Perú: 5 Datos para entender cómo el gobierno está recortando al Ministerio del Ambiente

Esto es lo que pasa mientras vemos el Mundial:

Hace una semana, el presidente Humala anunció que en el Consejo de Ministros se aprobó un paquete de medidas para reactivar la economía peruana, que serán enviados al Congreso. Sin embargo, se conoció que el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, votó en contra de estas medidas propuestas por el MEF. Los rumores decían, incluso, que se encontraba al borde de la renuncia. ¿Por qué?

 

Iván Lanegra, exviceministro de Interculturalidad, ha realizado un análisis al respecto. Cada uno de los puntos podría aclararnos las razones por las que Pulgar-Vidal no está nada contento con este paquete de medidas. Veamos.

1. Reducción de las multas de la OEFA

¿Qué es la OEFA? Basta con decir esto: la OEFA ha sido visto como una amenaza para ciertas empresas que ya han sido sancionadas por atentar contra el medio ambiente. Y ahora, como explica Noticias SER, las medidas reducen las competencias del Minam en relación a las labores de fiscalización de la OEFA. El análisis de Lanegra precisa un poco más este punto:

Por 3 años el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA deberá sancionar excepcionalmente. Si lo hace, deberá recurrir a medidas correctivas (no deberá multar). Solo si estas no se cumplen, podrá multar hasta por el 35% del máximo que podría imponer actualmente.

A esto hay que sumarle que lo recaudado en multas irá directamente al Tesoro Público. Pero, ¿por qué este tipo de medidas? El Comercio señala que el reajuste se da en base a las críticas del sector minero-energético por su “desmedida severidad sancionadora”.

2. El Minam ya no creará Zonas Reservadas

Primero, ¿qué cosa es una Zona Reservada? Se trata de una categoría temporal, que se otorga a un área para ser protegida mientras se estudia si debe ser considerada Área Natural Protegida. Hasta el momento, el Minam era el encargado de crearlas, pero con el paquete de medidas todo cambia:

Las Zonas Reservadas (categoría transitoria, que se usa en tanto se realizan estudios para categorizar un Área Natural Protegida) se crearán mediante Decreto Supremo aprobado por el Consejo de Ministros. Hoy es función del Ministerio del Ambiente – MINAM (solo necesita Resolución Ministerial de la autoridad ambiental).

Para el director de la SPDA, Pedro Solano, esta medida favorece a un grupo específico de empresas:

“Nos hemos reunido con los empresarios, el gremio y el Minam más de tres veces para explicarles esto. Es falso que sus derechos se vean afectados, pues la Ley de Áreas Protegidas dice expresamente que los derechos preexistentes se respetan. Están mintiendo y lo están haciendo porque a las empresas no les gusta que vaya a haber más ojos encima de sus operaciones”, dice Solano al advertir que de aprobarse la medida solo hará que los conflictos sociales se incrementen.

Y aún hay más.

 

3. Solo 30 días para opinar sobre EIA

El paquete también propone un plazo de 30 días para la emisión de las opiniones vinculantes y no vinculantes necesarias para aprobar un EIA (Estudio de Impacto Ambiental). ¿Qué pasa si se pasan de este tiempo? Lanegra tiene de nuevo la respuesta:

No hacerlo será falta grave y se sancionará al funcionario responsable. Si además dicha opinión técnica es además vinculante (es decir, no es posible aprobar el EIA sin una opinión favorable de la correspondiente entidad), el Titular de la entidad deberá opinar bajo responsabilidad.

Lanegra dice también que “emitir opiniones técnicas vinculantes sobre los EIAs de gran complejidad en menos de 30 días es –al menos–una invitación al error“.

Aquí Pedro Solano sí tiene una opinión favorable; sin embargo, igual asegura que se menosprecia la importancia de los temas ambientales para promover las inversiones.

4. Análisis económico para los estándares de calidad ambiental

Existen dos herramientas para advertirnos de la contaminación, explica Lanegra:

• El ECA (Estándares de Calidad Ambiental) define cuándo el aire, el río o el suelo en el que vivimos están contaminados.
• El LMP (Límites Máximos Permisibles) define cuánta contaminación puede emitir cada empresa.

Hasta el momento, el Minam los aprueba mediante Decreto Supremo y sólo se necesitaba una opinión previa del sector correspondiente. Sin embargo, el paquete del MEF propone algo diferente:

…sea el Consejo de Ministros, y no el Minam, el que decida en la creación de áreas reservadas y en la fijación de estándares de calidad ambiental (ECA) y límites máximos permisibles (LMP). Dichas medidas serán tomadas en consenso con los sectores involucrados y se refrendarán mediante decreto supremo.

De esta manera, se prevendría la creación de una nueva área reservada en la franja costera de Piura y Tumbes (que se sobrepone a 11 lotes de hidrocarburos) y la imposición de los nuevos ECA de aire, que las fundiciones de cobre se ven imposibilitadas de cumplir hasta la fecha por ausencia de tecnología adecuada.

Para Isabel Calle, directora del programa de política y gestión ambiental de la SPDA, se está desconociendo con esta medida la autoridad ambiental del Minam:

“Así funcionaba antes de que existiera el Minam. Están desconociendo que tenemos una autoridad ambiental competente. Están desvalorando y debilitando el sector (…) Es falso que no puedan intervenir en la decisión. Y tampoco afectan la inversión, pues no son exigibles jurídicamente a las empresas”.

5. Más y más recortes

A todo esto, el análisis de Lanegra agrega que “ni la Zonificación Económica Ecológica, ni el Ordenamiento Territorial asignarán usos ni exclusiones de uso“. Además, El Comercio indica que se incorpora un nuevo contrato de estabilidad tributaria a los proyectos mineros“con capacidad de producción inicial superior a las 15.000 toneladas métricas por día“.

Las críticas no se han hecho esperar. César Gamboa de DAR asegura que los procesos técnicos se volverán más políticos, ahora que el Consejo de Ministros decidirá. Por eso, más de 30 organizaciones civiles rechazan estas medidas.

Todo esto ocurre este año, en el que somos la sede de la Cumbre del Cambio Climático COP 20. Es la reunión más importante ambiental (de una de las anteriores COPs salió el Protocolo de Kyoto). Algunos dicen que esta es la única razón por la que que Pulgar Vidal aún no renuncia.

 

Fuente: Utero.pe -  http://utero.pe/2014/06/20/5-datos-para-entender-como-el-gobierno-esta-recortando-al-ministerio-de-ambiente/http://utero.pe/2014/06/20/5-datos-para-entender-como-el-gobierno-esta-recortando-al-ministerio-de-ambiente/

Perú: ¿El jardinero infiel? - Guerra contra el Ministerio del Ambiente

¿El jardinero infiel?

Para Claudia Cisneros, el paquete de medidas del Ejecutivo confirma que el ministro Mayorga declaró la guerra al Minam y a la consulta previa.

El ministro Eleodoro Mayorga dijo que “la creación del Ministerio del Ambiente, la consulta previa (…) han significado un bache para las inversiones, que no tiene vuelta atrás”. ¿Cómo es posible que en un país en el que aún no se resuelve lo que pasó hace 5 años por el mismo concepto de hacer caja y de despreciar el cuidado del medio ambiente y el derecho de quienes subsisten a partir de él, se permita que un ministro diga algo así? ¿No es acaso elocuente el silencio del presidente, de su esposa, o de otros ministros que no han salido a enmendarle la plana? reflexiona la periodista Claudia Cisneros en su columna de hoy en La República, la cual compartimos a continuación.


Ya estábamos advertidos. Cuando en marzo pasado Beatriz Merino, ex defensora del Pueblo, hoy presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, presentó el llamado Libro Blanco. El flamante ministro delMinem, Mayorga, apadrinó la presentación del Nuevo Testamento del empresariado extractivo, opinó a favor de la flexibilización de normas ambientales y mintió asegurando que había un consenso con el Minam.

Los usuales mercenarios mediáticos, a sueldo, auspicio o bono, apoyaron el relajamiento del cuidado medioambiental minimizando su verdadero riesgo. El gobierno preparaba (con vaselina) a la opinión pública para lo que se venía. Tres meses después nos presentan al monstruo: Se culpa de la desaceleración económica al Minam. Los empresarios han encontrado en esta delicada coyuntura económica la coartada perfecta para deshacerse del único ministerio que representaba al país más que a sus intereses empresariales.

El paquete de normas que para ellos han presentado disminuye las atribuciones del Minam en cosas tan elementales como la facultad de declarar Zonas Reservadas o elaborar los Estándares de Calidad Ambiental, rebaja multas por contaminación. Esto es un verdadero escándalo. Como dice César Gamboa, de DAR, los “procesos técnicos serán políticos porque los decidirá el Consejo de Ministros”.

Este contraataque empresarial, acogido y promovido por el Ejecutivo, configura una de las más altas traiciones de este gobierno. No solo porque la solución de la desaceleración no pasa solo por incentivar inversiones rápidas en ese sector (de hecho pone en evidencia cuánto no ha hecho lo debido Castilla para diversificar y sustentar nuestra economía en otros rubros), sino que la factura que nos va a dejar es una huella enorme y potencialmente dinamita social para el siguiente, sino también este gobierno.

Para todos los involucrados la ecuación parece ser: hagamos caja, hagámosla ya. ¿Alguien puede creer que a esos empresarios y a esos políticos les interesa principalmente nuestra economía, la tuya, la mía, la de los que menos tienen? El susto económico funciona, pero como dice José de Echave, es un “falso y peligroso dilema para un país entre regulaciones ambientales e inversiones”.

Mayorga ha llegado a decir en público, y para que escuchen todos, que “la creación del Ministerio del Ambiente, la consulta previa (…) han significadoun bache para las inversiones, que no tiene vuelta atrás”. ¿Cómo es posible que en un país en el que aún no se resuelve lo que pasó hace 5 años en que murieron 32 peruanos (uno desaparecido) por el mismo concepto de hacer caja y de despreciar el cuidado del medioambiente y el derecho de quienes subsisten a partir de él, se permita que un ministro diga algo así? ¿No es acaso elocuente el silencio del presidente, de su esposa, o de otros ministros que no han salido a enmendarle la plana?

Es obligación legal y moral del Estado y del Minam resguardar lo poco avanzado y de ninguna manera aceptar un retroceso. Nadie en la sociedad civil sabe qué más esconde el paquetazo antiambiental. El ministroPulgar Vidal tiene una responsabilidad, primero, frente a la población a la que sirve, antes que a un gobierno. Y aún no se le escucha, pese a que el Minam va rumbo al cadalso. ¿Será que lo habremos perdido? ¿Se alineará y preferirá quedarse de jardinero, en vez de defender el ministerio y las causas del país y de la gente por las que ha trabajado toda su vida?

 

Fuente: La Mula -  https://redaccion.lamula.pe/2014/06/20/el-jardinero-infiel/albertoniquen/

Perú: Todas las regiones desaprobaron en fiscalizar minería informal e ilegal

Foto: OEFA

- Tacna, Ayacucho y Madre de Dios son las regiones que menos fiscalizan. Dirección General de Minería ocupa el duodécimo lugar.

Servindi, 18 de junio, 2014.- “Ningún gobierno regional aprobó la evaluación de fiscalización ambiental”, sostuvo el funcionario Mauricio Cuadra Moreno durante la presentación de la publicación: Fiscalización ambiental a la pequeña minería y minería artesanal. Informe 2013: Índice de cumplimiento de los gobierno regionales.

“En una escala vigesimal (de cero a veinte) todos están desaprobados”, manifestó Cuadra Moreno, subdirector de Supervisión a Entidades del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) durante la presentación efectuada el martes 17 de junio.

Ni siquiera Piura que ocupó el primer puesto aprobó el examen; mientras que Ayacucho, Madre de Dios y Tacna se ubicaron en los últimos lugares en la evaluación sobre el control de la pequeña minería, la minería artesanal e informal e ilegal, indicó.

El OEFA es un organismo público, técnico especializado, adscrito al ministerio del Ambiente. Es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA).

Como ente rector del SINEFA, supervisa que las funciones de fiscalización ambiental a cargo de las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) de ámbito nacional, regional y local se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente.

El examen califica sobre cien puntos la eficiencia de los gobiernos regionales en su función de fiscalizadores ambientales y comprende el antes, durante y después de la acreditación para las actividades de las unidades mineras.

Si bien la OEFA no lleva la responsabilidad de vigilar a las pequeñas unidades mineras pequeñas, sino a la mediana y gran minería, sí tiene la potestad de supervisar a los gobiernos regionales y a la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

La situación es grave en Madre de Dios que ocupa el antepenúltimo puesto de 25 gobiernos regionales, a pesar que el impacto ambiental de la minería informal e ilegal en dicha jurisdicción es ampliamente conocido.
Falta de personal capacitado

“En los gobiernos regionales solo hay uno o dos funcionarios responsables de la fiscalización cuando los mineros informales son muchos más”, agregó Mauricio Cuadra Moreno.

Por su parte Delia Morales Cuti, directora de Supervisión de la OEFA destacó la incapacidad del personal regional encargado de la fiscalización.

“No hay perfiles asociados en el personal encargado de fiscalizar. Es como si pusieran a un médico en vez de un ingeniero ambiental”, expresó.

Según el índice de cumplimiento de la función de fiscalización ambiental minera la Dirección General de Minería del ministerio de Energía y Minas ocupa el duodécimo lugar con un puntaje vigesimal de 06.22.

¿Hay voluntad política?

Mauricio Cuadra Moreno dijo que el contexto no facilita la transferencia de recursos para fiscalización ambiental a los gobiernos regionales ya que “hay un escenario en el que funcionarios están relacionados a la minería ilegal”.

Si bien existe un mecanismo entre la OEFA y los gobiernos regionales para unir esfuerzos y fiscalizar de manera conjunta a la pequeña y marginal actividad minera, hasta el momento “ningún gobierno regional nos ha pedido ayuda”, aseguró.

La situación se complica con la aproximación de las elecciones regionales y la posición flexible del ministro de Economía y Finanzas, quién hace pocos días anunció medidas para flexibilizar las sanciones ambientales y “evitar sobrecostos innecesarios a las empresas”.

Acceda a la publicación con un clic en el siguiente enlace:
Fiscalización ambiental a la pequeña minería y minería artesanal. Informe 2013: Índice de cumplimiento de los gobierno regionales. (PDF, 142 páginas)

Fuente: SERVINDI

[MAL INFORMADO] Lorenzo de la Puente: "El 50% de multas ambientales del OEFA son arbitrarias"

Crimen Ambiental en progreso a pocos metros de laguna El Perol en Conga - Foto: Archivo

 

 El regulador está cobrando las sanciones por adelantado, causando “problemas serios en el flujo de caja delas empresas” y ni siquiera contempla la devolución si se comprueba su exceso, dijo el experto en derecho ambiental.

El cobro por adelantado de las multas ambientales a las empresas mineras “significa un abuso de parte del Gobierno”, más aún cuando “el 50% de las sanciones son arbitrarias”, criticó el abogado Lorenzo de la Puente, especialista en Derecho Ambiental.

Sucede que cuando las empresas deciden ir al Poder Judicial porque consideran injustas las sanciones, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) -amparado en la reciente Ley N° 30011- ya está cobrando las multas ambientales así el fallo les dé o no la razón. Y las empresas -dijo el experto- ni siquiera tienen facilidad de presentar una carta fianza.

“La carta fianza debe presentarse en un proceso cautelar. El Poder Judicial todavía tendría que admitirla. En todo ese tiempo, el OEFA -que corre cien metros planos rápidamente- ya embargó las cuentas de las empresas. Y, obviamente, les está causando problemas serios de flujo de caja”, explicó el también administrador del blog Impacto Ambiental de Gestion.pe.

El objetivo que tiene el Gobierno es impedir que las multas ambientales no se cobren, porque anteriormente se suspendían cuando las mineras llevaban el caso al Poder Judicial y eso constituía una costumbre para dilatar durante años el proceso sin pagar nada. De la Puente dijo que “eso es falso”, pues la intención no es evadir la multa, sino defenderse contra la arbitrariedad.

“Hay una gran cantidad de multas que son por exceso de límite máximo permisible. Eso supera el 50% de los casos que vienen por clientes. Y ahí hay una arbitrariedad clarísima de la OEFA, porque confunde daño ambiental con riesgo ambiental”, argumentó.

Y para sumar otro cuello de botella: la Ley N° 30011 no incluye el proceso de devolución del dinero de las multas en caso la empresa salga victoriosa en el Poder Judicial. “Cuando el OEFA pierda uno de los juicios, simplemente va a mirar su presupuesto y no tendrá nada para devolver el dinero”

“La ley crea salas especializadas con vocales a tiempo completo. ¿De dónde saldrá el dinero para pagar a esas personas y toda esa infraestructura? De las multas. Cuando tenga que devolver las multas indebidamente impuesto, no tendrá el dinero para hacerlo”, insistió.

 

Fuente: GESTION -  http://gestion.pe/economia/50-multas-ambientales-oefa-mineras-son-arbitrarias-2074660

Carlos Monge (@cmongesalgado): Faenón minero en otoño

Por Carlos Monge*

30 de mayo, 2013.- Como si estuviésemos en primaveral temporada de toros, el otoño del 2013 pasará a la historia como el de un faenón del lobby minero. Frente a un muy débil toro gubernamental, el lobby minero se ha dado un paseo, cortando ambas orejas y rabo, y –ay!!- quien sabe si algo más.

Todo comenzó con una pequeña baja en el precio de metales como el oro y el cobre y anuncios de una baja igualmente leve en el crecimiento esperado de la China, gran compradora de estos commodities. A ello siguió el anuncio de que empresas como Newmont y Angloamerican abandonarían proyectos (Conga, Michiquillay, Quellaveco) al no tener garantizada la rentabilidad esperada por los accionistas e inversionistas. Lo siguiente fue la histérica campaña de medios y líderes políticos lobistas de las empresas: ¡Se paraliza la inversión minera! ¡Se paraliza el país! ¡Es el fin de mundo! ¡Hay que hacer algo!

Las respuestas del gobierno pudieron haber sido varias. Podría haber dicho, por ejemplo, “felizmente, en realidad no hay problema” pues con Alan García tuvimos 10 mil millones de dólares de inversión y ahora con Toromocho, Las Bambas, Antapaccay y las ampliaciones de Cerro Verde, Shougang y Southern, tendremos algo más o menos igual. O podría haber dicho, “caramba, hay que diversificar las fuentes de renta pública”, volviendo los ojos a otras actividades socialmente más inclusivas y ambientalmente más sostenibles, dinamizando la agricultura, el turismo, algunos servicios, etc.

Pero no. Lo que ha hecho es arrodillarse ante el matador y ofrecer el morro para la estocada final. Así, entre abril y mayo del 2013, se sucedieron las medidas exigidas por los mineros, sus medios y sus presidenciables: la Ley de Consulta no va en la sierra (donde están la mayoría de los proyectos mineros) pues los quechuas y aymaras ya no son indígenas sino campesinos; se flexibiliza el mecanismo para conseguir los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos; y ahora se anuncia lo mismo para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental.

¡No se vayan! ¡Quédense por favor! ¡Pidan lo que quieran! Estos son los mensajes que el Presidente Ollanta Humala da. Una lástima, pues la coyuntura se presenta favorable más bien para hacer un conjunto de reformas indispensables en la gestión del sector minero: terminar de armar el SENACE eliminando las trampas que hay en su ley; fortalecer aún más la OEFA y su capacidad de evaluar, fiscalizar y sancionar; reformar la ley y el reglamento de consulta y publicar y debatir abiertamente la base de datos sobre pueblos indígenas; reformar el sistema de concesiones mineras. Esa es la agenda, y las condiciones están dadas para abordarla. Pero con un toro echado desde el saque ante el torero, poco se puede esperar.

Como si estuviésemos en primaveral temporada de toros, el otoño del 2013 pasará a la historia como el de un faenón del lobby minero. Frente a un muy débil toro gubernamental, el lobby minero se ha dado un paseo, cortando ambas orejas y rabo, y –ay!!- quien sabe si algo más.

Todo comenzó con una pequeña baja en el precio de metales como el oro y el cobre y anuncios de una baja igualmente leve en el crecimiento esperado de la China, gran compradora de estos commodities. A ello siguió el anuncio de que empresas como Newmont y Angloamerican abandonarían proyectos (Conga, Michiquillay, Quellaveco) al no tener garantizada la rentabilidad esperada por los accionistas e inversionistas. Lo siguiente fue la histérica campaña de medios y líderes políticos lobistas de las empresas: ¡Se paraliza la inversión minera! ¡Se paraliza el país! ¡Es el fin de mundo! ¡Hay que hacer algo!

Las respuestas del gobierno pudieron haber sido varias. Podría haber dicho, por ejemplo, “felizmente, en realidad no hay problema” pues con Alan García tuvimos 10 mil millones de dólares de inversión y ahora con Toromocho, Las Bambas, Antapaccay y las ampliaciones de Cerro Verde, Shougang y Southern, tendremos algo más o menos igual. O podría haber dicho, “caramba, hay que diversificar las fuentes de renta pública”, volviendo los ojos a otras actividades socialmente más inclusivas y ambientalmente más sostenibles, dinamizando la agricultura, el turismo, algunos servicios, etc.

Pero no. Lo que ha hecho es arrodillarse ante el matador y ofrecer el morro para la estocada final. Así, entre abril y mayo del 2013, se sucedieron las medidas exigidas por los mineros, sus medios y sus presidenciables: la Ley de Consulta no va en la sierra (donde están la mayoría de los proyectos mineros) pues los quechuas y aymaras ya no son indígenas sino campesinos; se flexibiliza el mecanismo para conseguir los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos; y ahora se anuncia lo mismo para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental.

¡No se vayan! ¡Quédense por favor! ¡Pidan lo que quieran! Estos son los mensajes que el Presidente Ollanta Humala da. Una lástima, pues la coyuntura se presenta favorable más bien para hacer un conjunto de reformas indispensables en la gestión del sector minero: terminar de armar el SENACE eliminando las trampas que hay en su ley; fortalecer aún más la OEFA y su capacidad de evaluar, fiscalizar y sancionar; reformar la ley y el reglamento de consulta y publicar y debatir abiertamente la base de datos sobre pueblos indígenas; reformar el sistema de concesiones mineras. Esa es la agenda, y las condiciones están dadas para abordarla. Pero con un toro echado desde el saque ante el torero, poco se puede esperar.
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* Carlos Monge es antropólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y doctor en Historia por la Universidad de Miami. Posee experiencia en trabajo de promoción rural y desarrollo sostenible, asesoría y de consultoría a gremios campesinos locales y nacionales, organizaciones privadas de promoción del desarrollo e instituciones públicas. Es autor de varias publicaciones sobre temas vinculados al desarrollo rural, los movimientos sociales, la descentralización, la participación ciudadana y las industrias extractivas.
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Fuente: Publicado en el diario La Primera el 28 de mayo de 2013:http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/faenon-minero-en-otono_139984.html

Video: Sancionan a Yanacocha por incumplir normas ambientales en Conga - ATV+

Proyecto Conga: Yanacocha fue multada por incumplir normativa ambiental

Foto: Perforadora en Conga a escasos metros de Laguna El Perol y Bofedales  - Archivo MMC

 

La OEFA informó que se incumplieron compromisos del EIA de la iniciativa minera enCajamarca. La sanción es de S/. 466.287,50

La minera Yanacocha fue sancionada con S/. 466.287,50 (127,75 Unidades Impositivas Tributarias – UIT) por vulnerar la normativa ambiental e incumplir cinco compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto Conga, en Cajamarca.

Según informó el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente, la medida fue tomada por el Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) a través de su resolución N° 214-2012-OEFA/TFA.

Mediante un comunicado, se indica que uno de los compromisos incumplidos es “la instalación de una plataforma de exploración a una distancia menor de 50 metros de un bofedal (humedal de altura) y un curso de agua estacional, afectando el hábitat de especies de flora y fauna”.

Para la sanción, el organismo se basó en la Ley General del Ambiente y al Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera.

Esta norma establece que “las actividades de exploración minera no pueden implicar el cruce o colocación de materiales o sustancias sobre bofedales o humedales, pues estos son considerados ecosistemas frágiles sometidos a protección especial por parte del Estado”. 

 

Fuente: El Comercio