02 agosto, 2011

Plantean eliminar Ley que criminaliza protesta social

Javier Solis
Redacción


Gamarra pide también investigar las muertes producidas por la represión policial y crear viceministerio para implementar plan nacional a favor de los derechos humanos.
El ex procurador anticorrupción, Ronald Gamarra, pidió que el nuevo gobierno anule la ley inconstitucional que castiga a los ciudadanos que protestan en las calles e investigue las más de cien muertes producidas por la represión policial bajo la administración de Alan García, durante el desarrollo de los diferentes conflictos sociales, como Bagua y Puno.

“Lo primero será anular la ley de criminalización de la protesta social e investigar el caso de las más de cien personas muertas por este instrumento legal. Hay que anular esta forma poco democrática de hacer frente a la protesta social, pues hay hechos que no han sido suficientemente investigados”, puntualizó.

Remarcó que una comisión investigadora del Congreso tiene que indagar a fondo estas cien muertes y señalar a los responsables de las muertes de ciudadanos que ejercieron su derecho a reclamar contra el Estado.

DDHHGamarra además se mostró de acuerdo con la necesidad de implementar un viceministerio de derechos humanos, anexado al Ministerio de Justicia, que tenga como prioridad crear y ejecutar un Plan Nacional para proteger la vida humana.

“Es una propuesta del Plan de gobierno de Gana Perú: tener un Ministerio de Justicia y derechos humanos. Lo primero que debe hacer este nuevo viceministerio es plantear de manera conceptuada la necesidad de un Plan Nacional de derechos humanos 2012-2016”, señaló.

Gamarra planteó que este nuevo viceministerio debe tener funciones específicas como: “Atender la deuda que tiene el estado peruano con la Corte Interamericana de derechos humanos, fortalecer nuestra relación con el propio sistema interamericano y universal, proponer la aprobación de un Tratado de derechos humanos, que no ha sido ratificado hasta la fecha y alentar los planteamientos del informe final de la Comisión de la Verdad”, afirmó.

ReparacionesGamarra apoyó el anuncio del presidente Ollanta Humala de cumplir con las reparaciones individuales y colectivas para que “las víctimas y deudos rehagan sus vidas personales y familiares”.

“Debe haber una política pública de derechos humanos en la que hay que resolver una agenda del pasado y una agenda del presente. En cuanto a la agenda del pasado hay miles de víctimas de la violencia política a las q
ue corresponde su objetiva e inmediata reparación colectiva o individual”, recalcó.

Señaló que el Decreto Supremo 051-2011-PCM pone un tope arbitrario a las indemnizaciones monetarias, además de fijar condiciones discriminatorias y lesivas a la dignidad de los familiares de las víctimas. Exige, por ejemplo, que las parejas de víctimas de muertos o desaparecidos tengan 65 años de edad o más, o que los padres de muertos o desaparecidos tengan 80 años o más “y no cuenten con soporte familiar”, o que las víctimas de violencia sexual tengan 65 años o más.

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La Primera - Lunes 01 de agosto de 2011 

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