas, los humedales y los pantanos, porque ni siquiera están hablando de su basurero. ¿A dónde lo van a reubicar? Si dicen que la laguna Chica y la laguna Azul no va a ser utilizada como botadero ¿Dónde va a ser su botadero? Hay un conjunto de cosas ocultas y no las dicen, porque saben ya que la población y nosotros sabemos cómo trabajan ellos [Yanacocha] de cómo engañan para ingresar y luego destruyen mucho más de cuando empiezan”, aseveró.

“Todos estos hechos de más de 150 procesados, militarización, juicios a las autoridades, demuestran de que Newmont tiene todo un conflicto con nosotros, desde las autoridades dirigentes y personalidades que tienen están en debate, entonces mucho más inviable ha hecho Newmont este problema”, estimó.

Reiteró, asimismo, que se debería realizar un cambio constitucional para que aquellas empresas que incurrieron en faltas graves durante sus actividades comerciales extractivas sean sancionadas y no vuelvan a operar. Mientras tanto, subrayó que el Ejecutivo debería garantizar la protección del medio ambiente y en especial las cabeceras de cuencas.

Enfatizó que las autoridades y organizaciones sociales de Cajamarca buscan que desde el Estado se apoye e impulse el desarrollo regional ecológico y económico, el reordenamiento territorial y los proyectos de inversión pública, referidos al sector salud y educación, así como el pago de una tributación justa por parte de las empresas extractivas.

Medidas de fuerza son acuerdos colectivos

Santos Guerrero respaldó, finalmente, al presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Wilfredo Saavedra, quien anunció medidas radicales contra el proyecto Conga. Refirió que son las organizaciones sociales las que formulan las acciones y acuerdos de protesta, que son difundidas por sus interlocutores o sus dirigentes.

“Eso [la radicalización] no son acuerdos personales. Los acuerdos que se dan lectura, interpretamos o que explicamos, son acuerdos colectivos de los dirigentes sociales con sus organizaciones. Aquí existe la institucionalidad de las rondas campesinas y de las organizaciones sociales, la lucha no depende de los individuos”, expuso.

“Aquí hay un compromiso de las comunidades que nosotros asumimos, que si el Gobierno dice que no puede [y dice es viable Conga], Cajamarca va a seguir en su resistencia y nosotros vamos a seguir apoyando a los cajamarquinos que están en esta reclamación justa para que en el Perú se siente un precedente. Empresa abusiva que no cumple, no solo debe ser sancionada sino que los pobladores deben tener derecho de sancionarla con la expulsión”, concluyó.

Gustavo Gorriti a Humala: No encarcele a gente por hacer lo que usted les pidió en campaña

 

"Las geishas de ayer lo azuzarán, señor presidente, con parecidos argumentos a los que utilizaron contra la oposición democrática el año 2000, acusándola de ser subversiva y golpista (...) Pero el endurecimiento represivo, sobre todo si es junto con lo brutal es bruto y venal, no va a solucionar nada", le dice el reconocido periodista al mandatario.

Esta mañana, mediante la revista Caretas, el periodista Gustavo Gorriti le escribió una carta al Presidente de la República, Ollanta Humala en la cual,  le recuerda que fue "elegido para ser el abanderado de la democracia, y no de la plutocracia".

"Usted fue elegido para ser el abanderado de la democracia y no de la plutocracia, señor presidente. Está a tiempo de ajustar el rumbo. Ojalá lo haga. Su éxito será el de nosotros todos", indica al final de su misiva.

Gorriti remarca que Humala no ganó porque la 'Hoja de Ruta' haya tranquilizado a la Confiep, sino por "el Juramento por la Democracia".

"Su mandato fundamental señor Presidente es ese (perfeccionar y profundizar la Democracia) (...) actúe en consecuencia, no es tarde todavía", agrega.

"Tome, o retome ese papel, y la gobernabilidad democrática funcionará mucho mejor que el frágil orden que puede lograr una policía parcializada, con jueces y fiscales que violan el debido proceso (...) No encarcele a la gente por hacer lo que usted como candidato les pidió que hagan", escribe enfáticamente.

Sobre el pedido que hiciera un importante grupo de personas en Cajamarca para que Humala deje el cargo, Gorriti también opinó:

"No persiga a la protesta que no sea violenta. Aunque sea una necesidad pedir ahora la vacancia presidencial, eso no es un delito. Si lo fuera, ¿cuánta gente que pidió la vacancia de Toledo en su momento (y podemos hacer memoria) no debería estar presa?", enfatiza.

CASO ANTAURO

En otro momento de su texto, Gorriti deja a entrever que enviar a la Base Naval a Antauro Humala es una decisión incorrecta que "¿acaso demuestra que el Estado tiene miedo e impotencia?".

"¿Admite el Estado peruano ser impotente como para controlar una prisión civil de alta o mediana seguridad? Corrija el abuso y exija una mínima competencia al INPE", refiere.

PRONUNCIAMIENTO: Sobre los recientes sucesos de Espinar y el cambio de competencia para juzgar los casos de Cusco y Cajamarca

Autor(a): Instituto de Defensa Legal
Perú
01-06-2012     

Ante los recientes sucesos en Espinar, Cusco, el paro indefinido que se desarrolla en Cajamarca y la decisión del Poder Judicial para que los casos de esas zonas sean juzgados en Ica y Lambayeque, respectivamente (Resolución Administrativa 096-2012-CE-PJ), el Instituto de Defensa Legal – IDL quiere expresar ante la opinión pública lo siguiente:

1.    Reiteramos nuestra sentida condolencia a los familiares de las víctimas mortales y nuestra solidaridad con ellos y con los heridos tanto civiles como personal policial. La violencia debe ser rechazada venga de donde venga, sea ésta promovida u ocasionada por los manifestantes, las autoridades gubernamentales o la empresa minera. Ello más aún, teniendo en cuenta que es una violencia que pudo evitarse. El derecho a la protesta social es un derecho legítimo, que debe ser ejercido de manera responsable.

2.    Expresamos nuestra preocupación y rechazo por la manera desastrosa en que el gobierno enfrenta el conflicto social en Espinar. Lo que manifiesta la voluntad del gobierno por criminalizar la protesta social y claudicar en su papel de garante de derechos humanos, además de optar por una posición que se mimetiza con una de las partes del conflicto.
2.1.    Las detenciones ilegales, el uso indebido de armas letales, la siembra de pruebas, la captura de defensores de derechos humanos y tantas otras son herramientas vedadas en una democracia, donde rija el Estado de Derecho y son mecanismos propios de gobiernos autoritarios.
2.2.    No puede iniciarse un diálogo serio con la población que restablezca la paz en la zona de conflicto, si a la par se tiene apresados a sus principales dirigentes, entre ellos el alcalde de Espinar. Por lo que corresponde su liberación inmediata, para que se retomen las negociaciones.
2.3.    Además hubiera sido necesario que la estrategia del gobierno por solucionar el conflicto involucrara a la Vicaría de Solidaridad y otras instituciones con probada vocación por el diálogo y el respeto de derechos, de modo que se cierre el paso a opciones violentistas.

3.    Expresamos nuestra preocupación y rechazo a la resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que ordena que los casos de Cusco y Cajamarca, que se produzcan en medio de las protestas sociales (inclusive los que están en trámite), sean juzgados en Ica y Lambayeque, respectivamente (Resolución Administrativa 096–2012–CE–PJ).
3.1.    La voluntad política del gobierno central por criminalizar la protesta ha sido trasmitida al Poder Judicial y Ministerio Público, en una reunión con el Ministro de Justicia y el Ministro del Interior llevada a cabo el jueves 31 de mayo pasado (tal como lo reconoce la nota de prensa del Poder Judicial) y mediante un oficio reservado cursado por el Ministro del Interior (tal como consta en la cita resolución).
3.2.    Como respuesta a ese pedido, el Poder Judicial emitió una fuertemente cuestionable resolución administrativa, sumándose a la política gubernamental, resquebrajando el principio de independencia judicial externa y poniendo en riesgo la garantía de un juicio debido para las personas involucradas en los actos de protesta.
3.3.    Por eso la Resolución Administrativa 096–2012–CE–PJ es inconstitucional e ilegal. Además, porque no resiste al test de razonabilidad, habida cuenta que el Poder Judicial en la ciudad de Cusco y el de la región Cajamarca se encuentran funcionando normalmente. Eso significa que no hay una privación del derecho de acceso a la justicia, como denuncia la exposición de motivos de la resolución. Además, en la Corte de Cajamarca y Cusco existen jueces honestos que han dado muestras de independencia y capacidad de garantizar un juicio debido. Por el contrario, la obligación de litigar ante las otras cortes coloca barreras de acceso a la justicia para los campesinos y pobladores cusqueños y cajamarquinos, mellando su derecho a la defensa y al juez natural.
3.4.    En ese sentido,  los operadores jurídicos están llamados a preferir la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de la Carrera Judicial y los respectivos códigos sustantivos y procesales para no aplicar la Resolución Administrativa 096-2012-CE-PJ y hacer primar el Estado de Derecho y la independencia judicial.
3.5.    Más aún, en un exceso de la irregularidad, la resolución administrativa ha sido publicada el día de hoy, 01 de junio de 2012, en el diario oficial El Peruano, por lo que entra en vigencia recién mañana y no puede utilizarse para justificar el traslado del alcalde de Espinar a Ica. En consecuencia, el ilegal traslado llevado a cabo hoy no puede justificarse ni por la resolución 096-2012-CE-PJ.

Por lo dicho:

1.    Exhortamos a las diferentes partes del conflicto a que retomen el diálogo y actúen de manera pacífica sin llevar a cabo actos de violencia o medidas reñidas con el Estado de Derecho y así evitar otro innecesario derramamiento de sangre.

2.    Exigimos al gobierno central a que modifique su política de enfrentar los conflictos sociales y que deje de realizar prácticas que son propias de gobiernos autoritarios y no corresponden a épocas de democracia.
 

3.    Solicitamos al Presidente del Poder Judicial y al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que derogue la Resolución Administrativa 096–2012–CE–PJ y que sean garantes de la independencia de su institución y de los jueces de las zonas convulsionadas.
 

4.    Solicitamos al Fiscal de la Nación que garantice la independencia del Ministerio Público y no emita una norma similar a la dictada por el Poder Judicial.
 

5.    Exhortamos a los jueces a hacer respetar la Constitución y la ley y a no aplicar la Resolución Administrativa 096-2012-CE-PJ.

Perú: Publican Guía de interpretación de la Ley de Consulta Previa

Servindi, 23 de febrero, 2012.- El reconocido abogado Juan C. Ruiz Molleda nos ofrece un valiosa obra: se trata de la Guía de interpretación de la Ley de consulta previa de los pueblos indígenas (Ley N° 29785): Análisis, comentarios y concordancias de cada uno de los artículos.(descargar libro con un clic en el enlace o en la imagen)

El objetivo del volumen es “proporcionar un marco interpretativo indispensable para la aplicación e implementación de la Ley a favor de los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”.

Sseñala que “las diferentes normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, entre las que se encuentran las que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, son normas de derecho interno y que en consecuencia son de aplicación inmediata”.

“No lo decimos nosotros, -agrega- lo dice el artículo 55 de la Constitución que prescribe “[l]os tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho”, señala el libro.

“Por todo ello, resulta preocupante la persistencia del desconocimiento y la subutilización de un cuerpo de derechos de los pueblos indígenas de origen internacional”, en referencia a la norma y al actual proceso de reglamentación.

Contenido del libro

Capítulo 1. Nociones básicas sobre la interpretación de normas de rango constitucional sobre pueblos indígenas

Capítulo 2. El derecho a la consulta en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de la Corte IDH y de la Corte Constitucional de Colombia

Capítulo 3. Reconocimiento de los pueblos indígenas por el Estado peruano

Capítulo 4. Comentarios a la Ley N° 29785 que desarrolla el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas originarios, reconocido en el Convenio 169 de la OIT

Capítulo 5. Jurisprudencia nacional y extranjera relevante para la defensa de derechos de los pueblos indígenas

Anexos.

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Guia de Interpretacion de La Consulta Previa