Por Marlene CastilloPara la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), respaldada por la Declaración de Bambamarca (19 agosto), el gobierno central debe revisar la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Conga y declarar la intangibilidad de las cabeceras de cuenca, para preservar el agua y proteger los derechos humanos colectivos dependientes de ellas. Para los directivos de Minera Yanacocha SRL, no hay razones para cuestionar sino para celebrar pues el proyecto Conga invertirá 4 mil millones de dólares durante los 19 años de operación, produciendo anualmente entre 580 y 680 mil onzas de oro y entre 155 y 235 millones de libras de cobre, y “trasvasarán las aguas de las lagunas Mala, Chica, Azul y Perol hacia tres grandes reservorios que serán para el uso exclusivo de las comunidades” (La República, 27 agosto).
Y aunque parece un conflicto sobre un proyecto minero nuevo y un escenario territorial local, lo que está en cuestión es más que eso, para ambas partes del conflicto, pero también para el cambio de políticas públicas nacionales.
1. El proyecto Conga marca el inicio de la expansión del distrito minero de Yanacocha (MYSRL) y socios en la cabecera de cuencas – jalca páramo - de las vertientes Pacífico-Provincia de Cajamarca/Atlántico-Provincia de Celendín (subcuenca del río Sendamal-Llangas, afluente del río Marañón). Así lo sostiene el Informe Técnico con el que se aprobó el EIA del proyecto Conga: “Gran parte del área donde se desarrollará el proyecto (y áreas aledañas) presenta actividad minera. Actualmente MYSRL desarrolla sus actividades mineras en dos zonas geográficas, la zona oeste (Cerro Negro, La Quinua y Cerro Yanacocha) y la zona este (Carachugo y Maqui Maqui). Estas cinco zonas se explotan a tajo abierto, bajo el método de lixiviación en pilas y una planta de producción, denominada Gold Mill, con un depósito de arenas de molienda en la zona minera de La Quinua. Asimismo, MYSRL viene desarrollando el cierre progresivo de tres tajos. El Proyecto Conga forma parte del distrito minero que contiene diversos depósitos de cobre y oro, muchos de los cuales son propiedad de MYSRL. Existen otros depósitos como El Galeno y Michiquillay, propiedades de las empresas Lumina Cooper SAC y Angloamerican, respectivamente”
2. El proyecto Conga con EIA aprobado, extraerá cobre y oro (este se localiza en el subsuelo del fondo de las lagunas), y los dos proyectos de cobre, en etapa de exploración, El Galeno y Michiquillay, comparten tres características: tecnología a tajo abierto, localizados en un mismo continuo de cabeceras de cuenca de las provincias de Celendín y de Cajamarca (distrito La Encañada) y tienen a China como potencial mercado de venta del cobre (y eventualmente hasta las empresas chinas Minmetals y Jiangxi podrían ser socias para desarrollar el proyecto Conga, interés que fue anunciado por el presidente ejecutivo de Buenaventura a fines del 2010). Se trata de tres proyectos altamente demandantes de agua y energía, que afectarán irreversiblemente a las numerosas lagunas, el acuífero, el caudal de agua de los ríos, canales y humedales, y los respectivos ecosistemas, que dependen de esas fuentes de agua. Demanda que además se suma a los requerimientos de sucesivas ampliaciones del complejo Yanacocha, ubicado a 25 kilómetros de la mina Conga. Energía que sería suministrada por las tres centrales hidroeléctricas proyectadas con el embalse de aguas del río Marañón. No queda duda que se afectará irreversiblemente las opciones, derechos y condiciones de vida de los centros poblados a lo largo de todas las subcuencas dependientes del acuífero intervenido. La madre tierra y sus hijos/as de Cajamarca están avisados.
3. En contraste, los titulares del capital de estos tres proyectos multiplicarán su inversión a corto plazo, enriquecerán y compensarán a los menos, aumentarán las cifras del PBI y la ilusión del desarrollo económico, al mismo tiempo que las ganancias del capital invertido serán exportadas y pagarán el nuevo gravamen pactado con la ilusión de haber ganado la licencia social. Para muestra un botón: el proyecto Conga recuperará en menos de 30 meses su inversión total de 4 mil millones de dólares a realizar durante los 19 años de operación. En esta Región se concentran los proyectos auríferos (4 de 5); metal que tiene un crecimiento sostenido de su precio internacional en lo que va del presente siglo. Más aún si tomamos en cuenta la tendencia al alza sostenida del oro: al mes de agosto del presente año, por efecto de la crisis financiera y monetaria internacional, acaba de subir a 1,750 dólares (hace seis meses estuvo en 1,350), se ha convertido en la mercancía de refugio del capital transnacional. En cuanto al cobre, su precio actual $ 350 centavos/lb, es mayor al de hace varios años. La inversión minera en esos tres proyectos equivale al 82% del total de inversiones mineras frescas en la región de Cajamarca en el quinquenio (Cuadro 1). En esta región se concentran las exploraciones y explotaciones de oro.
Cuadro 1: Cartera de proyectos de inversión en Cajamarca (MEM, julio 2011)
EMPRESA / Inversionista | Estado de Proyecto | Localización: Distritos/provincia | Metal principal | Año inicio | Valor |
Valor de inversión de los 7 proyectos con información: Millones de dólares | 8,746 | ||||
MINERA YANACOCHA S.R.L. /Newmont, Buenaventura (USA) y IFC/ Minas Conga | EIA Aprobado Construcción | Sorochuco y Huasmín en Celendín; La Encañada en Cajamarca | Cobre, oro | 2015 | 4,000 |
LUMINA COPPER S.A.C. /Minmetals /Jiangxi Copper (CHINA) Galeno | Exploración | Sorochuco en Celendín y La Encañada en Cajamarca | Cobre | 2014 | 2,500 |
ANGLO AMERICAN MICHIQUILLAY S.A. /Anglo American (UK) Michiquillay | Exploración | La Encañada en Cajamarca | Cobre | 2016 | 700 |
MINERA YANACOCHA/Newmont, Buenaventura (USA) Yanacocha (no incluida en cartera julio 2011) | Exploración (EIA sd aprobado febrero 2011) | Cajamarca y Baños del Inca en Cajamarca (subcuenca Río Grande) | No aparece en la lista de la cartera de proyectos de inversión minera (MEM, Julio 2011) | ||
MINERA YANACOCHA S.R.L. /Newmont, Buenaventura (USA, Perú) Chaquicocha - | Exploración | Oro | s.d | 400 | |
COMPAÑIA MINERA COIMOLACHE S.A. /Newmont, Buenaventura (USA) y Southern Peru Copper Corporation/Tantahuatay | EIA Aprobado Construcción | Hualgayoc en Hualgayoc | Oro | 2011 | 56 |
MINERA SULLIDEN SHAHUINDO S.A.C.Sulliden Gold Corp. Ltd. (CANADA) Shahuindo | Exploración | Distrito de Cachachi en Cajabamba | Oro | 2012 | 90 |
RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA SAC/ Rio Tinto Plc (UK-Australia) La Granja | Exploración | Querecoto en Chota | Cobre | 2014 | 1,000 |
4. Tal vez las consideraciones e intereses en juego presentados en los puntos anteriores expliquen la celeridad e irregularidades de la aprobación del EIA del Proyecto Conga. Fue aprobado el 27 de octubre del año pasado, mediante Resolución Directoral No. 351-2010.MEM/AAM, a casi 8 meses de iniciado el proceso de presentación y evaluación del EIA, y a pocos días del proceso electoral regional en Cajamarca donde resultó ganador el candidato del MAS, movimiento regional del MNI. Lo aprobó el Ing. Felipe Ramírez del Pino, director de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAAM), un ex alto funcionario de Yanacocha, lo que automáticamente debería viciar el proceso. Pero, además, las audiencias públicas que exige el reglamento de participación ciudadana sectorial no fueron realizadas en los distritos de mayor área e impacto directo del proyecto – Sorochuco y Huasmín en la provincia de Celendín -, sólo una “audiencia” fue realizada el 31 de marzo del 2010 en el Caserío San Nicolás en el distrito de La Encañada. Además fue realizada con pobladores traídos por la empresa sin verificación de su procedencia, según el Informe adjunto a la Resolución de aprobación del EIA, fueron 3 mil personas y fue presidida por la DGAAAM/MEM quien avaló, qué casualidad, tal audiencia.
5. A lo que se suma el bajo nivel de las exigencias técnicas para un EIA de alto impacto como el caso de minas Conga, favorable al interés del capital a costa del interés del bien común a corto y largo plazo. La aprobación del EIA del Proyecto Conga fue facilitada al no exigirse que cumpliera con un estudio hidrogeológico detallado y modelado, incorporando años de sequía, por el efecto de la intervención minera, citado en el Informe técnico adjunto: alteración de la red de drenaje superficial, variación en los niveles de infiltración, distorsión de los flujos hidrogeológicos. Al contrario se buscó la fórmula para primero aprobar el EIA y después exigir tal estudio: “Minera Yanacocha SRL deberá presentar el 30 de marzo de 2013, un Estudio Hidrogeológico actualizado con el Programa de Monitoreo de comportamiento de las aguas subterráneas del período 2010-2011, a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros” y al OEFA” (3º artículo de la Resolución Directoral de aprobación). Con la ventaja de origen: el EIA lo contrata y financia la empresa minera; los otros, la población de la cuenca que será intervenida por cada uno y los tres proyectos al mismo tiempo, no cuenta con expertos en hidrogeología ni presupuesto público que lo financie; mientras el Estado tampoco cuenta con una Evaluación Estratégica Ambiental del conjunto de la cuenca, que le permita criterios suficientes para regular concesiones y proyectos de alta afectación socio territorial.
6. La demanda social por la revisión de la aprobación del EIA del proyecto Conga forma parte del mismo espíritu de la demanda de intangibilidad de las cabeceras de cuenca. En suma, porque se trata de una disputa que no sólo involucra derechos de ocupación y uso del territorio sino también conservación de la fuente de vida – el agua – en contraste a los cerros desnudos, anémicos y despoblados, bajo control del conglomerado minero Yanacocha. Esa misma demanda fue expresada como declaración de las cabeceras de cuenca como Áreas de Conservación Regional (ACR), en el anterior gobierno regional de Cajamarca, quien empezó a considerar esta opción a nivel de zonas con alta concentración de lagunas y biodiversidad. Pero, antes de que los expedientes siguieran su curso, el mismo día 27 de Octubre del 2010, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), mediante Resolución Presidencial No. 205-2010-SERNANP, aprobó la Directiva para la evaluación de las propuestas para el establecimiento de las Áreas de Conservación Regional, que establece en su Art. 7.1, inciso d): “Las ACR deben ser establecidas en principio en tierras del Estado y sitios donde no se hayan otorgado derechos exclusivos y excluyentes y en su caso contar con el consentimiento de los poseedores (titulares) de estos derechos. Esto incluye todo tipo de derecho real inclusive aquellos referidos a concesiones”. En otras palabras, se estableció por una norma de rango inferior a la Constitución y a la Ley que las concesiones mineras tienen una jerarquía mayor a la conservación del agua y la biodiversidad del territorio en condiciones de riesgo público inaceptable. Por eso la derogatoria de esta Resolución es otra de las demandas de la Declaración de Bambamarca.
7. Es también una versión cajamarquina de David contra Goliat porque el piso nacional parecería inclinarse, en este momento, también a favor de la expansión minera en cabecera de cuenca. La tardía aprobación de la Ley de Consulta Previa – un 23 de agosto 2011 respecto al 19 de mayo 2010 – no alcanza al Proyecto Conga, otra casualidad hechura de Alan García. Porque en las políticas anunciadas por el gobierno entrante están casi ausentes modificaciones al marco político e institucional ambiental y porque el nuevo gravamen minero anunciado se ha calculado a base de los US$ 30 mil millones de inversión minera que se ejecutarían en este quinquenio; gravamen que permitirían financiar los programas de inclusión social. Para los tecnócratas del crecimiento económico del PBI, el nuevo gravamen representa algo así como el pacto de la nueva era donde con la inclusión social financiada por el gravamen, ganarían licencia estatal y social. César Humberto Cabrera sostiene que“Inversiones mineras por 4,2 mil millones de dólares anuales representan entre el 3% y 4% del PBI. Esas cifras, sumadas a las de los sectores petrolero y eléctrico, podrían hacer crecer la economía nacional en 6%… Eso es lo que prometió el primer ministro Salomón Lerner cautelosamente. Se inicia una nueva era en la que el gobierno tiene que impulsar un conjunto de proyectos. En los años precedentes se han descubierto yacimientos, se han explorado profundamente los territorios y ahora hay que ir adelante con las inversiones”, sostiene. Según Humberto, es momento de formar un consenso nacional que cambie la mirada sobre la minería” En tanto, Cecilia Blume, ex jefa de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), manifestó que lejos de desincentivar la inversión en el sector minero, se alienta pues ahora el Estado tiene la responsabilidad de generar un clima propicio para que las compañías mineras incrementen sus ganancias y así obtener un mayor porcentaje de ellas por el nuevo gravamen. “Ahora el Estado es el socio de las mineras” (La República, 27 de agosto 2011).
5. A lo que se suma el bajo nivel de las exigencias técnicas para un EIA de alto impacto como el caso de minas Conga, favorable al interés del capital a costa del interés del bien común a corto y largo plazo. La aprobación del EIA del Proyecto Conga fue facilitada al no exigirse que cumpliera con un estudio hidrogeológico detallado y modelado, incorporando años de sequía, por el efecto de la intervención minera, citado en el Informe técnico adjunto: alteración de la red de drenaje superficial, variación en los niveles de infiltración, distorsión de los flujos hidrogeológicos. Al contrario se buscó la fórmula para primero aprobar el EIA y después exigir tal estudio: “Minera Yanacocha SRL deberá presentar el 30 de marzo de 2013, un Estudio Hidrogeológico actualizado con el Programa de Monitoreo de comportamiento de las aguas subterráneas del período 2010-2011, a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros” y al OEFA” (3º artículo de la Resolución Directoral de aprobación). Con la ventaja de origen: el EIA lo contrata y financia la empresa minera; los otros, la población de la cuenca que será intervenida por cada uno y los tres proyectos al mismo tiempo, no cuenta con expertos en hidrogeología ni presupuesto público que lo financie; mientras el Estado tampoco cuenta con una Evaluación Estratégica Ambiental del conjunto de la cuenca, que le permita criterios suficientes para regular concesiones y proyectos de alta afectación socio territorial.
6. La demanda social por la revisión de la aprobación del EIA del proyecto Conga forma parte del mismo espíritu de la demanda de intangibilidad de las cabeceras de cuenca. En suma, porque se trata de una disputa que no sólo involucra derechos de ocupación y uso del territorio sino también conservación de la fuente de vida – el agua – en contraste a los cerros desnudos, anémicos y despoblados, bajo control del conglomerado minero Yanacocha. Esa misma demanda fue expresada como declaración de las cabeceras de cuenca como Áreas de Conservación Regional (ACR), en el anterior gobierno regional de Cajamarca, quien empezó a considerar esta opción a nivel de zonas con alta concentración de lagunas y biodiversidad. Pero, antes de que los expedientes siguieran su curso, el mismo día 27 de Octubre del 2010, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), mediante Resolución Presidencial No. 205-2010-SERNANP, aprobó la Directiva para la evaluación de las propuestas para el establecimiento de las Áreas de Conservación Regional, que establece en su Art. 7.1, inciso d): “Las ACR deben ser establecidas en principio en tierras del Estado y sitios donde no se hayan otorgado derechos exclusivos y excluyentes y en su caso contar con el consentimiento de los poseedores (titulares) de estos derechos. Esto incluye todo tipo de derecho real inclusive aquellos referidos a concesiones”. En otras palabras, se estableció por una norma de rango inferior a la Constitución y a la Ley que las concesiones mineras tienen una jerarquía mayor a la conservación del agua y la biodiversidad del territorio en condiciones de riesgo público inaceptable. Por eso la derogatoria de esta Resolución es otra de las demandas de la Declaración de Bambamarca.
7. Es también una versión cajamarquina de David contra Goliat porque el piso nacional parecería inclinarse, en este momento, también a favor de la expansión minera en cabecera de cuenca. La tardía aprobación de la Ley de Consulta Previa – un 23 de agosto 2011 respecto al 19 de mayo 2010 – no alcanza al Proyecto Conga, otra casualidad hechura de Alan García. Porque en las políticas anunciadas por el gobierno entrante están casi ausentes modificaciones al marco político e institucional ambiental y porque el nuevo gravamen minero anunciado se ha calculado a base de los US$ 30 mil millones de inversión minera que se ejecutarían en este quinquenio; gravamen que permitirían financiar los programas de inclusión social. Para los tecnócratas del crecimiento económico del PBI, el nuevo gravamen representa algo así como el pacto de la nueva era donde con la inclusión social financiada por el gravamen, ganarían licencia estatal y social. César Humberto Cabrera sostiene que“Inversiones mineras por 4,2 mil millones de dólares anuales representan entre el 3% y 4% del PBI. Esas cifras, sumadas a las de los sectores petrolero y eléctrico, podrían hacer crecer la economía nacional en 6%… Eso es lo que prometió el primer ministro Salomón Lerner cautelosamente. Se inicia una nueva era en la que el gobierno tiene que impulsar un conjunto de proyectos. En los años precedentes se han descubierto yacimientos, se han explorado profundamente los territorios y ahora hay que ir adelante con las inversiones”, sostiene. Según Humberto, es momento de formar un consenso nacional que cambie la mirada sobre la minería” En tanto, Cecilia Blume, ex jefa de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), manifestó que lejos de desincentivar la inversión en el sector minero, se alienta pues ahora el Estado tiene la responsabilidad de generar un clima propicio para que las compañías mineras incrementen sus ganancias y así obtener un mayor porcentaje de ellas por el nuevo gravamen. “Ahora el Estado es el socio de las mineras” (La República, 27 de agosto 2011).
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