Consuelo Alonzo C.
Sobre los 3.249 metros sobre el nivel del mar, unos 65 mil peruanos exigen respirar aire puro y no uno que envenene su sangre y la de sus descendientes.
Para su mala suerte, la irresponsable actividad minera que les dejó un ambiente contaminado con plomo y dióxido de azufre pretende volver. Y es que el Complejo Metalúrgico de
La Oroya-Doe Run ha solicitado la reactivación de sus operaciones, paralizadas desde hace mil días, además de una nueva ampliación para la presentación delPrograma de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
Esto no tendría nada de malo si no fuera por que esta es la tercera vez que piden una prórroga por 30 meses más.
Ante esto, el Arzobispado de Huancayo no pudo mantenerse ajeno y emitió un comunicado en el que indica que el retraso en la presentación del PAMA por la minera "es una irresponsabilidad que indigna", pero además que de permitirlo "se volvería a afectar gravemente la vida y la salud de la población".
"No podemos callar porque su incumplimiento es un atropello a la dignidad y la salud de las personas de La Oroya y de los trabajadores del Complejo Metalúrgico que se ven obligados a laborar en condiciones letales a su integridad", cita el documento.
La Arquidiócesis que lidera Monseñor Pedro Barreto aclara que no se oponen a la reactivación de dicho complejo metalúrgico, pero que ello debe ocurrir únicamente después del cumplimiento "de un PAMA que asegure la vida, la salud y un trabajo digno".
Solo así, sostienen, la disminución de las partículas contaminantes continuaría tal y como se ha visto reflejado en el tiempo que Doe Run ha estado sin operar. Resulta que en todo ese tiempo la concentración de dióxido de azufre (SO2) se ha reducido en un 99,5%; mientras que la presencia de plomo en material particulado (PM10) disminuyó en un 98,8%, según el monitoreo comparativo de calidad de aire del Proyecto El Mantaro Vive.
LOBBY EN EL CONGRESO
En declaraciones al blog Plataforma La Oroya por un cambio, el religioso también lamentó que el congresista Casio Huaire Chuquichaico haya presentado un proyecto de ley que plantea un plazo de 24 meses para la culminación de la construcción de la Planta de Ácido Sulfúrico y Modificación del Circuito de Cobre a partir de la fecha de reinicio de operaciones de Doe Run.
"Es lamentable porque sería la segunda vez que el Congreso aprobaría un proyecto de ley con nombre propio (…) Doe Run es una empresa que presiona al
Congreso por el lado de los trabajadores, y con ello se deja de lado la urgente necesidad del cuidado de la vida y de la salud de la población de La Oroya que, desde 1922 hasta mayo del 2009, ha sufrido una gravísima contaminación ambiental", sostuvo.
Justamente, en la exposición de motivos de dicho proyecto, Huaire Chuquichaico argumenta que "la paralización de actividades en el Complejo Metalúrgico La Oroya generaría conflictos sociales, a razón de la inestabilidad laboral de 3.500 trabajadores directos y 16 mil trabajadores indirectos, lo que genera un clima de negativismo económico no solo en La Oroya, sino en toda la región".
Luego agrega que " ese proyecto busca blindar y proteger a la población y la clase trabajadora de Doe Run". Más claro ni el agua.
De ser aprobado en el Pleno, monseñor Barreto confía en que el presidente Ollanta Humala no vaya a promulgar la referida ley porque contradice su propuesta de inclusión social. "No puede haber inclusión social si no hay respeto a la vida y a la salud de las personas", agregó.
Se debe indicar que ese proyecto que contó con la firma de once legisladores de Alianza Parlamentaria ya sufrió una baja, puesto que la congresista Doris Gladys Oseda Sotopidió al presidente del Congreso
Daniel Abugattas el retiro de su rúbrica en enero.
VÁLIDA PREOCUPACIÓN
Otra persona que no puede ser ajena al peligro en ciernes que acecha a los juninenses es Esther Hinostroza Ricaldi, directora de la ONG Filomena Tomaira Pacsi, pues ha sido a través de su institución que realizaron exámenes de sangre y detectaron hace años el plomo que envenenaba sus venas.
En ese sentido, le recordó al Estado peruano que tiene la obligación de proteger la salud de su población y velar por el derecho a una vida digna, por encima del derecho de cualquier empresa.
"Si no hay fuerza ni principio de autoridad, nuevamente Doe Run contaminará La Oroya, y todos los que vivimos allí pagaremos las consecuencias por una mala decisión del Estado que no se pone del lado de la población", aseguró Hinostroza, y recordó que la intoxicación con plomo afecta la salud reproductiva, causa abortos espontáneos y tiene relación directa con malformaciones congénitas.
CLAVES
La ONG Filomena Tomaira Pacsi informó que en 1999, en coordinación con otras instituciones, realizó un estudio en La Oroya y los resultados arrojaron que la población tenía hasta 55 microgramos por decilitro (ug/dl) de plomo en la sangre, cuando el máximo nivel de riesgo máximo permitido es 10, debido principalmente a la actividad de Doe Run.
Por otro lado, en Pasco, tras una audiencia pública, la posición de la población y de las autoridades fue de no permitir el traslado de Cerro de Pasco, ciudad afectada por la contaminación minera, y muy por el contrario demandaron la urgente ejecución de los proyectos de agua y desagüe. El presidente de Pasco, Kléver Meléndez, le recordó al presidente Ollanta Humala que existe un compromiso de su parte de financiar los mismos.
