Ideeleradio.- Creo que existen elementos para que el Estado declare la nulidad del contrato referido al proyecto Conga, opinó el procurador público supranacional Luis Salgado, tras considerar que no sería exagerado señalar que dicha inversión es ya inviable.
“Por lo que he leído y por lo que sabemos, efectivamente, no es ninguna exageración sostener que es altamente probable que el proyecto Conga ya sea inviable, se trata y ya nos hemos enterado con cierto detalle de la destrucción nada menos que de cuatro lagunas, adicicionales a las seis o siete, algunos hablan de 10 lagunas destruidas. […] Yo creo que hay elementos [para llevar el tema a la nulidad] porque ese Estudio de Impacto Ambiental [está ahí]”, precisó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
Salgado Tantte consideró, además, que sí existe la posibilidad de anular un contrato cuando hay elementos de falsedad o alteración en el contenido de lo que lo motivó. Fue al ser consultado por las declaraciones de Carlos Santa Cruz, gerente de operaciones de Newmont para Sudamérica, en el sentido de que los contratos firmados deben ser respetados.
“Hay contratos leoninos y cuando en el contrato ha habido un elemento de falsedad, que altera la situación […] y cuando una de las partes firma un documento sobre la base de un entendimiento de cómo están las circunstancias y que una de esas circunstancias centrales y que causó que esa parte se animara a firmar, se descubre que tiene un vicio de nulidad, un vicio de falsedad que altera sustantivamente los términos de ese contrato, pues la parte afectada tiene derecho [a la nulidad]”, argumentó.
Apuntó que ese Estudio de Impacto Ambiental fue realizado por el Ministerio de Energía y Minas durante el gobierno de Alan García. Recordó que una de sus propuestas fue que esa cartera no puede ser juez y parte. "Esto lo sabemos, ellos no pueden calificar las bondades de un proyecto cuando están interesados en que ese mismo proyecto se apruebe", subrayó.
Gestión de García dejó Conga de mala fe.
“Por lo que he leído y por lo que sabemos, efectivamente, no es ninguna exageración sostener que es altamente probable que el proyecto Conga ya sea inviable, se trata y ya nos hemos enterado con cierto detalle de la destrucción nada menos que de cuatro lagunas, adicicionales a las seis o siete, algunos hablan de 10 lagunas destruidas. […] Yo creo que hay elementos [para llevar el tema a la nulidad] porque ese Estudio de Impacto Ambiental [está ahí]”, precisó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
Salgado Tantte consideró, además, que sí existe la posibilidad de anular un contrato cuando hay elementos de falsedad o alteración en el contenido de lo que lo motivó. Fue al ser consultado por las declaraciones de Carlos Santa Cruz, gerente de operaciones de Newmont para Sudamérica, en el sentido de que los contratos firmados deben ser respetados.
“Hay contratos leoninos y cuando en el contrato ha habido un elemento de falsedad, que altera la situación […] y cuando una de las partes firma un documento sobre la base de un entendimiento de cómo están las circunstancias y que una de esas circunstancias centrales y que causó que esa parte se animara a firmar, se descubre que tiene un vicio de nulidad, un vicio de falsedad que altera sustantivamente los términos de ese contrato, pues la parte afectada tiene derecho [a la nulidad]”, argumentó.
Apuntó que ese Estudio de Impacto Ambiental fue realizado por el Ministerio de Energía y Minas durante el gobierno de Alan García. Recordó que una de sus propuestas fue que esa cartera no puede ser juez y parte. "Esto lo sabemos, ellos no pueden calificar las bondades de un proyecto cuando están interesados en que ese mismo proyecto se apruebe", subrayó.
Gestión de García dejó Conga de mala fe.
Señaló, en otro momento, que la controversia que genera el proyecto Conga es un problema que fue dejado de mala fe por el gobierno de Alan García a la actual administración nacionalista. Sostuvo que la gestión aprista se identificó con los intereses de los grupos de inversión, al punto de brindarle todos los privilegios y minimizar condiciones, en una práctica similar a la del régimen de Alberto Fujimori.
“Es un problema que ha encontrado el gobierno actual, es un problema que de mala fe dejó el gobierno de Alan García, porque fue un gobierno absolutamente identificado incondicionalmente con los intereses de las transnacionales, fue la continuación del estilo fujimorista, de dejarle todos los privilegios, acostumbrados a tener ingentes ganancias”, dijo.
“Se trata de analizar y comprender qué es lo que dejó el gobierno anterior, un gobierno que ninguneaba y despreciaba a las tres cuartas partes de peruanos, llamándoles ciudadanos de segunda categoría o perros del hortelano, un gobierno de ultraderecha y con fuerte dosis de corrupción, el gobierno de Alan García”, manifestó.
Argumentó que la relación entre la minería y el Estado debe darse en un marco de respeto a la institucionalidad del Gobierno, requisito que no se ha presentado desde el régimen de Alberto Fujimori.
“Está bien que la minería sea un factor que coadyuve al desarrollo, pero tiene que ser una minería en la cual se relacione con un Estado que respeta y se hace respetar, eso no ha ocurrido desde los años 90”, aseguró.
Medioambiente es un verdadero tema de fondo.
El abogado del Estado expresó, finalmente, que en medio de este problema se está dejando de lado al medioambiente, tema que señaló debe ser considerado un tópico de fondo, porque la ejecución del proyecto pondría en peligro las lagunas, bofedales y la posibilidad de que Cajamarca adopte una imagen parecida a la de Cerro de Pasco, La Oroya o Cajamarca, ciudades que han sido perjudicadas ambientalmente por la minería.
“Es un problema que ha encontrado el gobierno actual, es un problema que de mala fe dejó el gobierno de Alan García, porque fue un gobierno absolutamente identificado incondicionalmente con los intereses de las transnacionales, fue la continuación del estilo fujimorista, de dejarle todos los privilegios, acostumbrados a tener ingentes ganancias”, dijo.
“Se trata de analizar y comprender qué es lo que dejó el gobierno anterior, un gobierno que ninguneaba y despreciaba a las tres cuartas partes de peruanos, llamándoles ciudadanos de segunda categoría o perros del hortelano, un gobierno de ultraderecha y con fuerte dosis de corrupción, el gobierno de Alan García”, manifestó.
Argumentó que la relación entre la minería y el Estado debe darse en un marco de respeto a la institucionalidad del Gobierno, requisito que no se ha presentado desde el régimen de Alberto Fujimori.
“Está bien que la minería sea un factor que coadyuve al desarrollo, pero tiene que ser una minería en la cual se relacione con un Estado que respeta y se hace respetar, eso no ha ocurrido desde los años 90”, aseguró.
Medioambiente es un verdadero tema de fondo.
El abogado del Estado expresó, finalmente, que en medio de este problema se está dejando de lado al medioambiente, tema que señaló debe ser considerado un tópico de fondo, porque la ejecución del proyecto pondría en peligro las lagunas, bofedales y la posibilidad de que Cajamarca adopte una imagen parecida a la de Cerro de Pasco, La Oroya o Cajamarca, ciudades que han sido perjudicadas ambientalmente por la minería.
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