Represión y muerte en Cajamarca, Perú: ¿Ollanta Humala gobierna para las mineras?

Represión y muerte en Cajamarca, Perú:

¿Ollanta Humala gobierna para las mineras?

Marcela Salas Cassani, Desinformémonos/Ojarasca, 14 de julio. Cuatro muertos —entre ellos un menor de edad–— 45 heridos, 25 detenidos y una ciudad militarizada debido al decreto de estado de excepción, es el saldo de las protestas del 3 de julio en Cajamarca, Perú, donde indígenas, campesinos y militantes ambientalistas protestaban contra la minera Yanacocha que —con el proyecto Conga— pretende apropiarse del agua de la región para extraer oro y cobre.

Desde hace más de un mes, pobladores de Celendín, provincia de Cajamarca, mantienen un paro indefinido contra la iniciativa Conga, millonario proyecto de la Yanacocha, empresa que pertenece a un conglomerado minero en el que figuran la megaempresa peruana Buenaventura, la multinacional estadounidense Newmont Mining y el Banco Mundial.

Para llevar a cabo la explotación de yacimientos auríferos y cupríferos sería necesario vaciar al menos cuatro lagunas naturales que abastecen el nacimiento de los ríos de donde la población de Cajamarca se provee de agua.

Tras una evaluación de impacto ambiental realizada por un equipo de expertos internacionales, los peritos recomendaron que la operación no destruya las lagunas. La minera indicó que aceptaría algunas recomendaciones, sin asegurar que preservaría las lagunas. A cambio, ofreció la construcción de “depósitos artificiales” para “garantizar” el agua a la comunidad.

La minera, denuncian grupos indígenas y campesinos, no garantizó que se ajustará a los lineamientos de viabilidad ambiental, por lo que no debería tener licencia social para operar. No obstante, obtuvo un permiso oficial del gobierno peruano para llevar adelante su iniciativa ecocida.

En días pasados Newmont y Yanacocha anunciaron el inicio de la construcción de depósitos con los que “reemplazarán” el almacenamiento del agua que hoy se encuentra en las lagunas destinadas al proyecto Conga, por lo que solicitaron al gobierno peruano garantías de seguridad para comenzar las obras. La respuesta del presidente peruano, Ollanta Humala, fue terminante: “Tendrán que atenerse a las consecuencias quienes no respeten la propiedad privada”. Y cumplió su palabra.

El 3 de julio, el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca (FDAC) cumplía el trigésimo cuarto día del paro regional indefinido en esta ciudad. Las delegaciones de manifestantes estaban concentradas tanto en la plazuela Bolognesi como frente al atrio de la iglesia San Francisco.

Esa mañana, 300 integrantes del Sindicato de Trabajadores no Docentes de la Universidad Nacional de Cajamarca, se movilizaron de la universidad a la plazuela Bolognesi, y luego avanzaron hacia la Plaza de Armas, hasta donde habían llegado también una delegación de campesino del valle de Llanguay y un centenar de choferes de moto taxis a bordo de sus vehículos, para manifestar su apoyo a los paristas.

El ex sacerdote Marco Arana, líder de la organización Tierra y Libertad, señaló que los enfrentamientos con la policía comenzaron cuando “un grupo de obreros de construcción exigía, afuera del Ayuntamiento, el pago atrasado por trabajos realizados en una escuela y protestaba en solidaridad con la población de Celendín contra la iniciativa Conga”.

Entonces, apunta el FDAC en un comunicado, “se realizó un ataque irracional de la policía nacional en contra de la población manifestante que se encontraba en la Plaza de Armas”. Hubo cuatro muertos, entre ellos un menor de edad, 45 heridos y 25 detenidos, y la respuesta del gobierno fue la inmediata instauración del estado de emergencia, durante el cual “quedan suspendidas las garantías constitucionales relativas a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y tránsito”.

Un día después del violento enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas del orden, y a pesar del estado de emergencia, los opositores salieron de nuevo a las calles para protestar por los muertos y heridos de Celendín y para reclamar la libertad de quienes habían sido detenidos el día anterior.

Los inconformes se reunieron en la Plaza de Armas de Cajamarca, y allí, luego de pronunciar un discurso, el ex sacerdote Marco Arana, dirigente del movimiento político-ecologista Tierra y Libertad, y uno de los más férreos opositores del proyecto minero, fue aprehendido por la policía. Casi 24 horas más tarde, Arana fue liberado por considerar la fiscalía que “no había motivo para que fuera detenido”. Sin embargo, en un mensaje publicado en Twitter, el dirigente denunció haber sido torturado: “Me detuvieron, me golpearon mucho, dentro de la comisaría me volvieron a golpear, puñetes en la cara, riñones, insultos”.

Ésta es quizá la peor crisis del gobierno encabezado por el ex militar izquierdista, Ollanta Humala, quien en junio de 2011 ganó en segunda vuelta la presidencia de Perú, tras vencer por estrecho margen a Keiko Fujimori.

Residentes de Celedín dijeron durante el entierro de los manifestantes asesinados: “Ollanta Humala ya no es nuestro presidente, él gobierna para las mineras extranjeras. Nos ha traicionado. En la campaña electoral prometió defender el agua de la minería”.

El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales señaló también el empecinamiento del gobierno de Humala: “Su tozudez está desoyendo sistemáticamente la voluntad de los pueblos en virtud de presiones corporativas, y ahora está desplegando una estrategia represiva que asesina campesinos, arresta curas e indígenas y amenaza las libertades de un pueblo que defiende su legítimo derecho a la vida, la salud y a un medio ambiente libre de contaminación.

La Central Trabajadora Peruana (CGTP) y el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca demandaron al gobierno el cese de la represión. “Estas muertes, con las que llega a 15 el número de asesinados durante el régimen de Humala, demuestran que la estrategia de gobierno sigue apostando por la criminalización de la protesta y la declaración de estados de emergencia como instrumentos políticos para privilegiar los intereses de los grupos económicos que se beneficiaron con regímenes anteriores”.

Mientras el millonario plan aurífero avanza y la calma no parece volver a la región de Cajamaca, la cgtp ha instado al gobierno a “dialogar para solucionar un conflicto que se agudiza conforme avanzan los días”.

Desafiando el estado de emergencia, miles de opositores del proyecto Conga marcharon el pasado 12 julio —día en que la CGTP convocó a la Jornada Nacional de Lucha— para insistir en el rechazo absoluto al ecocida proyecto minero. Por su parte, el Comité de Solidaridad con Cajamarca en Francia, anunció que el 20 de julio se realizarán manifestaciones ante las embajadas o consulados del Perú en París, Berlín, Bruselas, Madrid, Londres, Estocolmo y Milán.

http://www.grain.org/article/entries/4558-ataques-politicas-resistencia-relatos