[DOCUMENTO] Perú: Publicación de nuevo informe sobre defensores de derechos humanos (Caso Conga y Espinar)

 Front Line Defenders visitó el Perú en febrero de 2014 y viajó a lo largo de las regiones de Cajamarca y Cusco, donde realizó una investigación sobre los conflictos actuales entre las empresas mineras y las personas defensoras campesinas e indígenas.

Tras esta visita, Front Line Defenders publica hoy un informe basado en investigación en el terreno y entrevistas con defensores de derechos humanos independientes y organizaciones de la sociedad civil. Un video de 12 minutos sobre dicho informe ha sido asimismo producido por Front Line Defenders.

En este informe, Front Line Defenders manifiesta su honda preocupación en referencia a la situación de las personas defensoras de los derechos humanos (DDH) que trabajan en derechos humanos y en lo relativo a temas medio ambientales relacionados con industrias extractivas en el Perú. Viven y trabajan en un contexto muy adverso, siendo blanco directo de intimidaciones, amenazas de muerte, agresiones físicas, vigilancia, estigmatización, campañas de desprestigio y hostigamiento judicial. Todas los ejemplos documentados puedan estar directamente relacionados con la labor legítima y pacífica que desarrollan los DDH en referencia, en particular por el apoyo a las comunidades locales que se oponen a proyectos mineros y su impacto en el medio ambiente, su territorio y en sus medios de vida.

“Front Line Defenders ha observado con honda preocupación una tendencia a lo largo de la región, donde los gobiernos en su búsqueda rapaz por materias primas y beneficios, abusan de los derechos de las comunidades locales e indígenas y de los que los defienden. El gobierno del Perú tiene la obligación de respetar los derechos de todos sus ciudadanos y de proteger los valientes defensores y defensoras de los derechos humanos que se manifiestan en nombre de sus comunidades” ha dicho el Director Adjunto de Front Linde Defenders, Andrew Anderson durante la presentación del informe.

Perú es uno de los mayores productores de plata y cobre en el mundo y el quinto productor mundial de oro. Las concesiones mineras del gobierno para amplias áreas del territorio nacional se extiende a 45% en el territorio de la provincia de Cajamarca y al 21% en el territorio de la provincia de Cusco. Estos proyectos han provocado que las autoridades y las empresas mineras entraran en conflicto con las comunidades indígenas y campesinas, quienes subsisten de la agricultura, y han visto sus medios de vida socavados. La comunidades locales están preocupadas sobre todo por el acceso al agua, ya que los ríos han sido contaminados y los cursos del agua se han secado.

La intensa oposición local a la minería se ha encontrado con una respuesta violenta del estado y el uso excesivo de la fuerza por la policía y el ejército en protestas y movilizaciones. Es de particular preocupación la ley de enero 2014 que otorga a las fuerzas armadas y a la policía nacional inmunidad en las acusaciones por muerte o lesiones mientras estén de servicio.

En la actualidad alrededor de 400 manifestantes y DDH enfrentan procesos judiciales que han sido interpuestos por las compañías mineras, su personal o el Ministerio Público. En muchos casos estos cargos son una forma de hostigamientos judiciales, sin evidencia alguna que los respalde. El Sr Milton Sanchez de la Plataforma Interinstitucional Celendín ha enfrentado 50 procesos penales pero en ningún caso de ellos ha sido condenado. Estos falsos procesos se llevan un tiempo muy valioso y recursos, entorpeciendo el trabajo principal de la organización.

Muchas de las personas defensoras del medio ambiente entrevistadas por Front Line Defenders expresaron de manera contundente el miedo que sienten al vivir en constante amenaza, así como el sufrimiento diario de llegar a sus casas y encontrar alguna nueva notificación, o que recibieron alguna otra demanda.

Fuente: Front Line Defenders - http://www.frontlinedefenders.org/node/26271

INFORME: Defensores y defensoras del medio ambiente en riesgo en Perú.pdf by Mi Mina Corrupta

Columna Nova Aqvua: Modus Humala Operandi

Por: Jorge J. Chávez Ortiz*

Las protestas sociales son un mecanismo de expresión usado por los ciudadanos, pobladores y demás personas a nivel nacional, al ver que sus pedidos no son escuchados, mucho menos tenidos en cuenta, al ver tanta injusticia que atropellan sus derechos como seres humanos y como miembros de una sociedad, en donde no se les toma en cuenta como actores de su propio desarrollo.

En los últimos años las protestas han ido aumentando, en especial las del tipo socio-ambiental pues está en juego los recursos naturales indispensables para la vida como es el agua y otros recursos que serán de gran utilidad para las siguientes generaciones.

Antes que Alan García terminara su periodo presidencial los dos últimos conflictos socio-ambientales se desarrollaron en Arequipa (Proyecto Tia Maria de Minera Southern Cooper Corp.) y Puno (Santa Ana – Minera Beer Creck) y en las dos ocasiones los proyectos fueron suspendidos por presión social, sin olvidar que en ambas protestas la población salió a las calles y hubo bloqueo de carreteras, como también hubo presencia policial.

Cuando Ollanta Humala toma las riendas del Perú, la población esperaba que sus promesas electorales se cumplieran, una de esas tantas era la protección de zonas vulnerables donde están ubicadas empresas mineras y la otra evaluar los contratos mineros.

El dolor de cabeza de Humala comienza luego de más de 5 meses de asumir el poder, cuando Cajamarca decide salir a protestar contra el Proyecto Conga de Minera Yanacocha, este marcaría el primer conflicto social relacionado a minera de este gobierno. Las protestas contra Conga, generaron 2 paros indefinidos, el primero que duro dos semanas (Novimebre – Diciembre de 2011), dejando 17 heridos de balas, de perdigones y de bombas lacrimógenas, esta protesta fue detenida con un ESTADO DE EMERGENCIA promulgada por la PCM; el segundo paro indefinido duro no más de 5 semanas (Junio – Julio de 2012), dejando como saldo 4 muertos en Celendín y 1 en Bambamarca, decenas de herido y detenidos, nuevamente se hizo uso del ESTADO DE EMERGENCIA para controlar las masas en Cajamarca, Celendín y Hualgalloc.

 Contigente de DINOES en el Proyecto Conga el pasado 28 de febrero. Foto: Internet

Pero este no era el único problema, las comunidades de Espinar en Cuzco cansados de los atropellos recibidos por Xstrata – Tintaya, deciden salir a protestar. Su paro indefinido duro menos de una semana (Mayo - 2012), este conflicto dejo un saldo de 3 muertos y varios heridos, y como si fuera un patrón normal del gobierno de Humala, se impone nuevamente ESTADO DE EMERGENCIA a Espinar.

Iniciando el año Humala recibe un baldazo de agua fría, en Lambayeque la comunidad indígena de San Juan de Cañarís y alrededores, inician un paro indefinido (Enero – Febrero de 2013) contra el Proyecto Cañariaco de Minera Cañariaco Copper, este conflicto actualmente se encuentra suspendido temporalmente y hasta el momento solo ha dejado 24 heridos ().

 

Policia y pobladores de Cañaris. Foto: Radio Marañon

Pero si nos ponemos a analizar ¿Que hay en común en estos 3 conflictos sociales (Conga, Xstrata - Tintata y Cañariaco)?. Podemos deducir que:

1. Hay movilización de gran cantidad de efectivos policías (USE, DINOES e incluso DIRANDRO), en el caso de Espinar y Cajamarca declaratorias de ESTADOS DE EMERGENCIA.
2. En la zona del proyecto o de la mina es resguardada por contingentes policiales.
3. Hay represión policial, uso de armas de fuego y violación de Derechos Humanos fundamentales.
4. Masivas denuncias hechas por la fiscalía a los diferentes dirigentes.
5. Se Instalan mesas de dialogo, donde los actores principales son excluidos y donde son incluidos actores muy llegados al proyecto minero de la zona.
6. Se destinan grandes sumas de dinero para inversiones y se implementan casi en su totalidad todos los programas sociales de los diferentes ministerios, en las zonas de conflicto.
7. La información es manipulada por parte de los grandes medios de comunicación.

Estas son algunas de las tantas cosas en común que tienen estos 3 conflictos sociales, pero la pregunta que siguen haciéndose varios personas del campo y la ciudad que residen en estas regiones es ¿Está preparado el gobierno para afrontar estos conflictos sociales, sabiendo que cada uno de ellos es diferente y que tienen un denominador común que es minería en cabeceras de cuenca, destrucción y contaminación de recursos naturales indispensables para la vida? Esta respuesta la sabremos cuando el gobierno de Ollanta Humala termine o tal vez nunca, pero los conflictos sociales continuaran.

La mejor solución será cuando los futuros gobiernos de turno se sientan a dialogar abiertamente y libremente con los actores involucrados en estos conflictos, en donde se respete la decisión de los pueblos, las leyes ambientales y en donde el modelo económico tenga que favorecer a los más necesitados, la población quiere desarrollo pero sin destrucción, sostenible en el tiempo, donde las futuras generaciones vivan en un ambiente sano, libre de contaminación.

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 * Jorge J. Chavez Ortiz: Bloguero, estudiante de Ing. Ambiental de la Universidad Nacional de Cajamarca, Premio Nacional de DDHH y Periodismo de la CNDDHH - año 2012. 

Fuente: Semanario El Cajamarquino, Pág. 11  -  http://issuu.com/elcajamarquino/docs/edici_n_cuatroa

2012, Balance de un Año Dramático

Por:  Wilfredo Ardito Vega

 

Enero

27 muertos deja el incendio en un centro de rehabilitación para drogadictos en San Juan de Lurigancho. En abril otro incendio cobrará otras 14 muertes en otra comunidad terapéutica Chosica. Las ciudades peruanas no están preparadas para estos siniestros que a lo largo del año generarán mucha destrucción en lugares como Iquitos, Sullana y también en Lima. En relación a las comunidades terapéuticas, el gobierno emitirá en junio un reglamento para garantizar los derechos de las personas internadas.

Es publicada la Ley 29824, Ley de Justicia de Paz, que detalla las competencias y procedimientos de los Jueces de Paz, les otorga el derecho a contar con un seguro de vida, la inscripción en el SIS y que el Poder Judicial asuma el pago de los exhortos. En junio se concluye la redacción del reglamento de la norma, pero el Ministerio de Justicia no la promulga.

El Ministerio de Salud intenta disminuir el consumo de gaseosas y comida chatarra entre los niños, a lo que se suma después la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso. Los fabricantes de dichos productos promueven una ofensiva publicitaria asegurando que defienden el derecho de los padres de elegir cómo alimentar a sus hijos, sin reparar que las alarmantes cifras de obesidad infantil revelan la pérdida de autoridad de muchos padres para hacerlo.

Febrero

Muchas personas reaccionan indignadas cuando un adolescente lanza un insulto racista en un cine de Chorrillos, sin reparar que estos hechos se producen todos los días, en colegios, comisarías, hospitales, empresas privadas, etc.

En este contexto de doble moral, se presenta la película Choleando, que muestra el racismo como una situación extendida y permanente. En marzo, la Defensoría del Pueblo anuncia que se difundirá a nivel nacional, como parte de la campaña contra la discriminación, logrando que la vean miles de policías, escolares y funcionarios público.

 

La Municipalidad de Lima abre una oficina para apoyar legalmente a las víctimas de accidentes de tránsito. Al finalizar el año, la Defensoría del Pueblo señala que las principales compañías de seguros tienen elevadas deudas a clínicas y hospitales por razón del SOAT… y que los hospitales estatales elevan sus tarifas en estos casos, haciendo que la cobertura de las víctimas disminuya.

Marzo

Carlos Lanci, Julio Ticona y Francisco Areque, que participaban en protestas en Puerto Maldonado en defensa de la minería informal, son los primeros muertos por la violencia policial en el 2012. Al finalizar el mes se incorporan a la lista Christian Alvarado y Luis García Guerrero, fallecidos durante un violento enfrentamiento de la policía con pescadores que incendiaron la comisaría de Sechura e hirieron de gravedad al comisario César Castro.

El Ministerio de Cultura, la Defensoría del Pueblo, el Centro Cultural de la Universidad Católica y diversas organizaciones de la sociedad civil realizan acciones alusivas al Día Mundial contra la Discriminación Racial. El congresista Leonardo Inga presenta el Proyecto de Ley 756 contra la discriminación, pero lamentablemente, a lo largo del año la discusión al respecto no avanza.

El Ministerio de Educación comienza el programa Escuelas Marca Perú, invirtiendo en más de 1,000 colegios que son los más pobres del país.

Abril
La policía mata al pescador Robert Castillo y al adolescente Roberto Ramos, de 15 años, durante las protestas de los pescadores de Paita que exigen el incremento de la cuota de merluza. En realidad, el incremento estaba autorizado, pero el Ministro de la Producción, José Urquizo, se marchó del país por una semana sin firmar la resolución. Paita sufre una represión brutal e indiscriminada, como en los meses siguientes padecerían Espinar, Celendín y Bambamarca. Muchas personas quedan heridas de gravedad. Hasta la fecha ninguna ha recibido apoyo de las autoridades para su tratamiento o rehabilitación.

Fallecen dos arequipeños con posiciones totalmente opuestas sobre los derechos humanos y la democracia: Jorge Santisteban de Noriega y Andrés Bedoya Ugarteche. Por ironías del destino, ambos son velados en la misma iglesia, con pocas horas de diferencia.

Después de años de indiferencia, la situación del VRAE llama la atención de la opinión pública, especialmente después que decenas de trabajadores son secuestrados por terroristas. Los rehenes son liberados, pero son retenidos por la policía un día más, hasta que el Presidente Ollanta Humala, de viaje en Venezuela, pueda tomarse una foto con ellos. Sucesivos ataques terroristas causan la muerte de varios policías y militares. Otros son abandonados a su suerte y ni siquiera las autoridades disponen la búsqueda de sus cuerpos. De esta manera, el señor Dionisio Vilca tuvo que internarse en la selva hasta ubicar el cadáver de su hijo, el suboficial César Vilca.
Se promulga el reglamento de la Ley de Consulta Previa, que es cuestionado por varias organizaciones. Pese a ello, el Viceministerio de Interculturalidad comienza la formación de los intérpretes en idiomas indígenas. La Municipalidad de Lima consulta a los shipibos de Cantagallo sobre su traslado a un lugar más seguro.

La Municipalidad de Chaclacayo promulga su Ordenanza contra la discriminación.

Mayo

Conmoción en Espinar: la policía mata a los campesinos Walter Sencia y Rudecindo Manuelo al reprimir las protestas contra la contaminación que origina la empresa minera Xstrata. Decenas de personas son detenidas y conducidas al campamento de la empresa. Lo mismo ocurre a Jaime Borday Romualdo Ttito, integrantes de la Vicaría de Sicuani, a quienes se acusa inicialmente de portar armas para los manifestantes. Todos son golpeados ante la indiferencia de varios fiscales. Jamás un integrante de un organismo de derechos humanos había sufrido estas vejaciones.

La Municipalidad de Miraflores sanciona con siete días de clausura a la discoteca Gótica por impedir el ingreso a Godfrey Arbulú. Por su parte, la Municipalidad de Abancay sanciona a la Universidad Alas Peruanas por una oferta de empleo que discriminaba por edad y a una agencia de empleo y una clínica que exigían “buena presencia”.

Rechazo generalizado ocasiona la sanción del cardenal Juan Luis Cipriani contra el sacerdote Gastón Garatea, conocido defensor de los derechos humanos, a quien se le prohíbe decir misa en Lima.

La Municipalidad de Lima convierte a la antigua Casa Rímac en un centro de exposiciones fotográficas ligadas a la problemática de los derechos humanos y la exclusión.

Junio

El gobierno se comporta con la provincia de Espinar como si fuera territorio enemigo: establece el Estado de Emergencia, congela las cuentas de la Municipalidad y detiene al alcalde Oscar Mollohuanca, vinculándolo a los hechos de violencia que él trataba de impedir. Siguiendo una arbitraria disposición judicial, se traslada a Mollohuanca a Ica donde el obsecuente Ministerio Público pide para él seis meses de prisión preventiva, sin fundamento alguno. Los magistrados de Ica que disponen su liberación son a su vez investigados por el propio Poder Judicial, como si hubieran incurrido en una infracción. El mes anterior, Mollohuanca ya había sido víctima de un perdigón disparado por la policía.

La Defensoría del Pueblo pide públicamente que se sancione con severidad a los policías responsables de torturas y malos tratos a los ciudadanos. Al día siguiente, una integrante de la Defensoría, la abogada Genoveva Gómez, es brutalmente golpeada por los policías de la Primera Comisaría de Cajamarca. Jamás había ocurrido algo así en todos los años de historia de la Defensoría del Pueblo, pero la violencia policial se encuentra totalmente desbordada en Cajamarca.

El programa Radicales Libres, el único espacio en la televisión donde se hablaba de derechos humanos, racismo y contaminación ambiental es abruptamente cancelado por RBC.

En este contexto dramático, el Congreso ratifica la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas.

Julio

El gobierno cada vez comete más violaciones a los derechos humanos: la policía mata en Bambamarca a Joselito Vásquez y en Celendín a Eleuterio García, José Faustino Silva, José Antonio Sánchez así como a César Medina, de solamente 16 años. Días después, en plena Plaza de Armas de Cajamarca es detenido Marco Arana. Los policías lo golpean salvajemente ocasionándole varias fracturas. Es liberado al día siguiente. La acción genera tanto descrédito para el gobierno que aún se especula si se trató de una torpe maniobra dispuesta al más alto nivel o un exabrupto de algunos torpes policías.

Cuando las cosas parecen marchar solamente hacia peor, el Presidente decide cambiar al Primer Ministro Oscar Valdés por Juan Jiménez Mayor y al controvertido Ministro del Interior Wilver Calle por Wilfredo Pedraza, con mucha experiencia en temas de derechos humanos, que anuncia claramente que no habrá más muertos en protestas sociales. Sin embargo, a fines de mes es detenido y torturado el joven periodista de Celendín Jorge Chávez Ortiz.

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho publica su Ordenanza contra la discriminación.

Agosto

El Ministerio del Interior dispone el cese de Jaime Gonzales como jefe policial de Cajamarca, quien autorizó todos los crímenes cometidos en meses anteriores. Las tensiones en la región disminuyen con el anuncio de Yanacocha que suspenderá el proyecto Conga

En Espinar fallece Félix Yauri, otro de los heridos por la represión policial de mayo. La empresa Xstrata anuncia que dará un fondo de 500,000 soles para las familias de las tres personas muertas. Los Ministros de diversos sectores y la empresa participan en el diálogo con la población de Espinar.

Pese a los anuncios del Ministro Pedraza, la policía mata en Monzón (Huánuco) a Juan Espinoza y Rider Roque, quienes participaban en una protesta contra la erradicación de cultivos de coca.

La población de Moyobamba protesta contra una periodista que lanza expresiones racistas contra los pueblos indígenas en un programa de la televisión local, que finalmente es cancelado.

Muere la antropóloga italiana María Heise, pionera de la interculturalidad en el Perú.

Septiembre

El caso de la niña Soraida Caso, aparentemente muerta por acción de las fuerzas de seguridad conmueve de manera inusual a la opinión pública. En cambio, la muerte del campesino Nemesio Poma, que participaba en las protestas contra la empresa Barrick recibe la indiferencia de siempre.

El Tribunal Constitucional declara que la comunidad nativa de Tres Islas (Madre de Dios) tiene el derecho de impedir el ingreso a madereros ilegales y mineros informales. Se reafirma la autonomía de las comunidades nativas, un importante precedente para muchas otras comunidades afectadas por intrusos.

Entretanto, en las alturas de Lambayeque, los campesinos de la comunidad de San Juan de Cañaris rechazan las actividades mineras que la empresa Candente proyecta llevar en sus tierras. La insistencia de la empresa y su intento de manipular a la población llevará a fuertes tensiones en los meses siguientes.

Sorpresivamente fallece Pilar Coll, quien fue la primera Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en los difíciles años ochenta. Ella mantenía un valioso trabajo de promoción de los derechos humanos y realizaba actividades pastorales en las cárceles peruanas hasta dos días antes de su muerte.

Octubre

Una intervención policial improvisada en La Parada origina una agresiva respuesta de los comerciantes, respaldados por grupos de delincuentes. Dos de ellos, Kenji Castro y Gino Cárdenas mueren, en medio de violentos enfrentamientos. Días después, la Municipalidad de Lima y la Policía logran desalojar a los comerciantes sin usar violencia, pero dentro del mercado mueren dos personas en circunstancias ajenas al desalojo. Por toda Lima se difunden falsos rumores de saqueos, que causan pánico. Por su parte, muchas personas de diversos sectores sociales proclaman que les causa más tristeza la muerte de una yegua que las cuatro personas fallecidas.

Muere el dirigente cocalero Iburcio Morales después de un año de pedir un indulto humanitario o una orden de comparecencia. En plena agonía estaba esposado a su cama del hospital.

Se realiza un nuevo Operativo Cuerazos Peruanos en el Jirón de la Unión, esta vez para denunciar la publicidad racista de las tiendas Oeschle, Ripley y Saga Falabella.

RENIEC elabora varios documentos para que los registradores se familiaricen con los nombres indígenas. Los primeros textos publicados se refieren a los nombres en awajún y en quechua.

Noviembre

Mientras se reabre el proceso por las esterilizaciones forzadas a miles de campesinas e indígenas amazónicas durante el régimen de Alberto Fujimori, Marco Alvarez, alcalde de San Borja, es absuelto de los cargos de desaparición forzada de varias personas en Huancavelica, que le atribuyen los organismos de derechos humanos.

Se anuncia que las víctimas de la violencia política tendrán una reparación de 5,000 soles, que es realmente reducida para quienes quedaron afectados durante toda una vida.

Comienzan las transmisiones en quechua en Radio Nacional y en el programa Miski Taki, en TV Perú, también se da inicio a las clases en ese idioma.

La Municipalidad de Pueblo Libre promulga su Ordenanza contra la discriminación. En ese distrito se realizará el primer Operativo La Gentita que muestra la manera en que las personas reaccionan frente a una situación de discriminación.

La destrucción del Callejón El Buque muestra la indiferencia de la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Cultura en relación al patrimonio arquitectónico de los Barrios Altos. Semanas después, sin embargo, la Municipalidad inaugura el nuevo Museo Bodega y Quadra que muestra la vida en Lima en los últimos cinco siglos. Otra obra importante para el Centro Histórico es la peatonalización del Jirón Ica-Ucayali. Desde el sector privado destaca la restauración del Palais Concert por Ripley y de la Casa Welsch por Starbucks. Sin embargo, la hermosa Casa Courret ha quedado afectada por una desatinada intervención durante la Bienal de Fotografía de Lima.

Diciembre

Miles de personas participan en la carrera contra la discriminación organizada por la Defensoría del Pueblo. El futbolista Paolo Guerrero aparece en un anuncio antirracista organizado por esta institución y por el Instituto Peruano del Deporte. Por su parte, el Ministerio de Cultura hace un llamado a evitar el racismo en los regalos navideños.

La Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Educación, el Viceministerio de Interculturalidad y el Gobierno Regional del Callao intervienen frente a un profesor que hacía comentarios racistas en clase.

El Ministerio de Educación presenta un documento fundamental sobre los idiomas indígenas destinado a promover con seriedad una educación bilingüe intercultural. Se promulga la Ley del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE. El Ministerio del Interior anuncia el pago de la deuda pendiente a miles de esposas de policías y militares heridos por el terrorismo. Casi 250,000 adultos mayores reciben la Pensión 65. A nivel regional, el nuevo Metro de Huancayo hace sus primeros recorridos gratuitos.

Sin embargo, no todo en diciembre son noticias positivas: son asesinados los alcaldes de Casma y Angasmarca (La Libertad). En el segundo caso, los autores son capturados y confiesan que les pagó una empresa que perdió una licitación. Un incendio arrasa con centenares de viviendas en el paupérrimo barrio de Belén, en Iquitos. El servicio militar obligatorio es restablecido sin ningún debate al respecto. En Cajamarca, Marco Arana y Mirtha Vásquez vuelven a sufrir diversas formas de acoso.

Como pueden ver, hemos vivido un año muy duro, con muchos momentos difíciles y dolorosos, aunque también con señales de esperanza. Esperemos que el 2013 sea mejor para todos los peruanos, especialmente para los más pobres y olvidados.

Indignante: Fiscalía no sabe quiénes mataron a 7 pobladores en Espinar y Cajamarca

Fiscalía no sabe quiénes mataron a 7 pobladores en Espinar y Cajamarca

Fuente: La República

 

Sábado, 11 de agosto de 2012 | 7:19 am



Cortejo fúnebre de Joselito Vásquez Jumbo, de 28 años, en el cementerio de Bambamarca, donde murió, pero el caso se investiga en Chiclayo.

Los familiares de las víctimas de la protesta social por los casos de Xstrata y Conga no pueden ejercer sus derechos ante las autoridades porque los casos fueron trasladados a las alejadas jurisdicciones de Ica y Lambayeque, adonde no pueden viajar por falta de recursos.

María Elena Hidalgo

No hay culpables. Las autoridades han avanzado poco o nada en identificar a los autores del asesinato de siete pobladores durante las últimas protestas contra proyectos mineros en las ciudades de Espinar, Celendín y Bambamarca.

La República hizo un seguimiento a las investigaciones oficiales de cadahomicidio y encontró que existe un notorio retraso. Esto se debe a que las diligencias se desarrollan no en el lugar donde ocurrieron los hechos sino en otra jurisdicción señalada por el Ministerio Público.

Así, las muertes de Rudecindo Manuelo Puma y Walter Sencia Ancca, ocurridas el28 de mayo en Espinar, Cusco, están en manos de la Fiscalía Provincial de Ica.

Lo mismo sucede con los casos de César Medina Aguilar, José Silva Sánchez yPaulino García Rojas, abatidos el tres de julio en Celendín, Cajamarca; de José Sánchez Huamán, fallecido el cinco de julio, también en Celendín; y de Joselito Vásquez Jumbo, muerto en Bambamarca.

Las pesquisas sobre los fallecidos en Cajamarca están a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, bajo responsabilidad de Nelly Chambergo Burgos. Ella dijo a este diario que no tenía el expediente del caso de los muertos de la protesta contra Conga.

Por eso, hasta el momento, en ninguno de los siete casos se ha establecido responsabilidad. Ni siquiera se han planteado presunciones.

Peor aún, como resultado del traspaso de las investigaciones de Espinar, Cusco, a Ica; y de Celendín y Bambamarca, Cajamarca, a Chiclayo; esta disposición complica a los familiares de las víctimas el acceso a la justicia.

INACEPTABLE OLVIDO
El octavo día de huelga por los reclamos a la compañía minera Xstrata, el 28 de mayo,Rudecindo Manuelo Puma y Walter Sencia Ancca murieron al recibir cada uno un impacto de proyectil de arma de fuego.

Ni Manuelo ni Sencia eran parte de la protesta.

Los que dispararon contra los modestos pobladores lo hicieron con el expreso propósito de matar, indican los peritajes.

En la jornada de manifestaciones algunos medios de comunicación filmaron a policías cuando dirigían el cañón de sus armas de reglamento directamente al cuerpo. En lo que respecta a Manuelo y Sencia, sus casos han pasado a manos de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Ica, a cargo de María Ley Tokumori.

Los familiares de Manuelo y Sencia son de escasos recursos y apelan a la sensibilidad de amigos y vecinos para cubrir los gastos. Les resultará muy difícil pagar pasajes y estadía para trasladarse de Espinar a Ica. Con el traspaso de las investigaciones, la acusación tardará lo suficiente como para que quede en el olvido.

Por disposición del fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, desde el primero de junio"por razones de seguridad", las investigaciones fiscales sobre protestas sociales se ventilan en otra jurisdicción.

INDICIOS DELATORES

Los protocolos de necropsia obtenidos por La República indican que a Rudecindo Manuelo Puma el proyectil le ingresó por el lado derecho del tórax y le atravesó el corazón. Su muerte fue instantánea.

En el caso de Walter Sencia Ancca, la bala homicida le perforó el tórax y en su recorrido destruyó los pulmones y desgarró la aorta. El fallecimiento fue en el acto.

Manuelo nació en Pichigua, en Espinar, e iba a cumplir 29 años el próximo tres de octubre. Sencia era natural de Espinar y el 27 de octubre iba a celebrar 26 años.

El día de los hechos salieron a cumplir con sus habituales actividades. No participaron en las manifestaciones.

Rudecindo Manuelo era un albañil conocido en Espinar y vivía en la comunidad de Totora Alta. Walter Sencia Ancca trabajaba como payaso. Se hacía llamar "Manzanita".Era muy popular en Espinar. Además del balazo que lo mató, los caballos de la policía pisaron su cuerpo, fracturándole los huesos. "Manzanita" estaba feliz con el próximo nacimiento de su hijo. Su esposa, ahora viuda, Sara Hallpa Ccuno, de veinte años, tiene seis meses de gestación.

LOS MUERTOS DEL NORTE

Walter Aguilar Guzmán, tío de César Medina Aguilar, el colegial de 16 años que murió de un balazo en la cabeza en la plaza de armas de Celendín, asegura que su familia desconoce en qué fiscalía está el caso.

Marisol Malqui Rosas, esposa de José Silva Sánchez, asesinado en las manifestaciones en Celendín contra Conga, afirmó que Silva no participó en las protestas; y que con el traslado del caso a Chiclayo, le resultará muy difícil seguir el proceso porque carece de recursos. A José Silva Sánchez un balazo le destrozó el cráneo.

Hipólito Leiva Paz, tío de Paulino García Rojas, otra víctima de Celendín, relató que su sobrino había ido al banco a depositar dinero cuando un proyectil le atravesó el pecho. No cuentan con fondos para pagar un abogado en Chiclayo. No saben nada del avance de las investigaciones.

Walter Aguilar, Marisol Malqui e Hipólito Leiva coincidieron en lamentar que, debido a la disposición del Ministerio Público de traspasar las investigaciones a otras jurisdicciones, sus derechos de acceso a la justicia sufren un grave recorte. No cuentan con recursos para viajar y menos para contratar abogados.

La República no pudo contactar con los familiares de José Sánchez Huamán, muerto en Celendín, ni con los de Joselito Vásquez Jumbo, asesinado en Bambamarca. Habitaban en zonas muy alejadas.❧

LAS VÍCTIMAS RECIBIERON UN BALAZO EN LA CABEZA O TÓRAX

Rudecindo Manuelo Puma murió por un proyectil que le ingresó por el lado derecho del tórax y le atravesó el corazón.

Walter Sencia Ancca recibió un proyectil también en el tórax, pero en el recorrido destrozó los pulmones y la arteria aorta.

César Medina Aguilar recibió un balazo en la cabeza que le destruyó la masa encefálica.

José Silva Sánchez fue impactado por una bala que ingreso por la frente y salió por la nuca, destruyéndole la masa encefálica.

Paulino García Rojas recibió un disparo en el tórax con entrada y salida, y en el trayecto lesionó sus órganos vitales.

José Sánchez Huamán murió debido a un proyectil que le ingresó por la boca, le perforó la tráquea y voló la base del cráneo.

Joselito Vásquez Jumbo recibió un disparo en el tórax.

Walter Aguilar Guzmán, tío del fallecido César Merino Aguilar, afirmó que mataron a su sobrino con un arma de guerra que usa el Ejército. Para sostener su versión, afirmó que había servido en el instituto militar y que había recogido casquillos que demostraban que se trataba de proyectiles de uso militar.

Marisol Malqui, esposa de José Silva, manifiesta que ella y otros testigos vieron que un soldado fue quien disparó a su cónyuge.

CLAVES

Francisco Manuelo Puma, hermano del fallecido Rudecindo Manuelo, declaró que en la Fiscalía Provincial de Espinar le dijeron que ellos no tenían ninguna información sobre el caso.

Le comunicaron que si quería enterarse del avance de las investigaciones era necesario que viajara a Ica, donde estaba el expediente. Pero Francisco Manuelo es estudiante y no tiene dinero para los pasajes.

EN CIFRAS

• 4 murieron con un balazo en la cabeza en las protestas.
• 3 murieron con un balazo en el tórax.
• 3 niños quedaron huérfanos al fallecer sus padres en las manifestaciones.

Is Peru going authoritarian?

LIMA, Peru — On the campaign trail, Ollanta Humala vowed that as president he would not sacrifice rural communities to mining and oil companies that wanted to dig and drill on their lands.

The leftist candidate even pushed for a recall of then President Alan Garcia, blaming his refusal to listen to Andean and Amazonian villagers for triggering deadly clashes between police and protesters.

But as president, some of Humala's onetime allies are accusing him of authoritarianism and betrayal as his government struggles to keep a lid on a wave of angry anti-mining protests.

Police using live rounds have killed two people in clashes in the central region of Cusco over a copper mine owned by Swiss firm Xstrata, which locals say is contaminating the water table.

Village Mayor Oscar Mollohuanca had been placed in preventive custody — without charge — for leading those protests. He has now been released after an appeals court in the southern city of Ica found that the order for his detention had failed to establish his involvement as a protest instigator.

In the northern region of Cajamarca, riot police have again been cracking heads in an attempt to end unruly but largely peaceful demonstrations against plans for a massive copper and gold mine, called Conga, which they fear will devastate local lakes and streams.

Meanwhile, Gregorio Santos, the regional president of Cajamarca and a former Humala ally, is now under criminal investigation for “incitement to rebellion.”

The alleged crime happened during a speech he gave accusing Humala of going back on campaign promises. In the speech, Santos asked rhetorically: “When the president doesn’t keep his word?” The crowd responded: “They kick him out.”

According to Peru’s chief prosecutor, Jose Pelaez, that exchange constitutes an “attempted coup” by Santos, who has presidential ambitions of his own.

That outraged some commentators.

“Only classic dictatorships … can confuse opinions with crimes of sedition, rebellion or rioting and try citizens as a result of their statements,” warned La Republica, one of Peru’s two leading newspapers, in an editorial.

Meanwhile, Prime Minister Oscar Valdes turned up the heat with a highly confrontational series of Tweets, accusing mining opponents of variously “throwing poison” and wanting to light a “giant bonfire.”

He added that the protest leaders were “rotten” and “frozen” and wanted to keep Peru as a “chakra,” a local indigenous term that means a peasant’s plot of land.

One of Conga’s most trenchant critics, former Catholic priest Marco Arana, accused Valdes of “authoritarianism and the criminalization of protest.”

Speaking to GlobalPost, he also accused the premier of having a conflict of interests, given his well-publicized ownership of a medium-sized mining concession on the coast.

“As a mining entrepreneur, he represents the mining industry,” said Arana. “That means that he is not using his role as prime minister for the benefit of all Peruvians but for the benefit of the mining sector.”

The government has tried to paint Arana, who now runs Grufides, a Cajamarca-based development nonprofit, as an environmental “radical.” But it has not been helped by the activist’s international profile. In 2009, Time magazine named Arana a “Hero of the Environment.”

Mining drives the Peruvian economy, accounting for 60 percent of its exports, and the country is the world’s second largest producer of silver and copper and the sixth producer of gold.

But Peru is also wracked by more than 200 “social conflicts,” in which rural communities fiercely oppose mining, oil drilling or other extractive industries on or near their lands, according to the national Defensoria del Pueblo, a government human rights watchdog.

Those confrontations reached a nadir in 2009 with the Bagua massacre, when more than 30 policemen and indigenous protesters were killed in clashes over controversial plans by Garcia’s heavily pro-business administration to open the Amazon up to more drilling and mining.

But before he was elected last year, Humala, a leftist former army officer, vowed to ensure his countrymen’s interests would be placed before those of foreign corporations. As a result, he even received backing from Cajamarca’s President Santos.

After nearly one year in power, Humala is anxious to ensure that Conga moves ahead. The $4.8 billion Conga mine project — partly owned by US-based Newmont Mining Corp — would be Peru’s largest ever foreign investment.

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Humala’s apparent about-face, as well as his prime minister’s right-leaning confrontational style, alienates many who voted for him. Four leftist members of his Peru Wins congressional alliance quit the grouping last week.

Politicians here are notorious for breaking campaign promises. Perhaps the most blatant case was Alberto Fujimori, who won the presidency in 1990 after a prominent promise not to impose painful cuts to end an economic crisis. Within months, he launched a massive restructuring of Peru’s economy, throwing millions out of work.

Peru’s fragile democracy is still recovering from Fujimori’s time in power, which ended in an election-rigging scandal and imprisonment for directing death squads and embezzlement.

Many Peruvians now respond to politicians’ breaking their word with a weary cynicism. But others see the trend as a serious threat to democracy.

“It undermines the governability of the country by undermining the credibility of our democratic institutions, which were dangerously weak to start with,” says Arana.

Whether for or against the country’s powerful mining sector, most Peruvians are now warily monitoring the conflicts in Cajamarca and Cusco, afraid that the government’s handling of the crises will result in more bloodshed.

Fuente: http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/americas/peru/120613/ollanta-humala-mining-conga-xstrata

Orden de Liberación de Oscar Mollohuanca-Corte Superior de Justicia de Ica

Orden de Liberación de Oscar Mollohuanca-Corte Superior de Justicia de Ica

Funcionario de la PCM: “Quien lidera e incendia en Espinar es Herbert Huamán”

El jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos afirmó que el dirigente social “subordina y rebasa” al alcalde Óscar Mollohuanca, encarcelado por su participación en las protestas

En la Presidencia del Consejo de Ministros consideran que la persona que “lidera e incendia” la provincia cusqueña de Espinar es el presidente del Frente de Defensa Herbert Huamán. Para el jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos, Víctor Caballero, el dirigente “subordina y rebasa” al alcalde Óscar Mollohuanca.

En entrevista con El Comercio, el funcionario de la PCM afirmó que el Frente de Defensa controla a Mollohuanca, actualmente encarcelado en Ica tras haber sido acusado por el Ministerio Público por los delitos disturbios, secuestro, daños y coacción durante las protestas en su provincia.

“Hay una filmación donde Herbert Huamán, del frente, amenaza a Mollohuanca de haberse confabulado conmigo y con la comisión de avanzada. Dice que solo queda que el primer ministro vaya a Espinar para discutir el cierre de la mina. Se retiró de la mesa de diálogo (…) Quien lidera e incendia en Espinar es Herbert Huamán. Subordina y rebasa a Mollohuanca”, afirmó.

Caballero también señaló que en algunas regiones los frentes de defensa se han convertido en “un poder paralelo que ha subordinado al propio presidente regional y a las autoridades”.

“Mollohuanca, por ejemplo, tenía un proceso de revocación que no prosperó y eso influye mucho en la posición que tome una autoridad. Por ejemplo, Mollohuanca está convencido de que Xstrata promovió su revocación. Ocurre lo mismo en otros lugares”, añadió.

MOVADEF Y ETNOCACERISTAS
En otro momento, el funcionario de la PCM indicó que en algunos frentes de defensa hay integrante del grupo pro senderista Movadef y del Movimiento Etnocacerista del reo Antauro Humala. “Son producto de la crisis de partidos que dejó regados a una cantidad de cuadros, con experiencia y sin articulación”, acotó.

Fuente: El Comercio

El Gobierno de Perú justifica el uso de la fuerza contra manifestantes ecologistas

El titular de Justicia tacha de ideologizadas las demandas de la población inquieta por la contaminación ambiental

El ministro de Justicia de Perú, Juan Jiménez, admitió el uso de balas de goma en dispersión de las protestas ambientalistas en la región de Cusco. Justificó la actitud policial por "el radicalismo y la ideologización de los manifestantes" a quienes tachó de ‘comunistas’ y ‘ultraizquierdistas’.

“La Policía sí usa balas de goma para repeler la violencia y esas son las instrucciones que tienen”, dijo el ministro. Se refería en especial a los enfrentamientos registrados cerca de la mina de cobre Tintaya, propiedad de la empresa suiza Xstrata, ubicada en la provincia de Espinar. Los disturbios en sus alrededores se volvieron tan violentos a comienzos de esta semana que obligaron a las autoridades nacionales a declarar el estado de excepción.

Dos muertos, decenas de heridos y detenidos durante varias jornadas de protesta contra la actuación de los suizos marcaron, en opinión de Jiménez, “una espiral de violencia muy preocupante”. El ministro reconoció también la falta de velocidad del Estado para responder a los conflictos sociales, la mayoría de los cuales están vinculados con motivos ambientales.

En el caso de la protesta contra Xstrata, los vecinos de la explotación temen que la extracción de rocas metálicas contamine de modo irrecuperable las reservas de agua en la zona. Los manifestantes pidieron que se evalúen íntegramente los futuros daños medioambientales y que la propietaria eleve del 3% al 30% el aporte voluntario a la comunidad. Sus demandas, apoyadas por las autoridades locales, fueron rechazadas tanto por la compañía, como por el Gobierno de Perú.

Fuente: RT Actualidad
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/45978-El-Gobierno-de-Per%C3%BA-justifica-uso-de-fuerza-contra-manifestantes-ecologistas

OLCA - Carta al Enbajardor de Peru en Chile - Caso Minas Conga y Espinar

OLCA - Carta al Enbajardor de Peru en Chile - Caso Minas Conga

PRONUNCIAMIENTO: Sobre los recientes sucesos de Espinar y el cambio de competencia para juzgar los casos de Cusco y Cajamarca

Autor(a): Instituto de Defensa Legal
Perú
01-06-2012     

Ante los recientes sucesos en Espinar, Cusco, el paro indefinido que se desarrolla en Cajamarca y la decisión del Poder Judicial para que los casos de esas zonas sean juzgados en Ica y Lambayeque, respectivamente (Resolución Administrativa 096-2012-CE-PJ), el Instituto de Defensa Legal – IDL quiere expresar ante la opinión pública lo siguiente:

1.    Reiteramos nuestra sentida condolencia a los familiares de las víctimas mortales y nuestra solidaridad con ellos y con los heridos tanto civiles como personal policial. La violencia debe ser rechazada venga de donde venga, sea ésta promovida u ocasionada por los manifestantes, las autoridades gubernamentales o la empresa minera. Ello más aún, teniendo en cuenta que es una violencia que pudo evitarse. El derecho a la protesta social es un derecho legítimo, que debe ser ejercido de manera responsable.

2.    Expresamos nuestra preocupación y rechazo por la manera desastrosa en que el gobierno enfrenta el conflicto social en Espinar. Lo que manifiesta la voluntad del gobierno por criminalizar la protesta social y claudicar en su papel de garante de derechos humanos, además de optar por una posición que se mimetiza con una de las partes del conflicto.
2.1.    Las detenciones ilegales, el uso indebido de armas letales, la siembra de pruebas, la captura de defensores de derechos humanos y tantas otras son herramientas vedadas en una democracia, donde rija el Estado de Derecho y son mecanismos propios de gobiernos autoritarios.
2.2.    No puede iniciarse un diálogo serio con la población que restablezca la paz en la zona de conflicto, si a la par se tiene apresados a sus principales dirigentes, entre ellos el alcalde de Espinar. Por lo que corresponde su liberación inmediata, para que se retomen las negociaciones.
2.3.    Además hubiera sido necesario que la estrategia del gobierno por solucionar el conflicto involucrara a la Vicaría de Solidaridad y otras instituciones con probada vocación por el diálogo y el respeto de derechos, de modo que se cierre el paso a opciones violentistas.

3.    Expresamos nuestra preocupación y rechazo a la resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que ordena que los casos de Cusco y Cajamarca, que se produzcan en medio de las protestas sociales (inclusive los que están en trámite), sean juzgados en Ica y Lambayeque, respectivamente (Resolución Administrativa 096–2012–CE–PJ).
3.1.    La voluntad política del gobierno central por criminalizar la protesta ha sido trasmitida al Poder Judicial y Ministerio Público, en una reunión con el Ministro de Justicia y el Ministro del Interior llevada a cabo el jueves 31 de mayo pasado (tal como lo reconoce la nota de prensa del Poder Judicial) y mediante un oficio reservado cursado por el Ministro del Interior (tal como consta en la cita resolución).
3.2.    Como respuesta a ese pedido, el Poder Judicial emitió una fuertemente cuestionable resolución administrativa, sumándose a la política gubernamental, resquebrajando el principio de independencia judicial externa y poniendo en riesgo la garantía de un juicio debido para las personas involucradas en los actos de protesta.
3.3.    Por eso la Resolución Administrativa 096–2012–CE–PJ es inconstitucional e ilegal. Además, porque no resiste al test de razonabilidad, habida cuenta que el Poder Judicial en la ciudad de Cusco y el de la región Cajamarca se encuentran funcionando normalmente. Eso significa que no hay una privación del derecho de acceso a la justicia, como denuncia la exposición de motivos de la resolución. Además, en la Corte de Cajamarca y Cusco existen jueces honestos que han dado muestras de independencia y capacidad de garantizar un juicio debido. Por el contrario, la obligación de litigar ante las otras cortes coloca barreras de acceso a la justicia para los campesinos y pobladores cusqueños y cajamarquinos, mellando su derecho a la defensa y al juez natural.
3.4.    En ese sentido,  los operadores jurídicos están llamados a preferir la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de la Carrera Judicial y los respectivos códigos sustantivos y procesales para no aplicar la Resolución Administrativa 096-2012-CE-PJ y hacer primar el Estado de Derecho y la independencia judicial.
3.5.    Más aún, en un exceso de la irregularidad, la resolución administrativa ha sido publicada el día de hoy, 01 de junio de 2012, en el diario oficial El Peruano, por lo que entra en vigencia recién mañana y no puede utilizarse para justificar el traslado del alcalde de Espinar a Ica. En consecuencia, el ilegal traslado llevado a cabo hoy no puede justificarse ni por la resolución 096-2012-CE-PJ.

Por lo dicho:

1.    Exhortamos a las diferentes partes del conflicto a que retomen el diálogo y actúen de manera pacífica sin llevar a cabo actos de violencia o medidas reñidas con el Estado de Derecho y así evitar otro innecesario derramamiento de sangre.

2.    Exigimos al gobierno central a que modifique su política de enfrentar los conflictos sociales y que deje de realizar prácticas que son propias de gobiernos autoritarios y no corresponden a épocas de democracia.
 

3.    Solicitamos al Presidente del Poder Judicial y al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que derogue la Resolución Administrativa 096–2012–CE–PJ y que sean garantes de la independencia de su institución y de los jueces de las zonas convulsionadas.
 

4.    Solicitamos al Fiscal de la Nación que garantice la independencia del Ministerio Público y no emita una norma similar a la dictada por el Poder Judicial.
 

5.    Exhortamos a los jueces a hacer respetar la Constitución y la ley y a no aplicar la Resolución Administrativa 096-2012-CE-PJ.

Pronunciamiento Del Pacto de Unidad Sobre Los Acontecimientos de Espinar y Cajamarca

Pronunciamiento Del Pacto de Unidad Sobre Los Acontecimientos de Espinar y Cajamarca

Marco Arana: En Conga el tema es ambiental y en Espinar se pide hacer una mejor minería

Si Conga no va, Tintaya sí 'podría ir', se puede extraer de las palabras del ex sacerdote y líder de Tierra y Dignidad. Negó venir elucubrando paros por todo el país. Según dice, sus movimientos son conocidos por todos, pues hasta efectivos de Seguridad del Estado se movilizan con él.

El dirigente político Marco Arana negó que las protestas en Cajamarca y Espinar (Cusco) tengan algún tipo de conexión y menos aún que él las haya generado para crear inestabilidad en el país.

"El Premier dice que la explicación es que en Espinar está Marco Arana y en Cajamarca también, que está denunciado y métanlos a la cárcel para solucionar todo. Colocar en blanco y negro los temas no soluciona los conflictos. Son argumentos bastantes simplistas o estúpidos", declaró a Canal N.

Arana negó que las protestas contra Conga y contra Tintaya (proyectos mineros en Cajamarca y Espinar Cusco), tengan vinculación entre ellas.

"Conozco lo que sucede allí, en La Oroya también, en La Libertad, en la minería en Lima. No insinúen cosas. Yo soy especialista en conflictos temas mineros, trabajo en organizaciones locales, nacionales y gubernamentales especializadas en minería. De ahí a que se quiera decir que estoy detrás, yo nunca he estado detrás, siempre he estado adelante o al costado, y mis movimientos son públicos", añadió.

El ex sacerdote remarcó que hay diferencias sustantivas entre los conflictos de Conga y Tintaya. En el segundo se pide mayor participación en las rentas mineras y solución a los pasivos mineros.

"A mi modo de ver los temas del caso Tintaya tendrían una solución dialogada, mientras que en Conga se quiere dar permiso sobre un muy cuestionado Estudio de Impacto Ambiental. No es para que Yanacocha gaste más dinero, sino para mejores controles para la minería informal en Algamarca, pero se exige que no se continúe la destrucción de los sitemas hídricos altoandinos", señaló.

Finalizó remarcando que en Conga hay un tema claramente ambiental vinculado al agua y al modelo de desarrollo mientras que en Espinar el reclamo es "hacer mejor la minería".

Fuente: La Republica

Cusco: Pronunciamiento de las organizaciones de Espinar frente a Xstrata Tintaya

Las Organizaciones Sociales de la provincia de Espinar y la Municipalidad Provincial de Espinar, respondiendo a la estrategia desestabilizadora de la empresa minera Xstrata Tintaya en la provincia de Espinar, pone en conocimiento del pueblo peruano lo siguiente:

Primero.

En la actualidad, Xstrata Tintaya tiene deudas sociales y ambientales pendientes de solución con la provincia de Espinar por lo cual, el Pueblo de Espinar conminó a Xstrata a iniciar el Proceso de Reformulación del Convenio Marco por el Desarrollo de la Provincia de Espinar, lo que en efecto, aceptó el día 02 de febrero del presente. Se inició auspiciosamente el proceso de entendimiento y sin embargo no asistió a la última reunión de fecha 16 de febrero con lo cual, una vez más, la empresa rompe el diálogo.

Segundo.

Xstrata pone como excusa de su inasistencia que en este proceso hay “irregularidades” o que está siendo “coaccionada”, términos que el Pueblo de Espinar rechaza absolutamente. Afirma que éste no es un proceso de Reformulación del Convenio Marco sino de Revisión, Evaluación y Actualización, anteponiendo los términos a la discusión de los problemas de fondo como su estrategia de manipulación social a través de los medios de comunicación en la provincia. Afirma también que la formación de la Mesa de Trabajo de Comunidades Afectadas por la Minería es una “imposición unilateral” que no está dispuesta a aceptar con lo cual persiste en no abordar los problemas reales de la provincia y demuestra que no está dispuesta a cambiar sus prácticas habituales y por tanto, mantiene su irresponsabilidad social y ambiental.

Tercero.

Frente a esta situación, las organizaciones sociales de Espinar y la Municipalidad Provincial de Espinar le están remitiendo a Xstrata Tintaya, una carta de invitación a la próxima reunión de Reformulación del Convenio Marco que se realizará el día jueves 23 de febrero a horas 5.00 en el auditorio de la Municipalidad. Si la empresa minera Xstrata Tintaya no asiste, el Pueblo de Espinar pone en conocimiento del Pueblo cusqueño y peruano que, con todo derecho, dará por concluido el proceso de diálogo, lo cual será de entera responsabilidad de la empresa minera.

Publicado por Vicaria de Solidaridad Sicuani