Medioambientalista Marco Arana pidió al presidente del TC, Óscar Urviola, que se valore todas las pruebas antes de resolverse el recurso.
TC debe escuchar a la población
Ideeleradio.- El Tribunal Constitucional (TC) no notificó debidamente a la ONG Grufides en torno a la audiencia en que se analizó la acción de amparo contra el proyecto minero Conga, y por eso pedimos al presidente de este organismo, Óscar Urviola Hani, que se escuche a la población de Cajamarca y que se valore todas las pruebas, dijo el medioambientalista Marco Arana.
“El motivo que nos ha traído ahora a Lima, es la espera de que el Tribunal Constitucional pudiera acoger, adecuadamente, la acción de amparo justamente para encontrar una salida pacífica institucional al conflicto Conga. […] Tenemos severos cuestionamientos a la manera cómo el Tribunal Constitucional está manejando el tema, en la medida que la acción de amparo se presentó el año pasado, han visto la causa y no hemos sido notificados”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“[Esa] es la razón por la que estamos aquí, exigiendo que el Tribunal Constitucional, en este caso del conflicto Conga, pudiera escuchar a la población, ya que ya escuchó a la empresa minera y nosotros teniendo el domicilio legal en Cajamarca no hemos sido notificados para poder estar adecuadamente exponiendo las razones por las cuales este proyecto amenaza el derecho a la vida, el derecho al ambiente, el derecho al agua, y, por tanto, habría que encontrar una solución pacífica”, apuntó.
Razones suficientes para decir no a Conga
Por su parte, Mirtha Vásquez, directora de la ONG Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), refirió que están solicitando al Tribunal Constitucional que valore los derechos fundamentales y que deje sin efecto la resolución que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
“Nosotros no estamos planteando un ‘no a Conga’ sin razones. Estamos en realidad exponiendo en la demanda que tenemos razones suficientes para argumentar que ese proyecto amenaza seriamente el derecho al medioambiente de las poblaciones y tenemos suficientes argumentos para demostrar que en este caso, pues se aplique una ponderación adecuada de derechos, porque está bien que se promueva la libre empresa, las inversiones, pero cuando estas inversiones tienen serios indicios de dañar o atentar contra este derecho y afectar, por tanto, la vida de las poblaciones no se puede permitir”, refirió.
“Eso [de desaparecer o mover lagunas, hacer minería en cabecera de cuenca, destrozar humedales] tiene que ponderar el Tribunal y hay precedentes interesantes en América Latina, por ejemplo, en Colombia se ha resuelto varios casos de estos en los que se pregunta si vale la pena considerar estos espacios ambientales o darle paso a las grandes inversiones”, concluyó.
