Carlos Monge: “Es urgente que se implemente el Ordenamiento Territorial”

Por: Christian Reynoso
Noticias SER

Carlos Monge, analista político y especialista en el tema de industrias extractivas opina sobre el diálogo en Espinar además de la posible venta de los yacimientos de Las Bambas y Tintaya, el futuro del proyecto Quellaveco y el debate sobre el ordenamiento territorial en el país.

Parece ser que el gobierno tiene una mirada optimista en relación al monitoreo ambiental en Espinar, pero el alcalde Oscar Mollohuanca, ha dicho que las causas fundamentales del conflicto no se han resuelto. ¿Cómo ve el posible desenlace de las negociaciones? 

 

El conflicto en Espinar tiene dos componentes. Uno que tiene que ver con el fondo social, cuántos recursos se designan, en qué se gastan, quién los maneja, que son materia de una negociación. El segundo, que tiene que ver con la contaminación, si ésta existe y si es atribuible a la empresa minera. En este escenario, es un avance que todas las partes involucradas se hayan sentado a una mesa de diálogo y que hayan podido establecer un sistema de monitoreo participativo de los impactos ambientales. Esto expresa que el tema ambiental es importante y que se reconoce que hay una legítima preocupación de la sociedad local respecto del impacto de la actividad minera sobre la calidad de las aguas. Ahora, es cierto que al final, puede haber lugar para el disenso. De modo que en este momento no se puede adelantar cuál será el resultado del informe. Según los resultados puede haber discrepancias en el diálogo que luego conlleven a nuevos problemas.

¿Y en ese escenario que impacto puede tener la fusión de Xstrata con Glencore Internacional, y la posible venta de los yacimientos de la primera? 

 

 Esto tiene varias dimensiones. Un tema de debate va a ser si es que en el extranjero una empresa como ésta cambia de manos y alguien gana dinero en esa operación. La pregunta es a quién pagan los impuestos y qué gobierno recibe ese beneficio. Esta es una concesión dada por el Estado peruano. Por otro lado, si Xstrata se vende a Glencore, o si Glencore compra a Xstrata, ¿el Perú no tiene derecho de participar en esa ganancia? También hay el rumor de que en el financiamiento de esta operación entre Xstrata y Glencore habría capitales chinos. Recordemos que en el Perú hay algunas experiencias con la minería china que son muy malas mientras que en el mundo hay experiencias donde estos capitales no han respetado los sistemas ambientales, ni el derecho de consulta. Ese es un factor adicional que se debería considerar en el corto plazo.

¿Y qué implicaría para Espinar?  

 

Si se produce un cambio, por el despido de recursos humanos, pues es un problema potencial, porque estaríamos cambiando de actores en medio de una negociación que puede dificultar un proceso de una larga acumulación de confianza y reconocimiento mutuo de las partes involucradas. Ahí me preocuparía que haya una ruptura que pueda impactar en esa fluidez del proceso de negociación en curso.

Por otro lado, Angloamerican habría postergado la decisión sobre la aprobación final del proyecto Quellaveco. ¿Qué podría pasar en este escenario, donde el gobierno nacional y regional pusieron tantas expectativas? 

 

En este caso hay dos temas. Uno es que se logre que el MEF suelte los recursos para que se pueda ejecutar la represa de Pasto Grande, con lo que se resolvería un viejo anhelo de Moquegua ya que aparentemente quienes cuestionaban a Quellaveco preocupados por la disponibilidad de agua, parecen haberse aliviado con la promesa de Pasto Grande. Lo segundo, es que como parte de esa negociación, la empresa se ha comprometido a hacer un aporte fuerte de recursos al gobierno regional. Entonces si el proyecto se cae, ya no sería por la resistencia social interna o por una oposición política de la autoridad regional, sino por consideraciones globales de la situación de la empresa Angloamerican. Podría ser que eventualmente Quellaveco no sea el proyecto más importante o que la empresa tiene responsabilidades en otras partes. Si eso ocurre, las expectativas de Moquegua se verían afectadas. Además, qué pasaría con Pasto Grande porque si no hay proyecto minero entonces se da marcha atrás a Pasto Grande. Ahora, lo interesante sería que este proyecto se mantenga con o sin proyecto Quellaveco porque es una necesidad para la región.

El gobierno ha planteado realizar la primera consulta previa en el Perú en la zona del Pastaza, pero ante el reciente estudio del OEFA que confirma la contaminación, ha generado cierta tensión. ¿En este contexto de por medio será posible la consulta previa? 

 

Hasta donde entiendo las organizaciones han aceptado ser parte de este proceso de consulta sobre la nueva concesión pero poniendo como condición que haya algún tipo de compromiso o compensación de los terribles pasivos ambientales de la zona. Es la lógica de ver primero la solución a los problemas ambientales para luego recién retomar la actividad petrolera. Entonces esto puede terminar siendo una situación compleja dependiendo de cuál es el nivel de condicionamiento y la exigencia para efectivamente entrar en el proceso de consulta.

La implementación de una política de ordenamiento territorial sigue postergándose, pese a las diversas iniciativas que existen. ¿No hay voluntad política en este tema? 

 

 Es urgente que se implemente el Ordenamiento territorial porque ahora los gobiernos regionales tienen el mandato y la competencia de conducir estos procesos de Zonificación Ecológica y Económica y sobre esa data sustentar legislación y acción efectiva para el reordenamiento de sus territorios. Es importante porque con todo este crecimiento de concesiones y de explotación de minerales e hidrocarburos, prácticamente se hacen a ciegas sin tener la menor idea de cuál es la situación productiva, ni los servicios ambientales que tienen nuestros territorios. Entiendo que el Ministerio de Energía y Minas y el sector empresarial sobre todo minero no tienen ningún interés para que esto salga adelante. Lo ven como un enemigo, como el empoderamiento de los gobiernos regionales para los derechos territoriales, lo que podría ser un límite para el acceso que ahora tienen a los territorios.