30 junio, 2014
29 junio, 2014
[VÍDEO-REPORTAJE] Perú: Travesía por el Río Marañón, ecoturismo y conflicto social por Py. Chadin 2 de Odebrecht
Cuarto Poder: Pobladores de Tupén Grande se oponen a llegada de hidroeléctrica en el río Marañón
27 junio, 2014
Perú: Detención de Gregorio Santos y la subida en las acciones de mineras Newmont y Buenaventura
Perú: Juez en carcela a Gobernador opositor a la mina de Newmont en medio de escandalo
Por: John Quigley Jun 25, 2014 9:09 PM GMT-0500
Por: John Quigley Jun 25, 2014 9:09 PM GMT-0500
Texto adaptado por Blog MI MINA CORRUPTA
El gobernador que apoyó las protestas contra el proyecto de oro Minas Conga de Newmont Mining Corp. (NEM) en Perú, fue sentenciado a 14 meses de prision, en medio de un escandalo alegados a funcionarios de su gobierno aceptaron sobornos, informó la agencia estatal de noticias, Andina.
El juez Mercedes Caballero autorizó la detención del gobernador de Cajamarca Gregorio Santos, mientras los fiscales preparan su caso, Andina informó hoy (25.07.2014). La oficina principal del gobierno del estado y jefe de asesores de Santos, Cesar Abanto, no respondio a las llamadas telefónicas realizadas después de las horas de oficina, en busca de comentarios sobre la detención y la respuesta a las alegaciones.
Newmont y su socio local de la CIA. de Minas Buenaventura SAA han pospuesto las obras del proyecto, valorizado en 5 mil millones dólares respecto al proyecto proyecto Minas Conga en Cajamarca desde el 2012, luego de que los agricultores, organizaron protestaran por su impacto en los suministros de agua. Santos, quien dijo en 2011 y 2012, el proyecto no era viable ambientalmente, ahora no será capaz de correr a la reelección, posiblemente permitiendo a las empresas mineras para reactivar proyectos en la region, dijo César Pérez-Novoa, jefe de investigación de BTG Pactual en Santiago.
"Potencialmente se podría desbloquear las inversiones en la región, y por supuesto, Minas Conga", dijo Pérez-Novoa por teléfono. "Si la percepción de los cambios de riesgo como resultado, se activará el despliegue de capital, los cuellos de botella de algunos proyectos mineros y aumentar el incentivo para la exploración."
El gobernador no ha sido declarado culpable de un delito y se encuentra en una celda de detención temporal, informó Andina en su edición digital.
Un ex maestro de escuela que está en el último año de su mandato de cuatro años, Santos negó las acusaciones en una entrevista el 16 de mayo en el periódico La República. Su partido, el Movimiento por la Afirmación Social, lo registró esta semana como su candidato para postularse a la reelección el 05 de octubre.
Newmont y Buenaventura están considerando planes para desarrollar Conga como una mina más pequeña de lo previsto inicialmente, el director general de Buenaventura , Roque Benavides, dijo a la prensa el 22 de mayo. La construcción de la mina depende de la obtención de apoyo político y de la comunidad, dijo.
Newmont subió un 0,8 por ciento a 24,88 dólares hoy en Nueva York y Buenaventura aumentó un 0,1 por ciento a 10,68 dólares.
Para contactar con el reportero en esta historia: John Quigley en Lima ajquigley8@bloomberg.net
Para ponerse en contacto con los editores responsables de esta historia: Andre SOLIANI enasoliani@bloomberg.net Randall Woods, Fred Strasser
Colombia: El antecedente en la CIDH (Caso Conga) que incomoda al proyecto minero La Colosa
Carlos Hernando Enciso, gerente de Asuntos Corporativos del proyecto minero La Colosa, aseguró que la compañía no tiene ninguna posición u opinión relacionada con una posible solicitud de medidas cautelares ante la CIDH.
Luego de que se conociera la pretensión de la Administración seccional, la Personería de Ibagué y otras organizaciones de llevar hasta instancias internacionales la discusión sobre la conveniencia del proyecto minero La Colosa, existe un precedente que podría ser clave para ese propósito.
Se trata del megaproyecto minero Conga, que se desarrolla en zona de influencia de Cajamarca, Perú, población que de manera coincidente, lleva el mismo nombre de la ‘Despensa agrícola de Colombia’.
Representantes del movimiento Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, en esa población Inca, solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, la protección de 46 líderes que se oponen al desarrollo de actividades mineras en su territorio.
La solicitud efectuada en 2011 generó sus frutos en mayo de este año, cuando la Cidh otorgó la medida cautelar a 46 líderes de la comunidad.
Ello obligó al estado peruano a ordenar medidas de protección para los opositores de la iniciativa, entre los que se encuentran población campesina e indígena.
Aunque el proyecto minero Conga se desarrolla a miles de kilómetros de la Cajamarca colombiana, la medida cautelar otorgada por la Comisión podría servir como asidero jurídico de los opositores al proyecto minero La Colosa, que se ubica a solo 14 kilómetros del casco urbano del municipio tolimense.
Panorama internacional
En una reunión efectuada entre el gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón; y el personero de Ibagué, Isaac Vargas, se determinaron los posibles efectos que, según ellos, generaría el proyecto que está en etapa de exploración.
Los dos funcionarios advirtieron que el proyecto de la multinacional Anglogold Ashanti (AGA) podría afectar las fuentes hídricas y el medio ambiente, y poner en riesgo la seguridad alimentaria de la región.
Las dos advertencias no representan una novedad, de hecho podrían parecer conclusiones trilladas si se revisan los antecedentes y la oposición que ha causado entre varios sectores de la ciudadanía tolimense el proyecto minero de AGA.
Sin embargo, las dos podrían servir como argumentos para la solicitud de medidas cautelares ante la Cidh, como opina Juan Diego Gómez Vásquez, secretario subregional de la Internacional de Servicios Públicos (PSI), una organización de carácter sindical.
Según él, quien estuvo en la reunión del Gobernador y el Personero, con la explotación en La Colosa se violarían derechos colectivos fundamentales, que incluye recursos tan preciados como el agua.
A eso, se suma el caso de la consulta popular de Piedras, que según Gómez Vásquez, “hace parte del derecho de la actividad pública para convocar consultas populares, en el que los ciudadanos deciden si es adecuado o no aceptar el proyecto”, lo cual podría ser materia de protección por la Comisión.
En términos generales, lo que se pretende es que esas posibles violaciones a los derechos de la población sean protegidos por la CIDH, mediante una medida cautelar, situación que según el líder, puede gestarse con base en el caso del proyecto Conga de Perú.
Pero para ello, el Secretario del PSI reconoce que el caso del proyecto en Cajamarca, Tolima debe ser analizado desde ámbitos más amplios, por lo que para octubre de este año se prevé organizar y llevar a cabo un Foro internacional.
En él, participarían representantes de comunidades que han tenido que convivir cerca de proyectos mineros a gran escala y a cielo abierto como está planteado en el proyecto minero de La Colosa.
“Lo que queremos es propiciar un intercambio de experiencias entre la resistencia y la lucha que han tenido que dar las comunidades organizadas de Cajamarca, Perú, y toda la región (Tolima)”, afirmó.
Medidas cautelares
De acuerdo con la definición de la Cidh, “lo que establece el Reglamento, en situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente, así como a personas que se encuentren bajo su jurisdicción, en forma independiente de cualquier petición o caso pendiente”. En cuanto a quienes pueden solicitar el mecanismo, la Cidh precisa que: “estas medidas podrán ser de naturaleza colectiva a fin de prevenir un daño irreparable a las personas debido a su vínculo con una organización, grupo o comunidad de personas determinadas o determinables”.
Estudiando el caso
Juan Diego Gómez Vásquez asegura que se está pendiente de analizar junto a algunos especialistas que han puesto casos ante la Cidh, el proceso para llevar ante la Comisión la situación de La Colosa.
Con respecto al caso específico del megaproyecto de AGA en el Cajamarca, el líder sindical afirmó que “hay varios derechos que están en juego”, y que darían lugar a presentar la solicitud ante la Cidh.
“El derecho fundamental al agua como derecho humano, el derecho a la seguridad alimentaria que se va a ver de alguna manera lesionada con el proyecto que tienen en La Colosa.
“Y el tercero, es el derecho de los pueblos de decidir por sí mismos, y que se tengan en cuenta ya decisiones tomadas por algunas comunidades, como en Piedras que le ha dicho ‘no’, mediante una consulta popular, al megaproyecto en la región”, explica Gómez Vásquez.
Y agregó que, “(...) la Comisión fácilmente puede estudiar esto, estos derechos fundamentales que están siendo violentados (...)”, aunque reconoció que no se tiene aún certeza de cómo y quién podría efectuar la solicitud de medidas cautelares, pero están explorando alternativas. Es de recordar, que de acuerdo con el reglamento de la CIDH (Ver medidas cautelares), cualquier ciudadano, comunidad, autoridad pública o ente puede solicitar ante el organismo la activación de ese mecanismo.
Un antecedente incómodo
Las comparaciones son odiosas, sin embargo, para Juan Diego Gómez Vásquez el caso del megaproyecto minero Conga de la empresa Yanacocha en Perú, no dista mucho del de La Colosa que se pretende ejecutar en el Tolima.
Aparte de afectar poblaciones que tienen el mismo nombre, Cajamarca, ambas iniciativas son de minería a gran escala y en ambos existe oposición de varios sectores de la comunidad.
De ahí parte la posibilidad planteada por Gómez Vásquez, quien opina que el caso de AGA en el Tolima no es exclusivo del Departamento, sino general, por lo cual, afirma, debe ser llevado a una discusión en escenarios mundiales.
En el caso del proyecto Conga, el líder resalta la unión y la organización de la comunidad con las autoridades públicas y las organizaciones sociales, para hacerle frente, según él, a los efectos nocivos que les ha generado el proyecto.
Y es que la petición formulada por el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú en diciembre de 2011, se registró por varios motivos, que hicieron posible el otorgamiento de la medida cautelar.
Entre ellos, se enumeran una serie de agresiones contra los ‘antimineros’, como son denominados en Perú los opositores al proyecto minero Conga.
La CIDH, en su Resolución 9/2014, del 5 de mayo de 2014, que determina la medida cautelar, señala que la comunidad (campesinos e indígenas) que se ha opuesto al proyecto, se encuentra en “situación de riesgo”.
De acuerdo con el organismo con sede en Washington, en el caso del megaproyecto minero Conga, se cumplen tres requisitos fundamentales para otorgar la medida cautelar: gravedad, urgencia e irreparabilidad.
En el documento se habla de “continuos ciclos de amenazas, hostigamientos y actos de violencia que los líderes y lideresas identificados estarían recibiendo”.
Asimismo, la Cidh en la Resolución considera que el requisito de urgencia se cumple “en la medida que los alegados factores de riesgo se han mantenido activos y han aumentado con el transcurso del tiempo”.
En referencia al tercer requisito, el de irreparabilidad, la Comisión estima que también se cumple, debido a “la posible afectación al derecho a la vida e integridad personal constituye la máxima situación de irreparabilidad”.
¿Puede parar ‘la locomotora’?
No obstante, y aunque para los grupos opositores del proyecto Conga fue un éxito el fallo de la Comisión, habría que mirar si un fallo de la Cidh puede ‘parar’ o evitar que un proyecto como el de La Colosa no se ejecute.
En el caso del megaproyecto minero Conga, no solo se solicitó la protección de las comunidades que se oponen a la extracción de oro, plata y cobre, en Cajamarca.
También se pidió la protección del territorio ancestral de las comunidades y rondas campesinas de la provincia de Cajamarca, Celendín y Bambamarca, y esa solicitud efectuada ante la CIDH en 2012, sigue su trámite por otra vía.
Así las cosas, la Comisión no ha tomado una decisión acerca de esa petición, con la que se exigiría al estado peruano que no otorgue los permisos para la continuación del proyecto Conga, que podría ser cancelado.
Eso, en últimas, constituye el tema de fondo en el conflicto minero de Cajamarca (Perú), porque es el objetivo que persiguen los denomina dos antimineros peruanos. En cuanto al caso del proyecto La Colosa, por ahora se están pensando en solicitar medidas ca utelares para la protección de los derechos colectivos de las comunidades que se oponen a la iniciativa de AGA.
Pero así como en Cajamarca, Perú, habría que esperar si una solicitud que contenga la protección de recursos como el agua, y el resguardo de la seguridad alimentaria y el medio ambiente, podría por ende ‘parar’ la ejecución de un proyecto minero a gran escala.
La Colosa está catalogada como uno de los 10 proyectos mineros más grandes del mundo, con el que se prevé la explotación de una reserva de oro que supera los 35 millones de onzas.
Según Gómez Vásquez, las medidas cautelares no detendrían de forma definitiva la posible explotación de La Colosa, pero sí obligaría al Gobierno a repensar el proyecto.
Y, de manera adicional, opina que propiciaría que las comunidades formularan una propuesta que permita armonizar el desarrollo económico con los derechos colectivos: agua, seguridad alimentaria y el derecho a decidir si desean o no la ejecución de proyectos como el planteado para La Colosa.
“No estamos en una postura paquidérmica que estanque el desarrollo económico, necesitamos que el desarrollo económico esté armonizado con los derechos colectivos e individuales”, añade el Secretario.
Por ahora, lo único cierto es que una solicitud ante la Cidh es cada vez más factible en el caso de La Colosa, debido a antecedentes como los del Perú. Sin embargo, habría que esperar si un fallo de ese organismo puede detener el embate de un proyecto que es impulsado por la denominada ‘locomotora minera’, que es una de las banderas mejor cuidadas dentro de la actual política económica del Gobierno nacional.
Fuente: El Nuevo Dia - http://m.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/223450-el-antecedente-en-la-cidh-que-incomoda-al-proyecto-minero-la-colosa
Luego de que se conociera la pretensión de la Administración seccional, la Personería de Ibagué y otras organizaciones de llevar hasta instancias internacionales la discusión sobre la conveniencia del proyecto minero La Colosa, existe un precedente que podría ser clave para ese propósito.
Se trata del megaproyecto minero Conga, que se desarrolla en zona de influencia de Cajamarca, Perú, población que de manera coincidente, lleva el mismo nombre de la ‘Despensa agrícola de Colombia’.
Representantes del movimiento Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, en esa población Inca, solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, la protección de 46 líderes que se oponen al desarrollo de actividades mineras en su territorio.
La solicitud efectuada en 2011 generó sus frutos en mayo de este año, cuando la Cidh otorgó la medida cautelar a 46 líderes de la comunidad.
Ello obligó al estado peruano a ordenar medidas de protección para los opositores de la iniciativa, entre los que se encuentran población campesina e indígena.
Aunque el proyecto minero Conga se desarrolla a miles de kilómetros de la Cajamarca colombiana, la medida cautelar otorgada por la Comisión podría servir como asidero jurídico de los opositores al proyecto minero La Colosa, que se ubica a solo 14 kilómetros del casco urbano del municipio tolimense.
Panorama internacional
En una reunión efectuada entre el gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón; y el personero de Ibagué, Isaac Vargas, se determinaron los posibles efectos que, según ellos, generaría el proyecto que está en etapa de exploración.
Los dos funcionarios advirtieron que el proyecto de la multinacional Anglogold Ashanti (AGA) podría afectar las fuentes hídricas y el medio ambiente, y poner en riesgo la seguridad alimentaria de la región.
Las dos advertencias no representan una novedad, de hecho podrían parecer conclusiones trilladas si se revisan los antecedentes y la oposición que ha causado entre varios sectores de la ciudadanía tolimense el proyecto minero de AGA.
Sin embargo, las dos podrían servir como argumentos para la solicitud de medidas cautelares ante la Cidh, como opina Juan Diego Gómez Vásquez, secretario subregional de la Internacional de Servicios Públicos (PSI), una organización de carácter sindical.
Según él, quien estuvo en la reunión del Gobernador y el Personero, con la explotación en La Colosa se violarían derechos colectivos fundamentales, que incluye recursos tan preciados como el agua.
A eso, se suma el caso de la consulta popular de Piedras, que según Gómez Vásquez, “hace parte del derecho de la actividad pública para convocar consultas populares, en el que los ciudadanos deciden si es adecuado o no aceptar el proyecto”, lo cual podría ser materia de protección por la Comisión.
En términos generales, lo que se pretende es que esas posibles violaciones a los derechos de la población sean protegidos por la CIDH, mediante una medida cautelar, situación que según el líder, puede gestarse con base en el caso del proyecto Conga de Perú.
Pero para ello, el Secretario del PSI reconoce que el caso del proyecto en Cajamarca, Tolima debe ser analizado desde ámbitos más amplios, por lo que para octubre de este año se prevé organizar y llevar a cabo un Foro internacional.
En él, participarían representantes de comunidades que han tenido que convivir cerca de proyectos mineros a gran escala y a cielo abierto como está planteado en el proyecto minero de La Colosa.
“Lo que queremos es propiciar un intercambio de experiencias entre la resistencia y la lucha que han tenido que dar las comunidades organizadas de Cajamarca, Perú, y toda la región (Tolima)”, afirmó.
Medidas cautelares
De acuerdo con la definición de la Cidh, “lo que establece el Reglamento, en situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente, así como a personas que se encuentren bajo su jurisdicción, en forma independiente de cualquier petición o caso pendiente”. En cuanto a quienes pueden solicitar el mecanismo, la Cidh precisa que: “estas medidas podrán ser de naturaleza colectiva a fin de prevenir un daño irreparable a las personas debido a su vínculo con una organización, grupo o comunidad de personas determinadas o determinables”.
Estudiando el caso
Juan Diego Gómez Vásquez asegura que se está pendiente de analizar junto a algunos especialistas que han puesto casos ante la Cidh, el proceso para llevar ante la Comisión la situación de La Colosa.
Con respecto al caso específico del megaproyecto de AGA en el Cajamarca, el líder sindical afirmó que “hay varios derechos que están en juego”, y que darían lugar a presentar la solicitud ante la Cidh.
“El derecho fundamental al agua como derecho humano, el derecho a la seguridad alimentaria que se va a ver de alguna manera lesionada con el proyecto que tienen en La Colosa.
“Y el tercero, es el derecho de los pueblos de decidir por sí mismos, y que se tengan en cuenta ya decisiones tomadas por algunas comunidades, como en Piedras que le ha dicho ‘no’, mediante una consulta popular, al megaproyecto en la región”, explica Gómez Vásquez.
Y agregó que, “(...) la Comisión fácilmente puede estudiar esto, estos derechos fundamentales que están siendo violentados (...)”, aunque reconoció que no se tiene aún certeza de cómo y quién podría efectuar la solicitud de medidas cautelares, pero están explorando alternativas. Es de recordar, que de acuerdo con el reglamento de la CIDH (Ver medidas cautelares), cualquier ciudadano, comunidad, autoridad pública o ente puede solicitar ante el organismo la activación de ese mecanismo.
Un antecedente incómodo
Las comparaciones son odiosas, sin embargo, para Juan Diego Gómez Vásquez el caso del megaproyecto minero Conga de la empresa Yanacocha en Perú, no dista mucho del de La Colosa que se pretende ejecutar en el Tolima.
Aparte de afectar poblaciones que tienen el mismo nombre, Cajamarca, ambas iniciativas son de minería a gran escala y en ambos existe oposición de varios sectores de la comunidad.
De ahí parte la posibilidad planteada por Gómez Vásquez, quien opina que el caso de AGA en el Tolima no es exclusivo del Departamento, sino general, por lo cual, afirma, debe ser llevado a una discusión en escenarios mundiales.
En el caso del proyecto Conga, el líder resalta la unión y la organización de la comunidad con las autoridades públicas y las organizaciones sociales, para hacerle frente, según él, a los efectos nocivos que les ha generado el proyecto.
Y es que la petición formulada por el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú en diciembre de 2011, se registró por varios motivos, que hicieron posible el otorgamiento de la medida cautelar.
Entre ellos, se enumeran una serie de agresiones contra los ‘antimineros’, como son denominados en Perú los opositores al proyecto minero Conga.
La CIDH, en su Resolución 9/2014, del 5 de mayo de 2014, que determina la medida cautelar, señala que la comunidad (campesinos e indígenas) que se ha opuesto al proyecto, se encuentra en “situación de riesgo”.
De acuerdo con el organismo con sede en Washington, en el caso del megaproyecto minero Conga, se cumplen tres requisitos fundamentales para otorgar la medida cautelar: gravedad, urgencia e irreparabilidad.
En el documento se habla de “continuos ciclos de amenazas, hostigamientos y actos de violencia que los líderes y lideresas identificados estarían recibiendo”.
Asimismo, la Cidh en la Resolución considera que el requisito de urgencia se cumple “en la medida que los alegados factores de riesgo se han mantenido activos y han aumentado con el transcurso del tiempo”.
En referencia al tercer requisito, el de irreparabilidad, la Comisión estima que también se cumple, debido a “la posible afectación al derecho a la vida e integridad personal constituye la máxima situación de irreparabilidad”.
¿Puede parar ‘la locomotora’?
No obstante, y aunque para los grupos opositores del proyecto Conga fue un éxito el fallo de la Comisión, habría que mirar si un fallo de la Cidh puede ‘parar’ o evitar que un proyecto como el de La Colosa no se ejecute.
En el caso del megaproyecto minero Conga, no solo se solicitó la protección de las comunidades que se oponen a la extracción de oro, plata y cobre, en Cajamarca.
También se pidió la protección del territorio ancestral de las comunidades y rondas campesinas de la provincia de Cajamarca, Celendín y Bambamarca, y esa solicitud efectuada ante la CIDH en 2012, sigue su trámite por otra vía.
Así las cosas, la Comisión no ha tomado una decisión acerca de esa petición, con la que se exigiría al estado peruano que no otorgue los permisos para la continuación del proyecto Conga, que podría ser cancelado.
Eso, en últimas, constituye el tema de fondo en el conflicto minero de Cajamarca (Perú), porque es el objetivo que persiguen los denomina dos antimineros peruanos. En cuanto al caso del proyecto La Colosa, por ahora se están pensando en solicitar medidas ca utelares para la protección de los derechos colectivos de las comunidades que se oponen a la iniciativa de AGA.
Pero así como en Cajamarca, Perú, habría que esperar si una solicitud que contenga la protección de recursos como el agua, y el resguardo de la seguridad alimentaria y el medio ambiente, podría por ende ‘parar’ la ejecución de un proyecto minero a gran escala.
La Colosa está catalogada como uno de los 10 proyectos mineros más grandes del mundo, con el que se prevé la explotación de una reserva de oro que supera los 35 millones de onzas.
Según Gómez Vásquez, las medidas cautelares no detendrían de forma definitiva la posible explotación de La Colosa, pero sí obligaría al Gobierno a repensar el proyecto.
Y, de manera adicional, opina que propiciaría que las comunidades formularan una propuesta que permita armonizar el desarrollo económico con los derechos colectivos: agua, seguridad alimentaria y el derecho a decidir si desean o no la ejecución de proyectos como el planteado para La Colosa.
“No estamos en una postura paquidérmica que estanque el desarrollo económico, necesitamos que el desarrollo económico esté armonizado con los derechos colectivos e individuales”, añade el Secretario.
Por ahora, lo único cierto es que una solicitud ante la Cidh es cada vez más factible en el caso de La Colosa, debido a antecedentes como los del Perú. Sin embargo, habría que esperar si un fallo de ese organismo puede detener el embate de un proyecto que es impulsado por la denominada ‘locomotora minera’, que es una de las banderas mejor cuidadas dentro de la actual política económica del Gobierno nacional.
Fuente: El Nuevo Dia - http://m.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/223450-el-antecedente-en-la-cidh-que-incomoda-al-proyecto-minero-la-colosa
25 junio, 2014
[OPINION] GOYO EN CANA, ¿CONGA VA?
Hoy se dictó el mandato de detención preventiva contra Gregorio Santos por 14 meses. ¿Cuál es el caso por el que Goyo pasará una temporada en prisión? Del archivo de La República, que no es precisamente un medio pro Yanacocha:
Ojo que el caso ya tiene bastante tiempo investigándose y hoy, durante la audiencia, se presentó bastante evidencia. Y si bien es cierto que las suspicacias se ponen a la orden cuando vemos que el asesor de Nadine Heredia es bastante amigo del gerente de Yanacocha, también resulta cierto que a Santos le han impuesto la misma medida preventiva que a otros 3 presidentes regionales (dos en prisión, uno prófugo).
Pero antes que comiencen a descorchar el Moet Chandon en Yanacocha, hay dos atingencias que hacer.
La primera es que, dado que no tiene sentencia firme, Gregorio Santos puede postular aún estando en prisión. Es más, hasta puede ganar. De hecho, ya tuvimos un caso similar en Madre de Dios hace algunos años. Y aquí la campaña en Cajamarca puede variar en su escenario, con un Goyo que tranquilamente puede victimizarse. Para complicar las cosas, el arma de la acusación de corrupción podría ser neutralizada, debido a que sus principales competidores son Absalón Vásquez - cuya trayectoria no requiere mayores comentarios - y Osías Ramírez, quien representa orgánicamente al fujimorismo. A menos, claro está, que en el lado zurdo decidan reemplazar a Santos por otro de los líderes opositores a Conga.
El segundo problema es que, incluso con Goyo en prisión, el proyecto Conga sigue siendo inviable. De un lado, por cuestiones económicas, dado que el precio actual del cobre no logra sostener la inversión que haría la empresa - incluyendo la construcción de reservorios en lugar de las cuatro lagunas que se bajarían -. Y, de otro lado, porque el problema de fondo subsiste: la desconfianza de buena parte de los cajamarquinos en Yanacocha. De hecho, en las últimas semanas se presentaron audios sobre presuntos acercamientos entre consejeros regionales y Yanacocha para financiar actividades políticas. Amen de todo el cerro de errores que la empresa ha cometido durante los últimos 20 años.
Para completar la mala imagen de la empresa, Yanacocha ha aparecido detrás de dos movidas bastante complicadas en contra de derechos fundamentales: intentos para acotar lo más posible la aplicación de la Ley de Consulta Previa y también detrás de cortarle facultades a la OEFA como parte del paquete ambiental (que solo ha pasado por la Comisión de Economía del Congreso y lo aprobaron rapidito nomás - ahí si no hay fútbol que valga -). De hecho, como cuentan en La Mula, hasta Pulgar - Vidal se está mechando con la controvertida empresa:
Así las cosas, puede que Goyo hasta sea condenado, pero, ni con esas la empresa minera podría ver su proyecto avanzar. Mientras, Cajamarca espera un mejor gobierno (nacional y regional) para los siguientes años.
(Foto: La República)
Según el requerimiento fiscal, al que ha tenido acceso La República, Santos sería la cabeza de una organización criminal que benefició con la adjudicación de 11 obras de infraestructura pública por 130 millones de soles, desde el año 2011.De acuerdo con el reporte del organismo de control, Gregorio Santos dispuso latransferencia de 600 millones de soles a Prorregión para ejecutar obras públicas, entre ellas 11 que se entregaron a las empresas de Wilson Vallejos.
En el 2013, la Contraloría General de la República aplicó una acción de fiscalización de las actividades del Gobierno Regional de Cajamarca en el periodo 2011-2012. Como resultado, detectó una concertación entre autoridades y funcionarios del Gobierno Regional de Cajamarca con los proveedores de este organismo para obtener supuestos beneficios ilegales.
Santos y sus colaboradores deberán responder por los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho, colusión, falsificación de documentos y falsa declaración en procedimientos administrativos, entre otros.
(…)
Ojo que el caso ya tiene bastante tiempo investigándose y hoy, durante la audiencia, se presentó bastante evidencia. Y si bien es cierto que las suspicacias se ponen a la orden cuando vemos que el asesor de Nadine Heredia es bastante amigo del gerente de Yanacocha, también resulta cierto que a Santos le han impuesto la misma medida preventiva que a otros 3 presidentes regionales (dos en prisión, uno prófugo).
Pero antes que comiencen a descorchar el Moet Chandon en Yanacocha, hay dos atingencias que hacer.
La primera es que, dado que no tiene sentencia firme, Gregorio Santos puede postular aún estando en prisión. Es más, hasta puede ganar. De hecho, ya tuvimos un caso similar en Madre de Dios hace algunos años. Y aquí la campaña en Cajamarca puede variar en su escenario, con un Goyo que tranquilamente puede victimizarse. Para complicar las cosas, el arma de la acusación de corrupción podría ser neutralizada, debido a que sus principales competidores son Absalón Vásquez - cuya trayectoria no requiere mayores comentarios - y Osías Ramírez, quien representa orgánicamente al fujimorismo. A menos, claro está, que en el lado zurdo decidan reemplazar a Santos por otro de los líderes opositores a Conga.
El segundo problema es que, incluso con Goyo en prisión, el proyecto Conga sigue siendo inviable. De un lado, por cuestiones económicas, dado que el precio actual del cobre no logra sostener la inversión que haría la empresa - incluyendo la construcción de reservorios en lugar de las cuatro lagunas que se bajarían -. Y, de otro lado, porque el problema de fondo subsiste: la desconfianza de buena parte de los cajamarquinos en Yanacocha. De hecho, en las últimas semanas se presentaron audios sobre presuntos acercamientos entre consejeros regionales y Yanacocha para financiar actividades políticas. Amen de todo el cerro de errores que la empresa ha cometido durante los últimos 20 años.
Para completar la mala imagen de la empresa, Yanacocha ha aparecido detrás de dos movidas bastante complicadas en contra de derechos fundamentales: intentos para acotar lo más posible la aplicación de la Ley de Consulta Previa y también detrás de cortarle facultades a la OEFA como parte del paquete ambiental (que solo ha pasado por la Comisión de Economía del Congreso y lo aprobaron rapidito nomás - ahí si no hay fútbol que valga -). De hecho, como cuentan en La Mula, hasta Pulgar - Vidal se está mechando con la controvertida empresa:
El ministro informa que Yanacocha -cuyo accionista principal es Buenaventura, capitaneada por Roque Benavides- ha presentado una acción de amparo destinada a eliminar el aporte por regulación, una alicuota que pagan las empresas de los sectores minería y energía para el funcionamiento del OEFA. “Yanacocha ha presentado una acción de amparo ante el Poder Judicial argumentando que ese aporte tiene carácter confiscatorio”, contó Pulgar Vidal. Se trata de “cerrarle el caño” al OEFA. “Buscan desaparecer al OEFA y como gobierno no lo permitiremos”, ha insistido días después Pulgar Vidal.A agosto de 2013, Yanacocha fue, con cinco procesos por incumplimiento de límites máximos permisibles o a sus instrumentos de gestión ambiental, la segunda empresa más sancionada por OEFA.
Así las cosas, puede que Goyo hasta sea condenado, pero, ni con esas la empresa minera podría ver su proyecto avanzar. Mientras, Cajamarca espera un mejor gobierno (nacional y regional) para los siguientes años.
(Foto: La República)
Fuente: Desde El Tercer Piso - http://www.desdeeltercerpiso.com/2014/06/goyo-en-cana-%C2%BFconga-va/
ULTIMO MINUTO: Gregorio Santos pasará 14 meses en prisión preventiva
Jueza Mercedes Caballero acogió pedido de la fiscalía de prisión preventiva por 14 meses para Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca, al considerar que si hay peligro de fuga por la gravedad de la pena que recibiría.
Luego del dictamen de la jueza, personal de la policía se acercó rápidamente donde se encontraba Santos, quien levantó los brazos antes de ser retirado a la fuerza de la sala.
Durante la audiencia, que se inició poco después de las 9 de la mañana, el fiscal Walter Delgado presentó un material que sería la prueba de los actos de corrupción que pesan sobre Santos. En esta grabación se puede oír una conversación, según un testigo, entre Gregorio Santos Guerrero, Gilmer Idrogo Cruzado y Percy Flores del Castillo.
Gregorio Santos, quien es acusado por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho y colusión agravada contra el Estado, deberá permanecer 14 meses en prisión. Hasta el momento no se conoce a que centro penitenciario será trasladado.
(Foto: Twitter / @Caligari_Macs)
Fuente: Espacio 360 - http://espacio360.pe/noticia/actualidad/detenido-ordenan-prision-preventiva-para-gregorio-santos-0a0d#.U6ssDfl5MSN
NOCHE MOTORIZADA CON LA MANO DERECHA DE NADINE Y EL GERENTE DE YANACOCHA
Javier Velarde y “Coco” Salazar. Foto: Facebook
Estos días un polémico paquete de medidas para la reactivación de la economía está siendo discutido en el Congreso. Uno de los principales afectados es el Ministerio del Ambiente. En medio del debate, el propio ministro Manuel Pulgar Vidal ha señalado que la minera Yanacocha “intenta desaparecer” a la OEFA, el organismo fiscalizador del MinAm.
¿Tan grave está la cosa como para que el ministro de Ambiente se haya enfrentado directamente a Yanacocha? Al parecer sí.
En este contexto, es hora de echarle una mirada a Facebook.
Dos amigos pasean en moto
Jorge ‘Coco’ Salazar es uno de los hombres más importantes de Nadine Heredia. Aunque él diga que se trata de un mito más que de una realidad, lo cierto es que en Palacio su importancia y efectividad son más que conocidas.
Jorge Salazar, junto a Roxana Altuna, fueron quienes conversaron con Isabel Miró Quesada, la editora de la revista Cosas, para solicitarle que ciertas partes de la famosa entrevista a Nadine no se publiquen. La posición de “Coco” –como lo conocen sus amigos periodistas– al lado de la Primera Dama es privilegiada.
– Lo que pasa es que me han visto en más eventos públicos con ella que con el presidente –nos dijo. Todo es un mito, insiste.
Para alimentar el mito de ser un hombre todoterreno, hay personas que aseguran haberlo visto salir de Palacio de Gobierno, en la madrugada, manejando una Harley-Davidson a toda velocidad, rumbo a Barranco.
Coco y Javier hacen un alto en la carretera para una foto. Foto: Facebook.
Javier Velarde es el Gerente General de Yanacocha. También es el responsable de Asuntos Corporativos y Vice Presidente de Newmont.
Velarde es, además, uno de los más íntimos amigos del asesor de Nadine Heredia. Ambos pasaron juntos la fiesta de Año Nuevo y cada cierto tiempo se reúnen para disfrutar de alguna paella en un almuerzo familiar. Sin embargo, lo que más comparten es el amor por las Harley-Davidson.
Otra foto de Facebook.
Salazar y Velarde pertenecen a un grupo de aficionados a estas lujosas motocicletas que suelen dejarse ver por las calles limeñas del sur de la ciudad.
Todo indica que su amistad es más fuerte que nunca.
24 junio, 2014
Perú: Ampliar las “políticas y prácticas” del Gral. Urresti puede acrecentar conflictividad social
La CNDDHH recordó que gestión de Urresti fue represiva y autoritaria en Madre de Dios
Servindi, 24 de junio, 2014.- Replicar a nivel nacional “las políticas y prácticas encabezadas por el General EP (r) Daniel Urresti en Madre de Dios puede conllevar consecuencias dramáticas para los derechos humanos de la población, y acrecentar la conflictividad social en el país”.
Así lo advirtió un pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en referencia al nuevo ministro del Interior designado el 23 de junio por el presidente Ollanta Humala Tasso.
Recordó que durante su gestión como Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería “se han cometido graves violaciones de los derechos humanos en Madre de Dios”.
Asimismo, se ha desarrollado una acción “fuertemente represiva y autoritaria, en vez de priorizar acciones pacíficas o disuasivas y generar alternativas económicas para las miles de familias involucradas”.
La Coordinadora observó que el gobierno está tomando decisiones “que no coadyuvan a fortalecer la institucionalidad democrática del país, priorizando los resultados sobre las estrategias”.
Apuntó también que dichos cambios gubernamentales se vinculan con el paquete de normas para promover las inversiones y el crecimiento económico que se pretende aprobar esta semana en el Congreso de la República.
La Coordinadora lamenta la renuncia de Walter Albán como Ministro del Interior cuya gestión tuvo una clara vocación por la erradicación de la corrupción y el diálogo con la sociedad civil.
La entidad civil al presidente Ollanta Humala su preocupación desde el ámbito del respeto a los derechos humanos y a los convenios internacionales ante la posibilidad de que esta nueva designación “pueda implicar un retroceso en el ámbito de la criminalización de la protesta social y el uso abusivo de la fuerza”.
Consideran que la tarea de Ministro del Interior en este contexto electoral de cara a los diferentes conflictos sociales regionales, requiere de una labor sumamente delicada en el ámbito de la seguridad ciudadana, dentro del respeto irrestricto a los derechos humanos, y en el marco de una relación de respeto y colaboración con la sociedad civil.
Pronunciamiento
Nos preocupa nombramiento del General Daniel Urresti en el Ministerio del Interior
Ante los anunciados cambios en las carteras de Relaciones Exteriores, Vivienda y Construcción y del Interior, la CNDDHH señala a la opinión pública lo siguiente:
1. Consideramos que los cambios gubernamentales planteados ad portas de la discusión del paquete de cambios normativos para la promoción de las inversiones y el crecimiento económico en el Congreso de la República están obviamente vinculados y que se está tomando decisiones que no coadyuvan a fortalecer la institucionalidad democrática del país, priorizando los resultados sobre las estrategias.
2. En ese sentido, cuestionamos la idoneidad de General EP (r) Daniel Urresti para asumir el cargo de Ministro del Interior, por cuanto durante su gestión como Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería se han cometido graves violaciones de los derechos humanos en Madre de Dios, y se ha desarrollado una acción fuertemente represiva y autoritaria, en vez de priorizar acciones pacíficas o disuasivas y generar alternativas económicas para las miles de familias involucradas.
3. El General EP (r) Daniel Urresti, además, ha mantenido una actitud poco dialogante y despectiva hacia las organizaciones de la sociedad civil, comunicadores y organismos de derechos humanos, conducta que coincide con la de sectores autoritarios del país.
4. En los próximos días la CNDDHH publicará el informe resultado de una misión de investigación que viajó a las zonas de interdicción en Madre de Dios durante el mes de junio sobre la situación de los derechos humanos en este contexto. La investigación nos ha permitido constatar la perpetración de graves violaciones de derechos humanos incluyendo:
- la ejecución extrajudicial del manifestante Américo Laura Pizarro (Mazuko 7 de abril de 2014)
- torturas y detenciones arbitrarias
- allanamientos de viviendas
- amenazas a periodistas
- uso abusivo de la fuerza contra la población afectando a escolares, mujeres, personas de la tercera edad, así como a manifestantes que huían o protestaban pacíficamente.
5. Por todo ello, consideramos que la réplica a nivel nacional de las políticas y prácticas encabezadas por el General EP (r) Daniel Urresti en Madre de Dios puede conllevar consecuencias dramáticas para los derechos humanos de la población, y acrecentar la conflictividad social en el país.
6. Finalmente lamentamos la renuncia de Walter Albán como Ministro del Interior. Su gestión ha mantenido una vocación por la erradicación de la corrupción y el diálogo con la sociedad civil que son componentes imprescindibles en la lucha contra la inseguridad ciudadana y por una sociedad auténticamente democrática.
Por todo lo expresado, nos dirigimos al Presidente de la República Ollanta Humala Tasso, para comunicarle nuestra preocupación desde el ámbito del respeto a los derechos humanos y a los convenios internacionales ratificados por el Estado peruano, ante la posibilidad de que esta nueva designación del General EP (r) Daniel Urresti pueda implicar un retroceso en el ámbito de la criminalización de la protesta social y el uso abusivo de la fuerza. Consideramos que la tarea de Ministro del Interior en este contexto electoral de cara a los diferentes conflictos sociales regionales, requiere de una labor sumamente delicada en el ámbito de la seguridad ciudadana, de la protección de los ciudadanos peruanos, dentro del respeto irrestricto a los derechos humanos, y en el marco de una relación de respeto y colaboración con la sociedad civil, en la búsqueda de un país más seguro y justo para todos los peruanos y peruanas.
23 de junio de 2014
Secretaría Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Fuente: SERVINDI - http://servindi.org/actualidad/107382
[PRONUNCIAMIENTO] Nos preocupa nombramiento del General Daniel Urresti en el Ministerio del Interior
PRONUNCIAMIENTO
Nos preocupa nombramiento del General Daniel Urresti en el Ministerio del Interior
Ante los anunciados cambios en las carteras de Relaciones Exteriores, Vivienda y Construcción y del Interior, la CNDDHH señala a la opinión pública lo siguiente:
1. Consideramos que los cambios gubernamentales planteados ad portas de la discusión del paquete de cambios normativos para la promoción de las inversiones y el crecimiento económico en el Congreso de la República están obviamente vinculados y que se está tomando decisiones que no coadyuvan a fortalecer la institucionalidad democrática del país, priorizando los resultados sobre las estrategias.
2. En ese sentido, cuestionamos la idoneidad de General EP (r) Daniel Urresti para asumir el cargo de Ministro del Interior, por cuanto durante su gestión como Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería se han cometido graves violaciones de los derechos humanos en Madre de Dios, y se ha desarrollado una acción fuertemente represiva y autoritaria, en vez de priorizar acciones pacificas o disuasivas y generar alternativas económicas para las miles de familias involucradas.
3. El General EP (r) Daniel Urresti, además, ha mantenido una actitud poco dialogante y despectiva hacia las organizaciones de la sociedad civil, comunicadores y organismos de derechos humanos, conducta que coincide con la de sectores autoritarios del país.
4. En los próximos días la CNDDHH publicará el informe resultado de una misión de investigación que viajó a las zonas de interdicción en Madre de Dios durante el mes de junio sobre la situación de los derechos humanos en este contexto. La investigación nos ha permitido constatar la perpetración de graves violaciones de derechos humanos incluyendo:
- la ejecución extrajudicial del manifestante Américo Laura Pizarro (Mazuko 7 de abril de 2014)
- torturas y detenciones arbitrarias
- allanamientos de viviendas
- amenazas a periodistas
- uso abusivo de la fuerza contra la población afectando a escolares, mujeres, personas de la tercera edad, así como a manifestantes que huían o protestaban pacíficamente.
La consecuencia de ello es que varias personas resultaron gravemente lesionadas, algunas estuvieron hospitalizadas, además de producirse diversas afectaciones de manera injustificada a la propiedad formal, dinamitando equipos paralizados de mineros que se encontraban en proceso de formalización y otros equipos no vinculados a la actividad minera como camionetas o canoas.
5. Por todo ello, consideramos que la réplica a nivel nacional de las políticas y prácticas encabezadas por el General EP (r) Daniel Urresti en Madre de Dios puede conllevar consecuencias dramáticas para los derechos humanos de la población, y acrecentar la conflictividad social en el país.
6. Finalmente lamentamos la renuncia de Walter Albán como Ministro del Interior. Su gestión ha mantenido una vocación por la erradicación de la corrupción y el diálogo con la sociedad civil que son componentes imprescindibles en la lucha contra la inseguridad ciudadana y por una sociedad auténticamente democrática.
Por todo lo expresado, nos dirigimos al Presidente de la República Ollanta Humala Tasso, para comunicarle nuestra preocupación desde el ámbito del respeto a los derechos humanos y a los convenios internacionales ratificados por el Estado peruano, ante la posibilidad de que esta nueva designación del General EP (r) Daniel Urresti pueda implicar un retroceso en el ámbito de la criminalización de la protesta social y el uso abusivo de la fuerza. Consideramos que la tarea de Ministro del Interior en este contexto electoral de cara a los diferentes conflictos sociales regionales, requiere de una labor sumamente delicada en el ámbito de la seguridad ciudadana, de la protección de los ciudadanos peruanos, dentro del respeto irrestricto a los derechos humanos, y en el marco de una relación de respeto y colaboración con la sociedad civil, en la búsqueda de un país más seguro y justo para todos los peruanos y peruanas.
23 de junio de 2014
Secretaría Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
20 junio, 2014
Perú: 5 Datos para entender cómo el gobierno está recortando al Ministerio del Ambiente
Esto es lo que pasa mientras vemos el Mundial:
Hace una semana, el presidente Humala anunció que en el Consejo de Ministros se aprobó un paquete de medidas para reactivar la economía peruana, que serán enviados al Congreso. Sin embargo, se conoció que el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, votó en contra de estas medidas propuestas por el MEF. Los rumores decían, incluso, que se encontraba al borde de la renuncia. ¿Por qué?
Hace una semana, el presidente Humala anunció que en el Consejo de Ministros se aprobó un paquete de medidas para reactivar la economía peruana, que serán enviados al Congreso. Sin embargo, se conoció que el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, votó en contra de estas medidas propuestas por el MEF. Los rumores decían, incluso, que se encontraba al borde de la renuncia. ¿Por qué?
Iván Lanegra, exviceministro de Interculturalidad, ha realizado un análisis al respecto. Cada uno de los puntos podría aclararnos las razones por las que Pulgar-Vidal no está nada contento con este paquete de medidas. Veamos.
1. Reducción de las multas de la OEFA
¿Qué es la OEFA? Basta con decir esto: la OEFA ha sido visto como una amenaza para ciertas empresas que ya han sido sancionadas por atentar contra el medio ambiente. Y ahora, como explica Noticias SER, las medidas reducen las competencias del Minam en relación a las labores de fiscalización de la OEFA. El análisis de Lanegra precisa un poco más este punto:
2. El Minam ya no creará Zonas Reservadas
Primero, ¿qué cosa es una Zona Reservada? Se trata de una categoría temporal, que se otorga a un área para ser protegida mientras se estudia si debe ser considerada Área Natural Protegida. Hasta el momento, el Minam era el encargado de crearlas, pero con el paquete de medidas todo cambia:
1. Reducción de las multas de la OEFA
¿Qué es la OEFA? Basta con decir esto: la OEFA ha sido visto como una amenaza para ciertas empresas que ya han sido sancionadas por atentar contra el medio ambiente. Y ahora, como explica Noticias SER, las medidas reducen las competencias del Minam en relación a las labores de fiscalización de la OEFA. El análisis de Lanegra precisa un poco más este punto:
Por 3 años el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA deberá sancionar excepcionalmente. Si lo hace, deberá recurrir a medidas correctivas (no deberá multar). Solo si estas no se cumplen, podrá multar hasta por el 35% del máximo que podría imponer actualmente.A esto hay que sumarle que lo recaudado en multas irá directamente al Tesoro Público. Pero, ¿por qué este tipo de medidas? El Comercio señala que el reajuste se da en base a las críticas del sector minero-energético por su “desmedida severidad sancionadora”.
2. El Minam ya no creará Zonas Reservadas
Primero, ¿qué cosa es una Zona Reservada? Se trata de una categoría temporal, que se otorga a un área para ser protegida mientras se estudia si debe ser considerada Área Natural Protegida. Hasta el momento, el Minam era el encargado de crearlas, pero con el paquete de medidas todo cambia:
Las Zonas Reservadas (categoría transitoria, que se usa en tanto se realizan estudios para categorizar un Área Natural Protegida) se crearán mediante Decreto Supremo aprobado por el Consejo de Ministros. Hoy es función del Ministerio del Ambiente – MINAM (solo necesita Resolución Ministerial de la autoridad ambiental).Para el director de la SPDA, Pedro Solano, esta medida favorece a un grupo específico de empresas:
“Nos hemos reunido con los empresarios, el gremio y el Minam más de tres veces para explicarles esto. Es falso que sus derechos se vean afectados, pues la Ley de Áreas Protegidas dice expresamente que los derechos preexistentes se respetan. Están mintiendo y lo están haciendo porque a las empresas no les gusta que vaya a haber más ojos encima de sus operaciones”, dice Solano al advertir que de aprobarse la medida solo hará que los conflictos sociales se incrementen.Y aún hay más.
3. Solo 30 días para opinar sobre EIA
El paquete también propone un plazo de 30 días para la emisión de las opiniones vinculantes y no vinculantes necesarias para aprobar un EIA (Estudio de Impacto Ambiental). ¿Qué pasa si se pasan de este tiempo? Lanegra tiene de nuevo la respuesta:
Aquí Pedro Solano sí tiene una opinión favorable; sin embargo, igual asegura que se menosprecia la importancia de los temas ambientales para promover las inversiones.
4. Análisis económico para los estándares de calidad ambiental
Existen dos herramientas para advertirnos de la contaminación, explica Lanegra:
A todo esto, el análisis de Lanegra agrega que “ni la Zonificación Económica Ecológica, ni el Ordenamiento Territorial asignarán usos ni exclusiones de uso“. Además, El Comercio indica que se incorpora un nuevo contrato de estabilidad tributaria a los proyectos mineros“con capacidad de producción inicial superior a las 15.000 toneladas métricas por día“.
Las críticas no se han hecho esperar. César Gamboa de DAR asegura que los procesos técnicos se volverán más políticos, ahora que el Consejo de Ministros decidirá. Por eso, más de 30 organizaciones civiles rechazan estas medidas.
El paquete también propone un plazo de 30 días para la emisión de las opiniones vinculantes y no vinculantes necesarias para aprobar un EIA (Estudio de Impacto Ambiental). ¿Qué pasa si se pasan de este tiempo? Lanegra tiene de nuevo la respuesta:
No hacerlo será falta grave y se sancionará al funcionario responsable. Si además dicha opinión técnica es además vinculante (es decir, no es posible aprobar el EIA sin una opinión favorable de la correspondiente entidad), el Titular de la entidad deberá opinar bajo responsabilidad.Lanegra dice también que “emitir opiniones técnicas vinculantes sobre los EIAs de gran complejidad en menos de 30 días es –al menos–una invitación al error“.
Aquí Pedro Solano sí tiene una opinión favorable; sin embargo, igual asegura que se menosprecia la importancia de los temas ambientales para promover las inversiones.
4. Análisis económico para los estándares de calidad ambiental
Existen dos herramientas para advertirnos de la contaminación, explica Lanegra:
- El ECA (Estándares de Calidad Ambiental) define cuándo el aire, el río o el suelo en el que vivimos están contaminados.
- El LMP (Límites Máximos Permisibles) define cuánta contaminación puede emitir cada empresa.
…sea el Consejo de Ministros, y no el Minam, el que decida en la creación de áreas reservadas y en la fijación de estándares de calidad ambiental (ECA) y límites máximos permisibles (LMP). Dichas medidas serán tomadas en consenso con los sectores involucrados y se refrendarán mediante decreto supremo.Para Isabel Calle, directora del programa de política y gestión ambiental de la SPDA, se está desconociendo con esta medida la autoridad ambiental del Minam:
De esta manera, se prevendría la creación de una nueva área reservada en la franja costera de Piura y Tumbes (que se sobrepone a 11 lotes de hidrocarburos) y la imposición de los nuevos ECA de aire, que las fundiciones de cobre se ven imposibilitadas de cumplir hasta la fecha por ausencia de tecnología adecuada.
“Así funcionaba antes de que existiera el Minam. Están desconociendo que tenemos una autoridad ambiental competente. Están desvalorando y debilitando el sector (…) Es falso que no puedan intervenir en la decisión. Y tampoco afectan la inversión, pues no son exigibles jurídicamente a las empresas”.5. Más y más recortes
A todo esto, el análisis de Lanegra agrega que “ni la Zonificación Económica Ecológica, ni el Ordenamiento Territorial asignarán usos ni exclusiones de uso“. Además, El Comercio indica que se incorpora un nuevo contrato de estabilidad tributaria a los proyectos mineros“con capacidad de producción inicial superior a las 15.000 toneladas métricas por día“.
Las críticas no se han hecho esperar. César Gamboa de DAR asegura que los procesos técnicos se volverán más políticos, ahora que el Consejo de Ministros decidirá. Por eso, más de 30 organizaciones civiles rechazan estas medidas.
Todo esto ocurre este año, en el que somos la sede de la Cumbre del Cambio Climático COP 20. Es la reunión más importante ambiental (de una de las anteriores COPs salió el Protocolo de Kyoto). Algunos dicen que esta es la única razón por la que que Pulgar Vidal aún no renuncia.
Perú: ¿El jardinero infiel? - Guerra contra el Ministerio del Ambiente
¿El jardinero infiel?
Para Claudia Cisneros, el paquete de medidas del Ejecutivo confirma que el ministro Mayorga declaró la guerra al Minam y a la consulta previa.
El ministro Eleodoro Mayorga dijo que “la creación del Ministerio del Ambiente, la consulta previa (…) han significado un bache para las inversiones, que no tiene vuelta atrás”. ¿Cómo es posible que en un país en el que aún no se resuelve lo que pasó hace 5 años por el mismo concepto de hacer caja y de despreciar el cuidado del medio ambiente y el derecho de quienes subsisten a partir de él, se permita que un ministro diga algo así? ¿No es acaso elocuente el silencio del presidente, de su esposa, o de otros ministros que no han salido a enmendarle la plana? reflexiona la periodista Claudia Cisneros en su columna de hoy en La República, la cual compartimos a continuación.
Ya estábamos advertidos. Cuando en marzo pasado Beatriz Merino, ex defensora del Pueblo, hoy presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, presentó el llamado Libro Blanco. El flamante ministro delMinem, Mayorga, apadrinó la presentación del Nuevo Testamento del empresariado extractivo, opinó a favor de la flexibilización de normas ambientales y mintió asegurando que había un consenso con el Minam.
Los usuales mercenarios mediáticos, a sueldo, auspicio o bono, apoyaron el relajamiento del cuidado medioambiental minimizando su verdadero riesgo. El gobierno preparaba (con vaselina) a la opinión pública para lo que se venía. Tres meses después nos presentan al monstruo: Se culpa de la desaceleración económica al Minam. Los empresarios han encontrado en esta delicada coyuntura económica la coartada perfecta para deshacerse del único ministerio que representaba al país más que a sus intereses empresariales.
El paquete de normas que para ellos han presentado disminuye las atribuciones del Minam en cosas tan elementales como la facultad de declarar Zonas Reservadas o elaborar los Estándares de Calidad Ambiental, rebaja multas por contaminación. Esto es un verdadero escándalo. Como dice César Gamboa, de DAR, los “procesos técnicos serán políticos porque los decidirá el Consejo de Ministros”.
Este contraataque empresarial, acogido y promovido por el Ejecutivo, configura una de las más altas traiciones de este gobierno. No solo porque la solución de la desaceleración no pasa solo por incentivar inversiones rápidas en ese sector (de hecho pone en evidencia cuánto no ha hecho lo debido Castilla para diversificar y sustentar nuestra economía en otros rubros), sino que la factura que nos va a dejar es una huella enorme y potencialmente dinamita social para el siguiente, sino también este gobierno.
Para todos los involucrados la ecuación parece ser: hagamos caja, hagámosla ya. ¿Alguien puede creer que a esos empresarios y a esos políticos les interesa principalmente nuestra economía, la tuya, la mía, la de los que menos tienen? El susto económico funciona, pero como dice José de Echave, es un “falso y peligroso dilema para un país entre regulaciones ambientales e inversiones”.
Mayorga ha llegado a decir en público, y para que escuchen todos, que “la creación del Ministerio del Ambiente, la consulta previa (…) han significadoun bache para las inversiones, que no tiene vuelta atrás”. ¿Cómo es posible que en un país en el que aún no se resuelve lo que pasó hace 5 años en que murieron 32 peruanos (uno desaparecido) por el mismo concepto de hacer caja y de despreciar el cuidado del medioambiente y el derecho de quienes subsisten a partir de él, se permita que un ministro diga algo así? ¿No es acaso elocuente el silencio del presidente, de su esposa, o de otros ministros que no han salido a enmendarle la plana?
Es obligación legal y moral del Estado y del Minam resguardar lo poco avanzado y de ninguna manera aceptar un retroceso. Nadie en la sociedad civil sabe qué más esconde el paquetazo antiambiental. El ministroPulgar Vidal tiene una responsabilidad, primero, frente a la población a la que sirve, antes que a un gobierno. Y aún no se le escucha, pese a que el Minam va rumbo al cadalso. ¿Será que lo habremos perdido? ¿Se alineará y preferirá quedarse de jardinero, en vez de defender el ministerio y las causas del país y de la gente por las que ha trabajado toda su vida?
[VIDEO] Celendín: Guardianes del agua
Guardianes del agua: Daniel Gil, es un rondero de Cajamarca, a través de sus canciones el nos describe su vida y su realidad, con ironía y con humor comparte su opinión sobre los candidatos convencionales en épocas de elecciones.
Video elaborado por: Alexander Luna
Video elaborado por: Alexander Luna
Daniel Gil - The pigs are in heat from Guardianes Del Agua on Vimeo.
[Documento] Perú: Mira aquí la propuesta del Ejecutivo que busca reducir los estándares ambientales
Extraido de: SPDA Actualidad Ambiental - http://www.actualidadambiental.pe/?p=23501
El día de hoy (19 de junio de 2014), el Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la República el proyecto de ley que establece “Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos y Permisos para la Promoción y Dinamización de la Inversión en el País”, también llamado “paquete de reactivación económica”.
La propuesta ha sido duramente cuestionada debido a la cambios en el establecimiento de zonas reservadas y la disminución de estándares en la fiscalización ambiental en el país.
Ver también:
La propuesta ha sido duramente cuestionada debido a la cambios en el establecimiento de zonas reservadas y la disminución de estándares en la fiscalización ambiental en el país.
Ver también:
- Isabel Calle de la SPDA: paquete de normas del Ejecutivo atentaría contra el ambiente y la salud de los peruanos
- 6 razones que explican por qué las zonas reservadas deben ser competencia del Ministerio del Ambiente, por Pedro Solano
- La República: paquete reactivador le corta los brazos al Minam
Lea el proyecto firmado por el presidente Ollanta Humala y el jefe de la PCM, René Cornejo, a continuación:
Ley Sobre Medidas Tributarias Simplificación de Procedimientos y Permisos Para La Promoción de La Inversión... by Mi Mina Corrupta
[DOCUMENTO] Perú: Publicación de nuevo informe sobre defensores de derechos humanos (Caso Conga y Espinar)
Front Line Defenders visitó el Perú en febrero de 2014 y viajó a lo largo de las regiones de Cajamarca y Cusco, donde realizó una investigación sobre los conflictos actuales entre las empresas mineras y las personas defensoras campesinas e indígenas.Tras esta visita, Front Line Defenders publica hoy un informe basado en investigación en el terreno y entrevistas con defensores de derechos humanos independientes y organizaciones de la sociedad civil. Un video de 12 minutos sobre dicho informe ha sido asimismo producido por Front Line Defenders.
En este informe, Front Line Defenders manifiesta su honda preocupación en referencia a la situación de las personas defensoras de los derechos humanos (DDH) que trabajan en derechos humanos y en lo relativo a temas medio ambientales relacionados con industrias extractivas en el Perú. Viven y trabajan en un contexto muy adverso, siendo blanco directo de intimidaciones, amenazas de muerte, agresiones físicas, vigilancia, estigmatización, campañas de desprestigio y hostigamiento judicial. Todas los ejemplos documentados puedan estar directamente relacionados con la labor legítima y pacífica que desarrollan los DDH en referencia, en particular por el apoyo a las comunidades locales que se oponen a proyectos mineros y su impacto en el medio ambiente, su territorio y en sus medios de vida.
“Front Line Defenders ha observado con honda preocupación una tendencia a lo largo de la región, donde los gobiernos en su búsqueda rapaz por materias primas y beneficios, abusan de los derechos de las comunidades locales e indígenas y de los que los defienden. El gobierno del Perú tiene la obligación de respetar los derechos de todos sus ciudadanos y de proteger los valientes defensores y defensoras de los derechos humanos que se manifiestan en nombre de sus comunidades” ha dicho el Director Adjunto de Front Linde Defenders, Andrew Anderson durante la presentación del informe.
Perú es uno de los mayores productores de plata y cobre en el mundo y el quinto productor mundial de oro. Las concesiones mineras del gobierno para amplias áreas del territorio nacional se extiende a 45% en el territorio de la provincia de Cajamarca y al 21% en el territorio de la provincia de Cusco. Estos proyectos han provocado que las autoridades y las empresas mineras entraran en conflicto con las comunidades indígenas y campesinas, quienes subsisten de la agricultura, y han visto sus medios de vida socavados. La comunidades locales están preocupadas sobre todo por el acceso al agua, ya que los ríos han sido contaminados y los cursos del agua se han secado.
La intensa oposición local a la minería se ha encontrado con una respuesta violenta del estado y el uso excesivo de la fuerza por la policía y el ejército en protestas y movilizaciones. Es de particular preocupación la ley de enero 2014 que otorga a las fuerzas armadas y a la policía nacional inmunidad en las acusaciones por muerte o lesiones mientras estén de servicio.
En la actualidad alrededor de 400 manifestantes y DDH enfrentan procesos judiciales que han sido interpuestos por las compañías mineras, su personal o el Ministerio Público. En muchos casos estos cargos son una forma de hostigamientos judiciales, sin evidencia alguna que los respalde. El Sr Milton Sanchez de la Plataforma Interinstitucional Celendín ha enfrentado 50 procesos penales pero en ningún caso de ellos ha sido condenado. Estos falsos procesos se llevan un tiempo muy valioso y recursos, entorpeciendo el trabajo principal de la organización.
Muchas de las personas defensoras del medio ambiente entrevistadas por Front Line Defenders expresaron de manera contundente el miedo que sienten al vivir en constante amenaza, así como el sufrimiento diario de llegar a sus casas y encontrar alguna nueva notificación, o que recibieron alguna otra demanda.
Fuente: Front Line Defenders - http://www.frontlinedefenders.org/node/26271
Perú: ¿El fin del MINAM (Ministerio del Ambiente)?
Editorial Noticias SER
PUBLICADO: 2014-06-19
Los recientes anuncios hechos por el ministro de Economía sobre un paquete de medidas que buscan frenar la desaceleración económica parecen ser una victoria más de los gremios empresariales que han realizado una intensa campaña mediática en contra de un conjunto de normas y políticas que forman parte de las competencias del Ministerio del Ambiente y que han sido englobadas, junto con otras normas, bajo el término de la “permisología”.
El Ministerio del Ambiente (MINAM) fue creado por el gobierno de Alan García en el año 2008, sobre la base del Consejo Nacional del Ambiente, como parte de un paquete de decretos legislativos en el marco de la delegación de facultades que se dieron para facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos, más conocido como TLC. Es decir, nació como consecuencia de dicha negociación y no necesariamente como producto de la voluntad política de dicho gobierno.
Es bueno señalar que desde su creación hasta la fecha, los tres ministros que han estado a cargo del sector, Antonio Brack, Ricardo Gisecke y Manuel Pulgar Vidal, buscaron –con diferente ritmo y no siempre con la firmeza que se requería- el desarrollo de un conjunto de normas y políticas que permitieran cumplir con el objetivo central del MINAM que es “la conservación del ambiente y el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales”. Y es por esta razón, desde el momento mismo de su creación, que el sector ha sido visto como una amenaza a los intereses de algunas empresas que se resisten a que en nuestro país existan estándares ambientales de calidad; empresas que además han sido sancionadas por la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por diversas razones.
El problema es que no solo los gremios empresariales han estado en contra de las políticas del sector, al que ya habían logrado mediatizar frenando la implementación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles(SENACE), sino que incluso algunos ministros del actual gabinete, como el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, se han convertido en los principales enemigos del MINAM llegando a afirmar que “la creación del ministerio del Ambiente, la consulta previa y la desagregación de responsabilidades de manera descoordinada ha significado un bache para las inversiones, que no tiene vuelta atrás”. Asimismo, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, ha declarado al diario El Comercio que “Hay trámites que demoran mucho tiempo por aspectos burocráticos, que entorpecen proyectos convenientes para el país”, refiriéndose a los plazos de aprobación de los estudios de impacto ambiental.
Es por ello que se anuncia dentro del paquete de normas medidas tales como la reducción de las competencias del MINAM en relación a las labores de fiscalización de la OEFA, a la creación de zonas reservadas o al establecimiento de los Límites Máximos Permisibles y Estándares de Calidad Ambiental que ahora requerirían del voto aprobatorio del Consejo de Ministros, lo cual neutralizaría totalmente al Ministerio del Ambiente, convirtiendo al sector en un mero tramitador. Todo ello cuando los ojos del mundo se posan sobre nuestro país que se prepara a recibir a la cumbre mundial sobre el cambio climático - COP 20.
Por esta razón, Noticias SER quiere expresar su rechazo al conjunto de medidas que viene anunciando el gobierno del presidente Ollanta Humala porque, más que resolver los problemas que afectan a nuestra economía lo único que harán será resolver los problemas de algunas empresas, y sobre todo porque su aprobación significará la partida de defunción del Ministerio del Ambiente y la desprotección total de nuestros recursos naturales.
PUBLICADO: 2014-06-19
Los recientes anuncios hechos por el ministro de Economía sobre un paquete de medidas que buscan frenar la desaceleración económica parecen ser una victoria más de los gremios empresariales que han realizado una intensa campaña mediática en contra de un conjunto de normas y políticas que forman parte de las competencias del Ministerio del Ambiente y que han sido englobadas, junto con otras normas, bajo el término de la “permisología”.
El Ministerio del Ambiente (MINAM) fue creado por el gobierno de Alan García en el año 2008, sobre la base del Consejo Nacional del Ambiente, como parte de un paquete de decretos legislativos en el marco de la delegación de facultades que se dieron para facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos, más conocido como TLC. Es decir, nació como consecuencia de dicha negociación y no necesariamente como producto de la voluntad política de dicho gobierno.
Es bueno señalar que desde su creación hasta la fecha, los tres ministros que han estado a cargo del sector, Antonio Brack, Ricardo Gisecke y Manuel Pulgar Vidal, buscaron –con diferente ritmo y no siempre con la firmeza que se requería- el desarrollo de un conjunto de normas y políticas que permitieran cumplir con el objetivo central del MINAM que es “la conservación del ambiente y el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales”. Y es por esta razón, desde el momento mismo de su creación, que el sector ha sido visto como una amenaza a los intereses de algunas empresas que se resisten a que en nuestro país existan estándares ambientales de calidad; empresas que además han sido sancionadas por la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por diversas razones.
El problema es que no solo los gremios empresariales han estado en contra de las políticas del sector, al que ya habían logrado mediatizar frenando la implementación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles(SENACE), sino que incluso algunos ministros del actual gabinete, como el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, se han convertido en los principales enemigos del MINAM llegando a afirmar que “la creación del ministerio del Ambiente, la consulta previa y la desagregación de responsabilidades de manera descoordinada ha significado un bache para las inversiones, que no tiene vuelta atrás”. Asimismo, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, ha declarado al diario El Comercio que “Hay trámites que demoran mucho tiempo por aspectos burocráticos, que entorpecen proyectos convenientes para el país”, refiriéndose a los plazos de aprobación de los estudios de impacto ambiental.
Es por ello que se anuncia dentro del paquete de normas medidas tales como la reducción de las competencias del MINAM en relación a las labores de fiscalización de la OEFA, a la creación de zonas reservadas o al establecimiento de los Límites Máximos Permisibles y Estándares de Calidad Ambiental que ahora requerirían del voto aprobatorio del Consejo de Ministros, lo cual neutralizaría totalmente al Ministerio del Ambiente, convirtiendo al sector en un mero tramitador. Todo ello cuando los ojos del mundo se posan sobre nuestro país que se prepara a recibir a la cumbre mundial sobre el cambio climático - COP 20.
Por esta razón, Noticias SER quiere expresar su rechazo al conjunto de medidas que viene anunciando el gobierno del presidente Ollanta Humala porque, más que resolver los problemas que afectan a nuestra economía lo único que harán será resolver los problemas de algunas empresas, y sobre todo porque su aprobación significará la partida de defunción del Ministerio del Ambiente y la desprotección total de nuestros recursos naturales.
Fuente: Noticias SER - La Mula - https://blognoticiasser.lamula.pe/2014/06/19/el-fin-del-minam/noticiasser/
Perú: Todas las regiones desaprobaron en fiscalizar minería informal e ilegal
Foto: OEFA
- Tacna, Ayacucho y Madre de Dios son las regiones que menos fiscalizan. Dirección General de Minería ocupa el duodécimo lugar.
Servindi, 18 de junio, 2014.- “Ningún gobierno regional aprobó la evaluación de fiscalización ambiental”, sostuvo el funcionario Mauricio Cuadra Moreno durante la presentación de la publicación: Fiscalización ambiental a la pequeña minería y minería artesanal. Informe 2013: Índice de cumplimiento de los gobierno regionales.
“En una escala vigesimal (de cero a veinte) todos están desaprobados”, manifestó Cuadra Moreno, subdirector de Supervisión a Entidades del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) durante la presentación efectuada el martes 17 de junio.Ni siquiera Piura que ocupó el primer puesto aprobó el examen; mientras que Ayacucho, Madre de Dios y Tacna se ubicaron en los últimos lugares en la evaluación sobre el control de la pequeña minería, la minería artesanal e informal e ilegal, indicó.
El OEFA es un organismo público, técnico especializado, adscrito al ministerio del Ambiente. Es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA).
Como ente rector del SINEFA, supervisa que las funciones de fiscalización ambiental a cargo de las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) de ámbito nacional, regional y local se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente.
El examen califica sobre cien puntos la eficiencia de los gobiernos regionales en su función de fiscalizadores ambientales y comprende el antes, durante y después de la acreditación para las actividades de las unidades mineras.
Si bien la OEFA no lleva la responsabilidad de vigilar a las pequeñas unidades mineras pequeñas, sino a la mediana y gran minería, sí tiene la potestad de supervisar a los gobiernos regionales y a la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
La situación es grave en Madre de Dios que ocupa el antepenúltimo puesto de 25 gobiernos regionales, a pesar que el impacto ambiental de la minería informal e ilegal en dicha jurisdicción es ampliamente conocido.
Falta de personal capacitado
“En los gobiernos regionales solo hay uno o dos funcionarios responsables de la fiscalización cuando los mineros informales son muchos más”, agregó Mauricio Cuadra Moreno.
Por su parte Delia Morales Cuti, directora de Supervisión de la OEFA destacó la incapacidad del personal regional encargado de la fiscalización.
“No hay perfiles asociados en el personal encargado de fiscalizar. Es como si pusieran a un médico en vez de un ingeniero ambiental”, expresó.
Según el índice de cumplimiento de la función de fiscalización ambiental minera la Dirección General de Minería del ministerio de Energía y Minas ocupa el duodécimo lugar con un puntaje vigesimal de 06.22.
¿Hay voluntad política?
Mauricio Cuadra Moreno dijo que el contexto no facilita la transferencia de recursos para fiscalización ambiental a los gobiernos regionales ya que “hay un escenario en el que funcionarios están relacionados a la minería ilegal”.
Si bien existe un mecanismo entre la OEFA y los gobiernos regionales para unir esfuerzos y fiscalizar de manera conjunta a la pequeña y marginal actividad minera, hasta el momento “ningún gobierno regional nos ha pedido ayuda”, aseguró.
La situación se complica con la aproximación de las elecciones regionales y la posición flexible del ministro de Economía y Finanzas, quién hace pocos días anunció medidas para flexibilizar las sanciones ambientales y “evitar sobrecostos innecesarios a las empresas”.
Acceda a la publicación con un clic en el siguiente enlace:
Fiscalización ambiental a la pequeña minería y minería artesanal. Informe 2013: Índice de cumplimiento de los gobierno regionales. (PDF, 142 páginas)
Fuente: SERVINDI
Perú: Trasladan 25 procesos relacionados al (conflicto minero) caso Conga a Cajamarca
Decano del Colegio de Abogados, Ricardo Araujo, reveló que los casos fueron trasladados de la Corte Superior de Lambayeque a Cajamarca.
Unos 25 procesos judiciales relacionados al conflicto minero Conga fueron direccionados al Poder Judicial de Cajamarca para que sean investigados y resueltos por jueces naturales; informó el decano del Colegio de Abogados, Ricardo Araujo Portilla.
Estos expedientes venían siendo investigados por la Segunda Sala Penal de Lambayeque, sin embargo, al amparo del Art. 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú, éstos fueron trasladados a la Corte Superior de Cajamarca.
Dicho artículo indica que “ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación”.
Todos, estos casos, insistió Araujo, están relacionados a los delitos contra la tranquilidad pública, usurpación, asociación ilícita para delinquir entre otros.
“Los procesos están relacionados a las marchas y protestas contra el Proyecto Minero Conga, realizadas en esta ciudad, Celendín, Hualgayoc, Huasmín y en las Lagunas El Perol y Conga, principalmente durante los años 2011-2012”, precisó el decano del Colegio de Abogados.
Unos 25 procesos judiciales relacionados al conflicto minero Conga fueron direccionados al Poder Judicial de Cajamarca para que sean investigados y resueltos por jueces naturales; informó el decano del Colegio de Abogados, Ricardo Araujo Portilla.
Estos expedientes venían siendo investigados por la Segunda Sala Penal de Lambayeque, sin embargo, al amparo del Art. 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú, éstos fueron trasladados a la Corte Superior de Cajamarca.
Dicho artículo indica que “ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación”.
Todos, estos casos, insistió Araujo, están relacionados a los delitos contra la tranquilidad pública, usurpación, asociación ilícita para delinquir entre otros.
“Los procesos están relacionados a las marchas y protestas contra el Proyecto Minero Conga, realizadas en esta ciudad, Celendín, Hualgayoc, Huasmín y en las Lagunas El Perol y Conga, principalmente durante los años 2011-2012”, precisó el decano del Colegio de Abogados.
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