24 diciembre, 2013
23 diciembre, 2013
Perú: Minera Yanacocha alista nuevo proyecto de oro en Cajamarca
Perforadora a orillas de laguna El Perol - Py. Conga de Minera Yanacocha Foto: Archivo
Minera Yanacocha presentó al Ministerio de Energía y Minas un estudio ambiental que corresponde al proyecto de oro Colorado, en el departamento de Cajamarca. El estudio de impacto ambiental semidetallado (EIASD) comprende la realización de 659 perforaciones y plataformas en los alrededores del distrito La Encañada. Cada perforación tendrá una profundidad de 600 metros. La duración de actividades será de 60 meses.
El estudio se encuentra en etapa de evaluación. De ser aprobado, el inicio de actividades por parte de Yanacocha comenzaría hacia la segunda quincena de abril del próximo año.
El estudio se encuentra en etapa de evaluación. De ser aprobado, el inicio de actividades por parte de Yanacocha comenzaría hacia la segunda quincena de abril del próximo año.
Características
El proyecto Colorado, ubicado en las cuencas de Jequetepeque, Llaucano y Crisnejas, comprende unas 1,233 hectáreas, en las cuales, se estima, hay presencia de recursos auríferos. El presupuesto por el proyecto sería de US$ 1.99 millones. El requerimiento de agua se hará para la fase de exploración, tanto para consumo doméstico como de proceso. El proyecto no se halla en un área protegida, indicaron. En todo el proceso de construcción, exploración, cierre y poscierre se necesitará un promedio de 75 trabajadores.
Tajo Carachugo
Por otro lado, el MEM tiene en etapa de evaluación la presentación de una nueva modificación del estudio de impacto ambiental (EIA) para la ampliación del tajo Carachugo Suplementario -localizado al este de la operación Yanacocha-, que la empresa minera viene estudiando en el distrito de La Encañada, en Cajamarca.
Este nuevo EIA es la cuarta modificación encargada por Yanacocha, la cual fue presentada al Ministerio de Energía y Minas en octubre pasado.
El estudio de impacto ambiental de ampliación en el tajo Carachugo comprende la explotación de una reserva mineral de donde se extraerán 3.47 millones de toneladas de mineral y 2.67 millones de toneladas de desmonte adicionales ubicadas en el referido tajo.
EN CORTO
El estudio de impacto ambiental semidetallado por el proyecto Colorado es el único que minera Yanacocha presentó en este año. En el 2012 entregó estudios ambientales (declaracion de impacto ambiental y EIASD) de 11 proyectos, todos en Cajamarca. Entre estos, La Pampita, Conga, Cerro Negro, La Quinua, Jannet, Maqui Maqui y San José.
PRECISIONES
- Las actividades en tajo Carachugo serán de 8 años y tres meses.
- La anterior modificación de Carachugo fue aprobada por el MEM en febrero de este año.
- Newmont y Buenaventura son principales accionistas en Yanacocha.
Fuente: Rumbo Minero
Link: http://lpbnews.com/es/nota/minera-yanacocha-alista-nuevo-proyecto-de-oro-en-cajamarca?utm_source=Reporte+de+Noticias+LPBNews&utm_campaign=de21b7330b-Reporte_de_Noticias_LPBNews_175_Test2_7_11_2013&utm_medium=email&utm_term=0_f9f8306e85-de21b7330b-52255377
Minería tendrá alta conflictividad en el 2014 en Perú (ONGs)
Escrito por AFP / Terra
Foto: Jorge Chavez Ortiz
El crecimiento explosivo de la minería ilegal en Perú y la decisión del gobierno de impulsar grandes proyectos mineros pese a la oposición indígena, hacen prever un 2014 marcado por una alta conflictivad social, advirtieron el jueves organizaciones ambientalistas.
A dos años y medio de la gestión del presidente Ollanta Humala, las tensiones persisten en varias regiones del país derivadas de la actividad extractiva, subrayó el Observatorio de Conflictos Mineros.
"Las perspectivas no son muy alentadoras; el crecimiento de la actividad minera no sólo no es sostenible, sino que seguirá produciendo una fuerte conflictividad social", dijo José de Echave, ex viceministro del Ambiente al inicio del actual gobierno y representante de la ONG CooperAcción.
Otras dos ONGs, Fedepaz (Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz) y Grufides (Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo) integran, junto a CooperAcción, el Observatorio de Conflictos Mineros.
En los últimos años Perú ha afrontado conflictos derivados de la actividad extractiva minera que han encontrado dura oposición de los campesinos, que aseguran que afecta gravemente el medio ambiente y destruyen sus fuentes de agua.
Según el observatorio, en 2013 hubo un descenso de los conflictos mineros en relación al año anterior a consecuencia de una estrategia gubernamental que apostó "por el cansancio" de los pobladores que se oponen a esos proyectos, pero sin abordar las bases objetivas que han explicado los litigios.
"De esa manera los equilibrios son tremendamente precarios, la situación latente está ahí", precisó De Echave al puntualizar que "hay un cóctel complicado para el 2014".
A los problemas entre las mineras y comunidades se agrega "con mayor fuerza los problemas ocasionados por la minería informal y la ilegal", anotó De Echave.
"La minería ilegal en pequeña escala tiene un crecimiento explosivo y descontrolado especialmente en la extracción de oro y en los últimos seis años el número de concesiones de minería informal se triplicó", señala el informe del Observatorio.
Para ordenar esta actividad el Observatorio propone al gobierno la moratoria o suspensión de concesiones hasta que no se den pasos seguros hacia su formalización.
Fuente: OCMAL - http://www.conflictosmineros.net/contenidos/19/15982
Arequipa: El proyecto minero Tia Maria afectará la agricultura y la salud de pobladores de Tambo
María Chauca Castillo.
Semanas previas a la audiencia final del proyecto Tía María, el municipio de Deán Valdivia organizó talleres informativos para los pobladores de la zona. El ingeniero geólogo Otto Hito Urquizo, agricultor del valle, analizó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la minera y acá le hace cuestionamientos.
¿Cómo califica el nuevo EIA de Tía María?
Existen contradicciones y falsedad de datos. En la metodología hay un sesgo para minimizar la contaminación en diferentes formas.
¿Cómo se minimiza?
En el caso de la pluviometría, el EIA considera la estación del Senamhi de La Joya, a 45 Km del campamento, teniendo la estación de Pampa Blanca a 10 Km. En La Joya precipita 2.18 milímetros y en Pampa Blanca por encima de los 7 milímetros. La minera dice que en esta zona no llueve y no hay humedad. Por eso dejarán el ripio (material de desperdicio de la extracción) a la intemperie, sin geomembranas que lo cubran solo arcilla compactada en la base de las quebradas.
¿Qué pasa con el ripio a la intemperie?
Según el EIA, cuando la roca pasa por el proceso de lixiviación, el ácido sulfúrico mezclado con el agua separa el cobre y deja la roca inerte. Esto no es así. La eficiencia del ácido llega al 67%. Más de 30% de contenido de cobre metálico se queda en la piedra. Ahora, todo el proyecto está encima de un acuífero que no es grande como para extraer agua o generar una irrigación, pero es importante. Cuando hay precipitaciones, el ácido y metal que quedan en la roca se drenarán por el acuífero, contaminando y llegando a su vez al río Tambo y el mar. Va a afectar los suelos, las plantas y el camarón.
¿Cuántas toneladas de ripio se van a acumular?
Hablamos de más de 400 millones de toneladas en los 18 años que durará la explotación. Va a quedar un pasivo ambiental que no podrá neutralizarse en miles de años. El problema es la calidad del agua. Con el funcionamiento del proyecto la agricultura se vendrá abajo.
¿En qué va a afectar el agua contaminada?
Se va a percibir en el bajo rendimiento de la producción. En vez de producir, por ejemplo entre 7 mil u 8 mil kilos de arroz por hectárea, bajará a 5 mil o 4 mil. Y otra consecuencia será el inicio de enfermedades, como el cáncer. La gente del valle consume esta agua y no solo hablamos de que esté contaminada con cobre, sino también, en menor proporción, con arsénico, cromo, cadmio y otros metales pesados que se generarán en el proceso de extracción.
Southern asegura que el ácido sulfúrico no se evaporará. ¿Es cierto?
El ácido diluido con agua en el proceso de lixiviación se evapora con mayor facilidad que un ácido puro. Dentro de sus características el ácido es un líquido higroscópico, es decir que atrapa la humedad. En consecuencia se evapora. La minera colocará un sistema de irrigación para limpiar el aire durante el proceso, pero eso no va a impedir que se evapore.
La minera asegura que esta zona es desértica, sin humedad.
No es cierto. La calidad de los suelos en ese lugar es óptima a consecuencia del clima, con las garúas, lluvias, a través de los años. Hay buenos suelos inclusive para la agricultura. La prueba fehaciente es que al costado está la irrigación de San Camilo.
¿Y los vientos? La minera asegura que solo se volará cuando corran de sur a norte…
En el capítulo 4 del EIA que explica la línea base, se concluye que la rosa de vientos está en todas direcciones. Hay un predominio durante el día hacia una dirección, pero cambia en momentos. Se puede concluir que el material particulado que quedará después de las explosiones y los gases del mismo serán llevados de forma indistinta.
Peru: Police Abuse in the Pay of Mining Companies
Photo credit: Grufides
Peru is a mining conflict country. In September of this year, the Defensoría del Pueblo (National Ombudsman Office) reported 223 social conflicts in September alone, with more than two thirds of them linked to minerals. The report also registers 196 dead and 2,369 injured in disputes over natural resources from 2006 to 2011. The database of the Latin American Observatory of Mining Conflicts (OCMAL)registers 34 cases across Peru. Even though the State has increased its presence in some mining areas and has its own Social Conflict Administration Office, the front line often becomes the ugliest side of corporate-community relations.
Hard Partners
A report published this month by Peruvian NGOs Grufides, Derechos Humanos Sin Fronteras (Human Rights without Borders), the Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (National Coordinator for Human Rights, CNDDHH), and the Society for Threatened Peoples (STP) of Switzerland, revealed that mining corporations have signed agreements with the National Police to secure their assets. Titled "Police in the Pay of Mining Companies," the report examined the links between the police and mining corporations Antamina, Gold Fields, Sulliden Gold, Xstrata Tintaya, Minera Coimolache, and Yanacocha. These agreements allow them to request permanent police presence or ask for rapid deployment of larger units to prevent or repress social protests. In some cases, the companies provide full financial and logistical support: an incentive to use force.
Expanding Giant
The Switzerland-based commodities giant Glencore Xstrata owns the Tintaya mine and its expansion Antapaccay. Protesters in the province of Espinar have accused the company of causing pollution. As the protests grew, police moved in: three people were killed and around one hundred were injured. In a typical "knee jerk" reaction, the government of Ollanta Humala suspended freedom of assembly and imposed a state of emergency. What then? In an unusual display of force, the police arrested the mayor leading the protest against Xstrata. Dozens of riot police carrying plastic shields stormed the municipal building to pull Óscar Mollohuanca out.
Far away, indignant voters in the relaxed Swiss town of Hedingen decided to donate to charity some US$120,700 of taxes paid by Glencore Xstrata Chief Executive Ivan Glasenberg in protest against the commodities trader’s business practices.
On the Payroll
Early this year, the report "Policía mercenaria" (mercenary police) released in April by the combative newspaper Hildebrandt en sus trece, reported that in normal conditions, mining companies pay around S/.48 a day (US$10) to the official in charge, and S/.28 a day (US$10) to sub officials, for providing protection to the corporation. In circumstances denoted as “special," the pay can be as high as S/.78 a day (US$28). Mar Pérez from the CNDDHH says that these agreements put all the responsibility for the repression of the protests in the hands of the police. "If someone dies," she notes, "it is much harder to investigate the crime."
Photo credit: Hildebrandt en sus trece
Police corruption is not just a mining issue. In fact, it was one of the main issues in last week's Lima political agenda when a scandal broke out involving the police protection of Óscar Lopez Meneses, former intelligence officer under house arrest. Meneses was a member of the inner circle and in the 1990s was a close advisor to Vladimiro Montesinos, chief of intelligence under dictator Alberto Fujimori who is now serving a 25-year prison sentence. In response, José de Echave, Director of Lima-based NGO Cooperacción, wrote: "the fact that a fundamental body of the State such as the National Police should take the side of those who pay them, instead of the side of the public…reveals that it does not care about public interest in the least."
Keepers of the Lakes
The Conga mining project is located some 73 km northeast of the city of Cajamarca, in the discricts of Sorochuco and Huasmín. It has been the site of anti-mining protests for years. The U.S.-based Newmont Mining Corp. proposes to dig the Chailhuagón and Perol pits and at least two other additional areas. A plant with the capacity to process 92,000 tons of rock a day would produce 3.1 billion pounds of copper and 11.6 million ounces of gold in 20 years. However, the mineral content is very low: each ton contains less than 1 gram of gold and 0.2% of copper.
The Regional Government and the local communities denounced the serious impacts the project would have on the watersheds. To the complaints about the destruction of the Azul, Perol, Mala, and Chica Andean lakes, Minera Yanacocha replied that it would build three reservoirs to replace them. In July 2011, Denver-based Newmont Mining and its local partner Buenaventura publicly announced that they had approved funding for the project to the value of US$4800 million, one of the biggest mining investments in the history of Peru. In Cajamarca, the same mining companies have operated Yanacocha, the largest open-pit goldmine in South America, for the past 19 years.
But in November 2011, a massive strike forced them to suspend all activities. In December, Humala decreed a 60-day state of emergency in the provinces of Cajamarca, Hualgayoc, Celendín, and Contumazá. In the first days of July 2012, brutal police repression of demonstrators protesting to defend their lakes left a tragic toll of five dead and around 150 injured. In response, the communities have organized an admirable form of protests: the guardianes de las lagunas (keepers of the lakes).
Private Security Agencies
Luis Escarcena Ishikawa is the Securitas coordinator for Canadian corporation Hudbay Minerals. He was Alberto Fujimori´s aide-de-camp and one of the three pilots of the “narco-plane,” the Peruvian Air Force detained minutes before leaving for Russia with 170 Kg (375lbs) of cocaine in May 1996. According to a report by IDL Reporteros, Fujimori himself exculpated Escarcena in a public speech in July 1997.
Hudbay bought Norsemont Mining and its Constancia copper project near the Tintaya mine in 2011. Some 40% of the construction of the mine has already been completed. Authorities of the Chamaca community have expressed their concerns about the project’s "huge enviornmental impacts and reduced economic benefits." Tito Cruz Llacma, from the local organization Frente Único de Defensa de los Intereses de Chamaca (United Front in Defense of the Chamaca’s Interests, FUDICH) stated that "it’s going to be like Espinar, where cattle and agriculture have been affected by contamination of the rivers."
Congressional Investigation
Private security firm Forza was investigated in 2009, when a Congressional commission opened an inquiry into whether crimes were committed by the police and private security personnel in response to protests.Peruvian prosecutors accused the police of torturing protesters at the Rio Blanco mining camp in 2005, but cleared the security firm. At the time, Monterrico Metals operated the Rio Blanco project. When the scandal erupted, Forza's press office referred Reuters to Switzerland's Securitas, which later officially bought the Peruvian company in 2007. After the Monterrico affair, China's Zijin bought the project in 2007. Monterrico was sued by 33 of the victims in a UK court and in 2011 agreed to pay them compensation.
Surviving the Pierina Mine
On September 19, 2012 at 3:30 p.m., about 100 protesters from the Marinayoc Community, a close neighbor of Barrick Gold Corporation’s Pierina gold and silver mine in Huaraz, gathered at the mine’s main gate known as Bravo 22. They demanded that the Toronto-based gold miner fulfill its promise to provide the community with fresh and clean water, as the massive open pit and its infrastructure had destroyed their water sources. While they were protesting at the gate, the police sent by Barrick fired tear gas bombs. The protestors dispersed down the hill while being chased by shotguns. Nemesio Poma Rosales (55) was wounded and later died. Barrick released his body to the local morgue the next day in Jangas, the district capital. According to Lima-based newspaper La República, “Edith Poma denounced that her father Nemesio was taken alive to the mine medical post where he bled to death.”
When the police started shooting, many of the protesters ran away. Alejandro Tomás Rosales Chávez (45) had made it some 20 steps down the hill when he was wounded in his back by bullet splinters. Alejandro was then taken to a clinic in Huaraz where, after three operations, the doctors saved his life. I took his testimony for this year's edition of Barrick Gold alternative annual report. A day after the violence at Pierina, Human Rights Watch issued an open letter to President Ollanta Humala expressing concern over the use of lethal force deployed during protests. Barrick financed the restoration of the house where César Vallejo, the canonical Latin American poet, spent his childhood. The stated goals of the project were to strengthen regional pride in the rich cultural heritage of La Libertad and to improve the local economy through an expansion of the tourist industry; the money came from the Lagunas Norte mine in La Libertad, located some 150 km from Pierina.
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Luis Manuel Claps studied Communications at the Buenos Aires University. He has followed mining in Latin America since 2004 as editor of the Mines and Communities Website. He is based in Lima, Perú.
DE ECHAVE: EL PROYECTO MINERO TÍA MARÍA Y LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Foto: Perú 21
Escribe: José De Echave C.
El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, ha declarado que el proyecto minero Tía María ya tiene licencia social para operar, porque la audiencia pública del Estudio de Impacto Ambiental finalmente se pudo realizar el pasado 19 de diciembre. Lo que olvida decir el ministro es que para que la accidentada audiencia se pueda realizar necesitó trasladar más de dos mil policías, un número que supera largamente a los asistentes a la audiencia.
La empresa Southern, propietaria del proyecto, ha señalado que no escatimará gastos para sacar adelante el proyecto. La empresa también olvida señalar que hace tres años precisamente rechazaba la posibilidad de desalinizar el agua del mar y pretendía utilizar la escasa agua de la cuenca, porque el procedimiento era muy costoso, lo que provocó el rechazo de los pobladores del Valle del Tambo.
Lo que ha quedado claro en estos días es que el cuestionado proyecto minero de Tía María no tiene, ni por asomo, licencia social para operar. Por el contrario, la gran mayoría de pobladores de la zona han expresado su rechazo al proyecto: la audiencia pública ha estado acompañada de intensas movilizaciones y enfrentamientos con la policía, que han provocado tres pobladores heridos y el inicio de una huelga de hambre de pobladores que se oponen al proyecto. Además, las organizaciones representativas de la zona han denunciado que los participantes de la audiencia no eran pobladores de la zona.
El caso de Tía María también muestra el colapso de nuestro sistema de certificación ambiental que a estas alturas está claro que carece de toda legitimidad y credibilidad. ¿Una audiencia pública como la realizada en la localidad de Cocachacra el pasado 19 de diciembre puede significar que el proyecto Tía María ya tiene licencia social? De ninguna manera, porque entre otros aspectos el procedimiento no recoge criterios básicos de participación oportuna e informada.
Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) se han constituido, desde hace 20 años, en la herramienta fundamental del Sistema Nacional de Gestión Ambiental en nuestro país, sin embargo la falta de credibilidad y una larga lista de proyectos cuestionados, han puesto en debate los EIA y han planteado la necesidad de renovarlos.
Uno de los temas centrales es cómo romper el control privado de todo el procedimiento, en donde la empresa minera privada, contrata a una consultora privada, y entre ambas, fijan los términos del proceso de elaboración del EIA. Además, mientras dura la elaboración del EIA, la empresa contratante y la consultora, interactúan sin que las autoridades intervengan, salvo al final cuando todo está prácticamente decidido y en condiciones desfavorables.
Una propuesta alternativa debe apuntar a que el Estado peruano intervenga desde el inicio y no al final, como ocurre hoy en día; es decir desde la definición de los términos de referencia de los EIA, la elección de la consultora que elaborará el estudio y el monitoreo del proceso, antes de encarar la parte definitiva de su aprobación o desaprobación. Este debe ser un aspecto fundamental de una reforma de este instrumento.
El caso del proyecto Tía María pone nuevamente en agenda este tema. Mientras no se construyan nuevos instrumentos, una nueva institucionalidad ambiental que recupere credibilidad frente a la población y mientras el gobierno solo siga pensando en políticas orientadas a destrabar las inversiones, sin tomar en cuenta las bases objetivas que están detrás de los conflictos, situaciones como las ocurridas en la provincia de Islay, seguirán repitiéndose. Lo que se necesita es destrabar las políticas sociales y ambientales para superar el estatus quo que nos pretende seguir imponiendo la ortodoxia extractivista.
Escrito: Dic 21, 2013 Actualizado: Dic 22, 2013
El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, ha declarado que el proyecto minero Tía María ya tiene licencia social para operar, porque la audiencia pública del Estudio de Impacto Ambiental finalmente se pudo realizar el pasado 19 de diciembre. Lo que olvida decir el ministro es que para que la accidentada audiencia se pueda realizar necesitó trasladar más de dos mil policías, un número que supera largamente a los asistentes a la audiencia.
La empresa Southern, propietaria del proyecto, ha señalado que no escatimará gastos para sacar adelante el proyecto. La empresa también olvida señalar que hace tres años precisamente rechazaba la posibilidad de desalinizar el agua del mar y pretendía utilizar la escasa agua de la cuenca, porque el procedimiento era muy costoso, lo que provocó el rechazo de los pobladores del Valle del Tambo.
Lo que ha quedado claro en estos días es que el cuestionado proyecto minero de Tía María no tiene, ni por asomo, licencia social para operar. Por el contrario, la gran mayoría de pobladores de la zona han expresado su rechazo al proyecto: la audiencia pública ha estado acompañada de intensas movilizaciones y enfrentamientos con la policía, que han provocado tres pobladores heridos y el inicio de una huelga de hambre de pobladores que se oponen al proyecto. Además, las organizaciones representativas de la zona han denunciado que los participantes de la audiencia no eran pobladores de la zona.
El caso de Tía María también muestra el colapso de nuestro sistema de certificación ambiental que a estas alturas está claro que carece de toda legitimidad y credibilidad. ¿Una audiencia pública como la realizada en la localidad de Cocachacra el pasado 19 de diciembre puede significar que el proyecto Tía María ya tiene licencia social? De ninguna manera, porque entre otros aspectos el procedimiento no recoge criterios básicos de participación oportuna e informada.
Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) se han constituido, desde hace 20 años, en la herramienta fundamental del Sistema Nacional de Gestión Ambiental en nuestro país, sin embargo la falta de credibilidad y una larga lista de proyectos cuestionados, han puesto en debate los EIA y han planteado la necesidad de renovarlos.
Uno de los temas centrales es cómo romper el control privado de todo el procedimiento, en donde la empresa minera privada, contrata a una consultora privada, y entre ambas, fijan los términos del proceso de elaboración del EIA. Además, mientras dura la elaboración del EIA, la empresa contratante y la consultora, interactúan sin que las autoridades intervengan, salvo al final cuando todo está prácticamente decidido y en condiciones desfavorables.
Una propuesta alternativa debe apuntar a que el Estado peruano intervenga desde el inicio y no al final, como ocurre hoy en día; es decir desde la definición de los términos de referencia de los EIA, la elección de la consultora que elaborará el estudio y el monitoreo del proceso, antes de encarar la parte definitiva de su aprobación o desaprobación. Este debe ser un aspecto fundamental de una reforma de este instrumento.
El caso del proyecto Tía María pone nuevamente en agenda este tema. Mientras no se construyan nuevos instrumentos, una nueva institucionalidad ambiental que recupere credibilidad frente a la población y mientras el gobierno solo siga pensando en políticas orientadas a destrabar las inversiones, sin tomar en cuenta las bases objetivas que están detrás de los conflictos, situaciones como las ocurridas en la provincia de Islay, seguirán repitiéndose. Lo que se necesita es destrabar las políticas sociales y ambientales para superar el estatus quo que nos pretende seguir imponiendo la ortodoxia extractivista.
Escrito: Dic 21, 2013 Actualizado: Dic 22, 2013
03 diciembre, 2013
Perú: Informe revela mercenarismo de la Policía Nacional al servicio de empresas mineras
Doña Santos mostrando foto de su hijo asesinado por el ejercito el pasado de 3 de julio de 2012.
(Foto: Jorge Chavez Ortiz - 30.11.2013)
- Informe presentado hoy en las Naciones Unidas exige anular convenios secretos entre la Policía Nacional y empresas mineras.
Servindi, 2 de diciembre, 2013.- Un informe publicado hoy revela como operadores mineros han suscrito en los últimos años convenios con la Policía Nacional del Perú (PNP) que atentan contra la independencia de las fuerzas de seguridad pública en una practica similar al mercenarismo.
El informe: Policía mercenaria al servicio de las Empresas Mineras fue publicado el lunes 2 de diciembre por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asociación para los Pueblos Amenazados, Derechos Humanos Sin Fronteras y el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides).
El documento presentado simultáneamente en Ginebra, en el marco de las reuniones de las Naciones Unidas, argumenta cómo esos convenios socavan el monopolio del uso de la fuerza por Estado.
Además, lejos de contribuir a la solución pacífica de los conflictos, han agudizado la violencia y producido severas vulneraciones de los derechos humanos como sucedió en los conflictos con minera Yanacocha en Cajamarca y con la minera Xstrata Tintaya en Espinar, Cusco.
En ambos casos las protestas ciudadanas fueron respondidas con una represión muy violenta, y detrás de la acción policial existen convenios entre la Policía Nacional y las empresas mineras.
Las cuatro organizaciones exigen la inmediata anulación de los convenios entre las fuerzas de seguridad peruanas y las empresas mineras y exigen al gobierno respetar los derechos de la población y garantizar su protección.
Asimismo, demandan la instalación de una Comisión de la Verdad sobre los derechos humanos y la minería en el Perú.
La colaboración de la PNP con las empresas mineras contradice las directrices para la Economía y los Derechos Humanos, así como los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, dos iniciativas internacionales impulsadas por las Naciones Unidas.
Es una gran contradicción que la empresa matriz de minera Yanacocha, Newmont Mining Corporation se adhiere a los principios voluntarios y tenga a la vez convenios con la policía peruana. Igual sucede con la empresa Xtrata Tintaya, con sede en Suiza, comprometida también con el cumplimiento de los principios voluntarios.
Los autores del informe requieren que los Estados y mecanismos de la ONU promuevan una reforma de los principios voluntarios y se cree un marco normativo conforme a las directrices para la Economía y los Derechos Humanos que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos y ambientales.
En casos de violaciones de derechos humanos y grave destrucción del medio ambiente los afectados deben poder reclamar sus derechos vulnerados tanto en el país anfitrión (host country) de la empresa como en el país que es sede de su casa matriz (home country).
Acceda al informe completo con un clic en los siguientes enlaces:
Policía mercenaria al servicio de las Empresas Mineras (PDF, 37 páginas, español)
Police in the Pay of Mining Companies (PDF, 32 páginas, inglés)
Servindi, 2 de diciembre, 2013.- Un informe publicado hoy revela como operadores mineros han suscrito en los últimos años convenios con la Policía Nacional del Perú (PNP) que atentan contra la independencia de las fuerzas de seguridad pública en una practica similar al mercenarismo.
El informe: Policía mercenaria al servicio de las Empresas Mineras fue publicado el lunes 2 de diciembre por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asociación para los Pueblos Amenazados, Derechos Humanos Sin Fronteras y el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides).
El documento presentado simultáneamente en Ginebra, en el marco de las reuniones de las Naciones Unidas, argumenta cómo esos convenios socavan el monopolio del uso de la fuerza por Estado.
Además, lejos de contribuir a la solución pacífica de los conflictos, han agudizado la violencia y producido severas vulneraciones de los derechos humanos como sucedió en los conflictos con minera Yanacocha en Cajamarca y con la minera Xstrata Tintaya en Espinar, Cusco.
En ambos casos las protestas ciudadanas fueron respondidas con una represión muy violenta, y detrás de la acción policial existen convenios entre la Policía Nacional y las empresas mineras.
Las cuatro organizaciones exigen la inmediata anulación de los convenios entre las fuerzas de seguridad peruanas y las empresas mineras y exigen al gobierno respetar los derechos de la población y garantizar su protección.
Asimismo, demandan la instalación de una Comisión de la Verdad sobre los derechos humanos y la minería en el Perú.
La colaboración de la PNP con las empresas mineras contradice las directrices para la Economía y los Derechos Humanos, así como los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, dos iniciativas internacionales impulsadas por las Naciones Unidas.
Es una gran contradicción que la empresa matriz de minera Yanacocha, Newmont Mining Corporation se adhiere a los principios voluntarios y tenga a la vez convenios con la policía peruana. Igual sucede con la empresa Xtrata Tintaya, con sede en Suiza, comprometida también con el cumplimiento de los principios voluntarios.
Los autores del informe requieren que los Estados y mecanismos de la ONU promuevan una reforma de los principios voluntarios y se cree un marco normativo conforme a las directrices para la Economía y los Derechos Humanos que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos y ambientales.
En casos de violaciones de derechos humanos y grave destrucción del medio ambiente los afectados deben poder reclamar sus derechos vulnerados tanto en el país anfitrión (host country) de la empresa como en el país que es sede de su casa matriz (home country).
Acceda al informe completo con un clic en los siguientes enlaces:
Policía mercenaria al servicio de las Empresas Mineras (PDF, 37 páginas, español)
Police in the Pay of Mining Companies (PDF, 32 páginas, inglés)
[Lambayeque] Elmer Burga: “El Estado es irresponsable en dar concesiones mineras”
Especialista dijo que la etapa de explotación puede perjudicar cultivos de exportación.
El representante de la Asociación Protección a la Vida “Asoprovida”, Elmer Burga Mundaca, calificó como irresponsable al Estado Peruano al entregar un sinnúmero de concesiones para la explotación minera en la región Lambayeque desde 1993.
El especialista en temas ambientales dijo que el gobierno viene transgrediendo los artículos de la Ley Ambiental, en la que especifica tomar las medidas anticipadas para evitar daños irreversibles contra el medio ambiente otorgando estas concesiones.
Además indicó que transgrede el convenio con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde hace referencia el cuidado de la naturaleza y evitar amenazas contra las fuentes de recursos naturales, porque afectaría en un futuro las nuevas generaciones.
“La etapa de explotación trae consigo la expulsión de partículas y micropartículas que se disuelven directamente en el aire o se disuelven en el recurso hídrico. Esto afecta los cultivos de exportación. Es por ello que los pobladores de la zona altoandina de Inkawasi en Ferreñafe alzaron su voz de protesta ante la presencia de una empresa minera”, acotó Burga Mundaca.
El también ingeniero agrónomo mencionó que el Estado antes de otorgar concesiones,primero debe realizar un estudio de pacto ambiental a través de la zonificación territorial y verificar si existen zonas de cultivos cerca de un proyecto minero.
“Los profesionales del área de minería y del gobierno se tienen que converger para que tengan como objetivo la sostenibilidad ambiental y no perjudicar los cultivos”, indicó.
Burga Mundaca resaltó que actualmente el Perú cuenta con 13 productos para la seguridad alimentaria mundial, precisando que entre ellos se encuentra la quinua, el banano orgánico, cacao, café, palta, entre otros productos.
Cabe precisar que este tema se debatió durante la conferencia “Convirtiendo a Lambayeque en el centro de desarrollo”.
El representante de la Asociación Protección a la Vida “Asoprovida”, Elmer Burga Mundaca, calificó como irresponsable al Estado Peruano al entregar un sinnúmero de concesiones para la explotación minera en la región Lambayeque desde 1993.
El especialista en temas ambientales dijo que el gobierno viene transgrediendo los artículos de la Ley Ambiental, en la que especifica tomar las medidas anticipadas para evitar daños irreversibles contra el medio ambiente otorgando estas concesiones.
Además indicó que transgrede el convenio con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde hace referencia el cuidado de la naturaleza y evitar amenazas contra las fuentes de recursos naturales, porque afectaría en un futuro las nuevas generaciones.
“La etapa de explotación trae consigo la expulsión de partículas y micropartículas que se disuelven directamente en el aire o se disuelven en el recurso hídrico. Esto afecta los cultivos de exportación. Es por ello que los pobladores de la zona altoandina de Inkawasi en Ferreñafe alzaron su voz de protesta ante la presencia de una empresa minera”, acotó Burga Mundaca.
El también ingeniero agrónomo mencionó que el Estado antes de otorgar concesiones,primero debe realizar un estudio de pacto ambiental a través de la zonificación territorial y verificar si existen zonas de cultivos cerca de un proyecto minero.
“Los profesionales del área de minería y del gobierno se tienen que converger para que tengan como objetivo la sostenibilidad ambiental y no perjudicar los cultivos”, indicó.
Burga Mundaca resaltó que actualmente el Perú cuenta con 13 productos para la seguridad alimentaria mundial, precisando que entre ellos se encuentra la quinua, el banano orgánico, cacao, café, palta, entre otros productos.
Cabe precisar que este tema se debatió durante la conferencia “Convirtiendo a Lambayeque en el centro de desarrollo”.
Fuente: La Republica - http://www.larepublica.pe/01-12-2013/el-estado-es-irresponsable-en-dar-concesiones-mineras
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