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11 marzo, 2013

La mujer invisible, historia de una visita a la familia Chaupe

Por Alan Ele - (@alanele)

En la primera semana de marzo se realizó en Cajamarca una asamblea en las lagunas de la zona de Conga, que tuvo como conclusión de las organizaciones participantes dar un plazo de quince días a la minera Yanacocha para que retire su maquinaria del lugar. Allí, en las alturas, encontramos a una pequeña mujer, emblema de la resistencia cajamarquina y nacional en torno al derecho sobre la tierra.

Los cerros le roban el ánimo a los cristianos cuando no avanzan rápido; eso asegura, entre bromas y en serio, uno de los recios comuneros que avanza sin pausa entre montes y peñascos por el camino que conduce al mismo corazón de Conga, la laguna Azul. Otro comunero, bolo de coca y cañazo encima, le responde que esas son cojudeces, que hay que avanzar nomás. Los últimos de la caravana vemos como se pierden sus espaldas tras unas enormes y verdes colinas. Ya no están. Nos hemos quedado solos.

Santiago, un carismático antropólogo neoyorquino, avanza a paso acelerado para dar alcance a la primera comitiva encabezada por el líder ambientalista Marco Arana y los dirigentes Milton Sánchez y Eddy Benavides, además de cientos de comuneros que tienen como objetivo la laguna El Perol para realizar una Asamblea de coordinación de resistencia. Santiago, de poblada barba castaña, realiza un doctorado en conflictos sociales y ha elegido a Cajamarca como uno de sus centros de estudio. Es un tipo divertido, hasta que le toca hablar de los derechos del campesino peruano sobre el agua y la tierra, entonces su gesto se torna serio.

Kilómetros adelante, documentalistas canadienses y europeos utilizan mulas para transportas sus carpas y equipos. Tienen tanta resistencia al frío y a la altura que podrían competir con los mismos comuneros de la zona.

Nos hemos quedado atrás. Alguien previó –erradamente- dos horas de caminata desde la comunidad de Jadibamba, donde quedaron estacionados los vehículos, hasta las famosas lagunas en conflicto en el proyecto minero Conga. Para algunos la marcha duró cinco o seis horas, siendo sorprendidos al final del camino por la noche y la niebla cubriendo hasta el último rincón del horizonte.

Horas antes, aún con la luz de la tarde, llegó un momento en que los rezagados nos rendimos y decidimos aguardar el frío y la noche a la intemperie de la jalca, pero un guía, forjado en las artes misteriosas de Huancabamba, brindaba con el cerro para que nos “soltara” y nos dejara seguir. Era necesario brindar con el Apu con harto pisco, bolo de coca e inclusos caramelos de limón. Lo más probable es que la sugestión nos haya ayudado a recuperar las fuerzas y a seguir a paso firme por páramos desolados, ichus húmedos, y bofedales que mojaban hasta las rodillas.

La visión de dos siluetas en el horizonte fue lo más parecido a la alegría de descubrir un continente nuevo. Eran dos comuneros filmando el valle. “Estos trabajan para la mina”, comenta el guía. Los hombres son jóvenes y se ponen algo nerviosos. Estamos esperando a nuestro alcalde, se defienden. No queremos empezar una discusión, les pedimos una indicación y nos la dan. Nos señalan un extraño oasis en medio de tanta soledad, una carretera resguardada por dos ómnibus de la Dinoes.

Avanzamos por más peñas magistrales y riachuelos, y por fin flanqueamos el camino. Luego rodeamos una tranquera y subimos hasta un bosque de piedras, el mismo que sirvió de fortín para que los emblemáticos Guardianes de las lagunas acampasen en forma rústica, entre palos y plásticos, y vigilasen que no se acerquen la maquinaria de la mina y los efectivos policiales contratados por Yanacocha.

Una casa solitaria se erige en esas alturas de la comunidad denominada Tragadero Grande, le pertenece a la familia Chaupe. Es la última casa del lugar.

El sol, que es un brillo fantasmal, está a punto de ocultarse tras la enorme cordillera que enmarca la laguna Azul. Su brillo rebota apenas sobre el agua, y la niebla que nos rodea es un humillo rastrero. En ese pequeño bosque de piedras encontramos a Máxima Acuña Atalaya, la mujer emblema de la resistencia cajamarquina.

Máxima Acuña es costurera, tiene 42 años y es natural del caserío de Marcucho, distrito de Sorochuco – Celendín, tiene el gesto curtido pero la sonrisa amable, en casa la acompañan sus cuatro hijos y su esposo, el comunero agricultor Jaime Chaupe Lozano; pero ella es conocida en varias partes del mundo como la Señora Chaupe, a secas.

La lluvia vuelve a caer por veintiunava vez ese día, y la Señora Chaupe nos invita a guarecernos bajo un plástico azul. El frío es increíblemente intenso, y bajo ese plástico nos permite hacerle algunas preguntas.

¿Cuál fue el resultado del proceso judicial que tiene por estas tierras con la minera Yanacocha?

La fiscalía y los jueces de Celendín en vez de seguir mi caso dicen que han perdido los documentos que presenté en la misma mesa de partes, y al final le han dado la razón a los ingenieros de Conga de que yo estoy usurpando sus terrenos cuando eso no es verdad. Y me han dado una sentencia de pena suspendida donde yo debo firmar cada cierto tiempo, además de pagar 200 soles como reparación civil a la minera. Existe justicia para el pobre, dígame usted.

¿A quién le pertenece exactamente el terreno que estamos pisando?


Esta tierra que estamos pisando, donde están nuestros hermanos ronderos, los Guardianes de las lagunas, es de mi propiedad; y colinda con los terrenos comprados por la mina. Yo exijo que Yanacocha respete la linderación, los terrenos de nuestros hermanos campesinos, y que no invada nuestras propiedades. Yo tengo mi certificado de posesión de compra y venta de esta zona. Pero la empresa, servida de la prensa vendida, sale a decir que todito esto es de ellos por derecho, cuando en realidad está usurpando nuestra dignidad.

¿Cómo adquirieron ustedes estos terrenos?

Todos estos terrenos han sido antes una comunidad, y las autoridades de esta comunidad hicieron llamar a los comuneros de Chugurmayo, Cruzpampa y Salacate para hacer una división y entregar a cada uno su parcela con su respectivo documento y su certificado de posesión. Con el tiempo muchos comuneros han hecho sus traspasos o han vendido sus terrenos porque ya no querían vivir en estas alturas. Mi terreno me costó mi plata y lo compré en el año 1994. No es que yo haya venido a invadir como la mina lo dice en los medios de comunicación echados. Yanacocha ha dicho primero que le compró las tierras a la comunidad, luego dizque a los colindantes, pero en los documentos presentados ante la policía del distrito de Sorochuco dice que compró los terrenos a mi suegro Esteban Chaupe Rodríguez, y eso deja mi terreno libre. Nunca he vendido a nadie mi terreno.


¿Cuántas veces la han intentado desalojar?

Desde el 22 de mayo del 2011 que han intentado pegarme, quitarme mis cosas, quemarme mi choza, botaron mis linderos, han desmayado a mis hijos. Mi hija de dieciocho años tuvo que arrodillarse frente a una maquinaria diciéndoles que la pasaran por encima si querían seguir, ahí la golpearon en la cabeza. Luego, en agosto, que se llevaron mis maderas, mis cosas, mi comida, todo lo han llevado a sus oficinas en la mina. Recién a los quince días han llevado las cosas a la fiscalía de Celendín. Y cuando fui a ver al fiscal dijo que no sabía nada y que no tenía nada. Después con sus maquinarias y su Dinoes han matado incluso mi perro pastor y se han robado a dos de mis ovejas en medio de risas y carcajadas. Yo soy una mujer pobre que vive de hilar y tejer, y de vender lo que confecciono. Mi esposo se dedica a la chacra para comer lo que sembramos, y ahorita la mina quiere que les paguemos reparación civil.

¿Hasta cuándo cree que pueda resistir el inevitable desalojo?

Voy a apelar a las instancias de la ciudad de Cajamarca, si no me dan la razón, iré a instancias más altas. ¿Hasta cuándo resistiré?, hasta que me mate la Dinoes, pues será. Pero eso sí, siempre luchando. Y Conga no va.

La lluvia arrecia y ya no es posible seguir en ese lugar. La señora Chaupe invita a los comuneros a pernoctar en su casa. Bajamos la colina y la oscuridad no deja ver ni siquiera nuestras propias manos. Aves chillonas cruzan nuestras cabezas mientras los perros ladran a la distancia. El miedo puede ser una alerta necesaria. El suelo lodoso requiere pisadas precisas y fuertes, y la luz de un fogón nos indica el camino hacia la casa. Somos varios, pero siempre hay forma de acomodarse. Nuestro aliento es puro humo. Estamos a bajo cero.

Los comuneros que llegaron hasta la misma laguna El Perol y que están de regreso comentan que una fila de maquinarias de la minera salió en huida al verlos llegar. Están removiendo tierra a quinientos metros de la laguna, aseguran. Hemos constatado que Conga nunca paralizó, concluyen. También comentan que los dirigentes pusieron una denuncia ante la fiscalía de prevención del delito por las tranqueras que coloca Yanacocha en las carreteras que son de libre tránsito.

Los comuneros son hombres recios, de caras tostadas por el sol y el frío. Ya en confianza, empiezan los chistes y la chacota, la casa invita la coca para el bolo y ellos ponen el cañazo. Se reparten caramelos, mientras los Chaupe preparan una sopa caliente revive muertos mezcla de arroz, fideos y arvejas. También comparten unas aguas calientes hechas con hoja de berenjena.

Hay luces que se acercan, algunos temen que sea la Dinoes provocando como siempre. Pero, no. Son Marco Arana, su agente de seguridad, y el dirigente de la PIC (Plataforma Interinstitucional Celendina) Milton Sánchez. Están empapados como todos. El fogón se convierte en un secador improvisado de medias, zapatos y pantalones. Algunas medias se calientan más de lo debido y se cocinan con las cenizas.

Solo las velas alumbran la noche, no hay luz eléctrica, y los celulares deben cargarse al bajar al pueblo una o dos veces por semana.

Los comuneros cuentan historias de fantasmas y comparan habilidades para los chistes. La coca y el cañazo los mantienen despiertos hasta bien entrada la madrugada. Pero es a las tres de la mañana cuando el frío se vuelve insoportable a pesar de los ponchos y frazadas. El hombre de la casa, don Jaime Chaupe, cuenta que alguna vez los funcionarios de la mina y los fiscales le pidieron hacer un trato para vender sus tierras a un precio considerable, pero no aceptó.

Son las cuatro y media de la mañana, y lo primero que hace Máxima Acuña Atalaya, alumbrada apenas por una linterna, es pelar papas y dejar todo listo para que su nuera preparare el almuerzo durante el día. En medio de la oscuridad, una presencia. Es Santiago, el antropólogo neoyorquino, llega mojado diciendo que ha vivido un infierno congelado al perderse en el camino. Le brindan un lugar para dormir.

Es viernes, 5:30 a.m., día de mercado. La Señora Chaupe lleva un pesado quipe y, junto a su esposo, toma la combi que la llevará a la comunidad de Santa Rosa para vender sus productos. Se despide de los comuneros y dirigentes.

La claridad de las mañanas a 4 000 metros de alturas impacta en las retinas no preparadas.

La Dinoes, desde sus buses, vigila a los Guardianes de las lagunas, camionetas de la minera filman todo a cierta distancia, y agentes del Ministerio público -con chalecos antibalas- hacen presencia constante. Será una semana movida y fría para todos.

05 marzo, 2013

DENUNCIAN A YANACOCHA POR BLOQUEO ILEGAL DE VIAS PUBLICAS

Foto tomada el pasado 28 de febrero de 2013, SECURITAS cerrando acceso a via publica. Foto: Internet

El día 28 de febrero a las 19.17 horas, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Celendín, en la persona de los Dres. Gloria Torres Díaz y Marco Terán Arribasplata constata la comisión de un presunto ilícito que es denunciado por Milton Sánchez Cubas, presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC). El defensor ambientalista denuncia a Minera Yanacocha-Conga por presunto delito de perturbación a los medios de transporte y comunicación en la vía pública. En el acta fiscal se deja constancia que la empresa minera a través del personal de seguridad de Securitas (Ex Forza) y con colaboración de la Dinoes ha puesto una tranquera de tubos de fierro que impiden el libre tránsito en la carretera pública que conduce al Centro Poblado Menor Santa Rosa, Distrito de Huasmín, provincia de Celendín.

En el acto de constatación estuvo presente por parte de minera Yanacocha un funcionario de seguridad de la minera, Paul Sagástegui Alvarez, identificado con DNI 09450949.

El acta da cuenta de que la tranquera que impide el libre tránsito hacia el distrito de Huasmín está en las cercanías de la laguna Azul. Los comuneros presentes en el momento de la constatación fiscal refieren que la vía pública tiene una antigüedad aproximada de 30 años, es decir diez años antes de que llegara la empresa minera a Cajamarca y muestran su justo reclamo además porque la laguna azul es un recurso hídrico que es del Estado y que como se estipula en la legislación peruana al ser un bien público es de libre acceso. No obstante, la empresa Securitas que proporciona servicios de seguridad a Yanacocha ha impuesto una tranquera de tubos de fierros con un candado al centro y al costado una garita de control y vigilancia que solo permite el acceso de vehículos de la empresa minera o la policía nacional que trabaja contratada para la minera, mientras que impide el libre tránsito de los pobladores que tienen una actitud opuesta a la imposición del proyecto minas Conga a los cuales se les impide el paso, se les filma y aún con apoyo de la Dinoes se les exige identificarse para ser registrados lo cual vulnera definitivamente el derecho de libre tránsito. (Fotos adjuntas)

El ingeniero Paul Sagástegui del personal de seguridad de Yanacocha firma el acta fiscal argumentando “que la tranquera existe por es propiedad de su representada”. Milton Sánchez por su parte, denuncia que la tranquera que viola el derecho de libre tránsito ha sido instalada desde hace un año sin que la autoridad impida la comisión de este delito.

El día sábado 02 de marzo a las 10 am, los fiscales de la Fiscalía Provincial Especializada en prevención del Delito de Cajamarca , doctores Sandra Flores y Johny Díaz toman constancia en acta fiscal de denuncias de ronderos sobre abusos policiales y piden se investigue a los que han intervenido en el desmantelamiento del campamento de los guardianes de las aguas en terrenos de propiedad privada de la familia Chaupe hecho ocurrido el 10 de enero pasado, igualmente piden que se investigue a Yanacocha por el delito contra libre tránsito al haber instalado dos tranqueras y casetas de control que impiden que los pobladores y los guardianes de las aguas se desplacen libremente por la carretera a Huasmín.

La instalación de las tranqueras que impiden el libre tránsito en las vías públicas apunta a amedrentar a los defensores de las aguas o hacer desistir a quienes circulen por las lagunas que van a ser destruidas por minas Conga ya que la policía los interviene arbitrariamente como ha ocurrido con periodistas o investigadores académicos nacionales y extranjeros. La ilícita situación reviste gravedad cuando se impide la libre circulación del personal de salud del puesto de Santa Rosa como ocurrió el día 1ro de marzo por la tarde o se impidió el derecho de tránsito a Elmer Campos, un rondero con discapacidad desde que una balacera policial le causó paraplejia.

Cajamarca, 04 de marzo 2013.
Observatorio de Conflictos Mineros.GRUFIDES.

04 febrero, 2013

Violence in Conga (Perú): Invasion, Physical Detention and Destruction of Property of the Chaupe Family by National Police

Today, 30th January 2013 at 10am, 60 DINOES (Special Operations Unit of the National Police of Peru) forcibly entered the property of the Chaupe family and physically detained Señora Maxima Chaupe, her husband Jaime and 21 year old son Daniel. They then proceeded to destroy the camp of the Guardians of the Lagoons which is based on the private property of the family.



Foto: Mamágrande Films / Milton Sánchez

Señora Maxima Chaupe had been attending to her sheep when approximately 60 DINOES entered her property without invitation. They were armed and equipped with riot gear, and their dogs began to attack the sheep. When Señora Chaupe attempted to defend her animals 8 DINOES tried to grab her -‘Entre 8 me han querido agarrar pero no me dejado, he corridor, he gritado’ (Between 8 of them they wanted to grab me and they wouldn’t leave me alone, I ran, I screamed). Shortly after this two DINOES did manage to physically detain her, along with her husband and son.

When asked the reason for this invasion the police questioned the whereabouts of the Guardians of the Lagoons – who have been camped on the private property of the Chaupe family since 8th October 2012 and who have been watching for illegal activity by Minas Conga (the mining project of Yanacocha which has been officially suspended after intense public opposition). The Chaupes informed the DINOES that the Guardians had left the camp at 6am to attend a conference in Celendin. The DINOES then proceeded to destroy the camp of the Guardians. They pulled down the shelter and burned the food and firewood. They left nothing of the camp intact. After two hours of forcible physical detention they left the property but are still present directly outside in police vehicles.

The DINOES regularly enter the property of the Chaupe family without invitation and have on two previous occasions destroyed property and forcible detained the family. On 9th August 2011 more than 100 DINOES entered, again with representatives from Minas Conga, destroyed the family home, killed several of their animals, held the family at gunpoint and physically assaulted Señora Chaupe, her daughter and son. Her son was so severely injured that he had to spent several months in hospital and until recently has needed continuous medical attention.

Minas Conga – majority owned by Colorado based Newmont Mining Corporation, and partly owned by Peru's Compañía Buenaventure and the World Bank, want to obtain the land of the Chaupe’s as it is one of the few properties they have not been able to buy in the area where they wish to carry out Project Conga. In order to extract the gold and copper from below the lagoons, this project is projected to extract 92 thousand tons of rock every day for 17 years, and to dump 80 thousand tons of waste into the water supply of Celendin, Bambamarca and Cajamarca. The vast majority of inhabitants of this region are opposed to this project. In July 2012 five protesters were shot dead by the national police and military in the cities of Celendin and Bambamarca and many more injured. There have also been reports of torture of protesters and activists in police captivity.

For more information please contact Lynda Sullivan on 955885946 or by email at sullivanlynda@hotmail.com (in English). Or visit www.lyndainlatinamerica.wordpress.com

09 noviembre, 2012

Yanacocha: una larga trayectoria de confrontaciones y delitos ambientales, Cronología de los últimos 20 años en Cajamarca.

Cronología de los últimos 20 años en Cajamarca, desde el Inicio de operaciones de la Minera Yanacocha (MY) en 1992 hasta la actualidad, Julio 2012. Para entender que el conflicto no nace de la noche a la mañana, sino es una larga trayectoria de confrontaciones y delitos medio ambientales.

23 julio, 2012

Acusan a sujeto de querer asesinar a presidente regional de Cajamarca

Acusan a sujeto de querer asesinar a presidente regional de Cajamarca

Hoy los ronderos de la comunidad El Tambo, distrito de Bambamarca, provincia cajamarquina de Hualgayoc, presentarán a un sujeto, presuntamente contratado para asesinar al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos.

Eladio Huamán, presidente del Frente de Defensa de la comunidad El Tambo, identificó al sujeto como Carmen Edwin Idrogo López (19), a quien lo intervinieron en la tercera cuadra del jirón Ancón, en Cajamarca por un robo menor; sin embargo, en el transcurso de las investigaciones declaró  que intentó asesinar al presidente regional, Gregorio Santos, pero le tembló la mano al momento de querer disparar.

Carmen Edwin Idrogo López (19) firmó un acta donde indica haber contactado a delincuentes de Trujillo, Chiclayo, y de la selva para acabar con la vida de los dirigentes antimineros y les pagarían 12 mil soles a cada uno.

El sujeto fue llevado hasta la comunidad El Tambo en Bambamarca, por motivos de seguridad, donde hoy será presentado a los medios de comunicación y puesto a disposición del Ministerio Público, con la finalidad que se prosigan con las investigaciones respectivas.

Fuentes: RPP Noticias

Humala emplea la fuerza militar para frenar conflictos antimineros

Informe. OCM afirma que en Perú se ignoran los estudios de impacto ambiental

mediación. El sacerdote Miguel Cabrejos habla a pobladores de Cajamarca.

La Razón / EFE, Lima
00:32 / 22 de julio de 2012

Ante los conflictos mineros que afectan al Perú, el presidente Ollanta Humala ha empleado la misma represión y persecución a los dirigentes sociales, ambientalistas y autoridades locales que sus predecesores, a pesar de comprometerse a no hacerlo. 

Así lo establece el informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) en el Perú, mismo que destaca que el Gobierno aplicó un “manejo militar” en los últimos conflictos antimineros, como “la declaración de estados de emergencia, la militarización de las calles y abusos de las fuerzas del orden que ya han provocado la muerte de 17 personas” durante las protestas.

Desde 2007, el Observatorio supervisa la actividad minera en las regiones de Cuzco, Cajamarca, Junín, Apurímac y Piura ante el creciente clima de protestas sociales.

En su análisis, señala que los estudios de impacto ambiental, realizados para autorizar concesiones mineras y extractivas en Perú, son insuficientes y han quedado desfasados porque sólo permiten medir los impactos por cada proyecto, pero se desconoce lo que sucede en una misma zona cuando se piensa desarrollar dos o tres proyectos a gran escala a la vez.CASOS. Cajamarca es uno de los ejemplos más representativos de la evolución de los conflictos mineros en el Perú por la oposición de sus autoridades regionales al proyecto Conga, donde la empresa Yanacocha planea extraer oro tras vaciar cuatro lagunas con una inversión de $us 4.800 millones.

Según el informe, “de cómo se resuelva el conflicto de Conga va a marcar la pauta respecto a otros conflictos”, pues Humala se manifestó en campaña electoral a favor de respetar el agua, antes que el oro. No obstante, se desconoció el estudio de impacto ambiental de Conga, en el que el Ministerio del Ambiente reconoció “el impacto negativo que sufrirían las cabeceras de cuenca y la depredación de los ecosistemas frágiles”.

 La actividad de Yanacocha en otros yacimientos de Cajamarca ha llevado “progreso” a esa región, pero el 40% del valle ha desaparecido, hay racionamiento de agua y cada día crece la prostitución y la delincuencia, anota el informe.

En el Cuzco, las autoridades del distrito de Espinar también protestaron contra Xstrata, que explota el yacimiento Tintaya, por la existencia de 28 personas contaminadas con mercurio, 24 con arsénico y 10 con valores de cadmio.

Los proyectos mineros que se ejecutan en Apurímac, Junín, Piura o Cuzco también están observados. Apurímac tiene el 58,8% de su territorio con concesiones para la minería, la región Cajamarca tiene el 48%, Junín el 25,9%, Piura el 31% y Cuzco el 21% de su geografía.

Perú no tiene una ley de Ordenamiento Territorial que regule el uso, la ocupación, la transformación del territorio y que propicie su uso sostenible, concluye el informe. Situación en el problema sobre minasHuelgaDesde el 31 de mayo los pobladores de Cajamarca mantienen una huelga indefinida en defensa del medio ambiente y contra el proyecto Conga, que prevé una inversión de $us 4.800 millones, por lo que han suspendido las clases escolares.PérdidasSegún la Cámara de Turismo de Cajamarca, la  región pierde al día un millón de soles (unos $us  378 mil) tras los violentos sucesos ocurridos y por el estado de excepción en la zona. El Gobierno mantiene su posición de apoyo al proyecto minero. EFE, Lima Las crisis forzaron 3 estados de excepción AFP

Como señal de que las protestas son un dolor de cabeza para su gobierno, el mandatario Ollanta Humala decretó tres veces el estado de excepción en distintas ciudades del país, fundamentalmente por conflictos vinculados a la minería, recuerdan analistas.

Por ello, la imagen del Jefe de Estado del Perú sufrió los embates de ese costo: su desaprobación alcanzó el 51% en julio, su nivel más alto desde que juró el 28 de julio de 2011, según un sondeo de Ipsos Apoyo realizado a 1.200 personas.

Ésta “es una gestión en piloto automático”, mientras que “la inestabilidad social afecta las expectativas de los inversores”, dijo el  economista Jorge González Izquierdo.

Humala, excomandante del Ejército de 50 años, tampoco ha respondido como se esperaba al problema de la seguridad. “Es uno de los puntos más flojos de su gestión”, señaló el analista Mario Ghibellini.

“La gente tenía la fantasía de que por ser un militar iba a dar orden y represión selectiva para cortar crímenes, pero (aquello) no se ha cumplido”, sostuvo.

Asimismo, agregó, el control del narcotráfico en el Perú      —uno de los mayores productores mundiales de cocaína según la ONU— es percibido como uno de los aspectos más débiles de la gestión de Humala. Un año con deficiencias en el manejo de disturbiosEn 12 meses, 17 muertos y más de 2.300 heridos en protestas del sector AFP - Lima

El mandatario Ollanta Humala cumplió su primer año de gobierno con serias deficiencias en el manejo de conflictos sociales y en el control del narcotráfico, pero con aciertos en el campo económico, señalan analistas y expertos.

Las protestas contra varios proyectos mineros, en defensa del agua y del medioambiente, se convirtieron en la piedra en el zapato de Humala por su alto costo social: 17 civiles muertos y más de 2.300 heridos en diferentes conflictos en los últimos 12 meses.

El Gobierno “desaprovechó sus primeros 12 meses de gestión sin reformas estructurales que son necesarias en el Perú, especialmente en el campo de la salud y la educación. Tampoco hubo ninguna reforma del Estado y ningún programa agresivo de infraestructura a nivel nacional”, lamentó el economista Jorge González Izquierdo.

“Los conflictos dominan la escena, porque no hay un manejo adecuado de ellos en la medida que no hay partidos políticos fuertes en las regiones donde ocurren y son reemplazados por grupos locales que se desarrollan en torno al conflicto”, dijo el exministro del Interior Fernando Rospigliosi.

15 julio, 2012

@pavese - Silva Santisteban: Cuando la pinta se borró el muerto seguía bien muerto

Bala sin percutar encontrada por un poblador de Celendin

Por: Rocío Silva Santisteban - @pavese
Foto: Jorge J. Chavez Ortiz - @ChavezWar

Los discursos encendidos de Huamán, Diez Canseco o Lourdes Huanca; la inmensa bandera verde y ecológica bordada por manos cajamarquinas y traída desde allá por dos estudiantes universitarios; e incluso los desbandes del Movadef, así como el tema de fondo de la marcha, los 15 decesos ocasionados por este gobierno durante diversos conflictos sociales, han pasado a la amalgama de noticias colaterales porque la prensa limeña le ha dedicado todos sus titulares a las pintas ocasionadas por unos jóvenes en el monumento de José de San Martín en la plaza del mismo nombre durante la jornada de movilización el día 12 de julio.

En efecto, la marcha fue pacífica, convocó a más de 15 mil personas, hubo cuadras de cuadras de gente riendo y tocando sus batucadas al lema de “agua sí/oro no”, pero todo, todo, todo quedó reducido al marco teórico de un solo gesto: las pintas. Unos jóvenes cuyos rostros fueron captados por Canal N realizaron pintas con esténciles y sprays de color rojo y la prensa se rasgó las vestiduras; el Presidente de la República salió a dar declaraciones; el ministro de Cultura también hizo lo propio y el procurador de la Municipalidad de Lima se apersonó a la comisaría para sentar la denuncia. Todo en una.

Apenas terminada la marcha, cuando la gente se dispersaba, hubo en tres de los lados de la plaza inusual presencia de policías. Un conato de pelea surgió hacia la base del monumento: era gente del Movadef que discutía con un grupo. Fueron echados por estos jóvenes, pero de inmediato la Policía se acercó corriendo y todo fue un desbarajuste. No se detuvo a nadie. Yo estaba ahí: no me lo han contado. Posteriormente los policías siguieron a varias personas y a cinco de ellas las detuvieron. Incluso entraron a los bares del jirón Quilca y de ahí sacaron a unos y a otros los tomaron caminando por los alrededores de la plaza. Detuvieron a Adrián León Lostanau (20), Katherine Alejandra Dávila Acosta (23), Reynaldo Aragón Olazkagua (22), Carlos Alberto Castro Segura (22) y Luis Alberto Vargas Helm (22). Todos estudiantes, cuatro de la Pontificia Universidad Católica.

Al cerrar este artículo los habían trasladado a Seguridad del Estado, y solo porque la defensora adjunta de Derechos Humanos, Gisella Vignolo, hizo las llamadas necesarias, la abogada de la Coordinadora de Derechos Humanos pudo entrar a ver a los detenidos que aún no tenían abogado, para que puedan dar su defensa al amparo de un letrado. Estos jóvenes estudiantes universitarios detenidos no fueron los que salieron en las cámaras de Canal N haciendo las pintas. ¿Por qué estaban ahí entonces? Porque tenían en sus manos y mochilas los instrumentos del crimen: pintura en spray y esténciles. Y mis trolles en el Twitter gritaban al unísono: “pena de muerte para los grafiteros”. El mal banal: Hannah Arendt, te debes revolcar en tu tumba.

Es patético que la prensa se indigne por las pintas (que obviamente rechazamos), por las banderas verdes en los ataúdes, por la “provocación” de Marco Arana al sentarse en un banco con un letrero, y minimice hasta la vergüenza a los asesinados por balas Galil de fusiles israelíes en Celendín y por los otros peruanos muertos en Espinar, Sechura, Paita o Cañete, así como por la fractura en el maxilar superior del ex sacerdote y, obviamente, invisibilice la cantidad de gente que salió a las calles el jueves pasado.

Pero el pueblo no es bruto, aunque los medios aliados al gran capital y ahora a los más altos estamentos del Estado sean tan brutos de creer que sí.

Celendín de luto: pobladores lloran a sus muertos

13 julio, 2012

#YANACOCHA: GRUPO DE POBLADORES INVADIÓ PROPIEDAD DE PROYECTO CONGA

Hecho ocurrió en la zona de Quengorrío Alto, en Bambamarca

Un grupo de aproximadamente 80 pobladores que pertenecerían a los poblados de El Tambo y Bambamarca, ingresó esta tarde a la propiedad privada del Proyecto Conga por el acceso principal ubicado en el caserío de Quengorrío Alto, distrito de Bambamarca.

Este ingreso se realizó sin ninguna comunicación previa con la empresa ni con alguno de sus representantes, y en plena vigencia del Estado de Emergencia en la zona.

Tras el ingreso a la propiedad, un grupo de efectivos de la Policía Nacional persuadió de manera pacífica a los manifestantes para que se retiren del lugar. Dos horas después de haber ingresado, el grupo de pobladores se retiró también de manera pacífica.

Yanacocha se reafirma en el diálogo como única vía para alcanzar la paz social y el desarrollo sostenible, y llama a la cordura a los grupos que están realizando este tipo de acciones, las mismas que no aportan a la construcción de un diálogo que favorezca a todos.

Cajamarca, 12 de julio de 2012
Gerencia de Comunicaciones

88 Organizaciones Condenan las Violaciones de los Derechos Humanos en el Perú

PRONUNCIAMIENTO DE ORGANIZACIONES AMBIENTALES Y DE DERECHOS HUMANOS ANTE REPRESIÓN Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN PERÚ

Las organizaciones abajo firmantes expresamos profunda preocupación en cuanto a las acciones del gobierno peruano que demuestran una creciente represión de la libertad de expresión, brutalidad policial, y violaciones a los derechos humanos. Hacemos un llamado al gobierno peruano a poner alto de inmediato a estos abusos, y buscar una solución pacífica, basada en el diálogo, a los conflictos relacionados con los proyectos extractivos en Perú.

Nos consterna que el gobierno de Perú ampare los proyectos extractivos reprimiendo con violencia la oposición de la comunidad. Nuestras organizaciones respaldan los derechos de las comunidades a la protesta pacífica y no violenta. Denunciamos cualquier forma de violencia.

En el último año, los conflictos sociales en Perú han aumentado drásticamente, llegando a más de 240 en la actualidad. Una buena parte de estos conflictos surgen debido a que los proyectos de la industria extractiva no obtienen el consentimiento de las comunidades. En concreto, la falta de consentimiento ha sido el catalizador principal en los crecientes conflictos sociales en Perú.

Durante las últimas semanas, la comunidad internacional ha notado la intensificación de estos conflictos sociales y la respuesta violenta y de mano dura reprimiendo la oposición comunitaria. Muy recientemente, la policía abrió fuego contra manifestantes opuestos al proyecto minero Conga de la empresa minera Newmont, el cual representa una amenaza de contaminación y sequía de los recursos hídricos en la región. Desde principios de julio del corriente año, las agresiones policiales han resultado en la muerte de cinco personas y numerosos heridos en Bambamarca y Celendín.

La detención violenta del Padre Marco Arana y la brutalidad y abusos a los que fue sometido a manos de la policía mientras participaba en una vigilia silenciosa en Cajamarca es preocupante.

Instamos al gobierno de Perú a que tome las siguientes medidas inmediatas:
  •  Detener de inmediato la represión y los ataques violentos en contra de manifestantes;
  • Levantar el “estado de emergencia” que viola los derechos de ciudadanos y  ha llevado a la militarización de la región, lo que podría resultar en nuevos actos de violencia;
  • Llevar a cabo inmediatamente una investigación sobre la violenta detención del Padre Marco Arana, y la intimidación de otros dirigentes de la oposición al proyecto Conga; 
  • Establecer  una política de consentimiento de las comunidades antes de cualquier proyecto de la industria extractiva, ya que la falta de consentimiento es el principal causante de conflictos sociales en Perú.
También instamos a la empresa minera Newmont, encargada del proyecto Conga, a que se pronuncie públicamente en contra de la represión violenta de las libertades civiles y el acoso de manifestantes que se oponen a la mina, por parte del gobierno peruano. Se le solicita a la empresa que no proceda con este proyecto sin obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas.

En tanto parte de una amplia red de organizaciones internacionales de la sociedad civil, vigilaremos de cerca la situación en Perú. Seguiremos informando a las autoridades en Norteamérica y a nivel internacional, encargados de tomas de decisiones y medios de comunicación sobre las acciones represivas del gobierno peruano y la oposición de las comunidades al proyecto minero Conga.

Por último, expresamos nuestra solidaridad con las comunidades afectadas, organizaciones, autoridades locales,  y especialmente las familias de víctimas en Perú.

Firman,

350.org (EEUU)

Acción Ecológica (Ecuador)

Amazon Watch (EEUU)

American Baptist Home Mission Societies

ArtAndes (EEUU)

Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta ADES Santa Marta (El Salvador)

Asociación para el Desarrollo de El Salvador CRIPDES (El Salvador)

Asociación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal en El Salvador CORDES  (El Salvador)

Asociación Pluriculturalidad Jurídica de Guatemala (Guatemala)

Canadian Union of Postal Workers – Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) (Canadá)

Canadian Union of Public Employees (Canadá)

Canadians Against Mining Injustices in Peru (Canadá)

CATAPA (EEUU)

Center for Alternative Mining Development Policy (EEUU)

Center for Constitutional Rights (EEUU)

Center for Constitutional Rights (EEUU)

Center for International Environmental Law (CIEL) (EEUU)

Center for Justice & Accountability (EEUU)

Centro de Investigación sobre Economía y Comercio CEICOM (El Salvador)

Coalition Québécoise sur les impacts socio-environnementaux des transnationales en Amérique Latine (QUISETAL) (Canadá)

Columbian Justice and Peace JPIC (Reino Unido)

Columbia Law School Human Rights Institute (EEUU)

Comité Ambiental de Cabañas CAC  (El Salvador)

Common Frontiers (Canadá)

Conference of Major Superiors of Men (EEUU)

CONGA NO VA (Canadá)

EarthRights International (EEUU)

Earthworks (EEUU)

Environment and Human Rights Advisory (EEUU)

Environmental Investigation Agency (EEUU)

Foreign Policy In Focus (EEUU)

Foundation Earth (EEUU)

Friends of the Earth – United States (EEUU)

Friends of the Earth Canada (Canadá)

Friends Victoria (EEUU)

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD  (El Salvador)

Global Concerns Committee, Montclair Presbyterian Church (EEUU)

Global Exchange (EEUU)

Global Greengrants Fund

Global-Local Links Project & Global Community Rights Framework Initiative (EEUU)

Golden Dolphin Films (EEUU)

Government Accountability Project (EEUU)

Grand Riverkeeper (EEUU)

Great Basin Resource Watch (EEUU)

Green Hearts Project

Green Hearts Project (EEUU)

Guatemala Human Rights Commission (EEUU)

ICCO / KIA (Netherlands)

Indigenous Environmental Network

Indigenous Peoples Solidarity Movement Ottawa (Canadá)

Institute for Policy Studies, Sustainable Energy & Economy Network (EEUU)

International Accountability Project (EEUU)

International Forum on Globalization (EEUU)

International Rivers (EEUU)

Joining Hands Coordinating Team, Presbytery of San Francisco (EEUU)

Laguna Acoma Coalition For A Safe Environment (EEUU)

Land is Life (EEUU)

Latin American Studies Alumni SUNY Plattsburgh

Maritimes – Guatemala Breaking the Silence Network (Canadá)

Maryknoll Office for Global Concerns (EEUU)

Medical Mission Sisters’ Alliance for Justice (Reino Unido)

Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador (El Salvador)

Minding our Mines (EEUU)

MiningWatch Canada (Canadá)

Missionary Oblates of Mary Immaculate, Justice, Peace and Integrity of Creation (EEUU)

Movimiento Unificado Francisco Sánchez 1932 MUFRAS 1932 (El Salvador)

NALACC (EEUU)

Oxfam America (EEUU)

Partnership for Earth Spirituality (EEUU)

PLAN Action Fund (EEUU)

Polaris Institute (Canadá)

Progressive Leadership Alliance of Nevada

Project of Heart (Canadá)

Puchka Peru (EEUU)

Rainforest Action Network (EEUU)

Responsible Sourcing Network (EEUU)

Responsible Sourcing Network a project of As You Sow

SAKBE, Comunicacion y Defensa para el Cambio (México)

SalvAide (Canadá)

Sisters of Mercy of the Americas Institute Justice Team (EEUU)

Tri-State Coalition for Responsible Investment (EEUU)

Unidad Ecológica Salvadoreña UNES (El Salvador)

United Steelworkers (Canadá)

United Steelworkers, AFL-CIO (EEUU)

Victoria Mining Justice Committee (Canadá)

Washington Office on Latin America (WOLA) (EEUU)

Yukon Conservation Society (Canadá)

23 junio, 2012

Defensor emplaza a ministro del Interior por golpiza a comisionada

Defensor emplaza a ministro del Interior por golpiza a comisionada

El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, denunció maltratos físicos cometidos por miembros de la Policía Nacional contra la comisionada de esta institución en Cajamarca, Genoveva Gómez, quien acudió a la sede de la Región Policial para conocer la situación de seis personas detenidas durante la protesta contra el proyecto minero Conga.

Según explicó, la comisionada llegó hasta el área de detención de la dependencia policial y ahí pudo observar a varias personas tiradas en el suelo gritando. Este hecho alarmó a la funcionaria, quien se disponía a dialogar con el director de la dependencia, cuando fue acorralada por unos 20 policías.

Fue en ese preciso momento cuando, en medio de insultos, Genoveva Gómez fue golpeada por los policías. Primero la empujaron y luego la jalaron de los cabellos. Asimismo, intentaron arrebatarle su credencial de identificación de la Defensoría del Pueblo hasta que finalmente fue expulsada de la instalación. Este hecho fue corroborado por la representante de la Coordinadora de Derechos Humanos, Amparo Abanto, quien se encontraba acompañando a la comisionada y quien también fue víctima de atropellos, pues recibió golpes e insultos de los mismos agentes.

Frente a esta situación, el defensor instó al ministro del Interior, Wilver Calle, a que investigue y sancione a los responsables de la brutal golpiza. “En todo momento la comisionada Gómez se identificó como personal de la Defensoría del Pueblo y trató de explicar el objetivo de su presencia y las facultades legales que respaldan su actuación en situaciones de este tipo, pero no fue oída. Esta es la primera vez, en 15 años, que sucede una agresión y obstrucción a la labor constitucional de un funcionario de la institución”, increpó Eduardo Vega.

Por su parte, el Jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca, Agustín Moreno, exigió una investigación seria por parte del Ministerio Público. Asimismo, precisó que la funcionaria agredida se encuentra con múltiples golpes en el cuerpo, lo que será corroborado por el informe del médico legista.

Moreno aseguró que el móvil de este brutal hecho, se debe a que trataron de ocultar los golpes que propinaban a los detenidos. “Le pegaron para que no vea lo que estaba sucediendo. Ella (Genoveva Gómez) escuchó los gritos y cuando quiso ingresar, no tuvieron mejor opción, que golpearla. Este acto es tan irrazonable”, declaró el funcionario a diario16.

Asimismo, sostuvo que existen testigos, entre ellos, un trabajador de la Defensoría, los mismos detenidos, y otros policías, quienes observaron las agresiones contra las abogadas. Ante ello, aseguró que exigirán una investigación inmediata para identificar a los responsables.

PATRICIA HOYOS: phoyos@diario16.com.pe

Cajamarca: Enfrentamientos la noche de ayer (21.Junio.2012)


Por: Ronald Ordoñez

Cuando todo hacía presagiar que la jornada del paro indefinido acatado el día de ayer concluiría sin incidentes lamentables, al promediar las 6:30 p.m., efectivos policiales reprimieron nuevamente a los manifestantes apostados en la plazuela Bolognesi.

Los incidentes iniciaron luego de un altercado entre un efectivo policial y un manifestante; entonces, una primera bomba lacrimógena fue dirigida a la carpa donde se preparaban los alimentos para la olla común, dispersando inmediatamente a quienes se encontraban allí, acto seguido se lanzaron más bombas, asfixiando a varias personas incluso, a quienes no participaban de la protesta y transitaban por la vía. Los pobladores respondieron con piedras y palos, generándose enfrentamientos que se extendieron hasta las 9 de la noche, a lo largo de la plazuela de los Héroes.

Producto de estos hechos varias personas resultaron heridas, entre ellas, el estudiante universitario Cristian Cerna que presentó una herida en el cuello por el impacto de una bomba lacrimógena, además de una mujer embarazada que fue evacuada rápidamente al primer nosocomio de Cajamarca, y por lo menos tres efectivos policiales.

Se registraron once detenidos, algunos de ellos identificados como: Segundo Minchán, David Campos, Wilser Marín, Segundo Tello y Modesto Alcántara, aparte de tres menores, una de ellas originaria de la provincia de Celendín.

En la plaza de Armas

Mientras sucedían estos hechos, en la plaza de Armas, el presidente regional Gregorio Santos, se dirigía a la población, exigiendo al gobierno nacional “escuchar la demanda de Cajamarca”.

Asimismo, durante el mitin, el presidente regional pidió a los líderes de la protesta “seguir unidos y resolver las diferencias en las asambleas internas”. Wilfredo Saavedra quién en un primer momento criticó el envío de la carta al presidente Ollanta Humala, esta vez respaldó a Santos: “Se dice que no coincidimos, desde aquí quiero ratificar la decisión unitaria, queremos plantearle al presidente de la República nuestra propuesta. Se debe terminar el Ordenamiento Territorial de la región porque así vamos a decidir dónde y cómo se van a desarrollar las actividades económicas”, dijo.

Por su parte, el integrante del Comando Unitario de Lucha, Milton Sánchez, señaló: “Así como en palacio de gobierno se recibe a los integrantes de Newmont, Buenaventura y a los representantes de la Sociedad Nacional de Minería, exigimos que el presidente escuche a la población de Cajamarca. No es posible que quiera mandar una comitiva de ministros que ya está de salida”, manifestó.

Abogadas y abogado agredidos

Las abogadas Amparo Abanto de GRUFIDES y representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; además de Genoveva Gómez de la Defensoría del Pueblo y un representante del Colegio de Abogados, fueron agredidos por efectivos policiales mientras se encontraban en la primera comisaría de la ciudad defendiendo a los detenidos, quienes habrían sido golpeados al interior de la dependencia policial.

El día de hoy

Para el día de hoy, en el día 23 de paro contra el proyecto Conga, la población se viene agrupando en la plazuela Bolognesi y en la plaza de Armas de Cajamarca, con la intención de realizar en las siguientes horas una movilización por las principales calles de la ciudad.

Notas relacionadas: “Cajamarca: Población aguarda mensaje presidencial”, en: http://www.noticiasser.pe/21/06/2012/cajamarca/cajamarca-poblacion-aguarda-mensaje-presidencial

El conflicto minero en Cajamarca atenaza al Gobierno de Perú


Por: JACQUELINE FOWKS

El incremento de la actividad minera en el Perú está causando tensiones con las poblaciones locales que los rechazan, piden un menor daño al entorno, o participar de los beneficios. El Gobierno de Ollanta Humala aún no ha encontrado una solución para desbloquear uno de los más importantes proyectos —la explotación aurífera de Conga— que está provocando desde hace tres semanas protestas y episodios violentos en Cajamarca, departamento de la sierra norte en el que hay una fuerte movilización en contra del proyecto.

El martes, un portavoz de las empresas Yanacocha-Newmont dijo que aceptarían algunas recomendaciones de un ‘peritaje’ internacional para modificar el estudio de impacto ambiental (EIA) de Conga. Desde abril se esperaba la respuesta de la minera, que había amenazado con suspender su inversión de 4.800 millones de dólares.

Ese mismo día, el primer ministro Oscar Valdés informó de que para el pasado jueves habría un anuncio “integral” del Gobierno sobre el controvertido proyecto; sin embargo, solo hubo una declaración del presidente arrancada por los reporteros que cubrieron una inauguración de vías en el distrito de Ate, Lima.

“Le habíamos hecho (a Newmont) una serie de planteamientos a este proyecto y saludamos que por fin se hayan identificado con nuestras propuestas”, dijo el mandatario peruano.

La administración de Humala ha heredado una legislación minera ahora desfasada: los estudios de impacto ambiental de los proyectos son hechos por consultoras privadas, luego aprobados por el ministerio de Energía y Minas y, entonces, pueden empezar las operaciones. Sin embargo, en los dos últimos años, tres grandes proyectos mineros que tenían EIA aprobados han quedado paralizados debido a la fuerte oposición y protestas de la población local.

Por ejemplo, tras continuas protestas en carreteras de Arequipa (sierra sur) contra el proyecto Tía María de la empresa Southern Perú, el EIA ya aprobado tuvo que ser revisado en 2010 por expertos contratados por UNOPS —un ente de Naciones Unidas—, lo que constituye un procedimiento inexistente en las normas, según recordó el investigador inglés Anthony Bebbington en declaraciones a este diario.

De esa forma, el Gobierno anterior de Alan García intentó mantener una inversión que cumplió con los requerimientos del Estado y obtener la aprobación local o ‘licencia social’ para el proyecto.

Una situación similar ocurrió en 2010 con el proyecto Quellaveco –de extracción de cobre- de la empresa Angloamerican –con sede en Londres–, que enfrenta la oposición de dos valles agrícolas en el departamento de Moquegua (costa sur) debido al uso del agua.

Por último, el proyecto Conga en Cajamarca está paralizado –a petición del Gobierno– desde el pasado mes de diciembre, cuando surgieron las protestas por los posibles perjuicios en una cabecera de cuenca y porque en el pasado la empresa Yanacocha incumplió compromisos medioambientales en esa región.

En abril, después que los peritos extranjeros formularon recomendaciones para un ajuste del proyecto Conga, el presidente Humala anunció que su Gobierno impulsaba una “nueva minería, amigable con el entorno, que respete las condiciones ambientales que los peruanos exigimos”. Los mismos términos los reiteró el martes en la cumbre de Río+20.

El mandatario dijo que su administración “es muy consciente de que las poblaciones requieren que estas inversiones se den en un escenario de confianza y de una relación transparente y de respeto mutuo. Este Gobierno, no va a aceptar actitudes de soberbia de ninguna empresa”.

La posición de las empresas

Consultado por EL PAÍS, Hugh Elliot, director internacional de relaciones gubernamentales de Anglo American, comentó: “Entendemos que el presidente Humala está buscando una inversión social y ambientalmente responsable. Creemos que la ‘nueva minería’ descrita no es diferente de la que Anglo American practica”.

“Para entregar los beneficios que nuestra actividad puede generar a las comunidades donde operamos, requerimos un marco institucional estable y sólido para el largo plazo, en lo público como en lo privado”, agregó.

Un poco más directo fue el director de la empresa canadiense de origen peruano Alturas Minerals, Augusto Baertl. “Esas declaraciones [del presidente sobre la nueva minería] son políticas, para tratar de estar bien con Dios y con el diablo. Pero nunca se ha visto que a un proyecto con EIA aprobado se le diga ‘un momentito’, voy a traer peritos y revisar las cosas. Estamos en una situación en que no se está respetando los procesos establecidos”, comentó a este diario.

Baertl considera que, en el caso de Conga, el Gobierno ha tenido que dirimir en el proceso, aunque con resultados aún inciertos.

“Seguro hay casos en los que, antropológicamente, uno puede darle consejos (a la empresa), un poco más de tacto, pero no hay empresa que escape de estas dificultades”, añadió Baertl, ingeniero de minas que empezó a trabajar en los años sesenta.

A su vez, el director de asuntos corporativos de la minera Barrick, Gonzalo Quijandría, ve que el Gobierno es consecuente pues se preocupa por "la estabilidad jurídica (de los proyectos mineros) pero quisiera un nuevo modelo de aceptación para que las personas tengan más confianza”.

“Es válido que el Gobierno haga que estos estudios lleguen mejor y respondan a las preguntas que ellos [la población local afectada por las operaciones] plantean”, afirmó Quijandría a título personal.

“Todos estamos aprendiendo de los aciertos y los errores. Las empresas deben tener puntería fina respecto a qué le interesa a la población antes de hacer números. No creo que ninguna de las empresas pueda sentirse ajena a las palabras del presidente”, añadió el funcionario de Barrick.

El historiador Bebbington, quien estudia los movimientos sociales frente a la minería en Bolivia y Perú desde hace una década, estima que en el caso de Conga la intervención del Gobierno ha tenido el más alto perfil en estos años, “para evitar que otro proyecto se paralice, como ocurrió con Tía María”.

Según el director de la carrera de geografía de la universidad de Clark, “el caso de Conga refleja que los canales formales de participación no funcionan en el Perú y que hay profundos problemas sociales”.

El jueves terminó sin el esperado anuncio del Gobierno y con la negativa del presidente Humala a conceder una audiencia a algunos de los líderes de la protesta, entre ellos el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, y alcaldes. Cerró con un nuevo episodio de violencia desproporcionada de la policía en Cajamarca: un grupo de efectivos arremetió contra mujeres que preparaban una olla común, se produjo un enfrentamiento y luego detenciones.

En la 1ª Comisaría, los efectivos golpearon a los detenidos, entre ellos la abogada de un organismo de derechos humanos, Amparo Abanto: otra de la Defensoría del Pueblo, Genoveva Vargas, y una joven de 17 años. En los 22 días de protestas, es el tercer episodio de violencia descontrolada de la policía contra personas desarmadas.

Cajamarca: Defensor del Pueblo denunció agresión policial contra comisionada

Eduardo Vega pidió al ministro del Interior la investigación correspondiente. Ocurrió en sede de región policial cuando agraviada verificaba situación de detenidos tras las protestas


El defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, denunció maltratos cometidos anoche por miembros de la Policía Nacional contra la abogada Genoveva Gómez, comisionada de esta institución. Esto, cuando intentaba verificar la situación de personas detenidas en las instalaciones de la región policial.

Según una nota de prensa de la institución, Vega ha expresado su condena al ministro del Interior, Wilver Calle, a través de un oficio enviado esta mañana, y ha solicitado la investigación y sanción correspondiente.

AGRESIÓN FÍSICA Y VERBAL
Los hechos ocurrieron cuando Gómez se disponía a conocer la situación de los detenidos en la Unidad de Seguridad del Estado, tras las protestas contra el proyecto minero Conga.

“Una vez en el lugar se desplazó hasta el área de detención y pudo observar a personas en el suelo y escuchó gritos. En esas circunstancias, aproximadamente veinte policías la rodean, la empujan, le tiran de los cabellos e intentan arrebatarle la credencial, en medio de insultos irreproducibles y, finalmente, la expulsan de dicha instalación policial”, detalla la Defensoría sobre los hechos.

La institución también deja constancia que “es la primera vez, en 15 años, que sucede una agresión y obstrucción a la labor constitucional de uno de sus funcionarios”.

Fuente: La Republica
Foto: MMC Comunicaciones