Servindi, 22 de marzo, 2012.- Expertos de distintos sectores alertaron sobre el peligro que representa para el medio ambiente y las poblaciones la construcción de centrales hidroeléctricas en la Amazonía. Pidieron al Gobierno la elaboración de un plan de desarrollo que permita mejorar el nivel de vida de los habitantes sin destruir la biodiversidad.
En audiencia pública para tratar el tema, que se llevó a cabo la semana pasada en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión del Congreso de la República, los expositores pusieron en duda los supuestos beneficios de proyectos como Inambari.
Inambari incluye la construcción de una represa en el bosque que comparten Puno, Madre de Dios y Cusco y se enmarca en el Acuerdo Energético Perú–Brasil. Fue cuestionado al detectarse que contempla serios daños ambientales y sociales.
A ello se suma la poca claridad proveniente del Estado respecto al destino de la energía producida en nuestra Amazonía.
Si bien el texto final del Acuerdo Energético se encuentra hoy en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso para ser evaluado y, de ser el caso, aprobado y ratificado, el peligro de que estos proyectos se retomen son reales.
Los proyectos hidroeléctricos para la exportación al Brasil priorizados por el Gobierno además de Inambari son Pakitzapango, Tambo 40 y Tambo 60, en la región Junín, y el proyecto Mainique I en Cusco. Juntos tendrían una potencia de 7,200 megavatios (Mw).
El Acuerdo Energético Perú – Brasil
Las primeras negociaciones para la elaboración de un convenio entre los dos países sobre integración energética datan del 2006, pero fue cuatro años después, el 16 de junio de 2010, que los ministerios de Energía y Minas de Perú y Brasil firmaron un tratado bilateral.
Este se denominó “Acuerdo para el Suministro de Electricidad al Perú y Exportación de Excedentes al Brasil” y plantea entre sus artículos la vigencia del mismo por 50 años.
Proyectos priorizados por el Gobierno peruano para ser fuentes de electricidad de Brasil
Ya en el 2007 el Ministerio de Energía y Minas (Minem) había producido un documento titulado “Elaboración de resúmenes ejecutivos y fichas de estudio de centrales hidroeléctricas con potencial de exportación a Brasil” en donde se identificó 15 proyectos de centrales hidroeléctricas que podían ser avaladas por los intereses brasileños.
Ante los hechos desarrollados Vanessa Cueto La Rosa, experta en energía sostenible de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), advirtió que el Minen tiene la responsabilidad de elaborar los estudios técnicos, el balance energético nacional y las respectivas proyecciones que permitan definir cuanta energía va a demandar el Perú en los próximos años para saber así cuanto del llamado “excedente” se puede destinar a Brasil.
Lamentó en este sentido que el proceso de promoción de las inversiones se haya hecho de una manera “desordenada, afectando el territorio nacional y poblaciones indígenas que ven violadas sus derechos humanos”.
Proyecto central hidroeléctrica Inambari
Las compañías a cargo de edificar la central hidroeléctrica Inambari, ubicado en la cuenca del río del mismo nombre, serían tres y conforman el consorcio brasileño Inambari Geracao de Energía (Igesa) que compró las acciones a Egasur aumentando el capital inicial.
Ellas son OAS, la empresa de construcción civil más grande de Brasil (51%) y las estatales Eletrobras (29,4%) y Eletrobras Furnas (19,6%).
Según funcionarios de Egasur, empresa creada por el consorcio en Puno y que estuvo a cargo de la concesión temporal que expiró en octubre de 2010, la inversión para el proyecto de la hidroeléctrica sería de poco más de 4 mil millones de dólares.
Principales cuestionamientos
Para el profesor de Antropología de la PUCP, Óscar Espinoza, los aspectos más cuestionables al proyecto pasan por el desplazamiento de comunidades y la alteración del ecosistema de la zona.
Indicó que la represa de 378 kilómetros cuadrados que inundará bosques completos modificará el ciclo de vida de innumerables especies (principalmente peces) provocando escasez de alimentos.
Agregó sobre el riesgo de desplazamiento: “un pueblo indígena sin territorio es un pueblo condenado a desaparecer”.
En otro momento el antropólogo criticó que la energía generada por las centrales hidroeléctricas comprometidas en el Acuerdo Energético sean para uso industrial y no en beneficio de las familias, menos de aquellas que se encuentra en la zona de influencia del proyecto.
Por su parte el experto en energía y centrales hidroeléctricas, José Serra Vega, sostuvo que de construirse las cinco centrales (Inambari, Pakitzapango, Tambo 40, Tambo 60 y Mainique I), el territorio deforestado comprendería cerca de millón y medio de hectáreas.
Solo en el caso de Inambari representaría la evacuación de cuatro mil personas además del impacto indirecto que tendría en otras cinco mil. La indemnización que recibirían los afectados representaría el 1.7% del presupuesto total de la hidroeléctrica, indicó Serra Vega.
Entre los daños ambientales contó además que las centrales hidroeléctricas construidas en la Amazonía son grandes emisoras de gases de efecto invernadero, principalmente metano, que se generan debido a los residuos orgánicos que retienen.
En otro momento Serra indicó que Inambari empleará en su fase de construcción a cinco mil trabajadores pero ya en su etapa de funcionamiento dispondrá solo de cien, de los cuales 70 serían especialistas. Se suma además que el proyecto contempla la inundación de 98 kilómetros de la carretera interoceánica.
Calculó por último que según estudios propios las utilidades netas para la compañía de generación de Brasil será de 275 millones de dólares anuales lo que en 30 años de concesión serían cerca de 8 mil millones de dólares. De construirse las cinco hidroeléctricas las utilidades netas generadas en todo este tiempo serían de 30 mil millones de dólares.
Al Perú ingresaría por impuestos 6 mil millones de dólares en esos treinta años.
El potencial de los Andes
Según Espinoza de Rivero “está demostrado que la construcción de hidroeléctricas en esta parte de la región (amazónica) no generan beneficios que compensen el daño social y ambiental producido”.
“En la zona andina sí podemos hablar de energía limpia porque los impactos sociales y ambientales son mínimos, incluso en términos de costos económicos estos son pequeños (…) mientras que en la Amazonía debido a sus características geográficas, climáticas, y de ecosistema estos grandes proyectos resultan un fracaso”, aseveró.
La afirmación fue respaldada por Serra Vega quien agregó que el potencial hidroeléctrico se encuentra en los altos Andes, a más de mil metros sobre el nivel del mar.
Precisó que según estudios realizados solo para garantizar energía para el Perú hasta el 2047, basta sumar la energía hidroeléctrica proveniente de los Andes y la energía eólica que puede provenir de la costa.
El proyecto Pakitzapango
El proyecto declarado de importancia por el Acuerdo Energético, y que por ahora se encuentra con la concesión temporal finalizada (que lo tenía Odebrecht) y que incluía el embalse de 750 kilómetros cuadrados, fue cuestionado por la presidenta de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), Ruth Buendía.
Cuestionó que no se haya consultado a la población de su zona sobre este proyecto que afectará a decenas de comunidades de los valles de los ríos Ene y Tambo que hoy enfrentan circunstancias difíciles como la desnutrición infantil (82%), la falta de atención médica y la invasión de sus tierras por colonos.
En este sentido Buendía pidió que se respeten los territorios que han venido ocupando y exigió al Minem trabajar en un plan energético claro.
El caso de la hidroeléctrica Belo Monte en Brasil
Celio Bermann, profesor asociado del Instituto de Electrotécnica y Energía de la Universidad de Sao Paulo, cuestionó en su disertación que proyectos para la construcción de centrales hidroeléctricas se realicen en la Amazonía bajo el “estigma de seguridad energética”.
Precisó de esta manera que su país ha planeado para los próximos diez años la construcción de 26 hidroeléctricas, además de las ya mencionadas a partir del Acuerdo Energético con el Perú. Agregó que con Bolivia y Ecuador también se ha llegado a acuerdos para la construcción de más centrales que abastecerán de electricidad a su país.
La planificación y construcción de centrales hidroeléctricas en la región amazónica han dejado de ser una cuestión nacional y están adquiriendo (impulsado por Brasil) un carácter regional, sostuvo Bermann. “Todos los proyectos son presentados en asociación directa e indirecta con empresas y bancos brasileños”, aseveró.
Citó en este sentido la edificación de la central hidroeléctrica de
Belo Monte en el río Xingú que , según estudios independientes, contó con un dimensionamiento insuficiente del área de población afectada además de los daños ambientales irreversibles que va generar.
Criticó además la prepotencia con que continúan las obras de la represa pese a que la CIDH ha interpuesto una medida cautelar para suspender los trabajos.
Observaciones de la Defensoría del Pueblo
La abogada Alicia Abanto de la Defensoría del Pueblo demandó mayor capacidad fiscalizadora al Estado. Consideró que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) debe contar con mayor inversión que le permita cubrir los diferentes sectores y territorios para su supervisión.
Citando el caso de un proyecto para edificar una central hidroeléctrica en la cuenca del Marañón que solo días antes de culminado el gobierno de Alan García fue declarado por el Congreso de ´necesidad nacional´, se preguntó “bajo qué parámetros el Congreso de la República decide si un proyecto de gran magnitud es de necesidad nacional o no”.
“Acaso basta con que se diga que va a haber beneficio para el Perú”, enfatizó.
Finalmente puso en duda la capacidad del Estado respecto a que pueda garantizar la protección de los derechos básicos de las personas que van a ser trasladadas del lugar donde viven para dar paso a la construcción de megaproyectos y llamó la atención sobre la necesidad de actualizar la legislación referida a hidroeléctricas.
Cuestionó también lo poco que se ha avanzado en cuanto al derecho de consulta pese a que este derecho está vigente hace 17 años.
La audiencia concluyó en que el Congreso debería revisar el Acuerdo Energético Perú-Brasil cuidadosamente y de ser el caso debería desestimarlo por los costos ambientales y sociales que implicará para el Perú.
A continuación, el mapa de las 20 centrales hidroeléctricas del Proyecto Marañón, las cuales fueron declaradas de interés nacional por el gobierno de Alan García a través del D.S. 020-2011.
A continuación enlaces de interés para comprender el impacto de una acuerdo energético con Brasil:
- Buscando la gobernanza energética en el Perú, texto elaborado por DAR.
- Mapa del Proyecto Marañón, declarado de interés nacional a través del D.S. 020-2011 emitido por el gobierno de Alan García.
