Documental: "Conga: Oro y cobre a sangre y fuego"

Carlos Monge (@cmongesalgado): Faenón minero en otoño

Por Carlos Monge*

30 de mayo, 2013.- Como si estuviésemos en primaveral temporada de toros, el otoño del 2013 pasará a la historia como el de un faenón del lobby minero. Frente a un muy débil toro gubernamental, el lobby minero se ha dado un paseo, cortando ambas orejas y rabo, y –ay!!- quien sabe si algo más.

Todo comenzó con una pequeña baja en el precio de metales como el oro y el cobre y anuncios de una baja igualmente leve en el crecimiento esperado de la China, gran compradora de estos commodities. A ello siguió el anuncio de que empresas como Newmont y Angloamerican abandonarían proyectos (Conga, Michiquillay, Quellaveco) al no tener garantizada la rentabilidad esperada por los accionistas e inversionistas. Lo siguiente fue la histérica campaña de medios y líderes políticos lobistas de las empresas: ¡Se paraliza la inversión minera! ¡Se paraliza el país! ¡Es el fin de mundo! ¡Hay que hacer algo!

Las respuestas del gobierno pudieron haber sido varias. Podría haber dicho, por ejemplo, “felizmente, en realidad no hay problema” pues con Alan García tuvimos 10 mil millones de dólares de inversión y ahora con Toromocho, Las Bambas, Antapaccay y las ampliaciones de Cerro Verde, Shougang y Southern, tendremos algo más o menos igual. O podría haber dicho, “caramba, hay que diversificar las fuentes de renta pública”, volviendo los ojos a otras actividades socialmente más inclusivas y ambientalmente más sostenibles, dinamizando la agricultura, el turismo, algunos servicios, etc.

Pero no. Lo que ha hecho es arrodillarse ante el matador y ofrecer el morro para la estocada final. Así, entre abril y mayo del 2013, se sucedieron las medidas exigidas por los mineros, sus medios y sus presidenciables: la Ley de Consulta no va en la sierra (donde están la mayoría de los proyectos mineros) pues los quechuas y aymaras ya no son indígenas sino campesinos; se flexibiliza el mecanismo para conseguir los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos; y ahora se anuncia lo mismo para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental.

¡No se vayan! ¡Quédense por favor! ¡Pidan lo que quieran! Estos son los mensajes que el Presidente Ollanta Humala da. Una lástima, pues la coyuntura se presenta favorable más bien para hacer un conjunto de reformas indispensables en la gestión del sector minero: terminar de armar el SENACE eliminando las trampas que hay en su ley; fortalecer aún más la OEFA y su capacidad de evaluar, fiscalizar y sancionar; reformar la ley y el reglamento de consulta y publicar y debatir abiertamente la base de datos sobre pueblos indígenas; reformar el sistema de concesiones mineras. Esa es la agenda, y las condiciones están dadas para abordarla. Pero con un toro echado desde el saque ante el torero, poco se puede esperar.

Como si estuviésemos en primaveral temporada de toros, el otoño del 2013 pasará a la historia como el de un faenón del lobby minero. Frente a un muy débil toro gubernamental, el lobby minero se ha dado un paseo, cortando ambas orejas y rabo, y –ay!!- quien sabe si algo más.

Todo comenzó con una pequeña baja en el precio de metales como el oro y el cobre y anuncios de una baja igualmente leve en el crecimiento esperado de la China, gran compradora de estos commodities. A ello siguió el anuncio de que empresas como Newmont y Angloamerican abandonarían proyectos (Conga, Michiquillay, Quellaveco) al no tener garantizada la rentabilidad esperada por los accionistas e inversionistas. Lo siguiente fue la histérica campaña de medios y líderes políticos lobistas de las empresas: ¡Se paraliza la inversión minera! ¡Se paraliza el país! ¡Es el fin de mundo! ¡Hay que hacer algo!

Las respuestas del gobierno pudieron haber sido varias. Podría haber dicho, por ejemplo, “felizmente, en realidad no hay problema” pues con Alan García tuvimos 10 mil millones de dólares de inversión y ahora con Toromocho, Las Bambas, Antapaccay y las ampliaciones de Cerro Verde, Shougang y Southern, tendremos algo más o menos igual. O podría haber dicho, “caramba, hay que diversificar las fuentes de renta pública”, volviendo los ojos a otras actividades socialmente más inclusivas y ambientalmente más sostenibles, dinamizando la agricultura, el turismo, algunos servicios, etc.

Pero no. Lo que ha hecho es arrodillarse ante el matador y ofrecer el morro para la estocada final. Así, entre abril y mayo del 2013, se sucedieron las medidas exigidas por los mineros, sus medios y sus presidenciables: la Ley de Consulta no va en la sierra (donde están la mayoría de los proyectos mineros) pues los quechuas y aymaras ya no son indígenas sino campesinos; se flexibiliza el mecanismo para conseguir los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos; y ahora se anuncia lo mismo para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental.

¡No se vayan! ¡Quédense por favor! ¡Pidan lo que quieran! Estos son los mensajes que el Presidente Ollanta Humala da. Una lástima, pues la coyuntura se presenta favorable más bien para hacer un conjunto de reformas indispensables en la gestión del sector minero: terminar de armar el SENACE eliminando las trampas que hay en su ley; fortalecer aún más la OEFA y su capacidad de evaluar, fiscalizar y sancionar; reformar la ley y el reglamento de consulta y publicar y debatir abiertamente la base de datos sobre pueblos indígenas; reformar el sistema de concesiones mineras. Esa es la agenda, y las condiciones están dadas para abordarla. Pero con un toro echado desde el saque ante el torero, poco se puede esperar.
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* Carlos Monge es antropólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y doctor en Historia por la Universidad de Miami. Posee experiencia en trabajo de promoción rural y desarrollo sostenible, asesoría y de consultoría a gremios campesinos locales y nacionales, organizaciones privadas de promoción del desarrollo e instituciones públicas. Es autor de varias publicaciones sobre temas vinculados al desarrollo rural, los movimientos sociales, la descentralización, la participación ciudadana y las industrias extractivas.
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Fuente: Publicado en el diario La Primera el 28 de mayo de 2013:http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/faenon-minero-en-otono_139984.html

Carlos Monge: “Es urgente que se implemente el Ordenamiento Territorial”

Por: Christian Reynoso
Noticias SER

Carlos Monge, analista político y especialista en el tema de industrias extractivas opina sobre el diálogo en Espinar además de la posible venta de los yacimientos de Las Bambas y Tintaya, el futuro del proyecto Quellaveco y el debate sobre el ordenamiento territorial en el país.

Parece ser que el gobierno tiene una mirada optimista en relación al monitoreo ambiental en Espinar, pero el alcalde Oscar Mollohuanca, ha dicho que las causas fundamentales del conflicto no se han resuelto. ¿Cómo ve el posible desenlace de las negociaciones? 

 

El conflicto en Espinar tiene dos componentes. Uno que tiene que ver con el fondo social, cuántos recursos se designan, en qué se gastan, quién los maneja, que son materia de una negociación. El segundo, que tiene que ver con la contaminación, si ésta existe y si es atribuible a la empresa minera. En este escenario, es un avance que todas las partes involucradas se hayan sentado a una mesa de diálogo y que hayan podido establecer un sistema de monitoreo participativo de los impactos ambientales. Esto expresa que el tema ambiental es importante y que se reconoce que hay una legítima preocupación de la sociedad local respecto del impacto de la actividad minera sobre la calidad de las aguas. Ahora, es cierto que al final, puede haber lugar para el disenso. De modo que en este momento no se puede adelantar cuál será el resultado del informe. Según los resultados puede haber discrepancias en el diálogo que luego conlleven a nuevos problemas.

¿Y en ese escenario que impacto puede tener la fusión de Xstrata con Glencore Internacional, y la posible venta de los yacimientos de la primera? 

 

 Esto tiene varias dimensiones. Un tema de debate va a ser si es que en el extranjero una empresa como ésta cambia de manos y alguien gana dinero en esa operación. La pregunta es a quién pagan los impuestos y qué gobierno recibe ese beneficio. Esta es una concesión dada por el Estado peruano. Por otro lado, si Xstrata se vende a Glencore, o si Glencore compra a Xstrata, ¿el Perú no tiene derecho de participar en esa ganancia? También hay el rumor de que en el financiamiento de esta operación entre Xstrata y Glencore habría capitales chinos. Recordemos que en el Perú hay algunas experiencias con la minería china que son muy malas mientras que en el mundo hay experiencias donde estos capitales no han respetado los sistemas ambientales, ni el derecho de consulta. Ese es un factor adicional que se debería considerar en el corto plazo.

¿Y qué implicaría para Espinar?  

 

Si se produce un cambio, por el despido de recursos humanos, pues es un problema potencial, porque estaríamos cambiando de actores en medio de una negociación que puede dificultar un proceso de una larga acumulación de confianza y reconocimiento mutuo de las partes involucradas. Ahí me preocuparía que haya una ruptura que pueda impactar en esa fluidez del proceso de negociación en curso.

Por otro lado, Angloamerican habría postergado la decisión sobre la aprobación final del proyecto Quellaveco. ¿Qué podría pasar en este escenario, donde el gobierno nacional y regional pusieron tantas expectativas? 

 

En este caso hay dos temas. Uno es que se logre que el MEF suelte los recursos para que se pueda ejecutar la represa de Pasto Grande, con lo que se resolvería un viejo anhelo de Moquegua ya que aparentemente quienes cuestionaban a Quellaveco preocupados por la disponibilidad de agua, parecen haberse aliviado con la promesa de Pasto Grande. Lo segundo, es que como parte de esa negociación, la empresa se ha comprometido a hacer un aporte fuerte de recursos al gobierno regional. Entonces si el proyecto se cae, ya no sería por la resistencia social interna o por una oposición política de la autoridad regional, sino por consideraciones globales de la situación de la empresa Angloamerican. Podría ser que eventualmente Quellaveco no sea el proyecto más importante o que la empresa tiene responsabilidades en otras partes. Si eso ocurre, las expectativas de Moquegua se verían afectadas. Además, qué pasaría con Pasto Grande porque si no hay proyecto minero entonces se da marcha atrás a Pasto Grande. Ahora, lo interesante sería que este proyecto se mantenga con o sin proyecto Quellaveco porque es una necesidad para la región.

El gobierno ha planteado realizar la primera consulta previa en el Perú en la zona del Pastaza, pero ante el reciente estudio del OEFA que confirma la contaminación, ha generado cierta tensión. ¿En este contexto de por medio será posible la consulta previa? 

 

Hasta donde entiendo las organizaciones han aceptado ser parte de este proceso de consulta sobre la nueva concesión pero poniendo como condición que haya algún tipo de compromiso o compensación de los terribles pasivos ambientales de la zona. Es la lógica de ver primero la solución a los problemas ambientales para luego recién retomar la actividad petrolera. Entonces esto puede terminar siendo una situación compleja dependiendo de cuál es el nivel de condicionamiento y la exigencia para efectivamente entrar en el proceso de consulta.

La implementación de una política de ordenamiento territorial sigue postergándose, pese a las diversas iniciativas que existen. ¿No hay voluntad política en este tema? 

 

 Es urgente que se implemente el Ordenamiento territorial porque ahora los gobiernos regionales tienen el mandato y la competencia de conducir estos procesos de Zonificación Ecológica y Económica y sobre esa data sustentar legislación y acción efectiva para el reordenamiento de sus territorios. Es importante porque con todo este crecimiento de concesiones y de explotación de minerales e hidrocarburos, prácticamente se hacen a ciegas sin tener la menor idea de cuál es la situación productiva, ni los servicios ambientales que tienen nuestros territorios. Entiendo que el Ministerio de Energía y Minas y el sector empresarial sobre todo minero no tienen ningún interés para que esto salga adelante. Lo ven como un enemigo, como el empoderamiento de los gobiernos regionales para los derechos territoriales, lo que podría ser un límite para el acceso que ahora tienen a los territorios.

Ecuador: la izquierda extractivista

Por: Carlos Monge Salgado

Publicado por La Primera el Publicado el martes 26 de marzo del 2013

El Ministro de Recursos Naturales Renovables del Ecuador, Wilson Pastor, está en China interesando a compañías públicas y privadas chinas en invertir en nuevos bloques petroleros en la Amazonia Sur del Ecuador. Días antes estuvo en Singapur promoviendo inversiones similares por compañías de Corea del Sur, Vietnam, Tailandia, Malasia y otros países de la región.

Así, a pocos días de su aplastante triunfo electoral, el Presidente Correa reafirma su apuesta estratégica por el petróleo como eje central de la economía ecuatoriana, y también el rol de la China como aliado principal del Ecuador en esta estrategia. En efecto, ya hay una importante inversión china en petróleo en Ecuador y el Ecuador se ha endeudado de manera importante con la China a cambio de pagos en petróleo.

De esta manera, la famosa iniciativa Yasuni queda como una isla rodeada de un mar de concesiones petroleras. La iniciativa Yasuni consistía en dejar bajo tierra el petróleo que ahí se ha encontrado a cambio de una compensación financiera internacional. Sus objetivos: la biodiversidad más rica del mundo y el hábitat de los pueblos indígenas que ahí viven en aislamiento voluntario, y contribuir menos tanto al calentamiento global causado por la quema del petróleo. Pero ahora, habiéndose concesionado todo el resto de la Amazonía para exploración y extracción petrolera, Yasuni queda como un símbolo aislado que ya no expresa la política general del gobierno.

Y no se trata solo del petróleo. El Presidente Correa también ha anunciado el inicio de 5 mega proyectos mineros, y los dos primeros en la lista son de las empresas Ecuacorrientes (también china) y Kinross (canadiense). Los argumentos del Presidente Correa no son muy diferentes de los argumentos del gobierno peruano y las empresas petroleras y mineras que acá operan: no hay otra opción, esa es nuestra ventaja comparativa, esto es lo que atrae inversión y provee renta pública para crecer, aumentar el gasto social, y salir de la pobreza. Desde la izquierda peruana tenemos que mirarnos en el espejo ecuatoriano. Y responder sin medias tintas a preguntas de fondo. ¿Este es nuestro camino? ¿Esto es inevitable? ¿Lo más que podemos hacer es sacarles más plata? NO pienso así. Pienso que el camino es la diversificación económica para depender lo menos posible de la extracción y exportación de anergias fósiles y minerales. ¿Una fantasía? ¡¡Claro!! Tan to como reformar el transporte público, derrotar a las mafias del comercio de alimentos y hacer una gestión honesta en la Municipalidad de Lima Metropolitana. Para eso estamos .

Carlos Monge: “La gran minería no genera ningún tipo de desarrollo rural”

En la siguiente entrevista, Carlos Monge, Coordinador Regional de America Latina de Revenue Watch Institute, analiza el concepto de desarrollo rural que maneja el actual gobierno, así como la necesidad de que la pequeña agricultura sea una de las palancas para lograr el desarrollo rural.  También insiste en que la gran minería no se propone hacer ningún tipo de desarrollo rural en el país, y que los lobbys mineros, en la actualidad, están impidiendo la promulgación de una ley de ordenamiento territorial.

Entrevista de Ricardo Marapi

Carlos Monge

Este año 2013 ha sido bautizado por el gobierno como el “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”, lo cual nos lleva a preguntar ¿qué entiende el gobierno sobre desarrollo rural?

Yo no he escuchado, de parte del gobierno, una especie de gran definición conceptual: «esto es lo que entiendo por rural, esto es lo que entiendo por desarrollo, y en consecuencia esta es mi política supra, grande, orientadora sobre desarrollo rural». A mi me ilustra más bien lo que el gobierno está haciendo. Y lo que veo en relación con el mundo rural ─no solamente agrario, sino el mundo rural de manera más amplia─ es que hay una política sectorial agraria que ha estado fuertemente centrada en la promoción de la mediana y gran agricultura de exportación en la costa.

Ha seguido la inercia de anteriores gobiernos…

Sí, de acuerdo. Incluso tu lo ves en la selección de los últimos tres ministros: Miguel Caillaux, que ha sido presidente de Conveagro pero que es un líder de medianos agroindustriales costeños; Luis Ginocchio, un conocedor de la agricultura costeña y de la plataforma agroexportadora del norte; y ahora Milton von Hesse, un técnico que viene del MEF…

¿Y el perfil de estos tres ministros que te da a entender…?

Me da la impresión de que ha habido una continuidad por la consolidación de la plataforma agroexportadora costeña. Y el caso emblemático es Olmos. Que un Ministerio de Agricultura con cuadros progresistas, con gente que viene de la izquierda, y con mucha cercanía con Conveagro, haya dejado que ocurriera lo de Olmos, en mi opinión, fue una barbaridad. Olmos es un proyecto diseñado para reconcentrar tierra, donde premias al que compra más y no había ningún espacio para promover el acceso a pequeña y mediana propiedad. En mi opinión, los perfiles de las personas y las políticas más significativas tienen que ver con la continuidad.

¿Ha habido un excesivo apoyo a la agricultura industrial en desmedro de la pequeña agricultura?

No digo que la descarten ─porque creo que también se debe tener una plataforma agroexportadora exitosa, ojalá democratizada, ojalá no tan concentrada─ pero que por lo menos le presten mayor o igual atención a los problemas de inversión, crecimiento económico, desempeño, y productividad de la sierra andina, de la sierra campesina empobrecida. Yo veo un Ministerio de Agricultura muy costeño. Y ahí no está ni la mayor ni la peor pobreza. Ahí no están los gravísimos problemas estructurales del  minifundio, de la interculturalidad, de la complejidad de la geografía. Veo un ministerio centrado en costa que no tiene un gran liderazgo, ni un gran discurso, ni una gran apuesta en relación a la sierra. Sin embargo, lo que sí veo en políticas para la sierra es una incesante y enérgica promoción de una gran minería en el espacio andino, y, por otro lado, la promoción de programas de lucha contra la pobreza.

¿La pequeña agricultura continúa siendo la actividad económica que servirá de palanca para superar la pobreza rural? ¿O el actual gobierno está concibiendo otras actividades económicas?

En la práctica, lo que el gobierno está haciendo en ese mundo rural pobre, de pequeños productores parceleros, comunitarios, quechuahablantes, es promover la minería y focalizar los programas sociales. Yo no veo que esté haciendo una apuesta por esa pequeña agricultura comunal, familiar, parcelaria. Esa es mi crítica. Parece que en la imaginación del gobierno, el desarrollo rural de las zonas pobres y, por tanto, la superación de la pobreza, no va a venir de la agricultura misma sino de un cheque del Programa Juntos, con su Cuna Más, su Pensión, su Beca, es decir, la suma de todos los programas. Ciertamente ahora cuentan con técnicos más calificados y con más respeto por la dignidad de las personas. Los equipos que ahora manejan el MIDIS no manosean la dignidad de las personas, con los niveles del clientelismo que había durante Fujimori, e incluso también con Toledo y García. Pero, finalmente, lo que veo es harta minería y harto programa social, y poca política que saque al campesino de la pobreza a partir de su condición de ser campesino. Yo creo que la única salida de la pobreza ─que sea sostenible, permanente y con dignidad─, es que el campesino sea exitoso en el mercado. Así de simple. Cuando un campesino pueda vender sus carnes, sus lanas, su fibra, su artesanía, sus papas, sus quinuas en el mercado ─sin necesidad de un cheque mensual que lo sostenga, como colgado de los pelos, encima de la línea de la pobreza─, entonces yo creo que ahí va haber inserción social.

¿Para caminar hacia este anhelado desarrollo rural, la pequeña agricultura tiene que ser necesariamente la palanca? ¿Por qué no puede serlo también la gran minería?

No, porque la gran minería plantea tres problemas fundamentales. El primero es que la gran minería compite por la tierra ─y sobre todo por el agua─ con esa misma población campesina, parcelera, comunera. La gran minería, en algunos casos, destruye fuentes de agua al hacer tajo abierto en las praderas altoandinas. Y, en muchos casos, contamina el agua que no consume, devuelve aguas contaminadas o tira relaves. Entonces, hay un primer problema de que la minería compite con la agricultura en el tema de acceso a ciertos recursos. En segundo lugar, la minería genera poco empleo directo, y no se puede reconvertir a 600 mil pobladores de Cajamarca en trabajadores mineros. No hay manera. La minería grande y formal es una operación muy intensiva en capital, que requiere mano de obra calificada, que no puede ser provista por las poblaciones locales. Y en tercer lugar, la gran minería tiende a no abastecerse de los agentes económicos locales, es decir, tiene poco contenido local, porque hasta la comida la traen de afuera. El Estado no tiene ninguna política para promocionar que las empresas mineras compren en los mercados locales. Cero políticas al respecto.

¿Crees que las actuales políticas del gobierno están dirigidas a una convivencia entre la gran minería y la agricultura en determinadas zonas?

Creo que el gobierno apunta por la gran minería porque es fuente de renta, esa es la razón principal. Una fuente de renta que le va a permitir sostener sus programas sociales, porque en la concepción del gobierno la lucha contra la pobreza pasa, fundamentalmente, no por el Ministerio de Agricultura ni por el Ministerio de la Producción, sino por el MIDIS. Pero al final están repartiendo plata y eso requiere un presupuesto. ¿Te acuerdas de la frase del presidente Humala?: «Conga garantiza la gran transformación». Bueno, Conga es la fuente de renta para los programas sociales y eso es lo que él quiso decir. Yo no sé si el gobierno sabe cuán compatible es ese gran proyecto minero con la pequeña agricultura. Su visión fundamental es: «necesitamos meter el paquete de 56 mil millones de dólares de inversión minera porque esa es la renta que nos va a permitir atender la pobreza». Esa es su compresión de lucha contra la pobreza y todo lo demás es secundario.

Hace unas semanas se firmó un convenio entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Energía y Minas para buscar una buena relación o convivencia entre la pequeña agricultura y la minería. ¿Esto qué implica?

El mismo término “convivencia” me preocupa. Es como que están juntos y no se tocan, no es una relación mutuamente beneficiosa. Creo que es un gesto político más que algo real. Mi preocupación es que quieren sacar adelante proyectos ─tipo Conga o Tía María─ a como dé lugar y sin importar el tema del agua que es fundamental para la agricultura. Por otro lado, tampoco tienen ninguna política que le diga, a esos mismos agricultores del valle Río Tambo o de las cuencas de Celendín, que la mina les va a comprar o que fomentarán un proceso de asociatividad, capacitaciones o asistencia técnica. Eso no hay, no existe, ni forma parte de una política gubernamental. Lo que sí hay es: «te impongo el proyecto minero», y lo demás librado a la buena de Dios…

¿Necesitamos la gran minería para aspirar a un desarrollo rural integral?

No, para nada. Lo que el gobierno dice es que la minería genera renta y con esa renta hacemos escuelas, vías de comunicación, etc. Pero la minería, per se, no genera ningún tipo de desarrollo rural, incluso en algunos casos lo perjudica. Nosotros hemos investigado cómo, en muchos casos, la rentabilidad minera se traduce en presupuesto municipal a través del canon; y el alcalde ─desesperado por gastar y con el afán de hacerse reelegir─ paga jornales tres o cuatro veces más altos de los que paga la agricultura. Entonces tienes problemas de falta de competitividad de la agricultura porque le distorsionas el mercado de mano de obra por la vía de la obra municipal en la infraestructura. Eso ya lo hemos documentado en varios casos en el país. Hablemos claro: en primer lugar, la minería no se propone hacer desarrollo rural. La minería podrá manejar un concepto de responsabilidad social corporativa y preocuparse por el bienestar social de su entorno ─en algunos casos más y en otros menos─, pero su objetivo fundamental no es el desarrollo rural. En segundo lugar, no hay ninguna política pública que busque una mejor articulación de la minería con su entorno rural.

En medio de este proceso de descentralización ¿los diversos gobiernos regionales están acogiendo la actividad minera como parte de sus planes de desarrollo?

Creo que hay de todo. Es difícil hablar de “los gobiernos regionales” porque hay una enorme heterogeneidad. Existen algunos como el de Cajamarca que se han tirado frontalmente en contra, presionados por su base social.  Y además Yanacocha es una mala marca, tiene una mala imagen. Pero tienes casos como los de Moquegua y Tacna donde los gobiernos regionales entran en la lógica de la negociación, siempre en torno al agua, y buscando proteger a una base social que es fundamentalmente agraria y que compite con la mina, o que siente que la mina, más bien, compite con ellos por el agua. Entonces en un caso un gobierno regional dice: «o sacamos Pasto Grande o no hay Quellaveco»; y en otro caso un gobierno regional dice: «desaliniza agua de mar, aunque bajes tu tasa de ganancia, o sino, no hay ampliación de Cuajone y Toquepala». En ambos casos es un gobierno regional el que ingresa al debate, aunque no tiene ninguna competencia, pero como actor político entra al debate y pone en el centro del problema el tema del desarrollo rural ─buscando proteger una dotación de agua para el desarrollo rural─ y planteando soluciones creativas.

Sin embargo, ¿no suena utópico plantear que se impida el ingreso de la gran minería sabiendo la alta rentabilidad que en la actualidad tiene esta actividad?

Bueno, puede sonar utópico pero en Costa Rica ya lo hicieron. Ahí te prohíben la minería de tajo abierto; te prohíben el uso de mercurio y cianuro; y apostaron por la pequeña y mediana agricultura. Esas son sus bases de generación de empleo, de ingresos públicos y de renta pública. Y Costa Rica es un país moderado, tirando para conservador, nada izquierdista, casi una colonia norteamericana, culturalmente hablando. Entonces, ¿por qué va a ser totalmente utópico? Me parece más bien realista el pensar que no es posible que el país siga absorbiendo todo un paquetón de inversiones mineras. El gobierno debe bajar un poco el ritmo. Allí donde no se puede, pues no se puede. Y más bien debe empezar a pensar qué se puede hacer con esa pequeña y mediana producción. Por ejemplo, en el caso de Cajamarca, ¿cuál ha sido la acción del gobierno ante el proyecto Conga? Yo no veo un Ministerio de Agricultura interviniendo con la misma energía para recuperar la ganadería lechera, las cuencas, la alfalfa. Eso no hay. Solo es minería, minería, minería.

Entonces… ¿cuál es la visión de desarrollo que tiene el gobierno de Ollanta Humala? o mejor dicho ¿tiene una visión de desarrollo rural?

Yo no creo que tenga una visión de desarrollo rural. Creo que lo que ha tenido son ministerios con visiones parciales. Creo que el Ministerio de Agricultura ha estado muy concentrado en la agricultura de costa, eso es lo que sus cuadros conocen, eso es lo que los ministros conocen. Creo que la sierra se la han encargado al Ministerio de Energía y Minas y al MIDIS, y que ellos vean como hacen. Yo no conozco un discurso central que me haya impactado y que me diga que existe un conjunto de intervenciones del sector público en comunicaciones, transporte, agricultura, trabajo, pequeña y mediana empresa, destinadas a recuperar la competitividad de la pequeña agricultura y crearle condiciones mínimas para salir adelante. No veo eso.

¿De qué manera una Ley de Ordenamiento Territorial ayudaría a ver el camino  para alcanzar ese desarrollo rural?

Ese tema es súper importante. La Ley de Ordenamiento Territorial, si se hace bien, va a terminar de definir la metodología y las competencias para hacer un proceso previo de zonificación ecológica y económica. Eso es totalmente fundamental porque, si se hace bien y de manera participativa, permitirá combinar los saberes técnicos con los saberes populares para generar una suerte de acuerdo, de consenso, de pacto social respecto de cuáles son los recursos que hay en ese territorio y cuáles son los prioritarios; para qué se deben usar; en qué partes del territorio y para quién; y por la misma razón, cuáles son las cosas que no se pueden hacer.

¿Estamos maduros, políticamente hablando, para ejercer una ambiciosa ley de este tipo? Es decir, la madurez de actores sociales de una zona para reunirse y tomar una decisión consensuada sobre el futuro económico de su territorio…

Pero son madureces que también se construyen. Es decir, no se debe tener un gobierno central que reaccione con miedo cuando Cajamarca hace su zonificación. Por ejemplo, en el gobierno anterior el ministro Brack la declaró ilegal porque no la hizo él ni estuvo bajo su control, o porque le tuvo miedo, o porque las mineras se quitaron del proceso y la denunciaron como una conspiración comunista en contra de la inversión. ¡Y eso que el proceso fue acompañado por la GIZ, por Dios! La GIZ es la misma que colabora con el Ministerio de Agricultura, con la Defensoría del Pueblo, con el MEF y con medio mundo. Pero no, la reacción no es de liderazgo. La reacción no es de: «vengan, hagamos esto, encerrémonos una semana, juntemos a los técnicos, veamos cuáles son las bases mínimas de acuerdo». Yo parto de la premisa de que son madureces que se construyen en la búsqueda del consenso, con la intencionalidad de sacar esto adelante. Siempre habrán discrepancias, obviamente, en un proceso participativo. El conflicto es parte de la vida social. Habrá intereses contrapuestos pero también mecanismos institucionales para resolverlos. Pero yo sí creo que el ejercicio mismo puede generar bases de consensos más grandes de lo que podría aparecer a primera vista.

¿Y cuál es la posición actual de los lobbys mineros sobre el ordenamiento territorial? ¿Permitirán que salga una ley de este tipo?

Yo entiendo que su posición es que «mientras menos mejor y si no hay una, muchísimo mejor». Y en algunos de los debates, a uno de sus representantes le he escuchado decir: «el único ordenamiento territorial que hay es el resultado de la exploración que te dice si hay o no hay minerales». Es decir que, para ellos, la única lógica de ordenamiento territorial es la rentabilidad de esa inversión en el mercado. O sea, «si hay minerales y es rentable, esa es una zona minera, y el resto son vainas. Eso del ordenamiento territorial es un invento de los ambientalistas agitadores, ultras, extranjeros…». Es decir que, para ellos, el destino de un territorio lo decide la rentabilidad en el mercado de los recursos que contiene. Yo estoy absolutamente seguro que el lobby minero está ahí, trabajando contra el ordenamiento territorial y estoy seguro que tiene al MEF y al Minem de su lado.

Más información en:

http://www.cepes.org.pe
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http://cepesrural.lamula.pe/
http://www.larevistaagraria.info/
http://www.radiowebrural.com
http://fernandoeguren.blogspot.com/
http://cambioclimaticorural.blogspot.com/

Mensaje Arcaico desde Cádiz

Por Carlos Monge Cádiz 

–al sur de la Península Ibérica- es una ciudad puerto emblemática en la historia de las relaciones entre España y las Américas. De ahí partió Colón hacia las Indias; desde ahí se ejerció el monopolio comercial colonial; ahí se redactó la primera constitución española y fue ahí que–al constituir las Cortes de Cádiz- las elites urbanas de las entonces colonias se atrevieron a ejercer algo de poder. Ciertamente, lo hicieron en defensa y en nombre de una monarquía española avasallada por el poder invasor francés. Pero lo hicieron. Y probaron una miel cuyo gusto les quedó y cuyo recuerdo alimentó después las luchas independistas.

 Hacia la emblemática Cádiz se dirigió la semana pasada el Presidente Ollanta Humala para participar en una Cumbre Iberoamericana con los jefes y jefas de estado y de gobierno de España y Portugal y sus ex colonias.

 Algunas de las intervenciones de las autoridades ahí presentes buscaron estar a tono con el carácter emblemático de la ciudad y con el contexto de aguda crisis económica e indignación ciudadana que se vive hoy en España y en buena parte de Europa. Por cierto, el propio Rey de España planteó un pedido inédito desde una ex potencia colonial a sus antiguos dominados: nosotros estamos mal, ustedes están mejor, les necesitamos, ayúdennos. Hubiese sido interesante ver a un estadista peruano capaz de ubicarse en ese mismo nivel de reflexión, revisando la naturaleza misma de nuestras relaciones con España y con Europa en general y apostando por un giro de dimensiones históricas. Pero lamentablemente lo que vimos fue a un representante empresarial empeñado en aprovechar la cumbre para jalar algunas inversiones. Dijo, por ejemplo, que “Perú tiene una minería moderna del siglo XXI, frente a actividades renovables arcaicas, muy artesanales, del siglo XIX como la agricultura y la ganadería.” En términos fácticos, la afirmación es inexacta en ambos extremos. Tenemos muchas agriculturas en el Perú y la mayor parte de nuestra minería dista mucho de ser “moderna”.

 Inexactitudes al margen, lo peor es que ideológicamente la declaración la podría haber emitido cualquier positivista español de la Cádiz de los siglos XVI y XIX, al defender esas actividades mineras que tanto progreso estaban trayendo a los hasta entonces arcaicos y artesanales indígenas peruanos. Y todo esto en el contexto de una cerrada defensa de la Alianza del Pacífico con México, Colombia y Chile, basada para variar en el libreto del libre comercio y el fomento de las inversiones, quitando centralidad a la integración política vía UNASUR – a pocas semanas de la próxima reunión de UNASUR de fin de Noviembre en la misma Lima. No esta pues el Presidente Humala a la altura de las circunstancias y no vendrán de el propuestas audaces de cambio en la naturaleza misma de las relaciones entre nuestros países y España y Europa en general. Mientras tanto, desde las alturas de las provincias de Bambamarca y Celendín, los arcaicos y artesanales ronderos peruanos que defienden las lagunas de Conga contra un moderno proyecto minero del siglo XXI, se plantean como opción la construcción de albergues turísticos para sentar las bases de una relación no minera con esa España y esa Europa desde donde el Presidente Humala los descalifica. No tengo idea de si la construcción de esos albergues responde a un estudio de mercado acerca de las potencialidades del ecoturismo en la región, y si hay de por medio un afinado plan de negocios para explotar esa potencialidad. Lo más probable es que se carezca de ambos. 

Pero lo importante es que mientras el Presidente que ellos y ellas eligieron los trata como expresiones de un pasado primitivo a ser superado, reproduciendo visiones ciertamente arcaicas, los guardianes de las lagunas piensan en clave de futuro, en como ser parte de la globalización con derechos y dignidad, cuidando sus recursos renovables, su paisaje y sus formas de vida.

¿Como va lo de Conga? Depende de a quien uno escuche…*

El Sábado 23 de Junio el Presidente de la República anunció al país que “Para que el crecimiento se convierta en desarrollo inclusivo y sostenible, lideraremos una nueva relación con las actividades e industrias extractivas”, y que “Para materializar este compromiso, constituiremos una Comisión Multisectorial que en 30 días entregará la propuesta de normas que nos permitan avanzar en el camino de desarrollo sostenible. Esta Comisión será liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros y contará con una secretaría técnica que estará a cargo del Ministerio del Ambiente.”

En relación con Cajamarca y Mina Conga, el Presidente Humala recalcó que ya el Gobierno Central ha comprometido inversiones en esa región por 5 mil millones de soles y que “Hemos recibido la comunicación de la empresa minera Yanacocha, expresando la voluntad de implementar las recomendaciones del dictamen pericial internacional y dar cumplimiento a todas las condiciones formuladas por mi gobierno en el mensaje a la nación del 20 de abril.”

Como se recordará, en esa fecha el Presidente anunció cuatro condiciones para la viabilidad del Proyecto Conga: respetar 2 de las 4 lagunas amenazadas; aumentar por 4 la oferta de agua programada en el EIA; constituir un fondo social; y generar 10 mil puestos de trabajo.

Sin embargo, en entrevista publicada al día siguiente en La República, RM Palacios entrevista al Ing. Roque Benavides de Mina Buenaventura, socia de Newmont en la Empresa Yanacocha, dueña de Conga. Le pregunta: “¿Ustedes ya mandaron una carta y aceptaron los términos del gobierno luego del peritaje?” La respuesta se puede resumir así: a) sí se incrementará por 4 la oferta de agua contenida en el EIA, b) no se garantizan los 10 mil puestos de trabajo, c) no se garantiza que se respetaran las 2 lagunas, d) ni una palabra sobre el fondo social. Yanacocha estaría pues dispuesta a cumplir plenamente con solamente 1 de las 4 condiciones planteadas por el Presidente a fines de Abril y ratificadas el sábado pasado.

¿Existe realmente un compromiso de Yanacocha (Newmont & Buenaventura) de implementar las 4 recomendaciones planteadas por el Presidente de la República a fines de abril? ¿Anunció el Presidente Humala un acuerdo que realmente no existe? ¿Está Benavides expresando un desacuerdo de Minas Buenaventura con un acuerdo al que Newmont habría llegado con el Gobierno?

La única manera de aclarar este enredo es hacer pública la carta de la Empresa Yanacocha (Newmont y Buenaventura) suscribiendo formalmente las cuatro condiciones establecidas. Si esto no se hace, la población de Cajamarca tendrá una razón más para creer que no es el Presidente sino los empresarios los que definen qué se hace y qué no hace en Cajamarca y el país.

*Por Carlos Monge

Entrevista censurada por diario La Primera / Carlos Monge: “Se debe cambiar de esquema minero”

Estimados compañeros y compañeras:

Comparto con ustedes el texto de una entrevista que me hicieran para La Primera pero que –me informan- no será publicada pues se ha dispuesto en dicho diario no tocar el tema Conga.

Un abrazo

Carlos Monge
Coordinador Regional America Latina
Revenue Watch Institute

Carlos Monge: “Se debe cambiar de esquema minero”

Por: Carlos Alonso Bedoya

Carlos Monge, investigador del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (Desco), afirma que el esquema minero creado por Fujimori y mantenido por Toledo y García, no da más y debe ser cambiado para evitar conflictos como el de Conga.

-Muchos políticos y analistas afirman que la consigna “Conga no va” es extremista; ¿Ud. cree que ella significa lo mismo que: “minería no va”?
-No, para nada. Decir “Conga no va” es decir “no” a dos cosas. En primer lugar, a un proyecto específico que plantea problemas específicos. ¿Cómo hacer minería de tajo abierto en una zona de páramos andinos, en donde lamentablemente, el mineral se encuentra disperso en la tierra; entonces para obtener un gramo de mineral tienes que mover toneladas de tierra, en una zona en la cual esa tierra, está en el centro del proceso de producción de agua?

-Es decir que la afectación ambiental no será leve…
-El drama de la cordillera norte del Perú que abarca la sierra de La Libertad, Cajamarca y Piura, es que el agua se forma mediante la captura de humedad por la vegetación nativa de los páramos altoandinos y por retención, captura de agua de lluvia por los sistemas de lagunas de esos páramos altoandinos. El agua no se forma por glaciación porque allí ya no hay nevados. Esos páramos son la principal reserva de agua. Además, el oro no está en veta concentrada, está disperso en la tierra. Entonces el “Conga no va” no es un “no” filosófico, es un “no” muy concreto porque necesariamente se debe escoger entre agua y oro.

-¿A qué otra cosa le dice “no” esa consigna?
-El “Conga no va” también es un “no” simbólico a la herencia de Fujimori/Toledo/Alan García.

-¿En qué sentido?
-Un marco institucional en el que la promoción de la inversión lo es todo. Pesa más que cualquier otra consideración ambiental o social y se expresa en el hecho de que el ministerio de Energía y Minas (Minem) concentra todas las decisiones, incluida la evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA); el ministerio del Ambiente está pintado en la pared; y los gobiernos regionales y locales no existen.

-¿Y qué se debe hacer entonces?, ¿otra Ley General de Minería?
-Reformular la Ley General de Minería, la Ley Orgánica del Sector Energía y Minas, y la Ley Orgánica de los Gobiernos Locales y Regionales.
Desde que se inicio el proceso de descentralización hasta ahora, no se ha descentralizado Energía y Minas. Lo único que se ha transferido a los gobiernos regionales, son competencias en materia de pequeña minería artesanal, pero los grandes proyectos minero energéticos se han quedado en el ministerio.
Luego, se creó el ministerio del Ambiente, pero el único sector en el cual no dieron ninguna competencia fue en Energía y Minas.

-Hay una versión que afirma que le fue difícil al propio exministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, acceder a información sobre el EIA de Conga…
-Cuando el equipo de Giesecke pidió copia del EIA de Conga, no se la dieron fácilmente. Las consultas que hizo el ministerio de Energía y Minas fueron solo a la Autoridad Nacional del Agua y al ministerio de Agricultura. ¿Puedes creer que la aprobación de un EIA no se consulte al ministerio del Ambiente?

-No tiene lógica.
-A los gobiernos regionales tampoco. Tenemos un marco institucional, herencia de un manejo sectorialista y centralista creado por Fujimori, mantenido por Toledo y por García, y es eso lo que está reventando. La solución estructural es cambiar de esquema.

-Pero eso requiere un tiempo, una moratoria de concesiones mineras hasta redefinir el esquema, ¿eso es factible?
-En primer lugar no hay que dar más concesiones mineras en este esquema. Se debe cerrar la puerta del Ingemmet con llave y luego tirarla al mar. En segundo lugar, cancelar las concesiones a las que no se les haya dado ningún uso productivo y que simplemente están pagando su derecho de vigencia, porque, o no tienen detrás a nadie que en serio quiera hacer minería, o han sido adquiridas para fines especulativos.

-Hay técnicos que sostienen que ya no es conveniente seguir con el esquema de concesiones, sino pasar a un esquema de licitaciones internacionales en el que siempre participe una empresa estatal peruana, y en el que los proyectos sean integrales a fin de desarrollar industria metalúrgica, metal mecánica, etc.
-Ese es el modelo petrolero predominante en América Latina menos en el Perú. Incluso en Chile - que produce unos cuantos barriles-, existe una empresa estatal de petróleos fuerte; se llama ENAP e invierte en Perú, Ecuador y varios países. En el modelo de hidrocarburos prevalente, además la existencia de una empresa estatal, se da un bloque para exploración como resultado de una negociación bilateral o de una licitación pública, en la cual para comenzar la empresa estatal compite; y otros compiten pero presentando una cosa seria, con respaldo, experiencia y técnicos. Se cumplen además condiciones ecológicas y sociales. Se detalla la inversión en exploración y si todo sale bien, recién se da un derecho preferencial para pasar a explotación. Estoy de acuerdo con caminar hacia eso en el caso de minería.

-¿Cuál sería el procedimiento más adecuado para la exploración y explotación minera en un nuevo esquema?
-Zonificación, ordenamiento territorial y plan concertado de desarrollo. A partir de allí recién la mezcla de concesión con certificado ambiental y ley de consulta. Cuando ya se tiene un proyecto que pasa por el filtro de la zonificación, está contemplada en el ordenamiento territorial, es parte del plan de desarrollo, de la visión de que hacer con ese territorio, tiene licencia social y se da un proceso de consulta, entonces se otorga la concesión. La concesión se vuelve una negociación de un proyecto serio para hacer exploración primero, y explotación después.

-¿Y las instituciones?
-Definido un procedimiento, hay que definir que roles juegan el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno local y la población. Lo que hay ahora es que por un lado los gobiernos regionales se han lanzado a hacer zonificación y ordenamiento territorial, como Cajamarca, y por otro lado el ministerio reparte concesiones como quien reparte naipes en una borrachera con los amigos. Esa es una receta para el conflicto.

-¿Con ese nuevo procedimiento se podría determinar que en algunas zonas la minería sea inviable?
-Es posible que los procesos de zonificación y ordenamiento territorial bien hechos te digan que hay extensas zonas donde no debe haber minería. Eso de oro y agua como una afirmación filosófica general está bien pero no siempre es posible. Yo también quisiera que se pudiera sacar el oro con alguna cañita, pero si no se puede, no se puede.

-¿Como ve lo del peritaje para solucionar el conflicto de Conga?
-Si uno se pone estricto, se da cuenta de que está enfrentando una situación sui generis y hasta cierto punto ilegal. ¿Por qué está suspendido el proyecto Conga si había cumplido con todas las normas? De acuerdo a la ley ya deberían estar secando las dos primeras lagunas para usarlas de basurero cuando revienten las dos segundas, pero el proyecto está parado por una decisión política que va más allá de cualquier marco normativo. El gobierno pidió que paren mientras veía como solucionar el conflicto social y el problema político que se armó.

-¿Es decir que el peritaje está por fuera del esquema minero actual?
-De hecho lo que estamos viendo es que el marco institucional reventó, ya estamos operando fuera de él. Estamos tomando decisiones de política que trascienden un marco institucional agotado que ya no da más. Para mí esa es la principal lección.

-¿Y qué cree que salga de esto?
-Pienso que el gobierno ha decidido que Conga va de todas maneras. Lo ha dicho de varias formas, y respecto del peritaje como tal, siento que dependiendo de que persona del gobierno hable, se da un mensaje diferente. Por ejemplo, el premier dice que el peritaje es para disipar las dudas de la población…

-Población que supuestamente ha sido manipulada...
-Entonces, estamos gastando un cuarto de millón de dólares para traer a tres fulanos a dar charlas a la ciudad de Cajamarca, a explicar a la gente que están confundida, que ha sido engañada, que son ignorantes o que no entienden nada. Otros dicen que el peritaje es para hacer mejorar el EIA. ¿En 40 días se puede revisar seriamente un EIA que tomó cuatro años, que tiene treinta mil páginas y que tomó ocho meses de evaluación? Pero el gobierno además insiste que se arranque en marzo, entonces, las matemáticas ya no me cuadran. Cuarenta días útiles no te dan para que se inicie el proyecto en marzo.

-Pero además hay que sumar el tiempo necesario para que la empresa implemente las recomendaciones del peritaje...
-Digamos que en cuarenta días se tienen las recomendaciones; si son serias, la empresa tendrá que hacer un análisis técnico de las mismas. Durante años han diseñado un proyecto que dice que se van a tumbar cuatro lagunas, y si la recomendación dice túmbese ésta y no la otra...

-Tendrán que reformular el proyecto…
-Y eso supone no solo una cuestión técnica, sino también financiera. Tendrá que incorporar y analizar los costos que estas modificaciones supongan. Si el gobierno insiste en que se arranca en marzo, el peritaje tiene que ser una burla porque tendrías que producir recomendaciones tan light que la empresa pueda en 48 horas, evaluarlas técnicamente, incorporarlas en un nuevo diseño, resolver su costo financiero y arrancar.
Creo que esto está atado a una visión más general: se necesita toda esta gran minería, con los 29 proyectos que están detrás, Conga y los otros 40 mil millones de inversión, porque eso financia la inclusión social. Ese fue el sentido de la negociación de los 3 mil millones de soles adicionales.

-¿Se refiere al nuevo gravamen minero y la modificación de las regalías?
-El concepto fue: te saco más y con eso financio la inclusión social. Si esa es la visión, entonces Conga garantiza la gran transformación. Para mí, esa es la frase que mejor resume el enfoque. Es la madre del cordero. Yo no estoy hablando de corrupción, no creo que Conga se compró al presidente o al ministro. Esto no es Alan García, lo que hay es una discrepancia de visiones que se traduce en marcos institucionales.

Nota de editor:

La presente entrevista no fue publicada en el diario La Primera, medio para la cual fue hecha. Por su interés la publicamos en MI MINA CORRUPTA. 

Perú: Expertos destacan significado de la lucha por la defensa del agua

Servindi, 30 de enero, 2012.- Un video alojado en You Tube recoje las declaraciones de los especialistas José de Echave y Carlos Monge sobre la importancia de la lucha en defensa del agua efectuadas en un conferencia de prensa realizada en Cajamarca.

El reto político de Mina Conga

Por: Carlos Monge

El conflicto en torno a Mina Conga es una herencia directa del extractivismo neoliberal. Mina Conga es un proyecto de la empresa Yanacocha, que a su vez es propiedad de las empresas Newmont(Estados Unidos, accionista mayoritario) y Buenaventura (Perú, accionista mino- ritario). El Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés), es accionista minoritario de la empresa Yanacocha. La inversión programada es de casi cinco mil millones de dólares y, de concretarse, sería el proyecto minero más grande del país hasta la fecha.

La oposición de la población y las autoridades locales a Mina Conga se sustenta en varias razones.

Falta de credibilidad del mensajero

La empresa Yanacocha tiene severos problemas de credibilidad. Su actual proyecto en la provincia de Cajamarca se ha caracterizado por una sucesión de conflictos con las poblaciones rurales, que después se extendieron a una confrontación generalizada con la población y las autoridades de la ciudad de Cajamarca cuando la empresa pretendió extender sus operaciones al Cerro Quilish, el acuífero de la ciudad. Recientemente, ha sido acusada de ser la responsable de la desaparición de las aguas del cauce del río Grande, razón por la cual la ciudad estaría consumiendo agua usada por la mina, reciclada y vertida nuevamente al lecho seco del río.
 

Falta de credibilidad de los procesos

El Proyecto Conga fue desarrollado en el marco de las normas y procedimientos vigentes durante la década anterior. Hasta el año 2007 no había Ministerio del Ambiente (MINAM) (1) y todos los aspectos ambientales relativos a la minería estaban a cargo del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el mis- mo que era responsable de promover la inversión. Cuando fue creado, al MINAM no se le dieron competencias en materia de grandes proyectos como este. Además, no se había iniciado en la región el proceso de la zonificación económica y ecológica ni había un plan de ordenamiento territorial.

Los procesos de consulta que la empresa Yanacocha ha realizado en torno al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fueron hechos cuando no había aún Ley de Consulta y no era el Estado sino la empresa la que los llevaba adelante, así como las audiencias sobre los EIA como parte de su estrategia de promoción de la inversión. El propio presidente de Yanacocha ha reconocido que el 70% de los participantes en la consulta eran en ese momento trabajadores de la empresa.

Falta de credibilidad del mensaje

Mina Conga planea destruir cuatro lagunas en las alturas de Celendín, dos para hacer el tajo y dos para usarlas como botaderos de deshechos. En compensación, ofrece hacer reservorios ubicados entre dos y cuatro kilómetros de distancia de las lagunas actuales, prometiendo más agua y una reproducción perfecta del sistema interno que -desde esas lagunas- alimenta los actuales bofedales y el sistema hídrico de las cuencas de los tres distritos circundantes. La gente no cree que esto sea posible. Además, el actual MINAM ha realizado un análisis del referido EIA, le encuentra serias debilidades al componente hidrológico y sugiere —al respecto— un estudio independiente que lo valide antes de seguir adelante con las operaciones.(2)

El presidente Humala: Camino al neoextractivismo

El concepto del neoextractivismo (3) refiere a gobiernos de la región que han nacionalizado la renta extractiva (Bolivia y Ecuador) o estatizado la industria (Venezuela) pero que siguen viendo a las industrias extractivas como palanca fundamental del desarrollo, subordinando a esa lógica los derechos de la población y el medio ambiente.

La política de Gana Perú parece orientarse en esa dirección. En agosto de este año, el premier Lerner anunció la negociación de un aporte adicional de tres mil millones de soles por parte del sector minero10 y la viabilidad de una cartera de inversión por cuarenta y seis mil millones de dólares. El Presidente ha ratificado el mensaje diciendo que:

“El proyecto Conga es importante para Perú porque le va a permitir realizar la gran transformación y la inclusión social que ofrecimos al pueblo peruano”.(5)

Y fue más allá al anunciar que la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del MINAM se trasladaría a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y que lo mismo ocurriría con la evaluación y aprobación de los EIA (ahora en el MINEM) y con la Autoridad Nacional del Agua (ahora en el Ministerio de Agricultura, MINAG), anuncios que van en sentido totalmente opuesto a la agenda del ministro Giesecke y su equipo, quienes han venido reclamando que se mantenga y fortalezca la OEFA en el MINAM y se pasen a este Ministerio las evaluaciones y fiscalizaciones ambientales y los EIA, para evitar el conflicto de intereses que significa que esa responsabilidad esté en un MINEM encargado de promover las inversiones.

Un análisis malicioso diría que la decisión tomada busca asegurar para el Presidente y el Premier el manejo político de los aspectos ambientales de la minería, en lugar de apuntalar en el MINAM una gestión técnica con relativa autonomía de las negociaciones entre el gobierno y las empresas mineras.

La apuesta central es pues asegurar las grandes inversiones mineras para que estas financien la inclusión social. Resulta conveniente entonces una institucionalidad ambiental fragmentada y manejada políticamente desde la PCM. En este marco, que calza perfectamente con el concepto de neoextractivismo, la gran inversión minera es la condición primera y más importante para el crecimiento y la inclusión, y todo lo demás (medio ambiente y poblaciones locales) se le debe subordinar.

Buscando salidas hacia un escenario post-extractivista

Se ha planteado como medida inmediata paralizar el proyecto hasta realizar una evaluación seria e independiente del EIA elaborado por Yanacocha y aprobado por el MINEM. En esta dirección apunta el informe realizado por el MINAM. Sin embargo, el ministro Giesecke ha buscado limar los ángulos más afilados del informe, enfatizando que el EIA ya está aprobado y que el proyecto va y que se trata apenas de mejorar algunos de sus aspectos. Habrá que ver qué sucede en los próximos días.

De manera más amplia, se está planteando la necesidad de un Acuerdo Nacional sobre la Minería y el Medio Ambiente que permita construir consensos básicos sobre el rol de la minería en la economía nacional, regional y local, y sobre los marcos institucionales para la toma de decisiones respecto de los grandes proyectos mineros.

Sin mencionar aún los temas referidos a la reglamentación de la Ley de Consulta, los elementos a la base de un nuevo consenso nacional sobre el tema debieran incluir al menos, entre otros, los siguientes temas:

• Cambio en el procedimiento de las concesiones mineras e hidrocarburíferas

En un nuevo diseño, la entrega de concesiones debe estar supeditada a lo que digan la zonificación y el ordenamiento del territorio y a la consulta previa, y debe suponer el compromiso empresarial de hacer exploración y producción, evitando el uso especulativo de las concesiones.

• Fortalecimiento del Ministerio del Ambiente

Se debe mantener en el MINAM y fortalecer la OEFA y transferirle la evaluación de los EIA y la conducción de la Autori- dad Nacional del Agua (ANA), con los recursos necesarios para que haga bien su trabajo.

• Aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial

Hay que proceder de inmediato a un debate nacional sobre la nueva Ley de Ordenamiento Territorial, la que debe estar sustentada en una estrategia de zonificación económica y ecológica concertada con los ministerios, los gobiernos regionales y locales, y las organizaciones sociales y del sector empresarial.

• Definición de las competencias y funciones de los gobiernos regionales y locales en la gestión del sector extractivo

Los gobiernos regionales y locales no participan en el otorgamiento de concesiones ni en la negociación de contratos; tampoco en la evaluación de los EIA ni la evaluación y fiscalización ambiental, etc. El marco normativo que no les da competencia en estos temas es hoy inviable, y de hecho ya está rebasado por la propia realidad. En efecto, los gobiernos regionales y locales ya intervienen en el tema mediante los procesos de zonificación económica y ecológica y las consultas ciudadanas.

Si se hacen consultas, en algunos casos la población local dirá que NO. Y si se realiza la zonificación ecológica y económica, en algunas zonas NO se podrá hacer minería. No es pues realista pensar que tendrán luz verde los 46 proyectos que se encuentran registrados en la cartera de proyectos del MINEM y que se materializarán todas las inversiones anunciadas.

Lo responsable como país es comenzar a pensar en estrategias de diversificación de fuentes de renta pública, divisas por exportaciones, y empleo para no depender tanto de un sector que genera tal nivel de resistencia social. Asimismo, construir un marco institucional que garantice que las decisiones sobre actividades extractivas (y otras grandes inversiones) se hagan respetando la voluntad de las poblaciones locales y protegiendo los recursos naturales no renovables para las futuras generaciones, y definir una estrategia de crecimiento y bienestar que dependa cada vez menos del sector extractivo.

Tales son los componentes mínimos de una transición posextractivista. En el Perú este es un debate que recién comienza en círculos limitados,(7) pero la realidad hace cada vez más urgente llevarlo al plano de la política regional y nacional. Las decisiones que tome el gobierno en estos días y semanas sobre Conga, los proyectos de inversión en zonas aledañas, y la minería en general, nos dirán si vamos por el camino ya probado del neoextractivismo nacionalista redistributivo, o si somos capaces de explorar nuevos caminos que nos lleven a romper con el extractivismo en cualquiera de sus variantes. Esa sí que sería una gran transformación.

Publicado en Quehacer, en diciembre de 2011


Notas:
(1) Decreto Legislativo 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado el 14 de mayo del 2008.

(2) El análisis y sus recomendaciones se hicieron en los días previos al inicio del paro regional contra Mina Conga, pero sus contenidos fueron difundidos por el gobierno recién el domingo 27. IDL Reporteros lo obtuvo y comentó días antes

(3) Eduardo Gudynas, Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo: contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. Lima: Centro Latinoamericano de Ecología Social – CLAES, 2009.

(4) Impuesto extraordinario + gravamen extraor- dinario + nuevo esquema de regalías. Mis esti- mados y varios otros señalan que en realidad el aporte adicional estaría entre 1000 y 1500 millones de soles.

(5) En Peru.com, miércoles 16 de noviembre del 2011.

(6) La República, 28 de noviembre del 2011.

(7) Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE y CLAES, Transiciones, post extractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú. Lima, 2011