Perú: Informe revela mercenarismo de la Policía Nacional al servicio de empresas mineras

Doña Santos mostrando foto de su hijo asesinado por el ejercito el pasado de 3 de julio de 2012. 

(Foto: Jorge Chavez Ortiz - 30.11.2013)

- Informe presentado hoy en las Naciones Unidas exige anular convenios secretos entre la Policía Nacional y empresas mineras.

Servindi, 2 de diciembre, 2013.- Un informe publicado hoy revela como operadores mineros han suscrito en los últimos años convenios con la Policía Nacional del Perú (PNP) que atentan contra la independencia de las fuerzas de seguridad pública en una practica similar al mercenarismo.

El informe: Policía mercenaria al servicio de las Empresas Mineras fue publicado el lunes 2 de diciembre por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asociación para los Pueblos Amenazados, Derechos Humanos Sin Fronteras y el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides).

El documento presentado simultáneamente en Ginebra, en el marco de las reuniones de las Naciones Unidas, argumenta cómo esos convenios socavan el monopolio del uso de la fuerza por Estado.

Además, lejos de contribuir a la solución pacífica de los conflictos, han agudizado la violencia y producido severas vulneraciones de los derechos humanos como sucedió en los conflictos con minera Yanacocha en Cajamarca y con la minera Xstrata Tintaya en Espinar, Cusco.

En ambos casos las protestas ciudadanas fueron respondidas con una represión muy violenta, y detrás de la acción policial existen convenios entre la Policía Nacional y las empresas mineras.

Las cuatro organizaciones exigen la inmediata anulación de los convenios entre las fuerzas de seguridad peruanas y las empresas mineras y exigen al gobierno respetar los derechos de la población y garantizar su protección.

Asimismo, demandan la instalación de una Comisión de la Verdad sobre los derechos humanos y la minería en el Perú.

La colaboración de la PNP con las empresas mineras contradice las directrices para la Economía y los Derechos Humanos, así como los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, dos iniciativas internacionales impulsadas por las Naciones Unidas.

Es una gran contradicción que la empresa matriz de minera Yanacocha, Newmont Mining Corporation se adhiere a los principios voluntarios y tenga a la vez convenios con la policía peruana. Igual sucede con la empresa Xtrata Tintaya, con sede en Suiza, comprometida también con el cumplimiento de los principios voluntarios.

Los autores del informe requieren que los Estados y mecanismos de la ONU promuevan una reforma de los principios voluntarios y se cree un marco normativo conforme a las directrices para la Economía y los Derechos Humanos que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos y ambientales.

En casos de violaciones de derechos humanos y grave destrucción del medio ambiente los afectados deben poder reclamar sus derechos vulnerados tanto en el país anfitrión (host country) de la empresa como en el país que es sede de su casa matriz (home country).

Acceda al informe completo con un clic en los siguientes enlaces:

Policía mercenaria al servicio de las Empresas Mineras (PDF, 37 páginas, español)
Police in the Pay of Mining Companies (PDF, 32 páginas, inglés)

Policía mercenaria al servicio de las Empresas Mineras by Mi Mina Corrupta

Police in the Pay of Mining Companies by Mi Mina Corrupta

Perú: Cuatro compañías mineras realizarán oferta conjunta por Las Bambas [¿Newmont quiere ser cuprífera?]

En el grupo destaca la norteamericana Newmont Mining Corp, a pesar que ha inicios de octubre negara estar en carrera por el proyecto

Nueva York/Toronto (Reuters). La canadiense Teck Resources Ltd, Newmont Mining Corp, la firma de capital privado Blackstone Group LP y Magris Resources, compañía liderada por un ex jefe de Barrick Gold, están trabajando juntas en una oferta por la mina de cobre Las Bambas de Glencore Xstrata en Perú, según allegados a las negociaciones.

La china Minmetals ha sido considerada hasta el momento como la favorita para adjudicarse el proyecto de US$5.900 millones después de que Chinalco, el mayor productor de aluminio de China, se retiró de la carrera.

La próxima ronda de ofertas por Las Bambas se realizará el próximo mes, según varias fuentes que no quisieron ser identificadas debido a que el proceso es privado y está en desarrollo.

Teck, Newmont, Blackstone y Magris Resources (compañía liderada por el ex presidente ejecutivo de Barrick, Aaron Regent), ya se han acercado a bancos de financiamiento por su potencial oferta, dijo una de las fuentes, sugiriendo que el consorcio se ve a sí mismo con un aspirante serio.

El operador de materias primas Glencore acordó este año vender Las Bambas para conseguir la aprobación de las autoridades regulatorias de China para su adquisición de la minera Xstrata, debido a que Pekín temía que el grupo fusionado tendría demasiado poder en el mercado del cobre.

Un comprador chino ha sido considerado como algo seguro desde que Las Bambas fue puesta a la subasta, debido a los enormes fondos que poseen las compañías estatales del país y la demanda de cobre de China, que ya es el mayor consumidor mundial del metal rojo.

Teck, Magris y Blackstone declinaron ofrecer comentarios. Un portavoz de Newmont no estuvo disponible inmediatamente para referirse al tema.

MMG (la filial internacional de la china Minmetals Corp y que cotiza en Hong Kong) está ofertando junto al grupo CITIC y otros socios más pequeños, aunque la composición final aún no está clara.

Las ofertas iniciales por Las Bambas alcanzaron cerca de los US$6.000 millones el mes pasado, incluyendo la suma invertida en la construcción hasta la fecha, cerca de las estimaciones del valor de la mina de los analistas.

En una nota de investigación publicada en mayo, los analistas de Nomura fijaron su valor a fines del 2014 en alrededor de US$6.200 millones.

En el momento en que se acuerde una venta, Glencore Xstrata estima que habrá gastado US$3.300 millones en Las Bambas. La firma cree que el costo total de construcción será de US$5.900 millones.

Las Bambas, una de las minas más grandes de la cartera de proyectos de Xstrata, debe comenzar su producción en el 2015. Se espera que extraiga más de 450.000 toneladas de cobre al año en sus cinco primeros años y 300.000 toneladas anuales con posterioridad.

 

Fuente: El Comercio - http://elcomercio.pe/economia/1665151/noticia-cuatro-companias-mineras-realizaran-oferta-conjunta-bambas

Carlos Monge: “Es urgente que se implemente el Ordenamiento Territorial”

Por: Christian Reynoso
Noticias SER

Carlos Monge, analista político y especialista en el tema de industrias extractivas opina sobre el diálogo en Espinar además de la posible venta de los yacimientos de Las Bambas y Tintaya, el futuro del proyecto Quellaveco y el debate sobre el ordenamiento territorial en el país.

Parece ser que el gobierno tiene una mirada optimista en relación al monitoreo ambiental en Espinar, pero el alcalde Oscar Mollohuanca, ha dicho que las causas fundamentales del conflicto no se han resuelto. ¿Cómo ve el posible desenlace de las negociaciones? 

 

El conflicto en Espinar tiene dos componentes. Uno que tiene que ver con el fondo social, cuántos recursos se designan, en qué se gastan, quién los maneja, que son materia de una negociación. El segundo, que tiene que ver con la contaminación, si ésta existe y si es atribuible a la empresa minera. En este escenario, es un avance que todas las partes involucradas se hayan sentado a una mesa de diálogo y que hayan podido establecer un sistema de monitoreo participativo de los impactos ambientales. Esto expresa que el tema ambiental es importante y que se reconoce que hay una legítima preocupación de la sociedad local respecto del impacto de la actividad minera sobre la calidad de las aguas. Ahora, es cierto que al final, puede haber lugar para el disenso. De modo que en este momento no se puede adelantar cuál será el resultado del informe. Según los resultados puede haber discrepancias en el diálogo que luego conlleven a nuevos problemas.

¿Y en ese escenario que impacto puede tener la fusión de Xstrata con Glencore Internacional, y la posible venta de los yacimientos de la primera? 

 

 Esto tiene varias dimensiones. Un tema de debate va a ser si es que en el extranjero una empresa como ésta cambia de manos y alguien gana dinero en esa operación. La pregunta es a quién pagan los impuestos y qué gobierno recibe ese beneficio. Esta es una concesión dada por el Estado peruano. Por otro lado, si Xstrata se vende a Glencore, o si Glencore compra a Xstrata, ¿el Perú no tiene derecho de participar en esa ganancia? También hay el rumor de que en el financiamiento de esta operación entre Xstrata y Glencore habría capitales chinos. Recordemos que en el Perú hay algunas experiencias con la minería china que son muy malas mientras que en el mundo hay experiencias donde estos capitales no han respetado los sistemas ambientales, ni el derecho de consulta. Ese es un factor adicional que se debería considerar en el corto plazo.

¿Y qué implicaría para Espinar?  

 

Si se produce un cambio, por el despido de recursos humanos, pues es un problema potencial, porque estaríamos cambiando de actores en medio de una negociación que puede dificultar un proceso de una larga acumulación de confianza y reconocimiento mutuo de las partes involucradas. Ahí me preocuparía que haya una ruptura que pueda impactar en esa fluidez del proceso de negociación en curso.

Por otro lado, Angloamerican habría postergado la decisión sobre la aprobación final del proyecto Quellaveco. ¿Qué podría pasar en este escenario, donde el gobierno nacional y regional pusieron tantas expectativas? 

 

En este caso hay dos temas. Uno es que se logre que el MEF suelte los recursos para que se pueda ejecutar la represa de Pasto Grande, con lo que se resolvería un viejo anhelo de Moquegua ya que aparentemente quienes cuestionaban a Quellaveco preocupados por la disponibilidad de agua, parecen haberse aliviado con la promesa de Pasto Grande. Lo segundo, es que como parte de esa negociación, la empresa se ha comprometido a hacer un aporte fuerte de recursos al gobierno regional. Entonces si el proyecto se cae, ya no sería por la resistencia social interna o por una oposición política de la autoridad regional, sino por consideraciones globales de la situación de la empresa Angloamerican. Podría ser que eventualmente Quellaveco no sea el proyecto más importante o que la empresa tiene responsabilidades en otras partes. Si eso ocurre, las expectativas de Moquegua se verían afectadas. Además, qué pasaría con Pasto Grande porque si no hay proyecto minero entonces se da marcha atrás a Pasto Grande. Ahora, lo interesante sería que este proyecto se mantenga con o sin proyecto Quellaveco porque es una necesidad para la región.

El gobierno ha planteado realizar la primera consulta previa en el Perú en la zona del Pastaza, pero ante el reciente estudio del OEFA que confirma la contaminación, ha generado cierta tensión. ¿En este contexto de por medio será posible la consulta previa? 

 

Hasta donde entiendo las organizaciones han aceptado ser parte de este proceso de consulta sobre la nueva concesión pero poniendo como condición que haya algún tipo de compromiso o compensación de los terribles pasivos ambientales de la zona. Es la lógica de ver primero la solución a los problemas ambientales para luego recién retomar la actividad petrolera. Entonces esto puede terminar siendo una situación compleja dependiendo de cuál es el nivel de condicionamiento y la exigencia para efectivamente entrar en el proceso de consulta.

La implementación de una política de ordenamiento territorial sigue postergándose, pese a las diversas iniciativas que existen. ¿No hay voluntad política en este tema? 

 

 Es urgente que se implemente el Ordenamiento territorial porque ahora los gobiernos regionales tienen el mandato y la competencia de conducir estos procesos de Zonificación Ecológica y Económica y sobre esa data sustentar legislación y acción efectiva para el reordenamiento de sus territorios. Es importante porque con todo este crecimiento de concesiones y de explotación de minerales e hidrocarburos, prácticamente se hacen a ciegas sin tener la menor idea de cuál es la situación productiva, ni los servicios ambientales que tienen nuestros territorios. Entiendo que el Ministerio de Energía y Minas y el sector empresarial sobre todo minero no tienen ningún interés para que esto salga adelante. Lo ven como un enemigo, como el empoderamiento de los gobiernos regionales para los derechos territoriales, lo que podría ser un límite para el acceso que ahora tienen a los territorios.

Columna Nova Aqvua: Modus Humala Operandi

Por: Jorge J. Chávez Ortiz*

Las protestas sociales son un mecanismo de expresión usado por los ciudadanos, pobladores y demás personas a nivel nacional, al ver que sus pedidos no son escuchados, mucho menos tenidos en cuenta, al ver tanta injusticia que atropellan sus derechos como seres humanos y como miembros de una sociedad, en donde no se les toma en cuenta como actores de su propio desarrollo.

En los últimos años las protestas han ido aumentando, en especial las del tipo socio-ambiental pues está en juego los recursos naturales indispensables para la vida como es el agua y otros recursos que serán de gran utilidad para las siguientes generaciones.

Antes que Alan García terminara su periodo presidencial los dos últimos conflictos socio-ambientales se desarrollaron en Arequipa (Proyecto Tia Maria de Minera Southern Cooper Corp.) y Puno (Santa Ana – Minera Beer Creck) y en las dos ocasiones los proyectos fueron suspendidos por presión social, sin olvidar que en ambas protestas la población salió a las calles y hubo bloqueo de carreteras, como también hubo presencia policial.

Cuando Ollanta Humala toma las riendas del Perú, la población esperaba que sus promesas electorales se cumplieran, una de esas tantas era la protección de zonas vulnerables donde están ubicadas empresas mineras y la otra evaluar los contratos mineros.

El dolor de cabeza de Humala comienza luego de más de 5 meses de asumir el poder, cuando Cajamarca decide salir a protestar contra el Proyecto Conga de Minera Yanacocha, este marcaría el primer conflicto social relacionado a minera de este gobierno. Las protestas contra Conga, generaron 2 paros indefinidos, el primero que duro dos semanas (Novimebre – Diciembre de 2011), dejando 17 heridos de balas, de perdigones y de bombas lacrimógenas, esta protesta fue detenida con un ESTADO DE EMERGENCIA promulgada por la PCM; el segundo paro indefinido duro no más de 5 semanas (Junio – Julio de 2012), dejando como saldo 4 muertos en Celendín y 1 en Bambamarca, decenas de herido y detenidos, nuevamente se hizo uso del ESTADO DE EMERGENCIA para controlar las masas en Cajamarca, Celendín y Hualgalloc.

 Contigente de DINOES en el Proyecto Conga el pasado 28 de febrero. Foto: Internet

Pero este no era el único problema, las comunidades de Espinar en Cuzco cansados de los atropellos recibidos por Xstrata – Tintaya, deciden salir a protestar. Su paro indefinido duro menos de una semana (Mayo - 2012), este conflicto dejo un saldo de 3 muertos y varios heridos, y como si fuera un patrón normal del gobierno de Humala, se impone nuevamente ESTADO DE EMERGENCIA a Espinar.

Iniciando el año Humala recibe un baldazo de agua fría, en Lambayeque la comunidad indígena de San Juan de Cañarís y alrededores, inician un paro indefinido (Enero – Febrero de 2013) contra el Proyecto Cañariaco de Minera Cañariaco Copper, este conflicto actualmente se encuentra suspendido temporalmente y hasta el momento solo ha dejado 24 heridos ().

 

Policia y pobladores de Cañaris. Foto: Radio Marañon

Pero si nos ponemos a analizar ¿Que hay en común en estos 3 conflictos sociales (Conga, Xstrata - Tintata y Cañariaco)?. Podemos deducir que:

1. Hay movilización de gran cantidad de efectivos policías (USE, DINOES e incluso DIRANDRO), en el caso de Espinar y Cajamarca declaratorias de ESTADOS DE EMERGENCIA.
2. En la zona del proyecto o de la mina es resguardada por contingentes policiales.
3. Hay represión policial, uso de armas de fuego y violación de Derechos Humanos fundamentales.
4. Masivas denuncias hechas por la fiscalía a los diferentes dirigentes.
5. Se Instalan mesas de dialogo, donde los actores principales son excluidos y donde son incluidos actores muy llegados al proyecto minero de la zona.
6. Se destinan grandes sumas de dinero para inversiones y se implementan casi en su totalidad todos los programas sociales de los diferentes ministerios, en las zonas de conflicto.
7. La información es manipulada por parte de los grandes medios de comunicación.

Estas son algunas de las tantas cosas en común que tienen estos 3 conflictos sociales, pero la pregunta que siguen haciéndose varios personas del campo y la ciudad que residen en estas regiones es ¿Está preparado el gobierno para afrontar estos conflictos sociales, sabiendo que cada uno de ellos es diferente y que tienen un denominador común que es minería en cabeceras de cuenca, destrucción y contaminación de recursos naturales indispensables para la vida? Esta respuesta la sabremos cuando el gobierno de Ollanta Humala termine o tal vez nunca, pero los conflictos sociales continuaran.

La mejor solución será cuando los futuros gobiernos de turno se sientan a dialogar abiertamente y libremente con los actores involucrados en estos conflictos, en donde se respete la decisión de los pueblos, las leyes ambientales y en donde el modelo económico tenga que favorecer a los más necesitados, la población quiere desarrollo pero sin destrucción, sostenible en el tiempo, donde las futuras generaciones vivan en un ambiente sano, libre de contaminación.

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 * Jorge J. Chavez Ortiz: Bloguero, estudiante de Ing. Ambiental de la Universidad Nacional de Cajamarca, Premio Nacional de DDHH y Periodismo de la CNDDHH - año 2012. 

Fuente: Semanario El Cajamarquino, Pág. 11  -  http://issuu.com/elcajamarquino/docs/edici_n_cuatroa

2012, Balance de un Año Dramático

Por:  Wilfredo Ardito Vega

 

Enero

27 muertos deja el incendio en un centro de rehabilitación para drogadictos en San Juan de Lurigancho. En abril otro incendio cobrará otras 14 muertes en otra comunidad terapéutica Chosica. Las ciudades peruanas no están preparadas para estos siniestros que a lo largo del año generarán mucha destrucción en lugares como Iquitos, Sullana y también en Lima. En relación a las comunidades terapéuticas, el gobierno emitirá en junio un reglamento para garantizar los derechos de las personas internadas.

Es publicada la Ley 29824, Ley de Justicia de Paz, que detalla las competencias y procedimientos de los Jueces de Paz, les otorga el derecho a contar con un seguro de vida, la inscripción en el SIS y que el Poder Judicial asuma el pago de los exhortos. En junio se concluye la redacción del reglamento de la norma, pero el Ministerio de Justicia no la promulga.

El Ministerio de Salud intenta disminuir el consumo de gaseosas y comida chatarra entre los niños, a lo que se suma después la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso. Los fabricantes de dichos productos promueven una ofensiva publicitaria asegurando que defienden el derecho de los padres de elegir cómo alimentar a sus hijos, sin reparar que las alarmantes cifras de obesidad infantil revelan la pérdida de autoridad de muchos padres para hacerlo.

Febrero

Muchas personas reaccionan indignadas cuando un adolescente lanza un insulto racista en un cine de Chorrillos, sin reparar que estos hechos se producen todos los días, en colegios, comisarías, hospitales, empresas privadas, etc.

En este contexto de doble moral, se presenta la película Choleando, que muestra el racismo como una situación extendida y permanente. En marzo, la Defensoría del Pueblo anuncia que se difundirá a nivel nacional, como parte de la campaña contra la discriminación, logrando que la vean miles de policías, escolares y funcionarios público.

 

La Municipalidad de Lima abre una oficina para apoyar legalmente a las víctimas de accidentes de tránsito. Al finalizar el año, la Defensoría del Pueblo señala que las principales compañías de seguros tienen elevadas deudas a clínicas y hospitales por razón del SOAT… y que los hospitales estatales elevan sus tarifas en estos casos, haciendo que la cobertura de las víctimas disminuya.

Marzo

Carlos Lanci, Julio Ticona y Francisco Areque, que participaban en protestas en Puerto Maldonado en defensa de la minería informal, son los primeros muertos por la violencia policial en el 2012. Al finalizar el mes se incorporan a la lista Christian Alvarado y Luis García Guerrero, fallecidos durante un violento enfrentamiento de la policía con pescadores que incendiaron la comisaría de Sechura e hirieron de gravedad al comisario César Castro.

El Ministerio de Cultura, la Defensoría del Pueblo, el Centro Cultural de la Universidad Católica y diversas organizaciones de la sociedad civil realizan acciones alusivas al Día Mundial contra la Discriminación Racial. El congresista Leonardo Inga presenta el Proyecto de Ley 756 contra la discriminación, pero lamentablemente, a lo largo del año la discusión al respecto no avanza.

El Ministerio de Educación comienza el programa Escuelas Marca Perú, invirtiendo en más de 1,000 colegios que son los más pobres del país.

Abril
La policía mata al pescador Robert Castillo y al adolescente Roberto Ramos, de 15 años, durante las protestas de los pescadores de Paita que exigen el incremento de la cuota de merluza. En realidad, el incremento estaba autorizado, pero el Ministro de la Producción, José Urquizo, se marchó del país por una semana sin firmar la resolución. Paita sufre una represión brutal e indiscriminada, como en los meses siguientes padecerían Espinar, Celendín y Bambamarca. Muchas personas quedan heridas de gravedad. Hasta la fecha ninguna ha recibido apoyo de las autoridades para su tratamiento o rehabilitación.

Fallecen dos arequipeños con posiciones totalmente opuestas sobre los derechos humanos y la democracia: Jorge Santisteban de Noriega y Andrés Bedoya Ugarteche. Por ironías del destino, ambos son velados en la misma iglesia, con pocas horas de diferencia.

Después de años de indiferencia, la situación del VRAE llama la atención de la opinión pública, especialmente después que decenas de trabajadores son secuestrados por terroristas. Los rehenes son liberados, pero son retenidos por la policía un día más, hasta que el Presidente Ollanta Humala, de viaje en Venezuela, pueda tomarse una foto con ellos. Sucesivos ataques terroristas causan la muerte de varios policías y militares. Otros son abandonados a su suerte y ni siquiera las autoridades disponen la búsqueda de sus cuerpos. De esta manera, el señor Dionisio Vilca tuvo que internarse en la selva hasta ubicar el cadáver de su hijo, el suboficial César Vilca.
Se promulga el reglamento de la Ley de Consulta Previa, que es cuestionado por varias organizaciones. Pese a ello, el Viceministerio de Interculturalidad comienza la formación de los intérpretes en idiomas indígenas. La Municipalidad de Lima consulta a los shipibos de Cantagallo sobre su traslado a un lugar más seguro.

La Municipalidad de Chaclacayo promulga su Ordenanza contra la discriminación.

Mayo

Conmoción en Espinar: la policía mata a los campesinos Walter Sencia y Rudecindo Manuelo al reprimir las protestas contra la contaminación que origina la empresa minera Xstrata. Decenas de personas son detenidas y conducidas al campamento de la empresa. Lo mismo ocurre a Jaime Borday Romualdo Ttito, integrantes de la Vicaría de Sicuani, a quienes se acusa inicialmente de portar armas para los manifestantes. Todos son golpeados ante la indiferencia de varios fiscales. Jamás un integrante de un organismo de derechos humanos había sufrido estas vejaciones.

La Municipalidad de Miraflores sanciona con siete días de clausura a la discoteca Gótica por impedir el ingreso a Godfrey Arbulú. Por su parte, la Municipalidad de Abancay sanciona a la Universidad Alas Peruanas por una oferta de empleo que discriminaba por edad y a una agencia de empleo y una clínica que exigían “buena presencia”.

Rechazo generalizado ocasiona la sanción del cardenal Juan Luis Cipriani contra el sacerdote Gastón Garatea, conocido defensor de los derechos humanos, a quien se le prohíbe decir misa en Lima.

La Municipalidad de Lima convierte a la antigua Casa Rímac en un centro de exposiciones fotográficas ligadas a la problemática de los derechos humanos y la exclusión.

Junio

El gobierno se comporta con la provincia de Espinar como si fuera territorio enemigo: establece el Estado de Emergencia, congela las cuentas de la Municipalidad y detiene al alcalde Oscar Mollohuanca, vinculándolo a los hechos de violencia que él trataba de impedir. Siguiendo una arbitraria disposición judicial, se traslada a Mollohuanca a Ica donde el obsecuente Ministerio Público pide para él seis meses de prisión preventiva, sin fundamento alguno. Los magistrados de Ica que disponen su liberación son a su vez investigados por el propio Poder Judicial, como si hubieran incurrido en una infracción. El mes anterior, Mollohuanca ya había sido víctima de un perdigón disparado por la policía.

La Defensoría del Pueblo pide públicamente que se sancione con severidad a los policías responsables de torturas y malos tratos a los ciudadanos. Al día siguiente, una integrante de la Defensoría, la abogada Genoveva Gómez, es brutalmente golpeada por los policías de la Primera Comisaría de Cajamarca. Jamás había ocurrido algo así en todos los años de historia de la Defensoría del Pueblo, pero la violencia policial se encuentra totalmente desbordada en Cajamarca.

El programa Radicales Libres, el único espacio en la televisión donde se hablaba de derechos humanos, racismo y contaminación ambiental es abruptamente cancelado por RBC.

En este contexto dramático, el Congreso ratifica la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas.

Julio

El gobierno cada vez comete más violaciones a los derechos humanos: la policía mata en Bambamarca a Joselito Vásquez y en Celendín a Eleuterio García, José Faustino Silva, José Antonio Sánchez así como a César Medina, de solamente 16 años. Días después, en plena Plaza de Armas de Cajamarca es detenido Marco Arana. Los policías lo golpean salvajemente ocasionándole varias fracturas. Es liberado al día siguiente. La acción genera tanto descrédito para el gobierno que aún se especula si se trató de una torpe maniobra dispuesta al más alto nivel o un exabrupto de algunos torpes policías.

Cuando las cosas parecen marchar solamente hacia peor, el Presidente decide cambiar al Primer Ministro Oscar Valdés por Juan Jiménez Mayor y al controvertido Ministro del Interior Wilver Calle por Wilfredo Pedraza, con mucha experiencia en temas de derechos humanos, que anuncia claramente que no habrá más muertos en protestas sociales. Sin embargo, a fines de mes es detenido y torturado el joven periodista de Celendín Jorge Chávez Ortiz.

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho publica su Ordenanza contra la discriminación.

Agosto

El Ministerio del Interior dispone el cese de Jaime Gonzales como jefe policial de Cajamarca, quien autorizó todos los crímenes cometidos en meses anteriores. Las tensiones en la región disminuyen con el anuncio de Yanacocha que suspenderá el proyecto Conga

En Espinar fallece Félix Yauri, otro de los heridos por la represión policial de mayo. La empresa Xstrata anuncia que dará un fondo de 500,000 soles para las familias de las tres personas muertas. Los Ministros de diversos sectores y la empresa participan en el diálogo con la población de Espinar.

Pese a los anuncios del Ministro Pedraza, la policía mata en Monzón (Huánuco) a Juan Espinoza y Rider Roque, quienes participaban en una protesta contra la erradicación de cultivos de coca.

La población de Moyobamba protesta contra una periodista que lanza expresiones racistas contra los pueblos indígenas en un programa de la televisión local, que finalmente es cancelado.

Muere la antropóloga italiana María Heise, pionera de la interculturalidad en el Perú.

Septiembre

El caso de la niña Soraida Caso, aparentemente muerta por acción de las fuerzas de seguridad conmueve de manera inusual a la opinión pública. En cambio, la muerte del campesino Nemesio Poma, que participaba en las protestas contra la empresa Barrick recibe la indiferencia de siempre.

El Tribunal Constitucional declara que la comunidad nativa de Tres Islas (Madre de Dios) tiene el derecho de impedir el ingreso a madereros ilegales y mineros informales. Se reafirma la autonomía de las comunidades nativas, un importante precedente para muchas otras comunidades afectadas por intrusos.

Entretanto, en las alturas de Lambayeque, los campesinos de la comunidad de San Juan de Cañaris rechazan las actividades mineras que la empresa Candente proyecta llevar en sus tierras. La insistencia de la empresa y su intento de manipular a la población llevará a fuertes tensiones en los meses siguientes.

Sorpresivamente fallece Pilar Coll, quien fue la primera Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en los difíciles años ochenta. Ella mantenía un valioso trabajo de promoción de los derechos humanos y realizaba actividades pastorales en las cárceles peruanas hasta dos días antes de su muerte.

Octubre

Una intervención policial improvisada en La Parada origina una agresiva respuesta de los comerciantes, respaldados por grupos de delincuentes. Dos de ellos, Kenji Castro y Gino Cárdenas mueren, en medio de violentos enfrentamientos. Días después, la Municipalidad de Lima y la Policía logran desalojar a los comerciantes sin usar violencia, pero dentro del mercado mueren dos personas en circunstancias ajenas al desalojo. Por toda Lima se difunden falsos rumores de saqueos, que causan pánico. Por su parte, muchas personas de diversos sectores sociales proclaman que les causa más tristeza la muerte de una yegua que las cuatro personas fallecidas.

Muere el dirigente cocalero Iburcio Morales después de un año de pedir un indulto humanitario o una orden de comparecencia. En plena agonía estaba esposado a su cama del hospital.

Se realiza un nuevo Operativo Cuerazos Peruanos en el Jirón de la Unión, esta vez para denunciar la publicidad racista de las tiendas Oeschle, Ripley y Saga Falabella.

RENIEC elabora varios documentos para que los registradores se familiaricen con los nombres indígenas. Los primeros textos publicados se refieren a los nombres en awajún y en quechua.

Noviembre

Mientras se reabre el proceso por las esterilizaciones forzadas a miles de campesinas e indígenas amazónicas durante el régimen de Alberto Fujimori, Marco Alvarez, alcalde de San Borja, es absuelto de los cargos de desaparición forzada de varias personas en Huancavelica, que le atribuyen los organismos de derechos humanos.

Se anuncia que las víctimas de la violencia política tendrán una reparación de 5,000 soles, que es realmente reducida para quienes quedaron afectados durante toda una vida.

Comienzan las transmisiones en quechua en Radio Nacional y en el programa Miski Taki, en TV Perú, también se da inicio a las clases en ese idioma.

La Municipalidad de Pueblo Libre promulga su Ordenanza contra la discriminación. En ese distrito se realizará el primer Operativo La Gentita que muestra la manera en que las personas reaccionan frente a una situación de discriminación.

La destrucción del Callejón El Buque muestra la indiferencia de la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Cultura en relación al patrimonio arquitectónico de los Barrios Altos. Semanas después, sin embargo, la Municipalidad inaugura el nuevo Museo Bodega y Quadra que muestra la vida en Lima en los últimos cinco siglos. Otra obra importante para el Centro Histórico es la peatonalización del Jirón Ica-Ucayali. Desde el sector privado destaca la restauración del Palais Concert por Ripley y de la Casa Welsch por Starbucks. Sin embargo, la hermosa Casa Courret ha quedado afectada por una desatinada intervención durante la Bienal de Fotografía de Lima.

Diciembre

Miles de personas participan en la carrera contra la discriminación organizada por la Defensoría del Pueblo. El futbolista Paolo Guerrero aparece en un anuncio antirracista organizado por esta institución y por el Instituto Peruano del Deporte. Por su parte, el Ministerio de Cultura hace un llamado a evitar el racismo en los regalos navideños.

La Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Educación, el Viceministerio de Interculturalidad y el Gobierno Regional del Callao intervienen frente a un profesor que hacía comentarios racistas en clase.

El Ministerio de Educación presenta un documento fundamental sobre los idiomas indígenas destinado a promover con seriedad una educación bilingüe intercultural. Se promulga la Ley del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE. El Ministerio del Interior anuncia el pago de la deuda pendiente a miles de esposas de policías y militares heridos por el terrorismo. Casi 250,000 adultos mayores reciben la Pensión 65. A nivel regional, el nuevo Metro de Huancayo hace sus primeros recorridos gratuitos.

Sin embargo, no todo en diciembre son noticias positivas: son asesinados los alcaldes de Casma y Angasmarca (La Libertad). En el segundo caso, los autores son capturados y confiesan que les pagó una empresa que perdió una licitación. Un incendio arrasa con centenares de viviendas en el paupérrimo barrio de Belén, en Iquitos. El servicio militar obligatorio es restablecido sin ningún debate al respecto. En Cajamarca, Marco Arana y Mirtha Vásquez vuelven a sufrir diversas formas de acoso.

Como pueden ver, hemos vivido un año muy duro, con muchos momentos difíciles y dolorosos, aunque también con señales de esperanza. Esperemos que el 2013 sea mejor para todos los peruanos, especialmente para los más pobres y olvidados.

MEM - Cartera Estimada de Proyectos Mineros - Actualizado Septiembre 2012

Cartera Estimada de Proyectos Mineros - Actualizado Septiembre 2012

Perú: Lanzan video en campaña “Alternativas al Extractivismo”

Servindi, 20 de setiembre, 2012.- Como parte de la campaña “Alternativas al Extractivismo” la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) lanzó el video “Transiciones para salir del viejo desarrollo” que ya se encuentra circulando en las redes sociales.

El video explica de un modo sencillo cómo es que el actual modelo extractivista se está volviendo cada año más insostenible y plantea la pregunta de si los países, principalmente de la región, hacen bien al basar su supuesto desarrollo en un modelo depredador.

La tala de árboles, la minería a cielo abierto, la explotación de hidrocarburos y la agricultura para biocombustibles son algunas de las actividades que provocan daños irreversibles en la naturaleza. Se suman a las consecuencias los impactos sociales y territoriales.

El video precisa los pasos a seguir para abandonar el modelo, algo que se logrará con acciones como la aplicación de la ley, el respeto de las exigencias medioambientales y la activa participación de un Estado fiscalizador y eficiente, defensor del bien común.

Un punto importante a destacar del contenido es que nos exhorta a comprender que crecimiento no es igual que desarrollo y que consumo no es igual que calidad de vida, conceptos que muchas veces son igualados generando así confusión.

“Transiciones para salir del viejo desarrollo” propone algunas ideas y caminos para alcanzar cambios a nivel global y abre el debate en torno a nuevas medidas que generen calidad de vida para las personas y protección para la naturaleza.

La campaña “Alternativas al Extractivismo” es promovida también por el Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES) y que recoge aportes de múltiples diálogos en el Perú y la Región.

Indignante: Fiscalía no sabe quiénes mataron a 7 pobladores en Espinar y Cajamarca

Fiscalía no sabe quiénes mataron a 7 pobladores en Espinar y Cajamarca

Fuente: La República

 

Sábado, 11 de agosto de 2012 | 7:19 am



Cortejo fúnebre de Joselito Vásquez Jumbo, de 28 años, en el cementerio de Bambamarca, donde murió, pero el caso se investiga en Chiclayo.

Los familiares de las víctimas de la protesta social por los casos de Xstrata y Conga no pueden ejercer sus derechos ante las autoridades porque los casos fueron trasladados a las alejadas jurisdicciones de Ica y Lambayeque, adonde no pueden viajar por falta de recursos.

María Elena Hidalgo

No hay culpables. Las autoridades han avanzado poco o nada en identificar a los autores del asesinato de siete pobladores durante las últimas protestas contra proyectos mineros en las ciudades de Espinar, Celendín y Bambamarca.

La República hizo un seguimiento a las investigaciones oficiales de cadahomicidio y encontró que existe un notorio retraso. Esto se debe a que las diligencias se desarrollan no en el lugar donde ocurrieron los hechos sino en otra jurisdicción señalada por el Ministerio Público.

Así, las muertes de Rudecindo Manuelo Puma y Walter Sencia Ancca, ocurridas el28 de mayo en Espinar, Cusco, están en manos de la Fiscalía Provincial de Ica.

Lo mismo sucede con los casos de César Medina Aguilar, José Silva Sánchez yPaulino García Rojas, abatidos el tres de julio en Celendín, Cajamarca; de José Sánchez Huamán, fallecido el cinco de julio, también en Celendín; y de Joselito Vásquez Jumbo, muerto en Bambamarca.

Las pesquisas sobre los fallecidos en Cajamarca están a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, bajo responsabilidad de Nelly Chambergo Burgos. Ella dijo a este diario que no tenía el expediente del caso de los muertos de la protesta contra Conga.

Por eso, hasta el momento, en ninguno de los siete casos se ha establecido responsabilidad. Ni siquiera se han planteado presunciones.

Peor aún, como resultado del traspaso de las investigaciones de Espinar, Cusco, a Ica; y de Celendín y Bambamarca, Cajamarca, a Chiclayo; esta disposición complica a los familiares de las víctimas el acceso a la justicia.

INACEPTABLE OLVIDO
El octavo día de huelga por los reclamos a la compañía minera Xstrata, el 28 de mayo,Rudecindo Manuelo Puma y Walter Sencia Ancca murieron al recibir cada uno un impacto de proyectil de arma de fuego.

Ni Manuelo ni Sencia eran parte de la protesta.

Los que dispararon contra los modestos pobladores lo hicieron con el expreso propósito de matar, indican los peritajes.

En la jornada de manifestaciones algunos medios de comunicación filmaron a policías cuando dirigían el cañón de sus armas de reglamento directamente al cuerpo. En lo que respecta a Manuelo y Sencia, sus casos han pasado a manos de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Ica, a cargo de María Ley Tokumori.

Los familiares de Manuelo y Sencia son de escasos recursos y apelan a la sensibilidad de amigos y vecinos para cubrir los gastos. Les resultará muy difícil pagar pasajes y estadía para trasladarse de Espinar a Ica. Con el traspaso de las investigaciones, la acusación tardará lo suficiente como para que quede en el olvido.

Por disposición del fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, desde el primero de junio"por razones de seguridad", las investigaciones fiscales sobre protestas sociales se ventilan en otra jurisdicción.

INDICIOS DELATORES

Los protocolos de necropsia obtenidos por La República indican que a Rudecindo Manuelo Puma el proyectil le ingresó por el lado derecho del tórax y le atravesó el corazón. Su muerte fue instantánea.

En el caso de Walter Sencia Ancca, la bala homicida le perforó el tórax y en su recorrido destruyó los pulmones y desgarró la aorta. El fallecimiento fue en el acto.

Manuelo nació en Pichigua, en Espinar, e iba a cumplir 29 años el próximo tres de octubre. Sencia era natural de Espinar y el 27 de octubre iba a celebrar 26 años.

El día de los hechos salieron a cumplir con sus habituales actividades. No participaron en las manifestaciones.

Rudecindo Manuelo era un albañil conocido en Espinar y vivía en la comunidad de Totora Alta. Walter Sencia Ancca trabajaba como payaso. Se hacía llamar "Manzanita".Era muy popular en Espinar. Además del balazo que lo mató, los caballos de la policía pisaron su cuerpo, fracturándole los huesos. "Manzanita" estaba feliz con el próximo nacimiento de su hijo. Su esposa, ahora viuda, Sara Hallpa Ccuno, de veinte años, tiene seis meses de gestación.

LOS MUERTOS DEL NORTE

Walter Aguilar Guzmán, tío de César Medina Aguilar, el colegial de 16 años que murió de un balazo en la cabeza en la plaza de armas de Celendín, asegura que su familia desconoce en qué fiscalía está el caso.

Marisol Malqui Rosas, esposa de José Silva Sánchez, asesinado en las manifestaciones en Celendín contra Conga, afirmó que Silva no participó en las protestas; y que con el traslado del caso a Chiclayo, le resultará muy difícil seguir el proceso porque carece de recursos. A José Silva Sánchez un balazo le destrozó el cráneo.

Hipólito Leiva Paz, tío de Paulino García Rojas, otra víctima de Celendín, relató que su sobrino había ido al banco a depositar dinero cuando un proyectil le atravesó el pecho. No cuentan con fondos para pagar un abogado en Chiclayo. No saben nada del avance de las investigaciones.

Walter Aguilar, Marisol Malqui e Hipólito Leiva coincidieron en lamentar que, debido a la disposición del Ministerio Público de traspasar las investigaciones a otras jurisdicciones, sus derechos de acceso a la justicia sufren un grave recorte. No cuentan con recursos para viajar y menos para contratar abogados.

La República no pudo contactar con los familiares de José Sánchez Huamán, muerto en Celendín, ni con los de Joselito Vásquez Jumbo, asesinado en Bambamarca. Habitaban en zonas muy alejadas.❧

LAS VÍCTIMAS RECIBIERON UN BALAZO EN LA CABEZA O TÓRAX

Rudecindo Manuelo Puma murió por un proyectil que le ingresó por el lado derecho del tórax y le atravesó el corazón.

Walter Sencia Ancca recibió un proyectil también en el tórax, pero en el recorrido destrozó los pulmones y la arteria aorta.

César Medina Aguilar recibió un balazo en la cabeza que le destruyó la masa encefálica.

José Silva Sánchez fue impactado por una bala que ingreso por la frente y salió por la nuca, destruyéndole la masa encefálica.

Paulino García Rojas recibió un disparo en el tórax con entrada y salida, y en el trayecto lesionó sus órganos vitales.

José Sánchez Huamán murió debido a un proyectil que le ingresó por la boca, le perforó la tráquea y voló la base del cráneo.

Joselito Vásquez Jumbo recibió un disparo en el tórax.

Walter Aguilar Guzmán, tío del fallecido César Merino Aguilar, afirmó que mataron a su sobrino con un arma de guerra que usa el Ejército. Para sostener su versión, afirmó que había servido en el instituto militar y que había recogido casquillos que demostraban que se trataba de proyectiles de uso militar.

Marisol Malqui, esposa de José Silva, manifiesta que ella y otros testigos vieron que un soldado fue quien disparó a su cónyuge.

CLAVES

Francisco Manuelo Puma, hermano del fallecido Rudecindo Manuelo, declaró que en la Fiscalía Provincial de Espinar le dijeron que ellos no tenían ninguna información sobre el caso.

Le comunicaron que si quería enterarse del avance de las investigaciones era necesario que viajara a Ica, donde estaba el expediente. Pero Francisco Manuelo es estudiante y no tiene dinero para los pasajes.

EN CIFRAS

• 4 murieron con un balazo en la cabeza en las protestas.
• 3 murieron con un balazo en el tórax.
• 3 niños quedaron huérfanos al fallecer sus padres en las manifestaciones.

Decreto Supremo N°004-2009-IN - Contratacion de Policia para seguridad privada para minera, petroleras, bancos...

Decreto Supremo N°004-2009-IN - Contratacion de Policia para seguridad privada

Mensaje a la Nación del presidente Ollanta Humala sobre #Conga y #Espinar

Is Peru going authoritarian?

LIMA, Peru — On the campaign trail, Ollanta Humala vowed that as president he would not sacrifice rural communities to mining and oil companies that wanted to dig and drill on their lands.

The leftist candidate even pushed for a recall of then President Alan Garcia, blaming his refusal to listen to Andean and Amazonian villagers for triggering deadly clashes between police and protesters.

But as president, some of Humala's onetime allies are accusing him of authoritarianism and betrayal as his government struggles to keep a lid on a wave of angry anti-mining protests.

Police using live rounds have killed two people in clashes in the central region of Cusco over a copper mine owned by Swiss firm Xstrata, which locals say is contaminating the water table.

Village Mayor Oscar Mollohuanca had been placed in preventive custody — without charge — for leading those protests. He has now been released after an appeals court in the southern city of Ica found that the order for his detention had failed to establish his involvement as a protest instigator.

In the northern region of Cajamarca, riot police have again been cracking heads in an attempt to end unruly but largely peaceful demonstrations against plans for a massive copper and gold mine, called Conga, which they fear will devastate local lakes and streams.

Meanwhile, Gregorio Santos, the regional president of Cajamarca and a former Humala ally, is now under criminal investigation for “incitement to rebellion.”

The alleged crime happened during a speech he gave accusing Humala of going back on campaign promises. In the speech, Santos asked rhetorically: “When the president doesn’t keep his word?” The crowd responded: “They kick him out.”

According to Peru’s chief prosecutor, Jose Pelaez, that exchange constitutes an “attempted coup” by Santos, who has presidential ambitions of his own.

That outraged some commentators.

“Only classic dictatorships … can confuse opinions with crimes of sedition, rebellion or rioting and try citizens as a result of their statements,” warned La Republica, one of Peru’s two leading newspapers, in an editorial.

Meanwhile, Prime Minister Oscar Valdes turned up the heat with a highly confrontational series of Tweets, accusing mining opponents of variously “throwing poison” and wanting to light a “giant bonfire.”

He added that the protest leaders were “rotten” and “frozen” and wanted to keep Peru as a “chakra,” a local indigenous term that means a peasant’s plot of land.

One of Conga’s most trenchant critics, former Catholic priest Marco Arana, accused Valdes of “authoritarianism and the criminalization of protest.”

Speaking to GlobalPost, he also accused the premier of having a conflict of interests, given his well-publicized ownership of a medium-sized mining concession on the coast.

“As a mining entrepreneur, he represents the mining industry,” said Arana. “That means that he is not using his role as prime minister for the benefit of all Peruvians but for the benefit of the mining sector.”

The government has tried to paint Arana, who now runs Grufides, a Cajamarca-based development nonprofit, as an environmental “radical.” But it has not been helped by the activist’s international profile. In 2009, Time magazine named Arana a “Hero of the Environment.”

Mining drives the Peruvian economy, accounting for 60 percent of its exports, and the country is the world’s second largest producer of silver and copper and the sixth producer of gold.

But Peru is also wracked by more than 200 “social conflicts,” in which rural communities fiercely oppose mining, oil drilling or other extractive industries on or near their lands, according to the national Defensoria del Pueblo, a government human rights watchdog.

Those confrontations reached a nadir in 2009 with the Bagua massacre, when more than 30 policemen and indigenous protesters were killed in clashes over controversial plans by Garcia’s heavily pro-business administration to open the Amazon up to more drilling and mining.

But before he was elected last year, Humala, a leftist former army officer, vowed to ensure his countrymen’s interests would be placed before those of foreign corporations. As a result, he even received backing from Cajamarca’s President Santos.

After nearly one year in power, Humala is anxious to ensure that Conga moves ahead. The $4.8 billion Conga mine project — partly owned by US-based Newmont Mining Corp — would be Peru’s largest ever foreign investment.

More from Peru: Proposed gold mine riles locals

Humala’s apparent about-face, as well as his prime minister’s right-leaning confrontational style, alienates many who voted for him. Four leftist members of his Peru Wins congressional alliance quit the grouping last week.

Politicians here are notorious for breaking campaign promises. Perhaps the most blatant case was Alberto Fujimori, who won the presidency in 1990 after a prominent promise not to impose painful cuts to end an economic crisis. Within months, he launched a massive restructuring of Peru’s economy, throwing millions out of work.

Peru’s fragile democracy is still recovering from Fujimori’s time in power, which ended in an election-rigging scandal and imprisonment for directing death squads and embezzlement.

Many Peruvians now respond to politicians’ breaking their word with a weary cynicism. But others see the trend as a serious threat to democracy.

“It undermines the governability of the country by undermining the credibility of our democratic institutions, which were dangerously weak to start with,” says Arana.

Whether for or against the country’s powerful mining sector, most Peruvians are now warily monitoring the conflicts in Cajamarca and Cusco, afraid that the government’s handling of the crises will result in more bloodshed.

Fuente: http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/americas/peru/120613/ollanta-humala-mining-conga-xstrata

Reporte de Conflictos Sociales N°99 - Mayo_2012

Reporte N°99 - Mayo_2012

América Latina: La tierra, el agua y la resistencia

 

Por Raúl Zibechi*

La Jornada, 12 de junio, 2012.- Lo que está sucediendo en América Latina en relación con los bienes comunes (agua, tierra, biodiversidad) es algo más que una sucesión de conflictos locales. Por momentos la intensidad de los enfrentamientos da la impresión de que marchamos hacia una conflagración general, que por ahora tiene expresiones locales y regionales, pero que se repiten en casi todos los países.
 

La Gran marcha nacional del agua, que comenzó el primero de febrero en Cajamarca, es la respuesta de los movimientos populares a la represión y al estado de excepción en tres provincias por parte del gobierno de Ollanta Humala, ante la huelga de 11 días en Cajamarca contra el proyecto minero Conga. La caravana llegará este viernes a Lima para frenar el uso de productos contaminantes como el mercurio y declarar el agua como derecho humano.

Conga es un proyecto de la Minera Yanacocha, la primera en extracción de oro en América del Sur, que prevé invertir casi 5 mil millones de dólares y drenar cuatro lagunas, dos para extraer oro y otras dos para almacenar desechos. Las actividades en Conga están paralizadas desde la huelga de noviembre. Lo más importante es que el movimiento ha conseguido trascender lo local para convertirse en la confluencia de las más importantes organizaciones sociales para una gran acción de carácter nacional.
 

En el norte de Argentina se reactivó la resistencia a la minería. En enero se produjeron masivas movilizaciones impulsadas por las asambleas ciudadanas, en La Rioja, Catamarca y Tucumán, contra los proyectos mineros Famatina y Bajo La Alumbrera. En La Rioja la movilización popular forzó al jefe comunal de la capital provincial a pronunciarse contra la megaminería, aunque está alineado con el gobierno nacional.

En Catamarca el bloqueo a los camiones que se dirigen a Bajo La Alumbrera llevó a la empresa a licenciar al personal y detener la explotación por la falta de insumos y provisiones en la mina. Hace más de tres semanas que los militantes de la Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el Agua bloquean el tránsito de camiones que pertenecen a la empresa minera y que circulan por Tinogasta, Belén y Santa María.
 

Uno de los conflictos menos visibles pero con gran potencial desestabilizador es el que se está registrando en Paraguay entre campesinos y colonos de origen brasileño, conocidos popularmente como brasiguayos. Se estima que hay 8 millones de hectáreas, 20 por ciento de la superficie del país, adjudicadas ilegalmente, sobre todo bajo la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). Una parte importante fueron entregadas a colonos provenientes de Brasil, en hasta un dólar la hectárea en la zona fronteriza.
 

Ahora son grandes productores de soya que sacan su producción por Brasil sin pagar siquiera impuestos. Tranquilo Favero, el rey de la soya, posee 45 mil hectáreas de tierras de alta calidad en las que cosecha hasta 130 mil toneladas cada año, que le rinden unos 50 millones de dólares, en la zona de Ñacunday, Alto Paraná. Esta es la región más caliente del conflicto actual, en la que se enfrentan sin tierra y terratenientes, pero en la que están también involucrados los gobiernos de Fernando Lugo y Dilma Rousseff.
 

Si la producción de soya, con su secuela de contaminación y expulsión de campesinos, es grave, la cuestión fronteriza también lo es. De los 400 mil brasileños que viven en Paraguay, unos 250 mil ocupan la faja fronteriza con Brasil. En 2007 el gobierno paraguayo aprobó la Ley de Frontera por la cual los extranjeros no pueden tener tierras a menos de 50 kilómetros de la frontera, como forma de afirmar la soberanía nacional. Brasil tiene una legislación similar aunque más estricta.

En 2011 se conformó la Coordinadora Nacional de Lucha por la Recuperación de Tierras Malhabidas –en la que participan más de 20 organizaciones campesinas, sociales y partidos de izquierda–, que realizó su primera marcha el 25 de octubre pasado. Los dirigentes sostienen que la recuperación de esas tierras podrían favorecer a 400 mil campesinos.
 

La cuestión de la tierra es uno de los temas más delicados en Paraguay, por la larga historia de corrupción, abusos y represión que forzaron el despojo de los campesinos. Lugo llegó al gobierno en gran medida por su estrecha relación con la lucha por la reforma agraria cuando era obispo. Bajo su gobierno no se avanzó en la reforma agraria, pero en los últimos meses los campesinos agrupados en la Liga Nacional de Carperos (porque acampan en carpas) están ocupando tierras de brasiguayos.

La liga nació dos años atrás ante la inacción del movimiento campesino en la lucha por la tierra, pero la coordinadora en un reciente comunicado estima que sus acciones forman parte de una estrategia desestabilizadora contra el gobierno de Lugo y que en su interior está primando la influencia de provocadores que objetivamente perjudican la histórica lucha por la tierra y la reforma agraria.

En el complejo panorama de los movimientos paraguayos, no conviene simplificar. La lucha de los carperos es legítima pero todo indica que junto a una nueva camada de dirigentes populares se puede percibir la influencia de políticos tradicionales de la derecha, ya sea colorados o liberales, éstos aliados de Lugo, y oportunistas que nunca faltan. Sin embargo, también es cierto que los movimientos históricos, que integran la coordinadora, priorizan las negociaciones en vez de la presión desde abajo por la reforma agraria, y se muestran muy preocupados por la sucesión presidencial en las elecciones de 2013.

La lucha por los bienes comunes está en el primer lugar de la agenda en toda la región. Es posible, como señala un dirigente sindical de Chilecito, que las multinacionales mineras estén sufriendo una una derrota catastrófica en el norte de Argentina. Grupos pequeños como las asambleas ciudadanas, en lugares remotos de la cordillera, han logrado frenar gigantescas empresas que gozaron de todo el apoyo estatal. Es mucho. Es el producto del tesón, que en algún momento rinde frutos.

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* Raúl Zibech es Docente, Analista e Investigador, Periodista y Escritor. Es un activo colaborador con las organizaciones Sociales y medios de comunicación alternativos en A.L.; se especializó y siguió de cerca el proceso del Movimiento Social del pueblo aimara en Bolivia.
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Fuente: Publicado en el diario La Jornada, el 10 de junio de 2012: http://www.jornada.unam.mx/2012/02/10/opinion/024a2pol

Pulgar Vidal sobre liberación de Mollohuanca: “Se respeta la decisión del Poder Judicial”

El Ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, se refirió a la excarcelación del alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, y reiteró su “absoluto respeto a las decisiones del Poder Judicial, sea cual fuere o contra las personas que fuere”.

Asimismo el ministro afirmó que “ahora, ya excarcelado (Óscar Mollohuanca), puede moverse por cualquier parte del territorio y reasumir su puesto. No tiene ninguna restricción del Poder Judicial”, con lo que confirmó que Mollohuanca podría participar en el diálogo que se realizará entre el gobierno y las autoridades de Espinar.

“El diálogo siempre ha estado abierto para todas las autoridades. Nosotros ya hemos iniciado esta fase con alcaldes distritales y provinciales” declaró a Canal N al preguntársele sobre el grupo técnico que viajará esta semana al Cusco para comenzar con el “Plan Integrado y Participativo de Intervención Sanitaria y Ambiental en Espinar”.

Finalmente, Pulgar Vidal reiteró que si Mollohuanca se presentase en los diálogos, él lo recibiría sin ningún problema haciendo hincapié en que: “Siempre hemos estado abiertos al diálogo, y el diálogo se hace sin condiciones. El diálogo que se hace sin condiciones es el que da más frutos”.

Fuente: La Mula

Orden de Liberación de Oscar Mollohuanca-Corte Superior de Justicia de Ica

Orden de Liberación de Oscar Mollohuanca-Corte Superior de Justicia de Ica

Traducción de la carta al Señor Van Rompuy 8 de junio de 2012 - Respecto Caso Conga - Espinar

Traducción de la carta al Señor Van Rompuy 8 de junio de 2012 - Respecto Caso Conga

Vitocho: Es una provocación del Estado arrestar una autoridad en pleno conflicto

LIMA - El congresista Víctor Andrés García Belaúnde se mostró en desacuerdo con la detención del alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, pues a su parecer dicha detención fue una provocación del Estado.

"Creo que es una provocación del Estado arrestar a una autoridad en pleno conflicto, no digo que sea inocente, probablemente sea culpable de muchas cosas y habrá que juzgarlo más adelante. Todos sabemos cómo funciona la justicias en el Perú y en esta caso la justicia ha actuado de manera rápida y efectiva, lo que llama la atención. Más que una detención judicial cualquiera parecería que es una detención política y eso me preocupa" dijo Vitocho a radio Exitosa.

Fuente: Diario Correo

Funcionario de la PCM: “Quien lidera e incendia en Espinar es Herbert Huamán”

El jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos afirmó que el dirigente social “subordina y rebasa” al alcalde Óscar Mollohuanca, encarcelado por su participación en las protestas

En la Presidencia del Consejo de Ministros consideran que la persona que “lidera e incendia” la provincia cusqueña de Espinar es el presidente del Frente de Defensa Herbert Huamán. Para el jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos, Víctor Caballero, el dirigente “subordina y rebasa” al alcalde Óscar Mollohuanca.

En entrevista con El Comercio, el funcionario de la PCM afirmó que el Frente de Defensa controla a Mollohuanca, actualmente encarcelado en Ica tras haber sido acusado por el Ministerio Público por los delitos disturbios, secuestro, daños y coacción durante las protestas en su provincia.

“Hay una filmación donde Herbert Huamán, del frente, amenaza a Mollohuanca de haberse confabulado conmigo y con la comisión de avanzada. Dice que solo queda que el primer ministro vaya a Espinar para discutir el cierre de la mina. Se retiró de la mesa de diálogo (…) Quien lidera e incendia en Espinar es Herbert Huamán. Subordina y rebasa a Mollohuanca”, afirmó.

Caballero también señaló que en algunas regiones los frentes de defensa se han convertido en “un poder paralelo que ha subordinado al propio presidente regional y a las autoridades”.

“Mollohuanca, por ejemplo, tenía un proceso de revocación que no prosperó y eso influye mucho en la posición que tome una autoridad. Por ejemplo, Mollohuanca está convencido de que Xstrata promovió su revocación. Ocurre lo mismo en otros lugares”, añadió.

MOVADEF Y ETNOCACERISTAS
En otro momento, el funcionario de la PCM indicó que en algunos frentes de defensa hay integrante del grupo pro senderista Movadef y del Movimiento Etnocacerista del reo Antauro Humala. “Son producto de la crisis de partidos que dejó regados a una cantidad de cuadros, con experiencia y sin articulación”, acotó.

Fuente: El Comercio

Descartan supuesta injerencia de Marco Arana (@vozdelatierra) en protestas de Espinar

Ideeleradio.- Nos parece sumamente indignante que se diga que detrás de las protestas de Espinar se encuentra el movimiento Tierra y Libertad y su representante Marco Arana, como si la población de las provincias altas fuera irracional y no tuviera la capacidad de plantear directamente sus demandas, indicó Ruth Luque, directora de la Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani.

Fue al comentar la información difundida por Caretas, revista que accedió a una parte de los documentos de Inteligencia de la Policía, donde se detalla las actividades de Marco Arana, activista ambiental y líder del Movimiento Tierra y Libertad y su supuesta intervención en las protestas de Espinar.

“Lo que sí nos parece sumamente indignante es que durante todos los conflictos sociales en las provincias altas se ha dicho que aquí está Tierra y Libertad y Marco Arana, como si la población de provincias altas fuera irracional y no tendría la capacidad de plantear directamente sus demandas, como si necesitaran que venga alguien y les digan esto hay que hacer. Aquí hay una ignorancia de no saber que la gente de provincias altas tiene la capacidad de plantear auténticamente lo que está sintiendo”, aseveró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Por otro lado, rechazó la información consignada por la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior que señala que con el apoyo de la Vicaría de la Solidaridad, y del líder ambientalista, las autoridades de Espinar llegaron a contactar a las ONG “CAFOD y MULTI-WATCH” para tramitar una visita a sus sedes principales (Suiza y Gran Bretaña).

“Para empezar el tema del viaje a Suiza jamás fue coordinado con Marco Arana, nunca hemos conversado sobre el tema del viaje y esto es producto de una invitación directa que lo hace MULTI-WATCH, que es un colectivo de diferentes organizaciones en Suiza, organizaciones de Iglesia, donde se está planteando una campaña internacional que se llama Derechos sin Fronteras. Esto ha sido una cosa muy pública ahí no ha habido nada oscuro”, remarcó.

         
Trayectoria de Mollohuanca va más allá de Tierra y Libertad | Inicio

Asimismo, dijo que el burgomaestre provincial de Espinar, Óscar Mollohuanca, tiene una trayectoria que va más allá de su vinculación directa con el movimiento Tierra y Libertad y que hubiera ganado las elecciones en representación de cualquier partido o movimiento.

“Óscar Mollohuanca no es un hombre que ha militado desde la creación de Tierra y Libertad, él ha participado a raíz de estas últimas elecciones y si él hubiera participado con cualquier partido, él hubiera ganado. Él tiene una trayectoria más allá de su vinculación directa con Tierra y Libertad”, aseveró.

En otro momento, consideró injusto que se diga que las demandas de Espinar se centran en el tema material y refirió que están exigiendo derechos humanos, oportunidades laborales y una relación diferente con la empresa minera.

“El tema del Convenio Marco está exigiendo temas en derechos humanos, oportunidades laborales, económicas, una relación diferente. El tema del aporte de las utilidades la población ha dicho que se tiene que negociar y ha dicho que tiene que ser más del 3%, teniendo en cuenta esta nueva inversión de mineroducto y del proyecto Antapaccay. Ese es un tema que se va a negociar, nunca se ha planteado de manera terca que sea 30%, no es una posición cerrada. Ellos mismo han dicho que lo tienen que negociar y la empresa tiene que sincerar cuánto van a ser sus ganancias y utilidades”, anotó.

Óscar Mollohuanca: preso de conciencia

Por: Rocío Silva Santisteban - @pavese

¿Sabes, lector o lectora, el nombre de los muertos en Espinar?, ¿no? Claro. Quizás por ahí te llamó la atención que uno de ellos fuera payaso. Un profesor de escuela que también se ganaba la vida haciendo reír a los niños. Pero, en general, desde Lima los muertos no son “comprendidos” como alguien con nombre propio, con DNI, con una historia de amores y pérdidas, de ilusiones y tensiones, sino como una cifra abstracta sin rostro ni piel ni años colegiales. Un nadie. Un radical que, a ojos de la gentita, debió caer, bien hecho.

Steve Levitsky, la semana pasada, me comentó que en otros países como Argentina siempre se sabe el nombre de los que mueren en un conflicto social. Hace unos años, dos diputados uruguayos me dijeron que percibían que en el Perú la vida valía poco, “por lo menos, menos que en Uruguay”. Los comentarios de estos tres ilustres extranjeros me hicieron sentir vergüenza. Y me niego a pensar que en mi país a los sectores urbanos que leen estas líneas les importa un carajo la vida de los espinarenses o de los cajamarquinos.  

Por eso, porque todavía confío en la gente, en los limeños de primera o de tercera generación, quisiera que todos conozcan la historia de un hombre que puede haber cometido errores, pero que de ninguna manera es un delincuente. Me refiero al alcalde de Espinar, elegido en segundo periodo luego de una primera gestión honrada, Óscar Mollohuanca. Mollohuanca fue primero de la clase durante todos los años escolares en el colegio Mateo Pumacahua de Sicuani. A pesar de la discriminación de la que fue objeto, y por sus méritos académicos, recibió una “dirimencia” y pudo estudiar Economía en la Universidad San Antonio Abad del Cusco. También ha sido dirigente campesino de la FUCAE, trabajó en el Centro de Formación Campesina de la Prelatura de Sicuani, y en su primera gestión fue el autor del convenio marco, aunque terminó su periodo antes de que pueda suscribirse. Cuando lo detienen el 30 de mayo escribe en un papel este mensaje: “Queridos amigos, estoy agradecido por vuestras muestras de solidaridad, este es un pequeño bache en mi vida, pero seguiremos en la búsqueda de justicia para Espinar”.

Como señaló Enrique Castillo en su programa Agenda Electoral de Canal N del domingo pasado, mientras entrevistaba al ministro de Justicia, Óscar Mollehuanca puede ser considerado el primer preso de conciencia en el gobierno de Ollanta Humala. Su detención no fue en flagrante delito y la orden de la misma apareció doce horas después de que fuera capturado por un batallón de policías y transmitido en vivo por Canal N. Su situación irregular se acrecienta porque se le traslada a otro distrito judicial, a más de 400 km, violando la garantía constitucional del debido proceso y del juez natural. Su acceso a abogado es limitado y este tendrá dificultad para actuar pruebas a kilómetros de distancia. Asimismo, es lamentable que el Dr. César San Martín, que firma esta resolución administrativa de cambio de jurisdicción, contradiga al Dr. César San Martín que habla de las garantías procesales en sus tratados jurídicos.

Antes de terminar quiero dejarles un dato: el nombre del payaso muerto en Espinar. Walter Sencia Anca. Tenía 24 años y deja esposa embarazada de seis meses. Recuérdalo, lector. Invócalo, lectora, en tus oraciones. Dentro de tres meses, cuando su hijo nazca, no tendrá padre.