El caso del proyecto Minas Conga en Cajamarca, en el norte de Perú, se ha convertido en un emblema que revela cuestiones de fondo sobre la gestión de conflictos socioambientales del gobierno de Ollanta Humala, 140 días después de que asumiera su cargo. El desenlace del proyecto Conga constituye un precedente sobre cómo se van a manejar los conflictos socioambientales bajo el nuevo Gobierno.
Foto: Eduard Lozano.
De momento, tras más de un mes de protestas y decenas de heridos en las manifestaciones, el Gobierno ha encargado a peritos internacionales la emisión de un informe en los próximos 40 días que revise el estudio de impacto ambiental del proyecto, en especial en lo referente al agua. Según las comunidades que se oponen, el Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado por el Gobierno del anterior presidente, Alan García, a pesar de que en el mismo no hay un estudio del impacto hidrológico. Además, la población de la zona denuncia que el ingeniero del Ministerio de Energía y Minas que aprobó el mencionado estudio trabajaba anteriormente para la Compañía Yanacocha.
La beneficiaria del proyecto es la minera Yanacocha, un consorcio formado por la estadounidense Newmont, que tiene el 51% de las acciones, la peruana Buenaventura, que participa con un 43%, y la Corporación Financiera Internacional, una institución que pertenece al Banco Mundial y posee el 5%. Yanacocha proyecta comenzar la extracción de oro y cobre a cielo abierto en dos lagunas al noreste de la capital de la provincia, lo que conllevará una inversión de 4.800 millones de dólares para extraer seis millones de onzas de oro, valoradas en más de 12.000 millones de dólares, según informaba el medio conservador El Comercio.
A pesar de la oposición al proyecto, que llevó a la compañía a suspender las obras tras el bloqueo de carreteras y las movilizaciones de las comunidades indígenas, la Yanacocha no ha dado su brazo a torcer. El mapa de potencialidades de la zona elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) certifica que Cajamarca acumula el 80% de las reservas de oro del país (60 millones de onzas), lo que la convierte en la región minera más grande de Sudamérica.
La intención del consorcio minero es horadar dos tajos sobre la laguna Perol de dos kilómetros de diámetro por un kilómetro de profundidad y remover 2.000 toneladas de roca al día durante 17 años, según el medio Eco Portal. Esto producirá sequía y contaminación por cianuro, aguas ácidas y otros metales pesados a cinco nacimientos de ríos o cabeceras de cuenca, 682 manantiales, 102 pozos de agua para consumo humano y seis lagunas.
Esto sucede a pesar del hecho que las cabeceras de cuenca son consideradas por el Estado peruano como “ecosistemas frágiles o de alta vulnerabilidad” y cuentan por ello con protección legislativa. Además, en 2004 se decretó el área donde actúa Minas Conga como zona ambiental de prioridad para la conservación.
Desarrollo y pobreza
Hasta ahora, el presidente de la República, a pesar de las declaraciones del Ministerio de Ambiente y la renuncia del reconocido Viceministro José de Echave, defensor del medioambiente, se ha mostrado favorable a que el proyecto Conga de la Compañía Yanacocha prosiga. Humala argumenta que el proyecto traerá desarrollo económico, aguas de las lagunas desplazadas y la promesa de evitar su contaminación.
Por las experiencias de comunidades vecinas, el conocido como canon minero, una ayuda al desarrollo, no es un buen reclamo para unas comunidades que se encuentran entre las más pobres del país. En la práctica “ocho de cada diez pobladores viven en la pobreza”, apunta Eco Portal.
Los analistas centrados en la gestión de los conflictos planteanconstruir una agenda ambiental y social en torno a la actividad minera que determinaría las zonas donde se podría extraer minerales, dónde no y qué zonas son habitables, con una hoja de ruta.
Mientras tanto, el juego político está servido. Dada la declaración de estado de emergencia en la zona, que se mantuvo entre el 5 y el 15 de diciembre, y al haber militarizado el conflicto, Alejandro Toledo, expresidente del país y cabeza visible del partido Perú Posible, ha roto con su socio de Gobierno, Gana Perú, por lo que Humala tendrá que buscar nuevos apoyos en el Congreso para gobernar.
De momento, tras más de un mes de protestas y decenas de heridos en las manifestaciones, el Gobierno ha encargado a peritos internacionales la emisión de un informe en los próximos 40 días que revise el estudio de impacto ambiental del proyecto, en especial en lo referente al agua. Según las comunidades que se oponen, el Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado por el Gobierno del anterior presidente, Alan García, a pesar de que en el mismo no hay un estudio del impacto hidrológico. Además, la población de la zona denuncia que el ingeniero del Ministerio de Energía y Minas que aprobó el mencionado estudio trabajaba anteriormente para la Compañía Yanacocha.
La beneficiaria del proyecto es la minera Yanacocha, un consorcio formado por la estadounidense Newmont, que tiene el 51% de las acciones, la peruana Buenaventura, que participa con un 43%, y la Corporación Financiera Internacional, una institución que pertenece al Banco Mundial y posee el 5%. Yanacocha proyecta comenzar la extracción de oro y cobre a cielo abierto en dos lagunas al noreste de la capital de la provincia, lo que conllevará una inversión de 4.800 millones de dólares para extraer seis millones de onzas de oro, valoradas en más de 12.000 millones de dólares, según informaba el medio conservador El Comercio.
A pesar de la oposición al proyecto, que llevó a la compañía a suspender las obras tras el bloqueo de carreteras y las movilizaciones de las comunidades indígenas, la Yanacocha no ha dado su brazo a torcer. El mapa de potencialidades de la zona elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) certifica que Cajamarca acumula el 80% de las reservas de oro del país (60 millones de onzas), lo que la convierte en la región minera más grande de Sudamérica.
La intención del consorcio minero es horadar dos tajos sobre la laguna Perol de dos kilómetros de diámetro por un kilómetro de profundidad y remover 2.000 toneladas de roca al día durante 17 años, según el medio Eco Portal. Esto producirá sequía y contaminación por cianuro, aguas ácidas y otros metales pesados a cinco nacimientos de ríos o cabeceras de cuenca, 682 manantiales, 102 pozos de agua para consumo humano y seis lagunas.
Esto sucede a pesar del hecho que las cabeceras de cuenca son consideradas por el Estado peruano como “ecosistemas frágiles o de alta vulnerabilidad” y cuentan por ello con protección legislativa. Además, en 2004 se decretó el área donde actúa Minas Conga como zona ambiental de prioridad para la conservación.
Desarrollo y pobreza
Hasta ahora, el presidente de la República, a pesar de las declaraciones del Ministerio de Ambiente y la renuncia del reconocido Viceministro José de Echave, defensor del medioambiente, se ha mostrado favorable a que el proyecto Conga de la Compañía Yanacocha prosiga. Humala argumenta que el proyecto traerá desarrollo económico, aguas de las lagunas desplazadas y la promesa de evitar su contaminación.
Por las experiencias de comunidades vecinas, el conocido como canon minero, una ayuda al desarrollo, no es un buen reclamo para unas comunidades que se encuentran entre las más pobres del país. En la práctica “ocho de cada diez pobladores viven en la pobreza”, apunta Eco Portal.
Los analistas centrados en la gestión de los conflictos planteanconstruir una agenda ambiental y social en torno a la actividad minera que determinaría las zonas donde se podría extraer minerales, dónde no y qué zonas son habitables, con una hoja de ruta.
Mientras tanto, el juego político está servido. Dada la declaración de estado de emergencia en la zona, que se mantuvo entre el 5 y el 15 de diciembre, y al haber militarizado el conflicto, Alejandro Toledo, expresidente del país y cabeza visible del partido Perú Posible, ha roto con su socio de Gobierno, Gana Perú, por lo que Humala tendrá que buscar nuevos apoyos en el Congreso para gobernar.
ENTREVISTA A SECUNDINO SILVA URQUÍA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE APOYO A CELENDÍN CAJAMARCA
“Humala prometió defender el medioambiente, pero ahora muestra una posición prominera”
DIAGONAL: ¿Cuál es la situación actual en Cajamarca, generada por el proyecto minero Conga?
SECUNDINO SILVA: La población de Cajamarca es víctima de más de 18 años de contaminación de su agua, suelo y aire, más otros abusos e irresponsabilidades de la empresa minera Yanacocha. Entre ellos están el envenenamiento, hasta hoy impune, de más 1.200 familias en Choropampa en el derrame de mercurio de 2000; el asesinato del campesino Isidro Llanos en Combayo, en 2006; y la agresión del pasado 29 de noviembre a los campesinos que defendían la laguna El Perol de Conga, con al menos dos heridos de bala que quedarán con invalidez de por vida.
El conflicto sigue sin solución porque el Gobierno tomó partido a favor de la inversión minera y dictó medidas represivas contra la lucha pacífica de la población de Cajamarca. Así, para sofocar la huelga indefinida iniciada el 24 de noviembre, decretó el estado de emergencia [que concluyó el 15 de diciembre]; luego pasó a detener temporal, arbitraria e ilegalmente a nuestros dirigentes, y a hostilizar activistas anti Conga. Últimamente, ignorando a los representantes del pueblo cajamarquino, el gobierno reclutó gente vinculada a Yanacocha, y alcaldes de distritos donde no está el proyecto, presentándolos como nuevos interlocutores.
D.: ¿Cómo están viviendo esta situación los cajamarquinos?
S. S.: El pueblo siente que el presidente Ollanta Humala le ha traicionado. Como candidato prometió apoyar la defensa del agro, la ganadería, el agua y medioambiente. Como presidente muestra una posición abiertamente prominera. Los cajamarquinos entendemos perfectamente que las observaciones del Ministerio del Ambiente al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Conga prácticamente dicen que éste es inviable. Sin embargo, aceptamos un peritaje internacional serio, independiente y consensuado de una firma consultora, que paralelamente a la evaluación profesional del Estudio de Impacto Ambiental, audite los más de 18 años de labores extractivas de la Compañía Yanacocha.
D.: ¿Cree que la demora en la solución de este conflicto puede generar una nueva crisis gubernamental?
S. S.: Podría ser así. Ya generó una, en la que las posiciones dialogantes del Gobierno perdieron con la renuncia ética del primer ministro Salomón Lerner. El actual primer ministro, Óscar Valdés, entiende poco de civismo y nada de negociación de conflictos.
D.: El conflicto socioambiental por el proyecto Conga ¿tiene similitudes con otros casos en Perú?
S. S.: Sí, porque Conga no es el único proyecto minero ubicado en cabecera de cuenca hidrográfica [en el nacimiento de un río]. Es importante señalar que ejecutar el proyecto Conga u otros de ubicación similar es ilegal, ya que leyendo al artículo 75 de la Ley de Recursos Hídricos entendemos que no se debe hacer minería en las cabeceras de cuenca. Los daños o impactos a sus ecosistemas que generarían las actividades extractivas de la minería serían irreversibles.
D.: ¿Qué puede decir acerca de la opinión pública nacional e internacional en torno al proyecto Conga?
S. S.: Una de las tareas del colectivo que represento es posicionar las razones de resistencia del pueblo cajamarquino al proyecto Conga en la opinión pública limeña, nacional e internacional. Hacemos frente a una campaña mediática millonaria del gobierno y de la Compañía Yanacocha. A través de las redes sociales hemos recibido la solidaridad de la juventud universitaria, de muchos colectivos sociales nacionales y extranjeros, de personalidades de todo el mundo.
CRISIS MINERA EN PERÚ
24 DE NOVIEMBRE Campesinos e indígenas inician un paro y cortan carreteras contra el proyecto. La Compañía Yanacocha suspende la actividad pero el paro continúa hasta que el proyecto sea declarado inviable. 5 DE DICIEMBRE Tras un día de negociación, Ollanta Humala decreta el estado de emergencia en cuatro provincias del departamento de Cajamarca, que quedan bajo vigilancia policial y militar. 11 DE DICIEMBRE Dimite el primer ministro Salomón Lerner por sentir cuestionada su autoridad por parte del presidente durante las negociaciones en Cajamarca. Ese mismo día diez ministros renuncian a sus cargos. 15 DE DICIEMBRE Humala propone un peritaje internacional al Proyecto Conga. El procedimiento: el Gobierno pide al Banco Mundial una lista de consultores y elige. Tres días después se levanta el estado de emergencia en la zona.
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