En su último mensaje a la Nación en relación con el proyecto Conga, minutos antes de un partido de la Eurocopa, el Presidente de la República anunció:
En suma, este nuevo enfoque exige innovar la forma de relacionamiento entre nuestro ambiente, el aprovechamiento de los recursos naturales, la gestión equilibrada del territorio y el uso racional de los recursos hídricos. Esto, en el marco de una nueva relación con las actividades extractivas, al servicio del desarrollo humano, en la línea de nuestros objetivos de inclusión social, tal como hemos anunciado ante el mundo en la Cumbre de Río + 20, y lo reafirmamos ahora, ante el país.
Para lograrlo, es fundamental contar con una mejor normatividad que asegure la gobernabilidad ambiental, la modernización de los instrumentos de gestión, su adecuación a nuestra nueva realidad económica, social y cultural y la fiscalización ambiental en todas las operaciones.
Pondremos especial énfasis en actualizar las políticas y regulaciones ambientales para evitar impactos en la salud de las poblaciones y para establecer mecanismos de prevención y resolución de conflictos.
De esta manera, recuperaremos la confianza de la población en un Estado capaz de sancionar malas conductas ambientales e incentivar las buenas prácticas; capaz también de intervenir anticipadamente frente a las preocupaciones de la sociedad.
Para materializar este compromiso, constituiremos una Comisión Multisectorial que en 30 días entregará la propuesta de normas que nos permitan avanzar en el camino de desarrollo sostenible. Esta Comisión será liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros y contará con una secretaría técnica que estará a cargo del Ministerio del Ambiente.
Este plazo de 30 días se cumplió en la última semana de julio. Y se esperaba que Humala anunciara las medidas en el mensaje de Fiestas Patrias. Pero allí lacónicamente dijo:
Hemos dado un gran paso con la aprobación de la Ley y el Reglamento de Consulta Previa para escuchar a las comunidades, y estamos elaborando una norma sobre el ordenamiento territorial buscando la puesta en valor de los recursos, el respeto de los derechos ancestrales y la mejora de la calidad de vida.
¿Qué ha ocurrido? María Luisa del Río, Augusto Álvarez Rodrich y Javier Torres Seoane, tres columnistas de tres diarios distintos (El Comercio, La República y Diario 16, respectivamente) han señalado, palabras más, palabras menos, que existe un entrampamiento sobre esta materia. El conflicto está en si se dan facultades de revisar los Estudios de Impacto Ambiental en temas mineros al Ministerio del Ambiente, así como los temas referidos al ordenamiento territorial.
En resumen, desde el Ministerio de Energía y Minas se teme perder poder, aunque - con excepción de algunas personas - hay cierto consenso sobre el paso de al menos parte de las competencias ambientales al MINAM. De hecho, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental presentó una propuesta sobre la materia:
Según la directora del Programa de Política y Gestión Ambiental de la SPDA, Isabel Calle, una de las propuestas del estudio es la creación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), que tendría competencias exclusivas para la evaluación y aprobación de estudios de impacto ambiental detallados (EIA -d).
“Reconocemos que esto no puede hacerse de manera inmediata sino de manera progresiva. Una de las ventajas es que el Minam es un ministerio nuevo, con muchas posibilidades de crecimiento, con un rol muy importante en los conflictos socioambientales”, señaló Calle.
“La gente no cree en el estudio de impacto ambiental como una herramienta preventiva. No quiere asistir a las audiencias públicas porque considera que más que todo es una formalidad. Y esto se genera un poco por la falta de credibilidad y de confianza”, agregó.
Para la especialista “lo que se tiene que hacer es algunas modificaciones para que este instrumento vuelva a tener la credibilidad. El EIA forma parte del Sistema Nacional del Sistema de Impacto Ambiental (SEIA), el cual busca cuáles son los impactos en los proyectos de inversión para tratar de mitigarlos”.
A esta altura, resulta indispensable que el Presidente de la República tome una decisión final sobre la materia. Dilatar aún más el destino de estas normas - sea cual fuere - no solo sería el incumplimiento de una promesa, sino también la constatación de que, más que un giro hacia un lado u otro, lo que prima en Palacio de Gobierno es la indecisión.
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