06 febrero, 2019

Marco Arana: Por una Cajamarca libre de contaminación

EXIGIMOS LA REMEDIACIÓN DE LOS PASIVOS AMBIENTALES EN HUALGAYOC Y LA FISCALIZACIÓN CONTINUA DE LA ACTIVIDAD MINERA EN LA ZONA


PASIVO MINERO DE  HUALGAYOC. FOTO: FACEBOOK BAMBAMARCA MEDIO

Desde el inicio de mi gestión como Congresista de la República, asumí el reto de seguir trabajando en este espacio de poder del Estado por la justicia ambiental y el buen vivir, en mi región Cajamarca y en nuestro país.

Como es conocido, Cajamarca busca ser convertida en zona de sacrificio minero. La provincia de Hualgayoc es la que tiene mayor cantidad de pasivos ambientales mineros del país. Asimismo, debemos recordar que en Cajamarca ocurrió –en el año 2000– el mayor derrame de mercurio metálico que se haya producido en el mundo, afectando a miles de personas. Decenas de nuestras lagunas han sido convertidas en tajos abiertos y la región es una de las de mayor conflictividad socio ambiental en todo el país. Pese al avance en la legislación ambiental la minería, tanto la gran y mediana minería, como la ilegal que está apareciendo en el Cerro San Cirilo, zona de propiedad y vigilancia de Yanacocha que curiosamente no ha pedido la expulsión de la misma, los daños ambientales de esta actividad, en la región siguen siendo de grandes proporciones.

Desde mi función congresal, una de las primeras acciones realizadas fue atender de manera inmediata la problemática ambiental que padece la provincia de Hualgayoc, producto de los pasivos ambientales mineros y las nuevas actividades mineras. En ese sentido, apoyando el reclamo del Frente de Defensa Ambiental de Hualgayoc exigí desde mi despacho congresal que el Ministerio del Ambiente asuma su rol como ente rector de las políticas ambientales en el país y declare en emergencia ambiental a la provincia de Hualgayoc, ya que esta decisión venía siendo uno de los compromisos no cumplidos por las autoridades del gobierno central.

En ese sentido, logramos que se declarara la emergencia ambiental el 26 de setiembre de 2016, tras la reunión que sostuvimos con el entonces Viceministro de Gestión Ambiental de dicho Ministerio, a través, de la “Resolución Ministerial N°272-2016-MINAM - Declaran en Emergencia Ambiental la parte alta de las microcuencas de los ríos Tingo - Maygasbamba, Hualgayoc - Arascorgue y Perlamayo, ubicadas en la provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca” (en adelante, DEA Hualgayoc).

Sobre el particular, la DEA Hualgayoc, fue intersectorial y transversal. La finalidad de ésta era realizar –por noventa días– acciones de corto plazo, para reducir el riesgo ambiental y sanitario por los pasivos ambientales de la actividad minera, en las zonas antes señaladas; lo cual tuvo como resultado el “Plan Multisectorial post Declaratoria de Emergencia Ambiental de la provincia de Hualgayoc”. Ante ello, desde mi despacho congresal y, luego durante mi gestión como Presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología – CPAAAAE, se ha venido dando seguimiento constante a la problemática que atañe a nuestros hermanos y hermanas, en dicha provincia y realizamos una audiencia pública en octubre de 2017 en la que participaron ciudadanos de Hualgayoc y autoridades regionales y nacionales correspondientes.

Asimismo, se realizó una mesa de trabajo el 16 de mayo de 2018, con representantes del distrito de Bambamarca, así como con las autoridades de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc y del Gobierno Regional de Cajamarca para monitorear los avances y eficacia de las actividades del plan de emergencia ambiental. Lamentablemente, el personal del gobierno regional manifestaba la carencia de recursos presupuestales, así como se podía constatar la ausencia de personal de salud especializado en toxicología, para la atención de los centenares de personas contaminadas con metales pesados.

Posteriormente, he solicitado a las autoridades competentes, la priorización de la actualización del inventario de pasivos ambientales mineros, así como su inmediata remediación y, acciones de supervisión ambiental en la provincia de Hualgayoc, con enfoque preventivo.

Por otro lado, a fin de abordar la problemática de fondo y de manera que se pudiera evitar en adelante que en todo el país no se dañara la salud de poblaciones en las llamadas zonas mineras, es que solicité –a través de mesas técnicas, oficios y reuniones– al Ministerio de Energía y Minas, la modificación de la línea base de los Términos de Referencia de los Estudios de Impacto Ambiental, a fin de que se incorpore la línea base en salud; lo cual permitirá identificar cuál es la situación previa de salud de la población y se pudiera determinar si hay fuentes contaminantes de manera que se puedan atender los daños a la salud por “fuentes contaminantes naturales” o aquellas que provienen de operaciones mineras u otras y, establecer las responsabilidades y sanciones conforme a ley.

Adicionalmente, he solicitado a la Contraloría General de la República, una auditoría ambiental, en la cual se prioricen los casos de pasivos ambientales mineros –entre los que se encuentra la provincia de Hualgayoc– a fin de determinar responsabilidades funcionales del caso, que no permiten la sostenibilidad ambiental.

Cabe indicar que, desde mi despacho, atendimos la emergencia ambiental suscitada el 16 de diciembre de 2018, en la unidad minera Cerro Corona de Gold Fields La Cima S.A. producto de la descarga de agua con relave que impactó en la quebrada La Hierba, a raíz de la infiltración de relave en la tubería de drenaje.

Ante ello, sostuve una reunión con las autoridades competentes y el actual Alcalde del distrito de Bambamarca, señor Marco Aguilar, a fin que más autoridades asumieran compromisos concretos para la remediación inmediata de la zona y el dictado de medidas administrativas contra el titular minero. Teniendo además en cuenta que los primeros días de diciembre había ocurrido en la zona un nuevo episodio masivo de muerte de truchas por contaminación de relave minero.

En ese sentido, como Congresista de la República y defensor ambiental, exijo que el Ejecutivo tome acciones inmediatas, a fin de remediar los pasivos ambientales mineros y fiscalice eficientemente las actividades mineras en curso, para que se sancione a quienes resulten responsables, en este caso en particular a la minera Goldfields y quienes hayan incurrido en incumplimientos o violaciones de las normas ambientales.

Cabe señalar que, mi región Cajamarca, viene sufriendo los impactos de la minería, reflejados en la depredación de nuestras lagunas y suelos cómo está ocurriendo con el tráfico de suelo orgánico a las agroexportadoras de Chiclayo y Lambayeque como ha sido denunciado oportunamente.

Aunque por razones de salud no he podido acompañar personalmente en las últimas visitas de inspección de las rondas campesinas a las zonas afectadas, reafirmo ante las organizaciones sociales y la autoridades comprometidas con un desarrollo que no sea depredador y contaminador, ni violador de derechos, mi firme compromiso con la defensa de la justicia ambiental para el Buen Vivir, de manera que asegure también los derechos de las generaciones futuras así como para el despliegue de las acciones por la defensa del derecho al agua y las acciones frente al cambio climático. Tal como lo hemos establecido en la ley en la que trabajé arduamente para que se promulgara como es la Ley Marco de Cambio Climático; la cual el Poder Ejecutivo no debe demorar en su reglamentación como lo está haciendo en el caso del Marco Metodológico que estable el reglamento de la Ley de Protección de Cabeceras de Cuencas (Ley 30640).

Finalmente, me solidarizo con la población hualgayoquina y sus organizaciones sociales y autoridades que las respaldan, debido a que el 06 de febrero se está dando inicio al paro provincial indefinido, por la defensa de la salud ambiental, el rechazo a la destrucción de nuestras lagunas y la contaminación de nuestras tierras y ríos, exigiendo que el Presidente Martín Vizcarra y sus ministerios competentes trabajen en una solución inmediata a los graves problemas de afectaciones ambientales señaladas.

¡Cajamarca, te quiero, por eso te defiendo!

¡Por el cumplimiento de las normas ambientales y el respeto de los derechos de las poblaciones afectadas!

Marco Antonio Arana Zegarra
Congresista de la República
Fuente: La Mula - https://vozdelatierra.lamula.pe/2019/02/05/por-una-cajamarca-libre-de-contaminacion/vozdelatierra/

03 noviembre, 2017

Familia de Máxima Acuña solicita medidas cautelares en corte norteamericana frente a hostigamientos de minera Yanacocha

Maxima Acuña y su esposo. Foto: ERI

Noviembre 01, 2017, Wilmington, Delaware

EarthRights International (ERI), junto con la campesina peruana Máxima Acuña Atalaya de Chaupe y su familia, han presentado una solicitud para un orden judicial (medida cautelar) en la corte federal de Delaware contra Newmont Mining Corporation y tres de sus afiliados corporativos.

Durante más de seis años, Newmont ha liderado una campaña de hostigamiento y abuso contra la familia con la intención de expulsarlos de sus tierras y allanar el camino para una nueva mina de oro a cielo abierto en Perú, una de las más grandes de América Latina. Los Chaupes presentaron una demanda civil en septiembre ante el mismo tribunal de Delaware. Las amenazas a la familia Chaupe también han sido reconocidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó "medidas cautelares" que requieren que el gobierno peruano las mantenga a salvo. La presente solicitud pide medidas cautelares de la corte estadounidense para que las empresas Newmont detengan el abuso.

Pero aproximadamente un mes después de que fue presentada la demanda, el personal de seguridad de la filial peruana de Newmont, Minera Yanacocha, invadió la granja de los Chaupes y destruyó sus cultivos de papa, eliminando una vez más una fuente de alimentos e ingresos para la familia. Newmont no ha mostrado señales de que detendrá el acoso.

El patrón de abusos junto con la invasión reciente ha forzado a la familia a buscar una orden judicial para detener la campaña de intimidación. La solicitud de hoy tiene como objetivo proteger a la familia, mientras que el tribunal federal considera los reclamos de la familia contra Newmont en los Estados Unidos, y los tribunales peruanos resuelven la disputa de tierras subyacente. Si el juez concede la solicitud, a Newmont y sus afiliados se les ordenarán que dejen de hostigar físicamente y psicológicamente a la familia y dejen de invadir la granja de la familia, conocida como Tragadero Grande.

Declaraciones:

"A pesar de que presentamos una demanda el mes pasado, Newmont y sus fuerzas de seguridad han seguido hostigando a Máxima Acuña de Chaupe y su familia. Hemos presentado esta solicitud para pedir al tribunal que detenga la intimidación para que la familia Chaupe pueda vivir pacíficamente y cultivar sus tierras. Newmont debe respetar su derecho a quedarse en paz y evitar que sus matones hostiguen y ataquen a esta familia".

- Marco Simons, Asesor Legal General en ERI

"Buscamos justicia a través de la orden judicial preliminar porque queremos que la compañía respete nuestros derechos y deje de hostigarnos en Tragadero Grande y la región de Cajamarca donde el personal de la compañía nos está persiguiendo. No somos libres".

- Ysidora Chaupe- Acuña, demandante

"Claramente, necesitamos el medias cautelares porque la compañía continúa ingresando al territorio y nos abusa psicológicamente y no es justo que continúen haciéndolo. El sistema de justicia peruano no hace nada. Nuestras vidas no son seguras, las vidas de toda nuestra familia no está seguro. Estamos arriesgándonos a que uno de los miembros de mi familia desaparezca porque todos los días estamos en peligro y no nos dejan sembrar [nuestras semillas] y tenemos que tener seguridad".

- Jilda Chaupe- Acuña, demandante

"El caso es un símbolo de la lucha para defender mis derechos como ciudadano y prevenir futuras amenazas de compañías extranjeras".

- Maxima Acuña de Chaupe, demandante

Contexto

Los Chaupes son agricultores de subsistencia que residen en las tierras altas rurales de Cajamarca, Perú. Cultivaron cultivos y criaron ganado en un terreno conocido como Tragadero Grande durante más de veinte años. En 2011, agentes de Newmont Mining Corporation intentaron expulsarlos de su granja por la fuerza para que Newmont pudiera expandir sus operaciones de extracción de oro. Desde entonces, la familia reclama que los agentes de Newmont han utilizado el acoso y la violencia para tratar de desalojar a los demandantes de su granja. Los Chaupes alegan que han sido atacados y amenazados físicamente, y que los agentes de Newmont han destruido sus propiedades y posesiones, y han matado o atacado a sus mascotas y ganado. Alegan que Newmont tiene el poder de poner fin a estos abusos, pero se rehusaron a hacerlo porque los Chaupes se interponen en el camino de los planes de Newmont para construir una enorme mina de oro.

La demanda federal de EE. UU. fue presentada en septiembre 2017 y la solicitud adicional presentada hoy buscan detener un patrón de acoso y abuso físico y psicológico que la familia Chaupe ha sufrido a manos del personal de seguridad que trabaja en nombre de Newmont y sus filiales corporativas. Newmont, una compañía minera de EE. UU. constituida en Delaware, es uno de los productores de oro más grandes del mundo.

El caso es Acuna-Atalaya v. Newmont Mining Corp., No. 17-cv-01315-GAM en la Corte de Distrito Federal de los EE. UU. para el Distrito de Delaware. Además de EarthRights International, los demandantes están representados por la abogada pro bono de Delaware, Misty Seemans.

17 mayo, 2017

Raúl Benavides: El proyecto conga está muerto

Jueves, 11 de mayo de 2017.

Afirmó que la paralización de este proyecto minero le costó a minera Yanacocha mil 700 millones de dólares.


Fuente: Internet

Convencido de sus palabras y de la realidad, Raúl Benavides Ganoza, alto directivo de minera Yanacocha y Vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Buenaventura, afirmó que el proyecto minero está muerto y al menos por el momento las condiciones económicas y sociales no favorecer llevar adelante este proyecto.

Tras señalar que no hay nada concreto sobre la posibilidad de una reformulación del proyecto para su puesta en marcha, Raúl Benavides afirmó: “Para efecto prácticos el proyecto conga está muerto”.

Raúl Benavides hizo estas declaraciones luego de su participación en la juramentación de 70 representantes graduados del proyecto Creación y Fortalecimiento de Uniones de Crédito y Ahorro, UNICA, impulsado por la Asociación Los Andes de Cajamarca, La Corporación Financiera de Desarrollo y gobiernos locales.

Estimó sin embargo que el proyecto minero conga podría ser reformulado, es decir de hacerlo de una forma distinta, buscando aspectos más convenientes que generen un menor impacto ambiental o poner sus instalaciones en otro sitio, para acto seguido agregar que si bien es cierto éstas son posibilidades, por el momento no hay nada concreto

Aun cuando no los reconoció directamente, el alto funcionario de Minera Yanacocha señaló que si existieron errores, éstos ya se reconocieron, la paralización de conga le costó a la empresa mil 700 millones de dólares, lo cual significa un costo muy alto.

Al ser consultado respecto a la opinión del Ministro de Economía de que en 18 en meses podrían reactivarse proyectos mineros en Ica, Moquegua y Cajamarca, consideró que son apreciaciones muy optimistas que ojalá se hagan realidad.

En relación a minera La Zanja dijo que se está llegando al agotamiento de las reservas y éstas solo se tienen hasta finales del 2018. De allí en adelante veremos que se hace, indicó.

Fuente: Panorama Cajamarquino -  https://panoramacajamarquino.com/index.php/2017/05/11/raul-benavides-el-proyecto-conga-esta-muerto/

17 marzo, 2017

Cajamarca: Absuelven a los dieciséis lideres sociales de Celendín

Contradicciones entre los testigos y debilidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía resultaron en una sentencia favorable a los líderes acusados de secuestro agravado, coacción y ultraje a los símbolos patrios, luego de cuatro años de proceso judicial. Sin embargo, algunos siguen involucrados en denuncias presentadas por la minera Yanacocha.

Por Mallu Muñiz*

17 de marzo, 2017.- Marle Livaque Tacilla, presidente del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación de Celendín (SUTEP), prende una vela, saca de su bolsillo un poquito de hoja de coca, caña y la emblemática bandera de la Provincia de Celendín. “Esta bandera es importante para nosotros, está manchada con la sangre de uno de nuestros compañeros que murieron en la lucha por el agua y contra la minería” – dijo Livaque en la oficina de Grufides, después de la sentencia favorable a los 16 de Celendín.

Livaque hace un pequeño homenaje a sus compañeros muertos durante conflicto en contra de proyectos mineros en Celendín

En la misma sala, Mirtha Vázquez, abogada de defensa, contesta cada rato a su celular: “Sí absolvieron los dieciséis”, confirma ella repetidas veces. Algunos de los acusados recién absueltos llaman incrédulos a la abogada. No sin razón. A la salida del Tribunal, en Cajamarca, la fuerza policial fue llamada para contener cualquier protesta contraria a una eventual sentencia desfavorable. La Fiscalía pedía penas privativas de libertad de más 30 años por los supuestos crímenes.

Mirtha Vázques la abogada de los 16 de Celendín

“Por fin nuestros líderes sociales pueden dormir tranquilos después de muchos años. Por fin se reafirma la lucha, porque muchas veces estas cosas son un desincentivo para la gente que se ve desmoralizada” – dijo la abogada, que lleva más de diez años defendiendo líderes involucrados en conflictos contra proyectos mineros en la región. “Yo creo que esto sirve mucho para fortalecer nuestras luchas, para fortalecer los liderazgos tan valiosos de esta gente y para reafirmar que vamos defender nuestros derechos mientras nos sea posible” – subrayó Vázquez.


A lado de la abogada Mirtha Vázques Livaque representa los líderes inocentados, los cuales, en su mayoría, no estuvierón presentes en la audiencia final

En una larga exposición sobre las inconsistencias de la tesis defendida por la Fiscalía, la abogada descalificó las supuestas evidencias de los crímenes. Los jueces acogieron uno a uno los argumentos de la defensa, quien ha enfatizado las contradicciones entre los hechos narrados por los testigos, así como debilidades en las demás pruebas presentadas. “El Ministerio Publico no ha cumplido con su función constitucional, que es aportar con pruebas que puedan sustentar la condena en contra de los acusados” – afirmó el juez Germán Merino Vigo, del Colegiado Supra Provincial de Cajamarca, también formado por los jueces Daniel Holguín y Mario Abanto.


Elsa Bolaños inocentada de las acusaciones

Desde Celendín, Milton Sánchez, uno de los dieciséis líderes recién absueltos, ha enfatizado que algunos de ellos fueron citados a otras audiencias y se encuentran todavía denunciados por la empresa minera Yanacocha: “No ha terminado la persecución, ya nos están citando para otras audiencias” – dijo el miembro de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), organización que se ha creado “para defender el agua amenazado por el proyecto minero Conga”.

Según Sánchez, la entidad sigue trabajando en la defensa de los territorios y vienen desarrollando escuelas de formación para los ronderos y ronderas. Este fin de semana van realizar más una jornada de la Escuela Hugo Blanco, homenajeando a Máxima Acuña. Por su resistencia frente a la empresa minera que intenta expandir su actividad, la campesina se ha convertido en ícono de la lucha por el Agua y en contra de la minería en la región norte de Perú. “La edición anterior se ha llamado Hitler Rojas, en memoria a nuestro compañero asesinado por defender el Marañón” –recordó Sánchez.
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*Mallu Muniz es comunicadora social y PhD en Sociología.

08 julio, 2016

Perú: Newmont quiere reunión con PPK para discutir viabilidad de Conga

Gary Goldberg, CEO de Newmont Mining, tiene previsto visitar el Perú a finales de este año para reunirse con el gobierno entrante.



(Bloomberg).- La minera estadounidense Newmont Mining Corp. buscará conversaciones con el nuevo Gobierno del Perú para discutir las opciones para desarrollar su enorme proyecto aurífero de Minas Conga en Cajamarca, cuatro años después que una serie de protestas forzaron la paralización de la iniciativa, dijo el CEO Gary Goldberg.

“He oído cosas buenas del presidente entrante y sobre su enfoque de querer fomentar el desarrollo con el apoyo de las comunidades locales”, dijo en una entrevista desde Greenwood Village, Colorado, donde la segunda compañía minera de oro más grande del mundo tiene su sede.

Si bien Newmont no tiene planes para desarrollar el proyecto en un “futuro previsible”, la minera está trabajando para obtener el apoyo local, dijo Goldberg, que tiene previsto visitar el Perú a finales de este año para reunirse con el nuevo gobierno.

En el 2012 Newmont paralizó los trabajos en el proyecto de US$ 5,000 millones en la región Cajamarca después de violentas protestas por parte de agricultores que temen que la mina afecte los suministros de agua en la zona.

Los planes del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski para reforzar la coordinación con las autoridades estatales podría allanar el camino para las conversaciones entreNewmont y las autoridades de Cajamarca, dijo Goldberg.

Kuczynski, quien asumirá la presidencia el 28 de julio, ha dicho que Minas Conga no es viable en tanto continúe el conflicto social.

Kuczynski, ex ministro de Finanzas y banquero de inversión, fue director ejecutivo de Halco Mining Inc. con sede en Pittsburgh hacia finales de la década de 1970. El miércoles PPK estuvo en La Oroya en el centro del Perú para visitar la fundición de zinc de Doe Run Perú, que fue cerrada en el 2009, y prometió hacer “el máximo esfuerzo” para reabrir el complejo.

Si bien el gobierno del presidente saliente Ollanta Humala ha visto un aumento de la inversión y producción minera por la puesta en marcha de proyectos de MMG Ltd. de China y de Freeport-McMoRan, otras empresas comoNewmont y Southern Copper Corp. han pospuesto sus proyectos debido a la oposición de la comunidades aledañas.

Fuente: Diario Gestion http://gestion.pe/empresas/newmont-quiere-reunion-ppk-discutir-viabilidad-conga-2164963

[Libro] Perú: Cuando el poder extractivo captura el Estado

Servindi, 1 de julio, 2016.- El reciente libro de Francisco Durand ya se encuentra disponible para su libre descarga en internet. Se trata de "Cuando el Poder Extractivo captura el Estado. Lobbies, puertas giratorias y paquetazo ambiental en Perú",

La publicación presentada esta semana cuenta con el auspicio de la organización de cooperación solidaria Oxfam y ha sido puesta a disposición del gran público gracia a su publicación virtual en formato PDF.

El libro ha despertado un gran interés debido a que aborda el delicado tema de las relaciones de poder e influencia que las empresas, principalmente las extractivas, ejercen sobre el aparato legal y del estado.

El texto de 95 páginas describe el fenómeno de la captura política del Estado y cómo tiene efectos diferenciados. Por un lado favorece y fortalece a la élite económica y por otro afecta negativamente a grupos sociales vulnerables.

Entre sus multiples consecuencias se encuentrann: debilita la neutralidad y la capacidad fiscalizadora del Estado y erosiona su legitimidad, fortalece la concentración de poderes políticos, impide al Congreso cumplir un rol legislativo proactivo, limita la deliberación democrática y afecta el acceso a recursos materiales y a oportunidades para los pobres.

El valioso documento concluye señalando que la sociedad podría evitar estos costos y funcionar mejor con menos concentración de riqueza, mayor equilibrio de poderes, acceso alternativo a los medios de comunicación y mayor vitalidad organizativa y capacidad propositiva de la sociedad civil.

Paquetazo ambiental

La publiicación dedica un capítulo al análisis de la ley 30230, conocida como “paquetazo ambiental”, un controvertido conjunto de normas de índole ambiental, social y tributario sobre las cuales diversos sectores afectados exigen su derogatoria.

Tal como señala un fragmento del libro: “Frente a la abundancia de zonas grises entre lo legal y lo ilegal, lo legítimo e ilegítimo, lo correcto y lo arbitrario, Durand aborda y analiza de manera detallada la captura política en el Perú a partir de un hecho concreto: la aprobación en el año 2014 de la Ley 30230, o el llamado “paquetazo ambiental”, durante el gobierno de Ollanta Humala".

"A través de un detallado mapeo de actores, el autor explica el proceso de aprobación de dicha ley, develando la indebida influencia y las alianzas que se tejieron entre el poder económico, mediático y político, así como los costos para el Estado y la sociedad debido a la falta de transparencia y equidad en su aprobación” prosigue la presentación.

Para obtener el libro en su versión digital, debe ingresar al siguiente enlace:
- https://peru.oxfam.org/sites/peru.oxfam.org/files/file_attachments/capturadurand%20VF.pdf


 

Cuando El Poder Extractivo by Mi Mina Corrupta on Scribd

185 ecologistas asesinados el 2015 por defender la naturaleza

Por César Javier Palacios*

20 minutos, 2 de julio, 2016.- Ser ecologista sale caro, muy caro. Especialmente si eres indígena. Te puede costar la vida. Como los 185 activistas ambientales que fueron asesinados el año pasado en todo el mundo por defender su tierra, sus bosques y sus ríos frente a industrias destructivas, según un informe de Global Witness. Tres personas muertas a la semana. Una cifra sin precedentes.

Brasil, Filipinas o Colombia son los países más sangrientos. En el informe En terreno peligroso se documentan 185 muertes que se sabe acaecieron el año pasado por todo el mundo. Esta negra estadística supone, con mucho, la cifra anual de víctimas mortales más alta jamás registrada y representa más del doble del número de periodistas asesinados el año pasado.

Este escalofriante dato supone un aumento del 59 % respecto a la ya vergonzosa estadística de 2014. Pero pueden ser muchos más. Según la ONG Global Witness, las graves restricciones informativas que existen en muchos de esos países implican que, sin duda, la cifra real es aún mayor.

En 2015 los países más mortíferos para los activistas de la tierra y el medio ambiente fueron Brasil, con 50 muertes, y Filipinas con 33, que representan cifras nunca vistas en estos países, seguidos de Colombia (con 26 muertes), Perú (12), Nicaragua (12) y la República Democrática del Congo (11). Entre las principales causas de estos asesinatos se encontraban la minería (en 42 casos), la agroindustria (20), la tala (15) y los proyectos hidroeléctricos (15).

A través de un comunicado de prensa Billy Kyte, encargado de campañas de Global Witness, ha explicado:
“Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierra haciendo caso omiso de la gente que en ella vive.

Cada vez es más común que las comunidades que toman cartas en el asunto se encuentren en el punto de mira de la seguridad privada de las empresas, las fuerzas estatales y un mercado floreciente de asesinos a sueldo. Por cada asesinato que documentamos hay muchos otros que no se denuncian. Los gobiernos deben intervenir urgentemente para detener esta espiral de violencia”.
En el informe de "En terreno peligroso" se destaca la notable vulnerabilidad de los pueblos indígenas, cuyos débiles derechos sobre la tierra y aislamiento geográfico los convierten en el objetivo habitual del acaparamiento de tierras y recursos. Casi un 40 % de las víctimas de 2015 pertenecía a grupos indígenas.

El asesinato de Berta Cáceres

Alrededor de la medianoche del 2 de marzo de 2016, unos hombres armados tiraron abajo la puerta de la casa en la que se hospedaba Berta Cáceres en La Esperanza (Honduras). Dispararon contra ella y la mataron. Berta era una prominente activista ambiental y defensora de los derechos de los indígenas sobre la tierra.

El año pasado, a Berta Cáceres le otorgaron el Premio Goldman de Medio Ambiente, un prestigioso galardón con el que se premia el activismo ambiental local de todo el mundo. En su discurso de agradecimiento, Berta habló sobre las amenazas de muerte y los intentos de secuestro que había sufrido debido a su oposición a la presa de Agua Zarca.

Global Witness puso de relieve la valentía de su labor en el informe titulado ¿Cuántos más?, en el que se describía Honduras como el país más peligroso per cápita del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente.

Tantos reconocimientos no le sirvieron a Berta para nada. Su muerte se sumará a la negra estadística del próximo año de Global Witness.

Muerte en Filipinas

El padre y el abuelo de la activista filipina Michelle Campos fueron ejecutados públicamente por defender su tierra ancestral frente a la minería, en un ataque que empujó a 3.000 indígenas del pueblo lumad a abandonar sus hogares. Su isla de Mindanao, rica en carbón, níquel y oro, es uno de los territorios más peligrosos del mundo para los activistas de la tierra y el medio ambiente, habiéndose registrado allí 25 muertes solo en 2015.

El testimonio de Campos es terrible:
“Nos amenazan, vilipendian y asesinan por enfrentarnos a las empresas mineras que operan en nuestra tierra y a los paramilitares que las protegen. Mi padre, mi abuelo y mi maestro fueron solo tres de un número incontable de víctimas. Conocemos a los asesinos; campan a sus anchas por nuestra comunidad. Estamos muriendo y nuestro Gobierno no hace nada para ayudarnos”.
Brasil y las talas ilegales de selva

Mientras, en Brasil, Global Witness denuncia que la lucha para salvar la Amazonía cada vez está convirtiéndose más en una lucha contra bandas de delincuentes que atemorizan a las poblaciones locales a instancias de las empresas madereras y los funcionarios a los que han corrompido.

Una de las últimas víctimas fue Isídio Antonio. Este líder de una comunidad de agricultores a pequeña escala del Estado de Marañón había sufrido durante años amenazas de muerte por denunciar la tala ilegal que se llevaba a cabo en su tierra. La Policía nunca ha investigado su asesinato.

En la Amazonía brasileña han surgido miles de campamentos de tala ilegal, asegura Global Witness. Allí, hombres armados con machetes y motosierras talan árboles de valiosa madera dura, como la caoba, el ébano o la teca. Se calcula que el 80 % de la madera de Brasil es ilegal y que ésta representa un 25 % de la madera ilegal de los mercados mundiales. Una gran parte de ella posteriormente se vende a compradores de Estados Unidos, Europa y China, contribuyendo a uno de los índices de deforestación más altos del mundo.

Como manifesta Billy Kyte,

“Los asesinatos que ocurren en aldeas mineras remotas o en el corazón de selvas tropicales y quedan impunes son fruto de las decisiones que toman consumidores de la otra punta del mundo. Las empresas y los inversores deben cortar sus vínculos con aquellos proyectos que pisotean los derechos que tienen las comunidades sobre su tierra. El calentamiento climático y el crecimiento de la población implican que habrá un aumento de la demanda de tierra y recursos naturales. Sin una intervención urgente, el número de muertes que estamos observando actualmente se considerará una minucia en comparación con las que están por venir”.

Global Witness destaca también la situación cada vez peor que viven los pueblos indígenas de Colombia y Nicaragua, cuya tierra y recursos naturales están siendo saqueados por poderosos intereses políticos y empresariales.

Los gobiernos deben actuar

Global Witness exhorta a los gobiernos de los países afectados a:

- Aumentar la protección de los activistas de la tierra y el medio ambiente que están en peligro de sufrir actos de violencia, intimidación o amenazas

- Investigar los delitos, incluyendo a sus cerebros corporativos y políticos aparte de a los asesinos, y llevar a los autores ante la justicia

- Defender el derecho de los activistas a negarse a la realización de proyectos en su tierra y garantizar que las empresas pidan de forma proactiva el consentimiento de las comunidades

- Solucionar las causas subyacentes de la violencia contra los defensores, reconociendo oficialmente los derechos de las comunidades sobre la tierra y combatiendo la corrupción y las actividades ilegales que afligen a los sectores de los recursos naturales.

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*César Javier Palacios, es geógrafo, naturalista, escritor, periodista y miembro de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente.
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Fuente: La Crónica Verde: http://blogs.20minutos.es/cronicaverde/2016/06/30/asesinados-185-ecologistas-en-un-ano-por-defender-la-naturaleza/