Por Mario Zúñiga Lossio
Luego de 40 años de explotación petrolera en Loreto (principalmente en el Lote 1AB, actualmente operado por Pluspetrol), las poblaciones indígenas que recibieron la bendición del extractivismo aún viven en situación de pobreza, con problemas de salud no resueltos, con grandes incertidumbres sobre su futuro, en espacios de vida degradados y deteriorados y bajo condiciones de dependencia y/o de negocio inequitativo hacia las empresas que operan en sus territorios.
Ante esta situación, las organizaciones representativas de las diversas cuencas de Loreto afectadas por la actividad petrolera, tales como la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes (FECONACO), la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT) y la Federación de Comunidades Nativas del Alto Tigre (FECONAT), reunidas en la plataforma "Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios" (PUINAMUDT), han venido llevando a cabo diversas reuniones en el Congreso a través de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE ) y en distintos ministerios, con el fin de plantear una agenda que lleve a construir nuevos pactos sociales, en un escenario de relaciones de control, gestión y planificación territorial que les permita redefinir la situación de daño ambiental, injusticia, pobreza e incertidumbre en la que se encuentran.
La plataforma PUINAMUDT, plantea propuestas sobre los temas de consulta y la necesidad de una amplia y sincera participación y alcance; la posibilidad de la suspensión de concesiones hasta resolver los temas ambientales y sociales pendientes (con estudios integrales de salud, económicos y sociales para entender la magnitud del impacto histórico de las operaciones); el respeto por la integralidad de los territorios indígenas y con ello de sus formas institucionales de organización y justicia en un marco de diálogo con el Estado, cuyo fin es construir verdaderos contextos de desarrollo social; y por último, el cese de la persecución de líderes que defienden sus derechos territoriales.
De hecho, la PUINAMUDT, es un ejemplo más de la capacidad de los Pueblos Amazónicos para plantear escenarios de diálogo, en los que la justicia, la diversidad y el entendimiento mutuo son la opción real para poder definir un modelo de sociedad justa, equitativa, sostenible y plural. A partir de ello, es que la Plataforma y el Estado han llegado a un acuerdo para definir un Plan de trabajo con la CPAAAAE, para que se conformen comisiones por un periodo de 120 días calendario, que indaguen sobre la problemática de la zona con los diversos actores involucrados.
Este camino tendría que plantear escenarios de relaciones entre Empresa, pueblos indígenas y Estado, que se basen en un fuerte componente de interculturalidad, es decir, espacios de participación diversa, decisoria, equitativa e igualitaria de diálogo; además con un claro mensaje discursivo y práctico de reconocimiento y sanción de los errores y daños causados, y que a la vez tengan la capacidad de elaborar propuestas con una mirada estratégica, planificada (Evaluaciones Ambientales Estratégicas, Ordenamiento Territorial, Planes de Vida, etc.), transparente, participativa, con información adecuada y prácticas reales de cumplimiento. Por otro lado, se requiere una institucionalidad capaz de sostener, medir y hacer seguimiento a estos procesos en estos términos, bajo una visión clara de sostenibilidad y proyección de la importancia de un ambiente ecológico, infraestructural y cultural, que permita el desarrollo sostenible y real del bienestar local, priorizando el universo de vida de las poblaciones indígenas y sus derechos a cualquier decisión administrativa sobre su territorio y una proyección al cambio del modelo extractivo y la matriz energética tradicional no sustentable.
Esta transformación permitirá que las incertidumbres se transformen en confianza y además en posibilidad, ya que las personas se sentirán parte de un proceso de participación ciudadana importante para fortalecer las relaciones entre el Estado y los pueblos. De hecho, es necesario insistir en que la participación de la población y sus organizaciones representativas complementarán siempre esta dimensión y puedan plantear soluciones alternativas a los problemas ambientales existentes.
Así, los 40 años de explotación y de un mal desarrollo para la zona afectada son una clara enseñanza que nos puede plantear una mirada diferente sobre las actividades que el Estado determine hacer (como la proyección de Petroperú sobre el Lote 1AB por ejemplo) y que necesitan de criterios más amplios para poder definir la factibilidad de las actividades, su continuidad bajo nuevos términos, más justos y equitativos y de modelos de desarrollo que tengan verdaderos resultados en la población, no sólo para el presente sino también hacia el futuro y por ende, para todos nosotros.
Luego de 40 años de explotación petrolera en Loreto (principalmente en el Lote 1AB, actualmente operado por Pluspetrol), las poblaciones indígenas que recibieron la bendición del extractivismo aún viven en situación de pobreza, con problemas de salud no resueltos, con grandes incertidumbres sobre su futuro, en espacios de vida degradados y deteriorados y bajo condiciones de dependencia y/o de negocio inequitativo hacia las empresas que operan en sus territorios.
Ante esta situación, las organizaciones representativas de las diversas cuencas de Loreto afectadas por la actividad petrolera, tales como la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes (FECONACO), la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT) y la Federación de Comunidades Nativas del Alto Tigre (FECONAT), reunidas en la plataforma "Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios" (PUINAMUDT), han venido llevando a cabo diversas reuniones en el Congreso a través de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE ) y en distintos ministerios, con el fin de plantear una agenda que lleve a construir nuevos pactos sociales, en un escenario de relaciones de control, gestión y planificación territorial que les permita redefinir la situación de daño ambiental, injusticia, pobreza e incertidumbre en la que se encuentran.
La plataforma PUINAMUDT, plantea propuestas sobre los temas de consulta y la necesidad de una amplia y sincera participación y alcance; la posibilidad de la suspensión de concesiones hasta resolver los temas ambientales y sociales pendientes (con estudios integrales de salud, económicos y sociales para entender la magnitud del impacto histórico de las operaciones); el respeto por la integralidad de los territorios indígenas y con ello de sus formas institucionales de organización y justicia en un marco de diálogo con el Estado, cuyo fin es construir verdaderos contextos de desarrollo social; y por último, el cese de la persecución de líderes que defienden sus derechos territoriales.
De hecho, la PUINAMUDT, es un ejemplo más de la capacidad de los Pueblos Amazónicos para plantear escenarios de diálogo, en los que la justicia, la diversidad y el entendimiento mutuo son la opción real para poder definir un modelo de sociedad justa, equitativa, sostenible y plural. A partir de ello, es que la Plataforma y el Estado han llegado a un acuerdo para definir un Plan de trabajo con la CPAAAAE, para que se conformen comisiones por un periodo de 120 días calendario, que indaguen sobre la problemática de la zona con los diversos actores involucrados.
Este camino tendría que plantear escenarios de relaciones entre Empresa, pueblos indígenas y Estado, que se basen en un fuerte componente de interculturalidad, es decir, espacios de participación diversa, decisoria, equitativa e igualitaria de diálogo; además con un claro mensaje discursivo y práctico de reconocimiento y sanción de los errores y daños causados, y que a la vez tengan la capacidad de elaborar propuestas con una mirada estratégica, planificada (Evaluaciones Ambientales Estratégicas, Ordenamiento Territorial, Planes de Vida, etc.), transparente, participativa, con información adecuada y prácticas reales de cumplimiento. Por otro lado, se requiere una institucionalidad capaz de sostener, medir y hacer seguimiento a estos procesos en estos términos, bajo una visión clara de sostenibilidad y proyección de la importancia de un ambiente ecológico, infraestructural y cultural, que permita el desarrollo sostenible y real del bienestar local, priorizando el universo de vida de las poblaciones indígenas y sus derechos a cualquier decisión administrativa sobre su territorio y una proyección al cambio del modelo extractivo y la matriz energética tradicional no sustentable.
Esta transformación permitirá que las incertidumbres se transformen en confianza y además en posibilidad, ya que las personas se sentirán parte de un proceso de participación ciudadana importante para fortalecer las relaciones entre el Estado y los pueblos. De hecho, es necesario insistir en que la participación de la población y sus organizaciones representativas complementarán siempre esta dimensión y puedan plantear soluciones alternativas a los problemas ambientales existentes.
Así, los 40 años de explotación y de un mal desarrollo para la zona afectada son una clara enseñanza que nos puede plantear una mirada diferente sobre las actividades que el Estado determine hacer (como la proyección de Petroperú sobre el Lote 1AB por ejemplo) y que necesitan de criterios más amplios para poder definir la factibilidad de las actividades, su continuidad bajo nuevos términos, más justos y equitativos y de modelos de desarrollo que tengan verdaderos resultados en la población, no sólo para el presente sino también hacia el futuro y por ende, para todos nosotros.
Posted by CooperAcción Ene 27, 2012 Actualizado: Ene 27, 2012
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