[DOCUMENTO] Perú: Publicación de nuevo informe sobre defensores de derechos humanos (Caso Conga y Espinar)

 Front Line Defenders visitó el Perú en febrero de 2014 y viajó a lo largo de las regiones de Cajamarca y Cusco, donde realizó una investigación sobre los conflictos actuales entre las empresas mineras y las personas defensoras campesinas e indígenas.

Tras esta visita, Front Line Defenders publica hoy un informe basado en investigación en el terreno y entrevistas con defensores de derechos humanos independientes y organizaciones de la sociedad civil. Un video de 12 minutos sobre dicho informe ha sido asimismo producido por Front Line Defenders.

En este informe, Front Line Defenders manifiesta su honda preocupación en referencia a la situación de las personas defensoras de los derechos humanos (DDH) que trabajan en derechos humanos y en lo relativo a temas medio ambientales relacionados con industrias extractivas en el Perú. Viven y trabajan en un contexto muy adverso, siendo blanco directo de intimidaciones, amenazas de muerte, agresiones físicas, vigilancia, estigmatización, campañas de desprestigio y hostigamiento judicial. Todas los ejemplos documentados puedan estar directamente relacionados con la labor legítima y pacífica que desarrollan los DDH en referencia, en particular por el apoyo a las comunidades locales que se oponen a proyectos mineros y su impacto en el medio ambiente, su territorio y en sus medios de vida.

“Front Line Defenders ha observado con honda preocupación una tendencia a lo largo de la región, donde los gobiernos en su búsqueda rapaz por materias primas y beneficios, abusan de los derechos de las comunidades locales e indígenas y de los que los defienden. El gobierno del Perú tiene la obligación de respetar los derechos de todos sus ciudadanos y de proteger los valientes defensores y defensoras de los derechos humanos que se manifiestan en nombre de sus comunidades” ha dicho el Director Adjunto de Front Linde Defenders, Andrew Anderson durante la presentación del informe.

Perú es uno de los mayores productores de plata y cobre en el mundo y el quinto productor mundial de oro. Las concesiones mineras del gobierno para amplias áreas del territorio nacional se extiende a 45% en el territorio de la provincia de Cajamarca y al 21% en el territorio de la provincia de Cusco. Estos proyectos han provocado que las autoridades y las empresas mineras entraran en conflicto con las comunidades indígenas y campesinas, quienes subsisten de la agricultura, y han visto sus medios de vida socavados. La comunidades locales están preocupadas sobre todo por el acceso al agua, ya que los ríos han sido contaminados y los cursos del agua se han secado.

La intensa oposición local a la minería se ha encontrado con una respuesta violenta del estado y el uso excesivo de la fuerza por la policía y el ejército en protestas y movilizaciones. Es de particular preocupación la ley de enero 2014 que otorga a las fuerzas armadas y a la policía nacional inmunidad en las acusaciones por muerte o lesiones mientras estén de servicio.

En la actualidad alrededor de 400 manifestantes y DDH enfrentan procesos judiciales que han sido interpuestos por las compañías mineras, su personal o el Ministerio Público. En muchos casos estos cargos son una forma de hostigamientos judiciales, sin evidencia alguna que los respalde. El Sr Milton Sanchez de la Plataforma Interinstitucional Celendín ha enfrentado 50 procesos penales pero en ningún caso de ellos ha sido condenado. Estos falsos procesos se llevan un tiempo muy valioso y recursos, entorpeciendo el trabajo principal de la organización.

Muchas de las personas defensoras del medio ambiente entrevistadas por Front Line Defenders expresaron de manera contundente el miedo que sienten al vivir en constante amenaza, así como el sufrimiento diario de llegar a sus casas y encontrar alguna nueva notificación, o que recibieron alguna otra demanda.

Fuente: Front Line Defenders - http://www.frontlinedefenders.org/node/26271

INFORME: Defensores y defensoras del medio ambiente en riesgo en Perú.pdf by Mi Mina Corrupta

Carlos Monge: “Es urgente que se implemente el Ordenamiento Territorial”

Por: Christian Reynoso
Noticias SER

Carlos Monge, analista político y especialista en el tema de industrias extractivas opina sobre el diálogo en Espinar además de la posible venta de los yacimientos de Las Bambas y Tintaya, el futuro del proyecto Quellaveco y el debate sobre el ordenamiento territorial en el país.

Parece ser que el gobierno tiene una mirada optimista en relación al monitoreo ambiental en Espinar, pero el alcalde Oscar Mollohuanca, ha dicho que las causas fundamentales del conflicto no se han resuelto. ¿Cómo ve el posible desenlace de las negociaciones? 

 

El conflicto en Espinar tiene dos componentes. Uno que tiene que ver con el fondo social, cuántos recursos se designan, en qué se gastan, quién los maneja, que son materia de una negociación. El segundo, que tiene que ver con la contaminación, si ésta existe y si es atribuible a la empresa minera. En este escenario, es un avance que todas las partes involucradas se hayan sentado a una mesa de diálogo y que hayan podido establecer un sistema de monitoreo participativo de los impactos ambientales. Esto expresa que el tema ambiental es importante y que se reconoce que hay una legítima preocupación de la sociedad local respecto del impacto de la actividad minera sobre la calidad de las aguas. Ahora, es cierto que al final, puede haber lugar para el disenso. De modo que en este momento no se puede adelantar cuál será el resultado del informe. Según los resultados puede haber discrepancias en el diálogo que luego conlleven a nuevos problemas.

¿Y en ese escenario que impacto puede tener la fusión de Xstrata con Glencore Internacional, y la posible venta de los yacimientos de la primera? 

 

 Esto tiene varias dimensiones. Un tema de debate va a ser si es que en el extranjero una empresa como ésta cambia de manos y alguien gana dinero en esa operación. La pregunta es a quién pagan los impuestos y qué gobierno recibe ese beneficio. Esta es una concesión dada por el Estado peruano. Por otro lado, si Xstrata se vende a Glencore, o si Glencore compra a Xstrata, ¿el Perú no tiene derecho de participar en esa ganancia? También hay el rumor de que en el financiamiento de esta operación entre Xstrata y Glencore habría capitales chinos. Recordemos que en el Perú hay algunas experiencias con la minería china que son muy malas mientras que en el mundo hay experiencias donde estos capitales no han respetado los sistemas ambientales, ni el derecho de consulta. Ese es un factor adicional que se debería considerar en el corto plazo.

¿Y qué implicaría para Espinar?  

 

Si se produce un cambio, por el despido de recursos humanos, pues es un problema potencial, porque estaríamos cambiando de actores en medio de una negociación que puede dificultar un proceso de una larga acumulación de confianza y reconocimiento mutuo de las partes involucradas. Ahí me preocuparía que haya una ruptura que pueda impactar en esa fluidez del proceso de negociación en curso.

Por otro lado, Angloamerican habría postergado la decisión sobre la aprobación final del proyecto Quellaveco. ¿Qué podría pasar en este escenario, donde el gobierno nacional y regional pusieron tantas expectativas? 

 

En este caso hay dos temas. Uno es que se logre que el MEF suelte los recursos para que se pueda ejecutar la represa de Pasto Grande, con lo que se resolvería un viejo anhelo de Moquegua ya que aparentemente quienes cuestionaban a Quellaveco preocupados por la disponibilidad de agua, parecen haberse aliviado con la promesa de Pasto Grande. Lo segundo, es que como parte de esa negociación, la empresa se ha comprometido a hacer un aporte fuerte de recursos al gobierno regional. Entonces si el proyecto se cae, ya no sería por la resistencia social interna o por una oposición política de la autoridad regional, sino por consideraciones globales de la situación de la empresa Angloamerican. Podría ser que eventualmente Quellaveco no sea el proyecto más importante o que la empresa tiene responsabilidades en otras partes. Si eso ocurre, las expectativas de Moquegua se verían afectadas. Además, qué pasaría con Pasto Grande porque si no hay proyecto minero entonces se da marcha atrás a Pasto Grande. Ahora, lo interesante sería que este proyecto se mantenga con o sin proyecto Quellaveco porque es una necesidad para la región.

El gobierno ha planteado realizar la primera consulta previa en el Perú en la zona del Pastaza, pero ante el reciente estudio del OEFA que confirma la contaminación, ha generado cierta tensión. ¿En este contexto de por medio será posible la consulta previa? 

 

Hasta donde entiendo las organizaciones han aceptado ser parte de este proceso de consulta sobre la nueva concesión pero poniendo como condición que haya algún tipo de compromiso o compensación de los terribles pasivos ambientales de la zona. Es la lógica de ver primero la solución a los problemas ambientales para luego recién retomar la actividad petrolera. Entonces esto puede terminar siendo una situación compleja dependiendo de cuál es el nivel de condicionamiento y la exigencia para efectivamente entrar en el proceso de consulta.

La implementación de una política de ordenamiento territorial sigue postergándose, pese a las diversas iniciativas que existen. ¿No hay voluntad política en este tema? 

 

 Es urgente que se implemente el Ordenamiento territorial porque ahora los gobiernos regionales tienen el mandato y la competencia de conducir estos procesos de Zonificación Ecológica y Económica y sobre esa data sustentar legislación y acción efectiva para el reordenamiento de sus territorios. Es importante porque con todo este crecimiento de concesiones y de explotación de minerales e hidrocarburos, prácticamente se hacen a ciegas sin tener la menor idea de cuál es la situación productiva, ni los servicios ambientales que tienen nuestros territorios. Entiendo que el Ministerio de Energía y Minas y el sector empresarial sobre todo minero no tienen ningún interés para que esto salga adelante. Lo ven como un enemigo, como el empoderamiento de los gobiernos regionales para los derechos territoriales, lo que podría ser un límite para el acceso que ahora tienen a los territorios.

Cusco: Rechazan frentes policiales en zonas mineras del país

Se oponen. Dirigentes y autoridades consideran que sería contraproducente en zonas como Espinar y Chumbivilcas.

José Víctor Salcedo.
Cusco.

La propuesta del ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, de instalar frentes policiales en zonas mineras del interior del país, con la finalidad de garantizar las actividades extractivas, provocó rechazo en autoridades y dirigentes cusqueños.

Milton Barrionuevo Orosco, consejero regional de Chumbivilcas, zona donde hay tres grandes proyectos mineros (en exploración y próximos a explotar) en los que se invertirán cerca de US$ 2 mil millones, calificó de desatinada la decisión del Ejecutivo nacional.

Refirió que una acción como esa no será bien recibida en la provincia cusqueña. “Parece una actitud represiva que no va a funcionar, pues en lugar de crear un ambiente de paz generará rechazo”.

Por su parte, el presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (Fudie), Herbert Huamán, refirió que instalar las bases policiales sería una muestra de que se quiere imponer la minería y no buscar consensos en torno a esa actividad.

En Espinar se encuentra el proyecto cuprífero Antapaccay de propiedad de Xstrata Copper, y cerca de 5 proyectos más están próximos a empezar la etapa de explotación. Se calcula una inversión cerca a US$ 3 mil millones en esa provincia.

Para el secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco (FDTC), Wilfredo Álvarez, la presencia policial en comunidades campesinas de Espinar y Chumbivilcas creará más tensión entre comuneros y empresas mineras.

Fuente: La Republica - http://www.larepublica.pe/24-01-2013/rechazan-frentes-policiales-en-zonas-mineras-del-pais

Perú: Protestas ponen en entredicho el futuro del proyecto minero Conga. Análisis de coyuntura

 

Por Raphael Hoetmer*

15 de agosto, 2012.- Al concluir su primer año de gestión el gobierno del presidente Ollanta Humala parece encontrarse en una crisis permanente a raíz de su incapacidad de resolver un conjunto de conflictos y demandas sociales. La represión brutal de protestas en torno a la minería en los departamentos de Cusco y Cajamarca en los últimos meses sugiere una tendencia autoritaria dentro del gobierno, y apunta al abandono de la agenda de cambios con la que ganó las elecciones el líder nacionalista.Por el contrario, el deseo de una “gran transformación” aún está presente en las protestas difundidas por todo el país. Por lo tanto el cambio de gabinete no resolverá el escenario de conflictos sociales si no viene acompañado por una serie de políticas distintas.

Aunque en los últimos meses se han movilizado profesores, pesqueros, trabajadores, mujeres y estudiantes, las protestas que tuvieron mayor impacto fueron las relacionadas con las industrias extractivas. En el departamento norteño de Cajamarca, las movilizaciones en contra del megaproyecto Conga ya se han prolongado por más de ocho meses. El proyecto, impulsado por el consorcio Yanacocha -con participación de Newmont de Canadá y de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial- amenaza un sistema de lagunas y fuentes de agua en las alturas de Cajamarca, mientras que la mayoría de la población afectada no ve beneficios reales en la actividad minera.

Las protestas en Cajamarca han persistido tras la ruptura del diálogo, a finales de 2011, entre el gobierno nacional y las autoridades regionales, quienes se oponen al proyecto, inclusive después de que el gobierno de Humala impusiera una serie de exigencias adicionales a Yanacocha, entre otras la de asegurar el acceso de agua a la zona, reemplazando las lagunas afectadas con reservas adicionales. En respuesta a las protestas, el gobierno ha declarado ya dos veces estado de emergencia, decenas de líderes sociales y políticos se encuentran enjuiciados (inclusive el presidente regional Gregorio Santos), los fondos del gobierno regional han sido bloqueados por el gobierno central, y se han reportado continuamente casos de represión por parte de la policía.

Al inicio del mes de julio, la polarización del conflicto desembocó en enfrentamientos entre policías, militares y la población local, dando paso a una violenta represión que dejó cinco personas muertas. El líder ambientalista Marco Arana fue detenido de manera violenta (y liberado pocos días después), y de nuevo se decretó estado de emergencia. Las protestas continuaron, y el gobierno nacionalista optó por retroceder de manera temporal, pidiendo al Monseñor Cabrejos y al Padre Garatea facilitar un diálogo con las autoridades políticas y dirigentes sociales de la zona. Sin embargo, hasta ahora ambos campos han persistido en su posición particular frente al proyecto, y los facilitadores insisten en que una solución va a demorar y que no depende de ellos.

La violencia en Cajamarca vino poco después de que protestas masivas en contra de la contaminación ambiental y el aporte deficiente de la minera Xstrata al desarrollo local en la provincia de Espinar en Cusco resultaron en enfrentamientos con la policía, dejando dos personas muertas y decenas de heridos. Una vez más el gobierno central declaró estado de emergencia, bloqueó los fondos del gobierno provincial, y el alcalde provincial Oscar Mollehuanca fue detenido de manera violenta por decenas de policías.

Al mismo tiempo fueron detenidos los dirigentes principales de la protesta, y dos defensores de derechos humanos de la Vicaría de Solidaridad Sicuani (1). Pese a la demanda de prisión preventiva, fueron liberados en las semanas posteriores a los enfrentamientos. En Espinar fue instalada una mesa de diálogo con los dirigentes y autoridades locales para buscar una salida al conflicto.

Protestas contra Conga marcan un hito dentro del gobierno y los movimientos sociales

Desde hace algunos años las disputas por el territorio y el control de los bienes comunales – a los que llamamos conflictos eco-territoriales (Svampa 2011) – representan la mayor parte de los conflictos sociales en el país. (2) Su impacto en la agenda política y social se ha encontrado en aumento durante los últimos meses. El analista y ex viceministro del ambiente en el gobierno de Humala, José de Echave, plantea que los conflictos se han vuelto más intensos en varios sentidos:

“Las consecuencias políticas de los conflictos son mayores que antes. Nunca se había caído un gabinete por un conflicto minero, y ya vamos dos en el Perú, entendiendo que el premier Valdés también ha sido reemplazado por no haber podido resolver al caso Conga. A raíz de Espinar, se rompió la bancada oficialista. (3) A la vez, las protestas plantean una agenda más programática. No rechazan sólo un proyecto determinado, sino plantean cada vez más la necesidad de políticas distintas.”

Una reconstrucción del primer año de gobierno de Humala revela que su administración ha sido determinada, en gran medida, por la relación con las empresas mineras. En uno de los primeros actos del gobierno, se anunció públicamente un aumento en los impuestos del sector minero para respaldar los programas sociales que Humala pretendía impulsar. Sin embargo, todo indica que el presidente se comprometió a un respaldo firme a favor de la minería, inclusive en casos de proyectos controversiales que se encontraban postergados o en problemas de implementación. Bajo los gobiernos de Toledo y García, proyectos en Ayavaca, Huancabamba, Tambogrande, Cajamarca e Islay no lograron prosperar por la oposición de las poblaciones locales. En este contexto, Conga se presenta como una prueba para que el gobierno nacionalista pueda mostrar su compromiso con el modelo económico actual, desplegando una serie de estrategias distintas que permitan un avance en donde los gobiernos de derecha no pudieron.

A la vez, la oposición a Conga marca un hito para el proceso de reconstrucción de la organización social peruana. Aparte de la duración y fuerza de la lucha, se destaca que las distintas tendencias políticas dentro de la protestas han sabido mantener la unidad en la acción durante meses. El Comité Unitario de Lucha garantizó, además, un escenario de protestas ejemplarmente pacíficas, simbólicas y controladas, evitando confrontaciones directas con las fuerzas del orden, pese a provocaciones de todo tipo.

También se ha mantenido un nivel de coordinación entre los dirigentes sociales, la mayoría alcaldes de la zona de influencia del proyecto y el propio presidente regional (el ex dirigente social Gregorio Santos), quienes se han sumado continuamente al campo opositor del proyecto. Y con la Marcha Nacional por el Agua (que se realizó en febrero) y una iniciativa de ley para declarar el agua como un derecho humano y proteger las cabeceras de Cuenca, la lucha cajamarquina se volvió nacional y ahora encierra un fuerte contenido programático.

Además, para respaldar la protesta social, fueron realizadas investigaciones, publicaciones y campañas mediáticas que cuestionaron de manera contundente el discurso del gobierno que afirma que la disponibilidad del agua no se encuentra en peligro por el proyecto. Todo esto muestra la lucha de Cajamarca como un enorme avance cualitativo para los movimientos sociales peruanos en términos organizativos, políticos y programáticos.

¿Gobierno minero-militar?

Lo ocurrido en los últimos meses presenta grandes interrogantes sobre el rumbo del gobierno nacionalista. El reconocido analista político Santiago Pedraglio se preguntó, tras el violento arresto del alcalde de Espinar Oscar Mollehuanca, si estábamos viendo la conformación de un gobierno minero-militar (4), mientras que José Carlos Ubilluz de la Universidad Católica planteó de manera provocadora que nadie debería sorprenderse, y que más bien era hora de despertarse del sueño democrático: “Todo aquél que se oponga al avance del capital, incluso si lo hace en nombre del medio ambiente y la salud de las comunidades, es enemigo del estado y será tratado como tal” (5).

Sin lugar a duda, Cajamarca y Espinar parecen indicar una forma de tratar las protestas y los conflictos sociales como algo que se debe criminalizar y reprimir. Esto va más allá de la judicialización de los líderes sociales o de la construcción de marcos legales que lo facilitan. También incluye las declaraciones de estados de emergencia, el amedrentamiento a las autoridades locales y regionales por parte del gobierno central, y las campañas de deslegitimación (hasta satanización) de las protestas en los medios masivos de comunicación y por políticos oficialistas y de derecha. A ello se suma la creciente militarización de las protestas, el uso de seguridad privada por parte de las empresas, y los convenios que facilitan que la policía preste servicios de seguridad a empresas extractivas. Esta política ya ha costado la vida de quince ciudadanos partícipes de las protestas desde que Ollanta Humala asumió la presidencia.

Por esto no resulta exagerado que Pablo Sánchez de Grufides (6) de Cajamarca sostenga que: “Hay un accionar y pensar militar que sostiene la intervención del gobierno, y que pone a la institucionalidad democrática misma en juego”. Sánchez llamó la atención a los maltratos e insultos cotidianos por parte de la policía y los militares durante las protestas en Cajamarca. Los vídeos de una policía pateando una olla común y golpeando a las mujeres que preparaban comida para los manifestantes, y de otro policía respondiéndole a una mujer campesina que exigía una explicación a la violencia ejercida contra ella: “porque son perros, concha su madre”, son sólo dos de decenas de ejemplos. Jaime Borda, activista de la Vicaría de Solidaridad Sicuani, quien fuera detenido arbitrariamente en un puesto policial dentro de una propiedad de la empresa XStrata, plantea: “me ha sorprendido y preocupa enormemente que diez años después del fin de la dictadura, la policía sigue actuando de la misma manera.”

El reemplazo del Primer Ministro Oscar Valdés por el Ministro de Justicia Juan Jiménez – quien tiene un perfil más abierto al diálogo – es un claro reconocimiento del agotamiento del camino de la fuerza como método único para viabilizar los grandes proyectos de inversión. Sin embargo, transformar el escenario de conflictos sociales en el país requiere de políticas distintas que permitan que el Estado asuma su rol de garante de derechos por encima de su papel de facilitador de inversiones.

Las propuestas para estas políticas están presentes en las agendas y plataformas de la sociedad civil y protestas como las de Cajamarca y Espinar. Sin embargo, su ejecución requiere de una voluntad política firme de la que parece carecer el presidente Humala. La detención arbitraria y violenta del periodista cajamarquino Jorge Chávez el 28 de julio indica más bien la continuidad de la política de criminalización de las protestas.

¿Conga va o no va?

Mientras tanto la gran pregunta “Conga va o no va” sigue sin respuesta. Una perspectiva histórica al conflicto da indicios de que puede ser muy difícil que el proyecto prospere, por lo menos durante los próximos años, principalmente por tres razones. Primero, la brutal actuación de la policía y la prepotencia de los representantes de la empresa minera en sus actuaciones públicas. Las protestas ya no sólo son en contra del proyecto Conga, sino para defender la dignidad regional, como evidencian las impresionantes imágenes de los funerales de las víctimas de la represión. Este tipo de lucha tiene una base social mayor, y se nutre de una identidad e indignación colectiva difícil de quebrar.

En segundo lugar, las rondas campesinas – el eje vertebral de la protesta cajamarquina – siguen ejerciendo un control territorial significativo en la zona de influencia de la minera. En décadas pasadas lograron derrotar al abigeo y luego impidieron que la organización Sendero Luminoso entrara al norte del país. En palabras del reconocido reportero Gustavo Gorriti: “La fuerza del campo en ese departamento donde se supone que hay mucho y falta tanto, es su organización. (…) Pensar que se los va a avasallar con prepotencia y amenazas es añadir la estupidez a la ignorancia” (7). Finalmente, contrario a lo que plantean los medios masivos en el país, tras décadas de minería, en Cajamarca (y particularmente en la provincia de Hualgayoc) la población sabe perfectamente porqué debe oponerse a nuevos proyectos mineros.

En este escenario vale la pena preguntarse si Newmont y particularmente la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial deberían persistir en el proyecto. ¿Cuáles son los costos económicos, sociales y de imagen que están dispuestos a asumir? ¿Debería permitirse la minería en zonas tan vulnerables y con poblaciones en contra de ésta? ¿No termina dañándose inclusive la imagen de la propia industria minera de esta forma? Queda claro que en realidad es el Estado peruano el que debería ofrecer los mecanismos y marcos políticos para tomar estas decisiones. El caso Conga deja en evidencia que los instrumentos que el Estado peruano maneja están claramente agotados.

Notas:

(1) Institución vinculada a la Iglesia Católica.

(2) La Defensoría del Pueblo habla de conflictos socioambientales. Para ver los informes: www.defensoria,gob.pe/temas.php?des=3.

(3) En protesta contra la violencia en Espinar renunciaron a la bancada oficialista de Gana Perú dos representantes de Cusco (Verónica Mendoza y Rubén Coa), uno de Cajamarca (Jorge Rimarachín), y los líderes históricos de la izquierda Javier Diez Canseco y Rosa Mavila. Ellos esperan constituir una bancada propia (para lo cual necesitan una adhesión adicional) que persiste en la agenda de la gran transformación.

(4) Ver: peru21.pe/2012/06/01/impresa/espinar-gobierno-minero-militar-2026735
(5) Ver: derechoshumanos.pe/2012/07/¡despierte-de-su-sueno-democratico/
(6) El Grupo de Información y Formación para el Desarrollo Sostenible
(7) Ver: www.idl.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=278.
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*Raphael Hoetmer es miembro del Programa Democracia y Transformación Global: www.democraciaglobal.org y colaborador con el Programa de las Américas: www.cipamericas.org
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Fuente: http://democraciaglobal.org/opinion/609-protestas-ponen-en-entredicho-el-futuro-del-proyecto-minero-conga-en-el-peru

Indignante: Fiscalía no sabe quiénes mataron a 7 pobladores en Espinar y Cajamarca

Fiscalía no sabe quiénes mataron a 7 pobladores en Espinar y Cajamarca

Fuente: La República

 

Sábado, 11 de agosto de 2012 | 7:19 am



Cortejo fúnebre de Joselito Vásquez Jumbo, de 28 años, en el cementerio de Bambamarca, donde murió, pero el caso se investiga en Chiclayo.

Los familiares de las víctimas de la protesta social por los casos de Xstrata y Conga no pueden ejercer sus derechos ante las autoridades porque los casos fueron trasladados a las alejadas jurisdicciones de Ica y Lambayeque, adonde no pueden viajar por falta de recursos.

María Elena Hidalgo

No hay culpables. Las autoridades han avanzado poco o nada en identificar a los autores del asesinato de siete pobladores durante las últimas protestas contra proyectos mineros en las ciudades de Espinar, Celendín y Bambamarca.

La República hizo un seguimiento a las investigaciones oficiales de cadahomicidio y encontró que existe un notorio retraso. Esto se debe a que las diligencias se desarrollan no en el lugar donde ocurrieron los hechos sino en otra jurisdicción señalada por el Ministerio Público.

Así, las muertes de Rudecindo Manuelo Puma y Walter Sencia Ancca, ocurridas el28 de mayo en Espinar, Cusco, están en manos de la Fiscalía Provincial de Ica.

Lo mismo sucede con los casos de César Medina Aguilar, José Silva Sánchez yPaulino García Rojas, abatidos el tres de julio en Celendín, Cajamarca; de José Sánchez Huamán, fallecido el cinco de julio, también en Celendín; y de Joselito Vásquez Jumbo, muerto en Bambamarca.

Las pesquisas sobre los fallecidos en Cajamarca están a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, bajo responsabilidad de Nelly Chambergo Burgos. Ella dijo a este diario que no tenía el expediente del caso de los muertos de la protesta contra Conga.

Por eso, hasta el momento, en ninguno de los siete casos se ha establecido responsabilidad. Ni siquiera se han planteado presunciones.

Peor aún, como resultado del traspaso de las investigaciones de Espinar, Cusco, a Ica; y de Celendín y Bambamarca, Cajamarca, a Chiclayo; esta disposición complica a los familiares de las víctimas el acceso a la justicia.

INACEPTABLE OLVIDO
El octavo día de huelga por los reclamos a la compañía minera Xstrata, el 28 de mayo,Rudecindo Manuelo Puma y Walter Sencia Ancca murieron al recibir cada uno un impacto de proyectil de arma de fuego.

Ni Manuelo ni Sencia eran parte de la protesta.

Los que dispararon contra los modestos pobladores lo hicieron con el expreso propósito de matar, indican los peritajes.

En la jornada de manifestaciones algunos medios de comunicación filmaron a policías cuando dirigían el cañón de sus armas de reglamento directamente al cuerpo. En lo que respecta a Manuelo y Sencia, sus casos han pasado a manos de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Ica, a cargo de María Ley Tokumori.

Los familiares de Manuelo y Sencia son de escasos recursos y apelan a la sensibilidad de amigos y vecinos para cubrir los gastos. Les resultará muy difícil pagar pasajes y estadía para trasladarse de Espinar a Ica. Con el traspaso de las investigaciones, la acusación tardará lo suficiente como para que quede en el olvido.

Por disposición del fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, desde el primero de junio"por razones de seguridad", las investigaciones fiscales sobre protestas sociales se ventilan en otra jurisdicción.

INDICIOS DELATORES

Los protocolos de necropsia obtenidos por La República indican que a Rudecindo Manuelo Puma el proyectil le ingresó por el lado derecho del tórax y le atravesó el corazón. Su muerte fue instantánea.

En el caso de Walter Sencia Ancca, la bala homicida le perforó el tórax y en su recorrido destruyó los pulmones y desgarró la aorta. El fallecimiento fue en el acto.

Manuelo nació en Pichigua, en Espinar, e iba a cumplir 29 años el próximo tres de octubre. Sencia era natural de Espinar y el 27 de octubre iba a celebrar 26 años.

El día de los hechos salieron a cumplir con sus habituales actividades. No participaron en las manifestaciones.

Rudecindo Manuelo era un albañil conocido en Espinar y vivía en la comunidad de Totora Alta. Walter Sencia Ancca trabajaba como payaso. Se hacía llamar "Manzanita".Era muy popular en Espinar. Además del balazo que lo mató, los caballos de la policía pisaron su cuerpo, fracturándole los huesos. "Manzanita" estaba feliz con el próximo nacimiento de su hijo. Su esposa, ahora viuda, Sara Hallpa Ccuno, de veinte años, tiene seis meses de gestación.

LOS MUERTOS DEL NORTE

Walter Aguilar Guzmán, tío de César Medina Aguilar, el colegial de 16 años que murió de un balazo en la cabeza en la plaza de armas de Celendín, asegura que su familia desconoce en qué fiscalía está el caso.

Marisol Malqui Rosas, esposa de José Silva Sánchez, asesinado en las manifestaciones en Celendín contra Conga, afirmó que Silva no participó en las protestas; y que con el traslado del caso a Chiclayo, le resultará muy difícil seguir el proceso porque carece de recursos. A José Silva Sánchez un balazo le destrozó el cráneo.

Hipólito Leiva Paz, tío de Paulino García Rojas, otra víctima de Celendín, relató que su sobrino había ido al banco a depositar dinero cuando un proyectil le atravesó el pecho. No cuentan con fondos para pagar un abogado en Chiclayo. No saben nada del avance de las investigaciones.

Walter Aguilar, Marisol Malqui e Hipólito Leiva coincidieron en lamentar que, debido a la disposición del Ministerio Público de traspasar las investigaciones a otras jurisdicciones, sus derechos de acceso a la justicia sufren un grave recorte. No cuentan con recursos para viajar y menos para contratar abogados.

La República no pudo contactar con los familiares de José Sánchez Huamán, muerto en Celendín, ni con los de Joselito Vásquez Jumbo, asesinado en Bambamarca. Habitaban en zonas muy alejadas.❧

LAS VÍCTIMAS RECIBIERON UN BALAZO EN LA CABEZA O TÓRAX

Rudecindo Manuelo Puma murió por un proyectil que le ingresó por el lado derecho del tórax y le atravesó el corazón.

Walter Sencia Ancca recibió un proyectil también en el tórax, pero en el recorrido destrozó los pulmones y la arteria aorta.

César Medina Aguilar recibió un balazo en la cabeza que le destruyó la masa encefálica.

José Silva Sánchez fue impactado por una bala que ingreso por la frente y salió por la nuca, destruyéndole la masa encefálica.

Paulino García Rojas recibió un disparo en el tórax con entrada y salida, y en el trayecto lesionó sus órganos vitales.

José Sánchez Huamán murió debido a un proyectil que le ingresó por la boca, le perforó la tráquea y voló la base del cráneo.

Joselito Vásquez Jumbo recibió un disparo en el tórax.

Walter Aguilar Guzmán, tío del fallecido César Merino Aguilar, afirmó que mataron a su sobrino con un arma de guerra que usa el Ejército. Para sostener su versión, afirmó que había servido en el instituto militar y que había recogido casquillos que demostraban que se trataba de proyectiles de uso militar.

Marisol Malqui, esposa de José Silva, manifiesta que ella y otros testigos vieron que un soldado fue quien disparó a su cónyuge.

CLAVES

Francisco Manuelo Puma, hermano del fallecido Rudecindo Manuelo, declaró que en la Fiscalía Provincial de Espinar le dijeron que ellos no tenían ninguna información sobre el caso.

Le comunicaron que si quería enterarse del avance de las investigaciones era necesario que viajara a Ica, donde estaba el expediente. Pero Francisco Manuelo es estudiante y no tiene dinero para los pasajes.

EN CIFRAS

• 4 murieron con un balazo en la cabeza en las protestas.
• 3 murieron con un balazo en el tórax.
• 3 niños quedaron huérfanos al fallecer sus padres en las manifestaciones.

Mensaje a la Nación del presidente Ollanta Humala sobre #Conga y #Espinar

Is Peru going authoritarian?

LIMA, Peru — On the campaign trail, Ollanta Humala vowed that as president he would not sacrifice rural communities to mining and oil companies that wanted to dig and drill on their lands.

The leftist candidate even pushed for a recall of then President Alan Garcia, blaming his refusal to listen to Andean and Amazonian villagers for triggering deadly clashes between police and protesters.

But as president, some of Humala's onetime allies are accusing him of authoritarianism and betrayal as his government struggles to keep a lid on a wave of angry anti-mining protests.

Police using live rounds have killed two people in clashes in the central region of Cusco over a copper mine owned by Swiss firm Xstrata, which locals say is contaminating the water table.

Village Mayor Oscar Mollohuanca had been placed in preventive custody — without charge — for leading those protests. He has now been released after an appeals court in the southern city of Ica found that the order for his detention had failed to establish his involvement as a protest instigator.

In the northern region of Cajamarca, riot police have again been cracking heads in an attempt to end unruly but largely peaceful demonstrations against plans for a massive copper and gold mine, called Conga, which they fear will devastate local lakes and streams.

Meanwhile, Gregorio Santos, the regional president of Cajamarca and a former Humala ally, is now under criminal investigation for “incitement to rebellion.”

The alleged crime happened during a speech he gave accusing Humala of going back on campaign promises. In the speech, Santos asked rhetorically: “When the president doesn’t keep his word?” The crowd responded: “They kick him out.”

According to Peru’s chief prosecutor, Jose Pelaez, that exchange constitutes an “attempted coup” by Santos, who has presidential ambitions of his own.

That outraged some commentators.

“Only classic dictatorships … can confuse opinions with crimes of sedition, rebellion or rioting and try citizens as a result of their statements,” warned La Republica, one of Peru’s two leading newspapers, in an editorial.

Meanwhile, Prime Minister Oscar Valdes turned up the heat with a highly confrontational series of Tweets, accusing mining opponents of variously “throwing poison” and wanting to light a “giant bonfire.”

He added that the protest leaders were “rotten” and “frozen” and wanted to keep Peru as a “chakra,” a local indigenous term that means a peasant’s plot of land.

One of Conga’s most trenchant critics, former Catholic priest Marco Arana, accused Valdes of “authoritarianism and the criminalization of protest.”

Speaking to GlobalPost, he also accused the premier of having a conflict of interests, given his well-publicized ownership of a medium-sized mining concession on the coast.

“As a mining entrepreneur, he represents the mining industry,” said Arana. “That means that he is not using his role as prime minister for the benefit of all Peruvians but for the benefit of the mining sector.”

The government has tried to paint Arana, who now runs Grufides, a Cajamarca-based development nonprofit, as an environmental “radical.” But it has not been helped by the activist’s international profile. In 2009, Time magazine named Arana a “Hero of the Environment.”

Mining drives the Peruvian economy, accounting for 60 percent of its exports, and the country is the world’s second largest producer of silver and copper and the sixth producer of gold.

But Peru is also wracked by more than 200 “social conflicts,” in which rural communities fiercely oppose mining, oil drilling or other extractive industries on or near their lands, according to the national Defensoria del Pueblo, a government human rights watchdog.

Those confrontations reached a nadir in 2009 with the Bagua massacre, when more than 30 policemen and indigenous protesters were killed in clashes over controversial plans by Garcia’s heavily pro-business administration to open the Amazon up to more drilling and mining.

But before he was elected last year, Humala, a leftist former army officer, vowed to ensure his countrymen’s interests would be placed before those of foreign corporations. As a result, he even received backing from Cajamarca’s President Santos.

After nearly one year in power, Humala is anxious to ensure that Conga moves ahead. The $4.8 billion Conga mine project — partly owned by US-based Newmont Mining Corp — would be Peru’s largest ever foreign investment.

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Humala’s apparent about-face, as well as his prime minister’s right-leaning confrontational style, alienates many who voted for him. Four leftist members of his Peru Wins congressional alliance quit the grouping last week.

Politicians here are notorious for breaking campaign promises. Perhaps the most blatant case was Alberto Fujimori, who won the presidency in 1990 after a prominent promise not to impose painful cuts to end an economic crisis. Within months, he launched a massive restructuring of Peru’s economy, throwing millions out of work.

Peru’s fragile democracy is still recovering from Fujimori’s time in power, which ended in an election-rigging scandal and imprisonment for directing death squads and embezzlement.

Many Peruvians now respond to politicians’ breaking their word with a weary cynicism. But others see the trend as a serious threat to democracy.

“It undermines the governability of the country by undermining the credibility of our democratic institutions, which were dangerously weak to start with,” says Arana.

Whether for or against the country’s powerful mining sector, most Peruvians are now warily monitoring the conflicts in Cajamarca and Cusco, afraid that the government’s handling of the crises will result in more bloodshed.

Fuente: http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/americas/peru/120613/ollanta-humala-mining-conga-xstrata

Reporte de Conflictos Sociales N°99 - Mayo_2012

Reporte N°99 - Mayo_2012

HUMALA ES ENCARADO POR NO CUMPLIR SUS PROMESAS, EN EL PARLAMENTO EUROPEO

Pulgar Vidal sobre liberación de Mollohuanca: “Se respeta la decisión del Poder Judicial”

El Ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, se refirió a la excarcelación del alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, y reiteró su “absoluto respeto a las decisiones del Poder Judicial, sea cual fuere o contra las personas que fuere”.

Asimismo el ministro afirmó que “ahora, ya excarcelado (Óscar Mollohuanca), puede moverse por cualquier parte del territorio y reasumir su puesto. No tiene ninguna restricción del Poder Judicial”, con lo que confirmó que Mollohuanca podría participar en el diálogo que se realizará entre el gobierno y las autoridades de Espinar.

“El diálogo siempre ha estado abierto para todas las autoridades. Nosotros ya hemos iniciado esta fase con alcaldes distritales y provinciales” declaró a Canal N al preguntársele sobre el grupo técnico que viajará esta semana al Cusco para comenzar con el “Plan Integrado y Participativo de Intervención Sanitaria y Ambiental en Espinar”.

Finalmente, Pulgar Vidal reiteró que si Mollohuanca se presentase en los diálogos, él lo recibiría sin ningún problema haciendo hincapié en que: “Siempre hemos estado abiertos al diálogo, y el diálogo se hace sin condiciones. El diálogo que se hace sin condiciones es el que da más frutos”.

Fuente: La Mula

Orden de Liberación de Oscar Mollohuanca-Corte Superior de Justicia de Ica

Orden de Liberación de Oscar Mollohuanca-Corte Superior de Justicia de Ica

Traducción de la carta al Señor Van Rompuy 8 de junio de 2012 - Respecto Caso Conga - Espinar

Traducción de la carta al Señor Van Rompuy 8 de junio de 2012 - Respecto Caso Conga

Vitocho: Es una provocación del Estado arrestar una autoridad en pleno conflicto

LIMA - El congresista Víctor Andrés García Belaúnde se mostró en desacuerdo con la detención del alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, pues a su parecer dicha detención fue una provocación del Estado.

"Creo que es una provocación del Estado arrestar a una autoridad en pleno conflicto, no digo que sea inocente, probablemente sea culpable de muchas cosas y habrá que juzgarlo más adelante. Todos sabemos cómo funciona la justicias en el Perú y en esta caso la justicia ha actuado de manera rápida y efectiva, lo que llama la atención. Más que una detención judicial cualquiera parecería que es una detención política y eso me preocupa" dijo Vitocho a radio Exitosa.

Fuente: Diario Correo

Funcionario de la PCM: “Quien lidera e incendia en Espinar es Herbert Huamán”

El jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos afirmó que el dirigente social “subordina y rebasa” al alcalde Óscar Mollohuanca, encarcelado por su participación en las protestas

En la Presidencia del Consejo de Ministros consideran que la persona que “lidera e incendia” la provincia cusqueña de Espinar es el presidente del Frente de Defensa Herbert Huamán. Para el jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos, Víctor Caballero, el dirigente “subordina y rebasa” al alcalde Óscar Mollohuanca.

En entrevista con El Comercio, el funcionario de la PCM afirmó que el Frente de Defensa controla a Mollohuanca, actualmente encarcelado en Ica tras haber sido acusado por el Ministerio Público por los delitos disturbios, secuestro, daños y coacción durante las protestas en su provincia.

“Hay una filmación donde Herbert Huamán, del frente, amenaza a Mollohuanca de haberse confabulado conmigo y con la comisión de avanzada. Dice que solo queda que el primer ministro vaya a Espinar para discutir el cierre de la mina. Se retiró de la mesa de diálogo (…) Quien lidera e incendia en Espinar es Herbert Huamán. Subordina y rebasa a Mollohuanca”, afirmó.

Caballero también señaló que en algunas regiones los frentes de defensa se han convertido en “un poder paralelo que ha subordinado al propio presidente regional y a las autoridades”.

“Mollohuanca, por ejemplo, tenía un proceso de revocación que no prosperó y eso influye mucho en la posición que tome una autoridad. Por ejemplo, Mollohuanca está convencido de que Xstrata promovió su revocación. Ocurre lo mismo en otros lugares”, añadió.

MOVADEF Y ETNOCACERISTAS
En otro momento, el funcionario de la PCM indicó que en algunos frentes de defensa hay integrante del grupo pro senderista Movadef y del Movimiento Etnocacerista del reo Antauro Humala. “Son producto de la crisis de partidos que dejó regados a una cantidad de cuadros, con experiencia y sin articulación”, acotó.

Fuente: El Comercio

Premier Valdés: Perú necesita que los “podridos e incendiarios” cambien su posición... habla un #DBA

En entrevista exclusiva con Buenos Días Perú, el presidente del Consejo de Ministros Óscar Valdés se refirió a los manifestantes violentistas de Espinar y Cajamarca como “podridos”, “congelados” e “incendiarios” que necesitan cambiar su posición por el bien del país. 

“Pobladores violentistas de Espinar tienen antecedentes desde el 2005. Como primer ministro no permito que se deteriore la autoridad; esa clase minoritaria torpedean  los gobiernos”, indicó el premier tras insistir en la viabilidad del proyecto minero Conga.  

Asimismo, el premier descartó renunciar al cargo y consideró que por el momento no viajará a Cajamarca para no incentivar más acciones violentas.

Fuente: Panamericana TV

Descartan supuesta injerencia de Marco Arana (@vozdelatierra) en protestas de Espinar

Ideeleradio.- Nos parece sumamente indignante que se diga que detrás de las protestas de Espinar se encuentra el movimiento Tierra y Libertad y su representante Marco Arana, como si la población de las provincias altas fuera irracional y no tuviera la capacidad de plantear directamente sus demandas, indicó Ruth Luque, directora de la Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani.

Fue al comentar la información difundida por Caretas, revista que accedió a una parte de los documentos de Inteligencia de la Policía, donde se detalla las actividades de Marco Arana, activista ambiental y líder del Movimiento Tierra y Libertad y su supuesta intervención en las protestas de Espinar.

“Lo que sí nos parece sumamente indignante es que durante todos los conflictos sociales en las provincias altas se ha dicho que aquí está Tierra y Libertad y Marco Arana, como si la población de provincias altas fuera irracional y no tendría la capacidad de plantear directamente sus demandas, como si necesitaran que venga alguien y les digan esto hay que hacer. Aquí hay una ignorancia de no saber que la gente de provincias altas tiene la capacidad de plantear auténticamente lo que está sintiendo”, aseveró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Por otro lado, rechazó la información consignada por la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior que señala que con el apoyo de la Vicaría de la Solidaridad, y del líder ambientalista, las autoridades de Espinar llegaron a contactar a las ONG “CAFOD y MULTI-WATCH” para tramitar una visita a sus sedes principales (Suiza y Gran Bretaña).

“Para empezar el tema del viaje a Suiza jamás fue coordinado con Marco Arana, nunca hemos conversado sobre el tema del viaje y esto es producto de una invitación directa que lo hace MULTI-WATCH, que es un colectivo de diferentes organizaciones en Suiza, organizaciones de Iglesia, donde se está planteando una campaña internacional que se llama Derechos sin Fronteras. Esto ha sido una cosa muy pública ahí no ha habido nada oscuro”, remarcó.

         
Trayectoria de Mollohuanca va más allá de Tierra y Libertad | Inicio

Asimismo, dijo que el burgomaestre provincial de Espinar, Óscar Mollohuanca, tiene una trayectoria que va más allá de su vinculación directa con el movimiento Tierra y Libertad y que hubiera ganado las elecciones en representación de cualquier partido o movimiento.

“Óscar Mollohuanca no es un hombre que ha militado desde la creación de Tierra y Libertad, él ha participado a raíz de estas últimas elecciones y si él hubiera participado con cualquier partido, él hubiera ganado. Él tiene una trayectoria más allá de su vinculación directa con Tierra y Libertad”, aseveró.

En otro momento, consideró injusto que se diga que las demandas de Espinar se centran en el tema material y refirió que están exigiendo derechos humanos, oportunidades laborales y una relación diferente con la empresa minera.

“El tema del Convenio Marco está exigiendo temas en derechos humanos, oportunidades laborales, económicas, una relación diferente. El tema del aporte de las utilidades la población ha dicho que se tiene que negociar y ha dicho que tiene que ser más del 3%, teniendo en cuenta esta nueva inversión de mineroducto y del proyecto Antapaccay. Ese es un tema que se va a negociar, nunca se ha planteado de manera terca que sea 30%, no es una posición cerrada. Ellos mismo han dicho que lo tienen que negociar y la empresa tiene que sincerar cuánto van a ser sus ganancias y utilidades”, anotó.

Óscar Mollohuanca: preso de conciencia

Por: Rocío Silva Santisteban - @pavese

¿Sabes, lector o lectora, el nombre de los muertos en Espinar?, ¿no? Claro. Quizás por ahí te llamó la atención que uno de ellos fuera payaso. Un profesor de escuela que también se ganaba la vida haciendo reír a los niños. Pero, en general, desde Lima los muertos no son “comprendidos” como alguien con nombre propio, con DNI, con una historia de amores y pérdidas, de ilusiones y tensiones, sino como una cifra abstracta sin rostro ni piel ni años colegiales. Un nadie. Un radical que, a ojos de la gentita, debió caer, bien hecho.

Steve Levitsky, la semana pasada, me comentó que en otros países como Argentina siempre se sabe el nombre de los que mueren en un conflicto social. Hace unos años, dos diputados uruguayos me dijeron que percibían que en el Perú la vida valía poco, “por lo menos, menos que en Uruguay”. Los comentarios de estos tres ilustres extranjeros me hicieron sentir vergüenza. Y me niego a pensar que en mi país a los sectores urbanos que leen estas líneas les importa un carajo la vida de los espinarenses o de los cajamarquinos.  

Por eso, porque todavía confío en la gente, en los limeños de primera o de tercera generación, quisiera que todos conozcan la historia de un hombre que puede haber cometido errores, pero que de ninguna manera es un delincuente. Me refiero al alcalde de Espinar, elegido en segundo periodo luego de una primera gestión honrada, Óscar Mollohuanca. Mollohuanca fue primero de la clase durante todos los años escolares en el colegio Mateo Pumacahua de Sicuani. A pesar de la discriminación de la que fue objeto, y por sus méritos académicos, recibió una “dirimencia” y pudo estudiar Economía en la Universidad San Antonio Abad del Cusco. También ha sido dirigente campesino de la FUCAE, trabajó en el Centro de Formación Campesina de la Prelatura de Sicuani, y en su primera gestión fue el autor del convenio marco, aunque terminó su periodo antes de que pueda suscribirse. Cuando lo detienen el 30 de mayo escribe en un papel este mensaje: “Queridos amigos, estoy agradecido por vuestras muestras de solidaridad, este es un pequeño bache en mi vida, pero seguiremos en la búsqueda de justicia para Espinar”.

Como señaló Enrique Castillo en su programa Agenda Electoral de Canal N del domingo pasado, mientras entrevistaba al ministro de Justicia, Óscar Mollehuanca puede ser considerado el primer preso de conciencia en el gobierno de Ollanta Humala. Su detención no fue en flagrante delito y la orden de la misma apareció doce horas después de que fuera capturado por un batallón de policías y transmitido en vivo por Canal N. Su situación irregular se acrecienta porque se le traslada a otro distrito judicial, a más de 400 km, violando la garantía constitucional del debido proceso y del juez natural. Su acceso a abogado es limitado y este tendrá dificultad para actuar pruebas a kilómetros de distancia. Asimismo, es lamentable que el Dr. César San Martín, que firma esta resolución administrativa de cambio de jurisdicción, contradiga al Dr. César San Martín que habla de las garantías procesales en sus tratados jurídicos.

Antes de terminar quiero dejarles un dato: el nombre del payaso muerto en Espinar. Walter Sencia Anca. Tenía 24 años y deja esposa embarazada de seis meses. Recuérdalo, lector. Invócalo, lectora, en tus oraciones. Dentro de tres meses, cuando su hijo nazca, no tendrá padre.

Perú: El delito de Óscar Mollohuanca

Por Sergio Sullca *

Xstrata, había trabajado seis años en establecer una ficción a nivel mundial diciéndole a la gente que en Espinar tenía una excelente relación con las Comunidades Campesinas vía Convenio Marco. Mucho antes, desde el 2003, BHP Billiton había iniciado la construcción de esa ficción y la traspasó a Xstrata junto con todas sus acciones en el 2006. Esa ficción se estableció sobre el sufrimiento de las personas que empezaban a tener arsénico en la sangre y las familias que veían morir sus vacas.

Xstrata Tintaya que ya había puesto en marcha a su creatura, Fundación Tintaya, encontró dos formas perversas para solucionar el problema. Primero, sustituir las vacas muertas por otras vivas para que la gente tuviera una relativa tranquilidad, segundo, criar otras vacas pero con pastos y agua traídos de otro lugar, las vacas las traían de Puno y el agua del río Apurímac; estos vacunos fueron ubicados, con ironía y cinismo, cerca a las relaveras de Huinipampa y Camacmayo para que cada pasantía de ministros, autoridades, gobiernos regionales y municipales, comuneros de Cotabambas y otras zonas mineras, vieran que en Espinar, la minería podía convivir con la agricultura y la ganadería.

Había reclamos alrededor de la empresa, a los cuales Xstrata respondió aislándolos unos de otros sin que tuvieran un referente o una organización que los aglutine. Instaló una política de oídos sordos contra quienes dejaron de aceptar las vacas y empezaron a exigir una solución definitiva porque no podían estar así toda la vida. Dos de esos dirigentes que eran testigos de los engaños de Xstrata, fueron Jacinto Ccorahua y Rice Ccorahua, del sector de Quetara, Comunidad de Huisa Ccollana, quienes además empezaron a denunciar la aparición de filtraciones de aguas contaminadas de la relavera de Huinipampa en su sector por lo cual los animales seguían muriendo, pero al igual que sus vecinos, estaban aislados.

Desde el 2003, la organización que en un inicio se fundó para resistir a la empresa minera fue Fredermice, pero ésta se fue convirtiendo en el brazo social de Xstrata y los alcaldes provinciales de turno, Luis Álvarez, Lindley Salinas y Eloy Chancayauri, no tuvieron el valor de enfrentarse a la mina. La FUCAE, había sido mermada en su base histórica, las 72 comunidades de la provincia, por Fundación Tintaya que visitaba una tras otra ofreciendo obsequios y comprando dirigentes; el FUDIE, tuvo en sus filas siempre a ciudadanos indignados como Horacio Quispe y David Álvarez pero sin una estrategia para enfrentar la situación que con los años se hacía más grave.

Cuando vino la campaña electoral del 2010, el discurso más claro por la protección del medio ambiente, contra las estrategias de Xstrata y la apuesta por una minería responsable fue el de Óscar Mollohuanca. No se trataba de ningún improvisado sino del propulsor del Convenio Marco desde principios de década, exalcalde con experiencia de gestión y lo más importante, confiable. Ni bien se ubicó como favorito empezó la contracampaña de Fundación Tintaya. Sus operadores iban comunidad por comunidad, con esos regalos que suelen dar los candidatos en campaña y mostraban papelotes o diapositivas, conforme al escenario y decían algunas cosas como estas:

- Óscar enemigo, si entra no hay Convenio Marco. Pasado terrorista del PUM, su hermana estuvo en la cárcel. Mal elemento. Peligro para Espinar. Antiminero. Jamás votar por Mollohuanca.

Enrique Velarde, Iván Valer, Graciela Velasco, Froilán Molleapaza, Gimy Venero, Ivo Nuñoncca, entre otros, formaron parte de ese equipo que con todo un aparato publicitario y un fuerte equipo logístico que incluía pintas, afiches, camionetas, programas de radio, etc., intentaron reducir a ese pequeño equipo de campesinos, jóvenes, estudiantes y dirigentes populares que secundaban a Mollohuanca. Por poco logran su objetivo, Óscar no ganó por mucho en aquellas elecciones del 2010, incluso ese domingo de elecciones se cortó la luz en Occoruro donde Óscar había ganado ampliamente. Con todo, no pudieron evitar que el Jurado lo proclamara ganador. Pudieron más su habitual sencillez, su forma de hablar pausado, preciso, sin adornos, directo y franco, en quechua y castellano.

Al entrar en ejercicio de funciones, el 1 de enero del 2011, Xstrata visitó a todas las ceremonias de juramentación de los alcaldes distritales menos la de Óscar que en su discurso mencionó entre sus políticas de gobierno la “Reformulación del Convenio Marco” y en los próximos meses pudo articular todos aquellos sufrimientos que se vivían alrededor de la mina especialmente de las mujeres que veían en peligro su hogar y su familia. Con mucha dificultad estableció una relación fluida con los dirigentes populares de las principales organizaciones sociales de Espinar, el canal municipal empezó, por fin, a mostrar los animalitos que nacían con malformaciones en la zona de influencia de Xstrata, empezó a elaborar la propuesta de Reformulación del Convenio Marco y recibía a cuantas mujeres y dirigentes comunales quisieran poner su denuncia por contaminación ambiental o algún atropello cometido por Xstrata, empezó a exigir las liquidaciones de las supuestas construcciones realizadas por Xstrata y Fundación Tintaya, a exigirle a la empresa la relación de espinarenses que trabajaban dentro de la empresa porque de acuerdo al Convenio Marco, el 70% de los trabajadores debía ser de Espinar, le exigió los resultados de la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del año 2005, que presente sus supuestos estudios ambientales a la ciudadanía espinarense. Y todo, todo, siempre en consulta con la dirigencia y al Consejo Municipal.

Es una injusticia que se le diga violentista porque desde el inicio de su gestión buscó con esmero la participación de los ministerios de Energía y Minas, del Ambiente, del Primer Ministro y del mismo Presidente de la República sin éxito. La documentación existente hablará por él en el transcurso de la historia.

¿Alguna vez creyó Óscar que el delito de cuidar el agua y el suelo de Espinar, no iba a tener un precio? En medio año había desenmascarado a la empresa y empezado a desinstalar toda esa maquinaria que era Fundación Tintaya y lo que es peor, con respaldo social. Era demasiado para Xstrata, en ocho meses, Óscar se estaba soplando toda esa perversa ficción de nueve años. No tendría perdón definitivamente.

Los que trabajábamos en el municipio de Espinar creíamos que la sanción de Xstrata al delito de Mollohuanca, era el financiamiento de la revocatoria desde enero hasta mayo del 2012, una campaña que, por cierto, abortó. Nos equivocamos. Su venganza, era otra y contaría con la participación del Primer Ministro, el Poder Judicial, la Policía y el Ministerio Público, y ya forma parte de la historia del Perú.

Para Ollanta y Xstrata es imprescindible tenerlo en la cárcel de Ica porque así podrán hacer un seudo monitoreo ambiental e instalarán una seudo mesa de diálogo en Espinar para hacer que Xstrata empiece a recuperarse y Fundación Tintaya vuelva a delinquir en la provincia.

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* Sergio Sullca Condori es abogado y fue asesor de la Municipalidad Provincial de Espinar.

Fuente: sullcasurandino

OLCA - Carta al Enbajardor de Peru en Chile - Caso Minas Conga y Espinar

OLCA - Carta al Enbajardor de Peru en Chile - Caso Minas Conga

PRONUNCIAMIENTO: Sobre los recientes sucesos de Espinar y el cambio de competencia para juzgar los casos de Cusco y Cajamarca

Autor(a): Instituto de Defensa Legal
Perú
01-06-2012     

Ante los recientes sucesos en Espinar, Cusco, el paro indefinido que se desarrolla en Cajamarca y la decisión del Poder Judicial para que los casos de esas zonas sean juzgados en Ica y Lambayeque, respectivamente (Resolución Administrativa 096-2012-CE-PJ), el Instituto de Defensa Legal – IDL quiere expresar ante la opinión pública lo siguiente:

1.    Reiteramos nuestra sentida condolencia a los familiares de las víctimas mortales y nuestra solidaridad con ellos y con los heridos tanto civiles como personal policial. La violencia debe ser rechazada venga de donde venga, sea ésta promovida u ocasionada por los manifestantes, las autoridades gubernamentales o la empresa minera. Ello más aún, teniendo en cuenta que es una violencia que pudo evitarse. El derecho a la protesta social es un derecho legítimo, que debe ser ejercido de manera responsable.

2.    Expresamos nuestra preocupación y rechazo por la manera desastrosa en que el gobierno enfrenta el conflicto social en Espinar. Lo que manifiesta la voluntad del gobierno por criminalizar la protesta social y claudicar en su papel de garante de derechos humanos, además de optar por una posición que se mimetiza con una de las partes del conflicto.
2.1.    Las detenciones ilegales, el uso indebido de armas letales, la siembra de pruebas, la captura de defensores de derechos humanos y tantas otras son herramientas vedadas en una democracia, donde rija el Estado de Derecho y son mecanismos propios de gobiernos autoritarios.
2.2.    No puede iniciarse un diálogo serio con la población que restablezca la paz en la zona de conflicto, si a la par se tiene apresados a sus principales dirigentes, entre ellos el alcalde de Espinar. Por lo que corresponde su liberación inmediata, para que se retomen las negociaciones.
2.3.    Además hubiera sido necesario que la estrategia del gobierno por solucionar el conflicto involucrara a la Vicaría de Solidaridad y otras instituciones con probada vocación por el diálogo y el respeto de derechos, de modo que se cierre el paso a opciones violentistas.

3.    Expresamos nuestra preocupación y rechazo a la resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que ordena que los casos de Cusco y Cajamarca, que se produzcan en medio de las protestas sociales (inclusive los que están en trámite), sean juzgados en Ica y Lambayeque, respectivamente (Resolución Administrativa 096–2012–CE–PJ).
3.1.    La voluntad política del gobierno central por criminalizar la protesta ha sido trasmitida al Poder Judicial y Ministerio Público, en una reunión con el Ministro de Justicia y el Ministro del Interior llevada a cabo el jueves 31 de mayo pasado (tal como lo reconoce la nota de prensa del Poder Judicial) y mediante un oficio reservado cursado por el Ministro del Interior (tal como consta en la cita resolución).
3.2.    Como respuesta a ese pedido, el Poder Judicial emitió una fuertemente cuestionable resolución administrativa, sumándose a la política gubernamental, resquebrajando el principio de independencia judicial externa y poniendo en riesgo la garantía de un juicio debido para las personas involucradas en los actos de protesta.
3.3.    Por eso la Resolución Administrativa 096–2012–CE–PJ es inconstitucional e ilegal. Además, porque no resiste al test de razonabilidad, habida cuenta que el Poder Judicial en la ciudad de Cusco y el de la región Cajamarca se encuentran funcionando normalmente. Eso significa que no hay una privación del derecho de acceso a la justicia, como denuncia la exposición de motivos de la resolución. Además, en la Corte de Cajamarca y Cusco existen jueces honestos que han dado muestras de independencia y capacidad de garantizar un juicio debido. Por el contrario, la obligación de litigar ante las otras cortes coloca barreras de acceso a la justicia para los campesinos y pobladores cusqueños y cajamarquinos, mellando su derecho a la defensa y al juez natural.
3.4.    En ese sentido,  los operadores jurídicos están llamados a preferir la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de la Carrera Judicial y los respectivos códigos sustantivos y procesales para no aplicar la Resolución Administrativa 096-2012-CE-PJ y hacer primar el Estado de Derecho y la independencia judicial.
3.5.    Más aún, en un exceso de la irregularidad, la resolución administrativa ha sido publicada el día de hoy, 01 de junio de 2012, en el diario oficial El Peruano, por lo que entra en vigencia recién mañana y no puede utilizarse para justificar el traslado del alcalde de Espinar a Ica. En consecuencia, el ilegal traslado llevado a cabo hoy no puede justificarse ni por la resolución 096-2012-CE-PJ.

Por lo dicho:

1.    Exhortamos a las diferentes partes del conflicto a que retomen el diálogo y actúen de manera pacífica sin llevar a cabo actos de violencia o medidas reñidas con el Estado de Derecho y así evitar otro innecesario derramamiento de sangre.

2.    Exigimos al gobierno central a que modifique su política de enfrentar los conflictos sociales y que deje de realizar prácticas que son propias de gobiernos autoritarios y no corresponden a épocas de democracia.
 

3.    Solicitamos al Presidente del Poder Judicial y al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que derogue la Resolución Administrativa 096–2012–CE–PJ y que sean garantes de la independencia de su institución y de los jueces de las zonas convulsionadas.
 

4.    Solicitamos al Fiscal de la Nación que garantice la independencia del Ministerio Público y no emita una norma similar a la dictada por el Poder Judicial.
 

5.    Exhortamos a los jueces a hacer respetar la Constitución y la ley y a no aplicar la Resolución Administrativa 096-2012-CE-PJ.