LIMA, Perú - Dieciséis años de edad, César Medina regresaba a su casa desde un café Internet, dice su madre, y quedó atrapado en una multitud de manifestantes cuando la policía y los soldados abrieron fuego. Una bala rompió en la cabeza, matándolo instantáneamente.
El joven estaba entre los cinco civiles muertos en el brote de este mes de la violencia sobre el proyecto minero más grande del Perú, y mientras las autoridades no han dicho quién hizo los disparos mortales, los periodistas locales dicen que era las fuerzas de seguridad.
El joven estaba entre los cinco civiles muertos en el brote de este mes de la violencia sobre el proyecto minero más grande del Perú, y mientras las autoridades no han dicho quién hizo los disparos mortales, los periodistas locales dicen que era las fuerzas de seguridad.
Las muertes de civiles son preocupantemente frecuente cuando los manifestantes en enfrentarse con la policía provincial de Perú, cuyo nivel medio de control de masas parece ser munición real, por lo general despedido de Kalashnikov o rifles de asalto Galil.
Desde 2006, las balas disparadas por las fuerzas de seguridad peruanas para acallar las protestas han matado a 80 personas e hirió a más de 800, de acuerdo con el Coordinador Nacional independiente de vigilancia de los Derechos Humanos. Activistas de derechos humanos dicen que refleja un desprecio por la vida humana sin precedentes en la región y sostienen que el uso del gobierno de la rutina de la fuerza letal contra los manifestantes podría exacerbar la violencia.
"Estas cifras sería un escándalo en el extranjero. Y no estoy hablando de una comparación con Europa, pero con Bolivia, Ecuador, Chile, donde hay protestas, pero no tantas muertes ", dijo Jorge Mansilla, investigador de la oficina del ombudsman nacional del Perú de.
Por el contrario, la policía ha matado a 28 manifestantes en la vecina Bolivia desde enero de 2006, de acuerdo con su no gubernamental Asamblea Permanente de Derechos Humanos. La policía en Colombia, un país azotado por la guerrilla y de derecha violencia de las milicias, de matar a seis entre 2000 y 2011, según el CINEP organización humanitaria de ese país los derechos.
Después de que el 03 de julio se enfrentan en la región de Cajamarca en el que Medina murió, jefe de la policía Raúl Salazar comentó escuetamente sobre la muerte, diciendo a los periodistas que el trabajo de sus oficiales es el de "mantener el orden con el menor costo social".
Los manifestantes estaban arrojando la policía con piedras y fuegos artificiales, ya que se manifestaron contra el proyecto minero Conga $ 4,8 mil millones de oro, que es de propiedad mayoritaria de Newmont Mining Co. de los Estados Unidos.
La Defensoría del Pueblo cuenta con 245 conflictos sociales en todo el Perú, la mayoría de ellos las disputas sobre la minería en la que los temores sobre la contaminación del agua predominan. Las cuentas de la industria minera por más de 60 por ciento de los ingresos de exportación y ha sido el motor del crecimiento económico del Perú, sino que afecta desproporcionadamente a los medios de subsistencia de los campesinos las tierras altas.
Un congresista y ex jefe de la Policía Nacional, Octavio Salazar, dijo que las fuerzas de seguridad no tienen otra opción, pero a veces a utilizar munición real cuando los manifestantes vuelven ingobernables y poner en peligro la policía.
"Cuando estas hordas de ataque y la policía están en desventaja, pues, en esos casos extremos, se utilizan armas de fuego", dijo.
Los críticos del gobierno dicen que no se hace lo suficiente para evitar este tipo de situaciones.
Fuerzas peruanas emplean regularmente gases lacrimógenos y perdigones de plástico disparadas por las escopetas contra los manifestantes, pero un informe de marzo por la oficina del Defensor del Pueblo llama la formación de la policía en el control de multitudes no letal inadecuado y dijo que los oficiales no tienen suficientes armas no letales. Se citó entrevistas con comandantes de la policía antidisturbios en las cuatro principales ciudades.
Desde 2006, las balas disparadas por las fuerzas de seguridad peruanas para acallar las protestas han matado a 80 personas e hirió a más de 800, de acuerdo con el Coordinador Nacional independiente de vigilancia de los Derechos Humanos. Activistas de derechos humanos dicen que refleja un desprecio por la vida humana sin precedentes en la región y sostienen que el uso del gobierno de la rutina de la fuerza letal contra los manifestantes podría exacerbar la violencia.
"Estas cifras sería un escándalo en el extranjero. Y no estoy hablando de una comparación con Europa, pero con Bolivia, Ecuador, Chile, donde hay protestas, pero no tantas muertes ", dijo Jorge Mansilla, investigador de la oficina del ombudsman nacional del Perú de.
Por el contrario, la policía ha matado a 28 manifestantes en la vecina Bolivia desde enero de 2006, de acuerdo con su no gubernamental Asamblea Permanente de Derechos Humanos. La policía en Colombia, un país azotado por la guerrilla y de derecha violencia de las milicias, de matar a seis entre 2000 y 2011, según el CINEP organización humanitaria de ese país los derechos.
Después de que el 03 de julio se enfrentan en la región de Cajamarca en el que Medina murió, jefe de la policía Raúl Salazar comentó escuetamente sobre la muerte, diciendo a los periodistas que el trabajo de sus oficiales es el de "mantener el orden con el menor costo social".
Los manifestantes estaban arrojando la policía con piedras y fuegos artificiales, ya que se manifestaron contra el proyecto minero Conga $ 4,8 mil millones de oro, que es de propiedad mayoritaria de Newmont Mining Co. de los Estados Unidos.
La Defensoría del Pueblo cuenta con 245 conflictos sociales en todo el Perú, la mayoría de ellos las disputas sobre la minería en la que los temores sobre la contaminación del agua predominan. Las cuentas de la industria minera por más de 60 por ciento de los ingresos de exportación y ha sido el motor del crecimiento económico del Perú, sino que afecta desproporcionadamente a los medios de subsistencia de los campesinos las tierras altas.
Un congresista y ex jefe de la Policía Nacional, Octavio Salazar, dijo que las fuerzas de seguridad no tienen otra opción, pero a veces a utilizar munición real cuando los manifestantes vuelven ingobernables y poner en peligro la policía.
"Cuando estas hordas de ataque y la policía están en desventaja, pues, en esos casos extremos, se utilizan armas de fuego", dijo.
Los críticos del gobierno dicen que no se hace lo suficiente para evitar este tipo de situaciones.
Fuerzas peruanas emplean regularmente gases lacrimógenos y perdigones de plástico disparadas por las escopetas contra los manifestantes, pero un informe de marzo por la oficina del Defensor del Pueblo llama la formación de la policía en el control de multitudes no letal inadecuado y dijo que los oficiales no tienen suficientes armas no letales. Se citó entrevistas con comandantes de la policía antidisturbios en las cuatro principales ciudades.
El Ministerio del Interior se negó a proporcionar detalles sobre el arsenal de la policía, ya sea para el Defensor del Pueblo o de The Associated Press. El portavoz del Ministerio Ángel Castillo dijo que los suministros de gas lacrimógeno y balas de goma son suficientes: "Siempre hay reservas para cubrir las necesidades".
La corrupción ha sido un factor en la escasez de equipo no letal. En junio, el ministro del Interior Calle Wilver canceló un contrato de $ 5 millones para escudos, cascos, máscaras de gas y otros equipos después de determinar que el contratista no iba a entregar los bienes de Estados Unidos hicieron lo prometido, pero los artículos de fabricación china en su lugar.
La corrupción ha sido un factor en la escasez de equipo no letal. En junio, el ministro del Interior Calle Wilver canceló un contrato de $ 5 millones para escudos, cascos, máscaras de gas y otros equipos después de determinar que el contratista no iba a entregar los bienes de Estados Unidos hicieron lo prometido, pero los artículos de fabricación china en su lugar.
Los funcionarios del Ministerio del Interior no respondió a las peticiones de AP para obtener una explicación de por qué hay tantos manifestantes muertos por disparos en enfrentamientos con la policía. Castillo pidió que las preguntas de la AP se presentará por correo electrónico, pero no respondió.
El estudio de la Defensoría del Pueblo, por su parte, se preguntó por qué no un solo policía ha sido investigado por matar a un manifestante y por qué nadie resultó herido por disparos de la policía se ha visto compensado por el gobierno.
Grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional también han expresado su preocupación acerca de un proyecto de ley presentado por Salazar, el ex jefe de policía en el Congreso, que decía sello de goma el uso policial de la fuerza letal contra los manifestantes, indicando que está justificado en defensa propia.
Española abogado de derechos humanos Mar Pérez dijo que el proyecto envía el mensaje: ". Usted puede estar en asesinato facilidad porque nada te va a pasar"
La policía destituido el general Alberto Jordan dice que ya es realidad.
Fue despedido en 2008 por desobedecer las instrucciones de ordenar a sus tropas a disparar contra los manifestantes que bloqueaban un puente en la región de Moquegua, al sur del Perú para exigir mayores regalías de la minería del cobre local.
Sesenta agentes de policía resultaron heridos en la lucha, pero nadie murió, dijo Jordan, quien se quejó de que la policía están mal equipados para manejar los disturbios.
"Te envían a diferentes partes del país y al abrir los armarios donde se supone que el gas lacrimógeno para ser almacenado a encontrar vacíos", dijo.
Así que la policía utiliza las únicas armas que tienen, que son por lo general Kalashnikov, armas de fuego de la guerra que las balas de 7,62 mm.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que las acusaciones de abusos de la policía en el uso de la fuerza letal "no están debidamente investigados o sancionados" en el Perú.
Citó, por comparación, en el caso de que el gobierno de Chile despidió a nueve policías, entre ellos un general, en el 2011 tras 16 años de edad, fue asesinado en Santiago por una bala de la policía durante las protestas que exigen reformas educativas.
El director del Instituto de Tecnologías de la defensa no letales en la Universidad Estatal de Pennsylvania, se retiró el coronel Marino Andy Mazzara, dijo que ningún país puede justificar el uso de munición real para reprimir las protestas en estos días.
"El uso de municiones letales en este tipo de situaciones nace de la ignorancia y la falta de voluntad política y una indiferencia casi criminal por el valor de la vida humana", dijo.
Modernas armas no letales como cañones sónicos "," que lanzan los tonos que inducen dolor puede ser costoso, pero de baja tecnología, las opciones están disponibles. De goma "stingballs" y pufs despedido de escopetas y gas pimienta son algunas de las opciones, Mazzara dijo.
En el vecino Chile, la policía antidisturbios utilizan regularmente cañones de agua para reprimir las manifestaciones.
El peor caso reciente de la policía peruana llegó disparando contra los manifestantes durante una protesta de 2009 contra la minería y la explotación petrolera en la Amazonía. Treinta y cuatro personas perdieron la vida cerca de la ciudad de Bagua, incluyendo 24 oficiales que fueron asesinados por los indios en represalia por el tiroteo inicial de la policía.
Tres generales de la policía fue despedido por negligencia en el cumplimiento del deber, que era la medida de todas las sanciones por las muertes y también para las heridas de más de 200 personas en el incidente.
Entre los heridos fue de 63 años de edad, Filomeno Sánchez. Ha pasado más de 80.000 dólares en tres operaciones. Pero sigue siendo una bala en su cabeza y él todavía no puede caminar.
Elmer Campos, de 30 años, fue herido por balas de la policía en el bazo y el riñón derecho y paralizado de la cintura para abajo mientras que entre las 3.000 personas que protestaban por el proyecto Conga en noviembre.
"No sé cómo voy a trabajar. Mira cómo me han dejado. Ni siquiera se puede mover ", dijo el padre de dos hijos antes de ser liberado de un hospital de Lima la semana pasada.
Después de tres operaciones, los médicos habían hecho todo lo posible para el agricultor, que renunció a los estudios de ingeniería civil por falta de fondos.
Campos se queda con una hermana mayor en Lima, que ahora hace su cambio de pañales.
Él está angustiado por su incapacidad para mantener a su esposa e hijos, que no pueden pagar los $ 30 por persona y trayecto en autobús a visitar de Cajamarca.
"No entiendo cómo la vida puede ser tan injusto", dijo Campos. "Hubiera sido mejor si me hubieran matado".
___
Franklin Briceño en Twitter: http://twitter.com/franklinbriceno
Frank Bajak en Twitter: http://twitter.com/fbajak
Derechos de autor 2012 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, transmitido, reformado o redistribuido.
El estudio de la Defensoría del Pueblo, por su parte, se preguntó por qué no un solo policía ha sido investigado por matar a un manifestante y por qué nadie resultó herido por disparos de la policía se ha visto compensado por el gobierno.
Grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional también han expresado su preocupación acerca de un proyecto de ley presentado por Salazar, el ex jefe de policía en el Congreso, que decía sello de goma el uso policial de la fuerza letal contra los manifestantes, indicando que está justificado en defensa propia.
Española abogado de derechos humanos Mar Pérez dijo que el proyecto envía el mensaje: ". Usted puede estar en asesinato facilidad porque nada te va a pasar"
La policía destituido el general Alberto Jordan dice que ya es realidad.
Fue despedido en 2008 por desobedecer las instrucciones de ordenar a sus tropas a disparar contra los manifestantes que bloqueaban un puente en la región de Moquegua, al sur del Perú para exigir mayores regalías de la minería del cobre local.
Sesenta agentes de policía resultaron heridos en la lucha, pero nadie murió, dijo Jordan, quien se quejó de que la policía están mal equipados para manejar los disturbios.
"Te envían a diferentes partes del país y al abrir los armarios donde se supone que el gas lacrimógeno para ser almacenado a encontrar vacíos", dijo.
Así que la policía utiliza las únicas armas que tienen, que son por lo general Kalashnikov, armas de fuego de la guerra que las balas de 7,62 mm.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que las acusaciones de abusos de la policía en el uso de la fuerza letal "no están debidamente investigados o sancionados" en el Perú.
Citó, por comparación, en el caso de que el gobierno de Chile despidió a nueve policías, entre ellos un general, en el 2011 tras 16 años de edad, fue asesinado en Santiago por una bala de la policía durante las protestas que exigen reformas educativas.
El director del Instituto de Tecnologías de la defensa no letales en la Universidad Estatal de Pennsylvania, se retiró el coronel Marino Andy Mazzara, dijo que ningún país puede justificar el uso de munición real para reprimir las protestas en estos días.
"El uso de municiones letales en este tipo de situaciones nace de la ignorancia y la falta de voluntad política y una indiferencia casi criminal por el valor de la vida humana", dijo.
Modernas armas no letales como cañones sónicos "," que lanzan los tonos que inducen dolor puede ser costoso, pero de baja tecnología, las opciones están disponibles. De goma "stingballs" y pufs despedido de escopetas y gas pimienta son algunas de las opciones, Mazzara dijo.
En el vecino Chile, la policía antidisturbios utilizan regularmente cañones de agua para reprimir las manifestaciones.
El peor caso reciente de la policía peruana llegó disparando contra los manifestantes durante una protesta de 2009 contra la minería y la explotación petrolera en la Amazonía. Treinta y cuatro personas perdieron la vida cerca de la ciudad de Bagua, incluyendo 24 oficiales que fueron asesinados por los indios en represalia por el tiroteo inicial de la policía.
Tres generales de la policía fue despedido por negligencia en el cumplimiento del deber, que era la medida de todas las sanciones por las muertes y también para las heridas de más de 200 personas en el incidente.
Entre los heridos fue de 63 años de edad, Filomeno Sánchez. Ha pasado más de 80.000 dólares en tres operaciones. Pero sigue siendo una bala en su cabeza y él todavía no puede caminar.
Elmer Campos, de 30 años, fue herido por balas de la policía en el bazo y el riñón derecho y paralizado de la cintura para abajo mientras que entre las 3.000 personas que protestaban por el proyecto Conga en noviembre.
"No sé cómo voy a trabajar. Mira cómo me han dejado. Ni siquiera se puede mover ", dijo el padre de dos hijos antes de ser liberado de un hospital de Lima la semana pasada.
Después de tres operaciones, los médicos habían hecho todo lo posible para el agricultor, que renunció a los estudios de ingeniería civil por falta de fondos.
Campos se queda con una hermana mayor en Lima, que ahora hace su cambio de pañales.
Él está angustiado por su incapacidad para mantener a su esposa e hijos, que no pueden pagar los $ 30 por persona y trayecto en autobús a visitar de Cajamarca.
"No entiendo cómo la vida puede ser tan injusto", dijo Campos. "Hubiera sido mejor si me hubieran matado".
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Franklin Briceño en Twitter: http://twitter.com/franklinbriceno
Frank Bajak en Twitter: http://twitter.com/fbajak
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