28 agosto, 2012

Nueva amenaza para Hualgayoc-Bambamarca, Proyecto AntaKori y sus 5.9 billones de libras de cobre

Proyecto Antakori posee 5,900 billones de libras de recursos inferidos de cobre

La canadiense Southern Legacy Minerals informó que su proyecto AntaKori, antes conocido como Sinchao, reporta al 2 de julio del presente año el equivalente a 5,900 billones de libras de recursos inferidos de cobre con una ley promedio equivalente de 0.92 por ciento equivalente de cobre.

El proyecto AntaKori, ubicado en Cajamarca, provincia de Hualgayoc,  contiene cobre, oro, plata, molibdeno, plomo y zinc; y se encuentra entre el Proyecto Cerro Corona de la minera sudafricana Gold Fields La Cima y el Proyecto Tantahuatay de la minera peruana-mexicana Coimolache.

El informe técnico independiente titulado Informe Técnico, Southern Legacy Minerals, Propiedad AntaKori, Distrito Minero Yanacocha - Hualgayoc, Departamento de Cajamarca, Perú, fue preparado por Scott E. Wilson Consulting de Colorado (Estados Unidos), a pedido de Southern Legacy Minerals.

Fue presentado en el documento Instrumento Nacional (NI) 43-101 ante las autoridades de valores canadienses.

Southern Legacy Minerals es una compañía de exploración que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) en el segmento de riesgo (TSX Venture) con una cartera diversificada de proyectos de oro y cobre en América del Sur que incluye a Colombia, Perú y Chile.

Actualmente se centra en la ampliación del recurso de su proyecto cobre y oro AntaKori, que es el principal de la empresa.

NOTA: Modificada del Original que saco Agencia Andina, por tener errores de datos http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-proyecto-antakori-posee-5900-millones-libras-recursos-inferidos-cobre-426073.aspx


Nota de Prensa: Proyecto AntaKori de Southern Legacy Minerals - Cajamarca

La gran batalla contra las represas

Madrid, 21 agosto 2012
Por Luis Esteban G. Manrique

(Especial para Infolatam).-

En un artículo publicado en 1853 en The New York Tribune, Karl Marx observó que cuanto más colosales son las obras hidráulicas que emprende un Estado, más despóticos son sus gobernantes porque la necesidad de coordinar el uso del agua en amplias extensiones territoriales provoca una mínima resistencia ante el despotismo.

Pero en el siglo XX, todo tipo de sistemas políticos se aficionaron a la imagen que proyectaban las grandes presas: la idea de un Estado enérgico y resuelto capaz de doblegar a la naturaleza. Políticos tan distintos como Franklin Roosevelt o Gamal Abdel Nasser demostraron su gran afición a construir presas, a las que Nehru llamó “los templos de la India moderna”.

Debido a los daños medioambientales que causan, las represas se han convertido en muchas regiones del mundo en un anacronismo. Pero en otras, muchos gobiernos siguen viendo en ellas una fuente de energía imprescindible. Hoy aproximadamente dos tercios de las corrientes fluviales del planeta pasan por encima o a través de algún tipo de dique. El 20% de la electricidad que se genera a escala global es de origen hidroeléctrico.

Brasil, Canadá, Venezuela, Chile, Myanmar y Nepal, entre otros países, están construyendo o proyectando una docena de grandes nuevas represas. China terminó en octubre de 2010 la “madre” de todas ellas: la de las Tres Gargantas, en el Yangtsé, el mayor río de Asia, en el que el mayor proyecto hidráulico de la historia, relegando a la de Itaipú, sobre el río Paraná, al segundo lugar y a la del Guri (Venezuela) al tercero. La presa ha desplazado a dos millones de personas y aumentado en un 10% la capacidad hidroeléctrica del país.

Pero a medida que avanzan esos faraónicos proyectos, también lo hacen las protestas sociales que han provocando que varios de ellos se hayan suspendido o cancelado. En Myanmar, por ejemplo, el régimen militar se vio obligado a paralizar el año pasado la construcción de la presa de Myitsone, financiada por China, que iba a recibir el 90% de la electricidad generada, por el amplio movimiento de rechazo de los pobladores de la cuenca del río Irawady, el más caudaloso del país. Según Human Rights Watch, la insurrección de una guerrilla secesionista étnica que ha provocado unos 75.000 desplazados, fue una consecuencia directa de ese proyecto.

Las guerras del agua

En América Latina, los movimientos ecologistas y los pueblos indígenas ya han forzado la cancelación de varios proyectos hidroeléctricos en la Amazonía y la Patagonia. El 68% de la electricidad que consume la región proviene de fuentes hidroeléctricas, que generan energía limpia y barata, controlan los flujos fluviales y dirigen agua para irrigar tierras áridas.

En un esfuerzo por reducir su dependencia de los combustibles fósiles, y en parte en respuesta a la presión internacional para usar energías renovables que reduzcan las emisiones de carbono, diversos países de la región han apostado por los proyectos hidroeléctricos, aparentemente ideales dadas sus grandes reservas de agua dulce y escasos recursos energéticos alternativos. El problema es que, al mismo tiempo,  las represas desvían ríos, destruyen ecosistemas frágiles, desplazan comunidades enteras e inundan enormes territorios.

En Brasil, Belo Monte expulsará a 40.000 indígenas de la foresta amazónica

Desde Yucatán a la Tierra del Fuego, la región posee el 31% del agua dulce del mundo, pero 500 millones de personas no tienen acceso al agua potable, 125 millones carecen de servicios de saneamiento y el 40% vive en zonas que cuentan solo con un 10% de los recurso hídricos de la región. Esa convergencia de factores es un cóctel explosivo. Según USAID, la agencia para la cooperación de la desarrollo de EE UU, en los últimos 60 años por lo menos el 40% de todos los conflictos interestatales tuvieron un vínculo con los recursos naturales, gran parte de ellos causados por disputas en torno al agua.

En ninguna otra región el desafío ecológico y social es mayor que en la Amazonía. Ocho países -Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Venezuela y Surinam- comparten la mayor cuenca hidrológica del mundo: más de siete millones de kilómetros cuadrados que contienen más de la mitad de los bosques tropicales que subsisten en el mundo.

El Amazonas descarga el 20% del agua de todos los ríos que fluyen a los océanos del mundo, es decir un volumen mayor que el de los ocho ríos siguientes, lo que hace de la cuenca amazónica un filón hidroeléctrico… pero también un foco de conflictos. Solo la represa de Balbina sobre el río Uatumá, al norte de Manaos, produjo tras inauguración en 1987 la inundación de 2.000 kilómetros cuadrados de bosques vírgenes. Las 80 represas planificadas o en construcción en la Amazonía brasileña podrían inundar 12 millones de hectáreas más.

Esa demanda de energía hidroeléctrica puede ser incompatible con la preservación de los ecosistemas amazónicos. En la Patagonia ocurre algo similar. En el Perú, una de las primeras medias del gobierno de Ollanta Humala fue cancelar el plan anunciado por el ex presidente Alan García de construir 20 centrales hidroeléctricas en la cuenca del río Marañón, uno de los dos principales afluentes del Amazonas, con una inversión estimada de 15.000 millones de dólares, lo que iba permitir al país exportar energía por valor de 6.000 millones de dólares anuales y atender la demanda de la gran industria minera.

Humala tuvo muy en cuenta que en la provincia de Bagua, en esa misma zona, en 2009 una revuelta de pueblos indígenas contra proyectos petroleros causó la muerte de 33 personas, 24 de ellas policías. Sin embargo, el presidente aún no ha decidido que hará con el proyecto de la represa Pakitzapango, que generaría 2.000 megavatios e inundaría el valle del río Ene, poblada por la etnia asháninka, una de las más golpeadas durante la campaña antisubversiva contra Sendero Luminoso. De las 70.000 vidas que se cobró el conflicto, 6.000 fueron miembros de esa etnia y varios miles más se convirtieron en refugiados internos.

El proyecto es parte de un plan para construir cinco represas que generarían 6.500 megavatios, la mayor parte para su exportación a Brasil. Por ahora, el debate del proyecto está estancado en el Congreso, aunque muchos analistas creen que en la próxima vista a Lima de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, terminará por inclinar la decisión de Humala a favor del proyecto. La Central Asháninka del Río Ene ya ha presentado una demanda judicial para que el gobierno revele  los planes de viabilidad del proyecto.

En Chile, la oposición popular al megaproyecto hidroeléctrico HidroAysén, conformado por cinco represas que iban a suponer una inversión de 3.200 millones de dólares, la inundación de 5.000 hectáreas y la generación de 2.750 megavatios, lo que iba a aumentar en un 15% la capacidad eléctrica del país hacia 2020, ha forzado al gobierno de Sebastián Piñera a suspender indefinidamente el proyecto.

Las masivas marchas de protesta que se sucedieron a lo largo de varios meses desde el norte al sur del país, lo que judicializó el proceso pese a que el Tribunal Supremo dio luz verde al proyecto, e hizo caer la aprobación del gobierno, terminaron por convencer a Piñera de la inutilidad del empeño a pesar de que él mismo había advertido que los racionamientos de energía se generalizarán en los próximos años a menos que Chile reduzca su dependencia de las importaciones de gas de Argentina.

Chile tiene un déficit de energía que le exige duplicar su capacidad de generación actual en los próximos 15 años. El país importa el 96% del petróleo y el 76% de la energía que consume. Según la Agencia Internacional de la Energía y la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE), desde 1998 los precios de la electricidad para los clientes residenciales chilenos se han casi cuadruplicado.

Pero las protestas obligaron al gobierno a solicitar nuevas evaluaciones medioambientales antes de seguir adelante con el proyecto. La comisión que evaluó originalmente las consecuencias medioambientales del proyecto, solo analizó sus efectos inmediatos sobre los ecosistemas, no los que tendrán de largo plazo.

Al final, el pasado junio, el grupo privado Colbún pidió a Enel-Endesa -su socia en HidroAysén- suspender la tramitación de la línea de transmisión del proyecto y la suspensión de los estudios medioambientales, denunciando que el gobierno carecía de una política energética. La sequía de este año complica más las cosas: la hidroelectricidad, que significa en condiciones normales entre el 50% y el 60% de la matriz, durante el pasado abril contribuyó sólo con el 31%.

La batalla del Amazonas

En Brasil, el proyecto hidroeléctrico de Belo Monte requerirá una inversión de 16.000 millones de dólares para generar 11.200 megavatios. Pero el reservorio que creará inundará 48.000 hectáreas en la cuenca del río Xingú, tributario del Amazonas en el Estado de Pará, lo que expulsará a 40.000 indígenas de la foresta amazónica y liberará enormes cantidades de metano a la atmósfera por la descomposición de la vegetación que quedará bajo las aguas.

La represa brasileña-paraguaya de Itaipú desplazó a 10.000 familias que vivían en las riberas del río Paraná e inundó el parque nacional de las Cataratas de Guaira. Pero esa represa fue aprobada bajo un régimen militar cuando la conciencia medioambiental era mínima.

A medida que avanzan esos faraónicos proyectos, también lo hacen las protestas sociales que han provocando que varios de ellos se hayan suspendido o cancelado

Ahora es distinto. Las protestas del movimiento ‘Xingú Vivo Para Sempre’ y de las tribus amazónicas locales, que han atacado repetidamente sus instalaciones con arcos y flechas han atraído la atención internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y personalidades mundiales como Bill Clinton y James Cameron, director de la oscarizada Avatar, han pedido al gobierno brasileño que suspenda la construcción de Belo Monte.

Sin embargo, Brasilia no va a ceder ante esas presiones. Brasil probablemente será la quinta economía mundial en 2017. Para entonces, sus necesidades de suministro eléctrico habrán aumentado un 56%. El gigante suramericano tiene además recursos públicos suficientes para financiar sus ambiciones. El estatal Banco Nacional para el Desarrollo Económico y Social (BNDES) concede créditos que multiplican por cuatro los del Banco Mundial.

La primer turbina de la represa estará operativa en tres años y el proyecto entero, que incluye dos represas, dos canales, dos reservorios y un sistema de diques, en 2020. Belo Monte es solo una de las 48 represas que se van a construir en la Amazonía brasileña hasta 2020. Según la ONG International Rivers Network de Berkeley (California), el proyecto removerá más tierra que la construcción del canal de Panamá.

La contradicción quedó patente cuando en la reciente conferencia de desarrollo sostenible de la ONU en Río de Janeiro, tribus amazónicas protestaban en las calles mientras Rousseff firmaba la declaración final en la que se comprometía  a luchar por un mundo “más verde y limpio”.

Según Philip Fearnside, profesor del Instituto Nacional para la Investigación de la Amazonía, “Belo Monte es la punta de lanza para desmantelar el sistema entero de regulaciones y licencias medioambientales”. James Anaya, relator de la ONU para derechos de los pueblos indígenas, no cree que el gobierno de Brasilia haya cumplido sus obligaciones de consultar a las etnias locales. Fearnside denuncia que solo un 25% de la energía que generará Belo Monte irá para satisfacer el consumo de los hogares. Casi el 30% alimentará industrias pesadas como la del aluminio.

Cajamarca - Hualgayoc: Sinchao Metals completa fusión con Southern Legacy para desarrollar proyecto en el Perú

Esto le permitirá continuar desarrollando el proyecto Sinchao de exploración de oro, plata, cobre, zinc y plomo, ubicado en el distrito minero de Yanacocha - Hualgayoc, en Cajamarca.

Mapa de ubicacion del Proyecto (Fuente: http://www.slminerals.com/projects/antakori/)

Lima. La minera canadiense Andean American Gold informó que su subsidiaria Sinchao Metals completó su fusión con la empresa estadounidense Southern Legacy Minerals, lo que le permitirá continuar desarrollando el proyecto Sinchao de exploración de oro, plata, cobre, zinc y plomo, ubicado en el distrito minero de Yanacocha - Hualgayoc, en Cajamarca.

La nueva empresa, cuyo nombre será Southern Legacy Minerals, cotizó a partir de este domingo en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) Venture Exchange, bajo el símbolo LCY.

Explicó que el negocio fusionado consolida las propiedades de Sinchao y Southern Legacy que están localizadas en el distrito minero de Yanacocha - Hualgayoc, que ahora se conocerá como el proyecto AntaKori.

Además, formará una compañía minera diversificada con propiedades de metales básicos y preciosos ubicados en Perú, Chile y Colombia.

Por su parte, Sinchao informó que la transacción fue aprobada por la TSX luego del consentimiento de sus accionistas, quienes también aprobaron la propuesta de consolidación de las acciones comunes de la empresa en una base de seis por uno.

Una vez completada la transacción, todas las opciones y garantías vigentes de Sinchao serán ajustadas con el fin de reflejar la consolidación.

La transacción se efectuó por la vía de fusión de conformidad con la Ley General de Sociedades de Idaho (Estados Unidos) entre Southern Legacy y Sinchao Idaho, una subsidiaria de propiedad total de Sinchao.

Como contraprestación por la adquisición de Southern Legacy, los accionistas de Southern Legacy recibirán 0,8352 de una acción común consolidada de Sinchao por cada acción común de Southern Legacy.

Andean American Gold es una compañía internacional de exploración minera enfocada en el crecimiento del valor a través del desarrollo de su proyecto de exploración avanzada de oro, plata y cobre Invicta que se extiende sobre 31.600 hectáreas, ubicado en la región Lima.

Antes de la fusión, Andean American Gold poseía aproximadamente el 65,81% de las acciones en circulación de Sinchao, pero ahora luego de la transacción, posee nueve millones 841.270 acciones comunes consolidadas, es decir, 16,9% de la nueva compañía.

Southern Legacy es una compañía de exploración con sede en Idaho y con proyectos de exploración en Chile, Colombia y Perú.

Sus principales proyectos incluyen participaciones en concesiones mineras contiguas al proyecto Sinchao en Perú y el depósito de oro de Puchuldiza al norte de Chile.

Hay Un Problema de Confianza - Encuesta de IPSOS - El Comercio

Hay Un Problema de Confianza - Encuesta de IPSOS - El Comercio

19 agosto, 2012

Bambarén critica actitud de jefe regional de Cajamarca por negarse a dialogar

Apoya. Bambarén defiende independencia de facilitadores.

El obispo emérito de Chimbote, Luis Bambarén, cuestionó que el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, rechazara la reunión convocada el viernes por monseñor Miguel Cabrejos y el padre Gastón Garatea para buscar un espacio de entendimiento en el conflicto por el proyecto minero Conga.

“Hace cuatro días le mandé una carta donde le digo con toda claridad que hay dos momentos: el diálogo y la concertación. Esto supone tolerancia para escuchar la posición de otros, el negarse a eso significa intolerancia, egoísmo y soberbia”, advirtió.

Bambarén señaló que el diálogo no es para decidir si el proyecto Conga va o no, sino para escuchar puntos de vista.  Por ello, consideró que ante la negativa de la autoridad regional a dialogar, se debe ampliar los canales de conversación con las autoridades provinciales y distritales de esa región.

También el presidente del Poder Judicial, César San Martín, cuestionó la actitud de Santos y recordó que no se puede permitir que “gente cerrada se convierta en un dique que impida el diálogo” para solucionar los conflictos sociales.

En tanto, el vicepresidente de la Confiep, Alfonso García Miró, consideró que Santos ha demostrado que nunca apostó por el diálogo.

Fuente: La Republica

Cajamarca: Rondas campesinas rechazan acusaciones de Jaime Antezana

Por:  Juan Arribasplata

El día de ayer el sociólogo y especialista en temas de narcotráfico, Jaime Antezana, entrevistado en RPP, mencionó que en las zonas de Chota, Bambamarca, Celendín, Cajabamba, San Marcos, San Ignacio y Cutervo, provincias de la región Cajamarca se está produciendo una importante cantidad de amapola, látex de opio y/o PBC. Esta producción, según indicó, sería producida por una significativa cantidad de ronderos campesinos de las mencionadas provincias. “Las rondas campesinas no choca no colisiona ni con el negocio del látex ni con el de la pasta porque son gente de la misma zona, el cultivador es de la misma zona y el procesador también, y muchas veces simultáneamente es rondero. Parte del rostro del narcotráfico en Cajamarca es ronderil y por lo tanto son permisivos y condescendientes con el trafico de la droga”.

Noticias SER ha recogido las opiniones de diversos ronderos campesinos de Cajamarca, ante tales declaraciones.

El dirigente de rondas rurales de la provincia de Chota, Demóstenes Irigoín dijo que no se puede hablar así de su provincia porque no hay pruebas de lo que se afirma. Señaló que lo que está haciendo el sociólogo Antezana es para favorecer los intereses del proyecto Conga desprestigiando así a los pueblos que han venido luchando. “Mañana vamos a tener una reunión con la base ronderil y voy a exponer el caso. Que este señor venga y diga dónde está lo que dice, porque no se puede hablar así cuando no se sabe. Que no se meta con Chota”, mencionó.

La dirigente de rondas de la provincia de Bambamarca, Blanca Llamoctanta dijo que el señor Antezana no conoce bien los lugares de Bambamarca para dar esas versiones sobre si se produce amapola u otro tipo de droga. “Nosotros sembramos cereales. A nosotros nos han dicho muchas cosas, hasta nos han tildado de terroristas cuando fuimos nosotros los que los votamos de la zona. Ahora que nos digan que somos narcotraficantes eso es algo que hacen para blindar a Yanacocha”, refirió.

El dirigente de rondas de Bambamarca, Eladio Huamán dijo que es indignante que haya periodistas que escuchen a este tipo de personas, en alusión a Antezana. “Ya sabemos para qué sirven estas acusaciones y es para favorecer al proyecto Conga. No nos vengan a decir esto a estas alturas cuando ya hemos ganado”.

El dirigente de rondas urbanas de Cajamarca, Cesar Guevara Hoyos, mencionó que todo esto sólo sirve para distraer a la opinión pública. “Si hubiera amapola en estas zonas es responsabilidad del gobierno, por ser ineficiente y no controlar que se esté produciendo droga sin sancionar a los responsables. Es conocido que muchas autoridades del gobierno central están metidas en el narcotráfico pero eso no denuncian”.
Análisis
El analista regional Pedro Sánchez Legrás mencionó que es posible que en dichas zonas haya cultivos de hoja de coca y amapola, como también en otros territorios del país, pero que detrás de todo esto “existe un interés y un deseo para que se justifique el Estado de Emergencia y una mayor presencia policial y represiva en Cajamarca y sin duda, el mejor argumento lo está poniendo Antezana, cuando dice que estas zonas están detrás del narcotráfico y de la violencia”, indicó.

Fuente: NOTICAS SER

Monseñor Bambaren el nuevo PORTAVOZ del GOBIERNO y LAS MINERAS

Una, dos, tres, muchas Congas

Por: Mirko Lauer

Gregorio Santos probablemente supo desde el primer día que el gambito gubernamental de los dos sacerdotes facilitadores no iba a funcionar. Pero calculó que un desplante simultáneo a la Iglesia Católica y al diálogo le iba a costar aprobación en Cajamarca. Al parecer ahora esa consideración ha dejado de tener importancia.

El propio gobierno tenía claro que la misión de Miguel Cabrejos y Gastón Garatea era sobre todo para ganar tiempo. Lo que no se tenía claro era qué hacer con el tiempo ganado. Si descontamos que Yanacocha sigue haciendo obra civil en Conga, el asunto de la mina anda como antes. Pero algunas cosas de fondo han cambiado en estos meses.

Es evidente que la suspensión de Conga no tendría que ver solo con este proyecto, ni solo con el malhumor de los inversionistas de la rama, o el destino del gabinete Jiménez. La suspensión definiría quién corta el bacalao en buena parte de la política peruana, y lo haría en la dirección de las masas organizadas en las calles.

La comparación natural de lo que está sucediendo es con la movilización arequipeña contra una privatización energética en tiempos de Alejandro Toledo. La movilización no solo suprimió para todo fin práctico las privatizaciones en el país (se pasó a las concesiones), sino que le abrió el paso al retorno de un electorado de izquierda.

La propuesta que acaba de hacer Patria Roja de comités de autodefensa popular contra la delincuencia en el norte irónicamente apunta a la virtual imposibilidad del Estado de usar sus fuerzas represivas en cualquier espacio de confrontación, como quedó demostrado bajo el premierato de Valdés.

En otras palabras, la conversión de la protesta ambientalista en una lucha por el poder en términos territoriales. Algo parecido a lo que vienen haciendo la informalidad y el crimen organizado en la lucha por tener fueros propios frente al Estado. El famoso desborde popular de José Matos Mar, ahora bajo nueva administración.

Tienta decir que si el gobierno de Ollanta Humala no tiene un plan para ganar en Conga, como ha venido demostrando hasta ahora, en efecto mejor sería que reduzca el daño dándose cuenta de sus limitaciones. El problema es que la victoria popular-radical en Conga va a ser replicada en otros lugares. Espinar fue un globo de ensayo.

Entonces, ¿qué viene después de los curas? ¿Otra vez los ministros y los uniformados? Lo ideal sería que fueran los cuadros políticos profesionales, pero Humala casi no cuenta con este tipo de infantería. Sus seguidores del nacionalismo y Gana Perú ya están cansados de agitar en las calles, y ahora son más parte del problema que de la solución.

17 agosto, 2012

OM N° 006-2012-MPH-BCA "Bambamarca, cuna de la defensa del agua, la vida y el medio ambiente"

Ordenanza Municipal N° 006-2012-MPH-BCA "Bambamarca, cuna de la defensa del agua, la vida y el med...

Reporte de Conflictos Sociales N°101 – Julio_2012

Reporte N°101 - Julio_2012

Pedro Arrojo: Mineras en cabeceras de cuenca cometen crímenes ambientales



Según el ex observador de la Marcha del Agua en Perú, Pedro Arrojo, las mineras, ubicadas en los andes, que contaminan las cabeceras de cuenca cometen delitos ambientales, los cuales deben ser castigados como crímenes porque ponen en peligro la vida de miles de personas.

“Agua-delito es cuando usamos el agua para producir riqueza para algunos y enfermedad y muerte para la mayoría. El río no es de un empresario, el río es de todos. En los andes, hay mineras que contaminan con cianuro y con metales pesados las cabeceras de los ríos. Hay agua que están monopolizando, usan el agua para extraer oro en beneficio de los más ricos ycontaminando las fuentes de agua para los pueblos locales. Eso no es progreso. Eso es agua delito. Y deben haber leyes que castiguen estos hechos como crímenes porque se están poniendo en peligro la vida de la gente”, señaló el físico y economista español en una entrevista para la organización ATTAC.

Para Arrojo, premio Goldman de Medioambiente 2003, el agua debe ser un derecho humano, y su abastecimiento para los ciudadanos debe garantizarse y no negociarse.

“Yo hablo de agua-vida vinculada a derechos humanos. Un derecho humano no se compra ni se vende, se garantiza. El agua-ciudadanía es cuando se brindan los servicios domiciliarios de agua y saneamiento, cuando hay agua en casa. Se trata de los derechos ciudadanos, pero no de negocio. Por el contrario, el agua-economía consiste en el agua que dedicamos para hacer más ricos, incluso a los que ya son ricos”, mencionó.

Fuente:  http://lamula.pe/2012/08/17/pedro-arrojo-las-mineras-que-contaminan-el-agua-con-cianuro-y-metales-pesados-cometen-crimenes-ambientales/jorgepaucar

El físico Pedro Arrojo es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza y especialista en Economía del Agua. Estuvo como observador internacional de la Marcha del Agua 2012 en Perú, dónde el tema principal fue el proyecto minero Conga.

BANKTRACK - Dodgy Deal: Minas #Conga Mining Project

BANKTRACK: Minas Conga Mining Project

Resvista INKARRI - Edicion 2012 - Conflicito Conga en Celendin

INKARRI - Edicion 2012 - Conflicito Conga en Celendin

16 agosto, 2012

Perú: Protestas ponen en entredicho el futuro del proyecto minero Conga. Análisis de coyuntura

 

Por Raphael Hoetmer*

15 de agosto, 2012.- Al concluir su primer año de gestión el gobierno del presidente Ollanta Humala parece encontrarse en una crisis permanente a raíz de su incapacidad de resolver un conjunto de conflictos y demandas sociales. La represión brutal de protestas en torno a la minería en los departamentos de Cusco y Cajamarca en los últimos meses sugiere una tendencia autoritaria dentro del gobierno, y apunta al abandono de la agenda de cambios con la que ganó las elecciones el líder nacionalista.Por el contrario, el deseo de una “gran transformación” aún está presente en las protestas difundidas por todo el país. Por lo tanto el cambio de gabinete no resolverá el escenario de conflictos sociales si no viene acompañado por una serie de políticas distintas.

Aunque en los últimos meses se han movilizado profesores, pesqueros, trabajadores, mujeres y estudiantes, las protestas que tuvieron mayor impacto fueron las relacionadas con las industrias extractivas. En el departamento norteño de Cajamarca, las movilizaciones en contra del megaproyecto Conga ya se han prolongado por más de ocho meses. El proyecto, impulsado por el consorcio Yanacocha -con participación de Newmont de Canadá y de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial- amenaza un sistema de lagunas y fuentes de agua en las alturas de Cajamarca, mientras que la mayoría de la población afectada no ve beneficios reales en la actividad minera.

Las protestas en Cajamarca han persistido tras la ruptura del diálogo, a finales de 2011, entre el gobierno nacional y las autoridades regionales, quienes se oponen al proyecto, inclusive después de que el gobierno de Humala impusiera una serie de exigencias adicionales a Yanacocha, entre otras la de asegurar el acceso de agua a la zona, reemplazando las lagunas afectadas con reservas adicionales. En respuesta a las protestas, el gobierno ha declarado ya dos veces estado de emergencia, decenas de líderes sociales y políticos se encuentran enjuiciados (inclusive el presidente regional Gregorio Santos), los fondos del gobierno regional han sido bloqueados por el gobierno central, y se han reportado continuamente casos de represión por parte de la policía.

Al inicio del mes de julio, la polarización del conflicto desembocó en enfrentamientos entre policías, militares y la población local, dando paso a una violenta represión que dejó cinco personas muertas. El líder ambientalista Marco Arana fue detenido de manera violenta (y liberado pocos días después), y de nuevo se decretó estado de emergencia. Las protestas continuaron, y el gobierno nacionalista optó por retroceder de manera temporal, pidiendo al Monseñor Cabrejos y al Padre Garatea facilitar un diálogo con las autoridades políticas y dirigentes sociales de la zona. Sin embargo, hasta ahora ambos campos han persistido en su posición particular frente al proyecto, y los facilitadores insisten en que una solución va a demorar y que no depende de ellos.

La violencia en Cajamarca vino poco después de que protestas masivas en contra de la contaminación ambiental y el aporte deficiente de la minera Xstrata al desarrollo local en la provincia de Espinar en Cusco resultaron en enfrentamientos con la policía, dejando dos personas muertas y decenas de heridos. Una vez más el gobierno central declaró estado de emergencia, bloqueó los fondos del gobierno provincial, y el alcalde provincial Oscar Mollehuanca fue detenido de manera violenta por decenas de policías.

Al mismo tiempo fueron detenidos los dirigentes principales de la protesta, y dos defensores de derechos humanos de la Vicaría de Solidaridad Sicuani (1). Pese a la demanda de prisión preventiva, fueron liberados en las semanas posteriores a los enfrentamientos. En Espinar fue instalada una mesa de diálogo con los dirigentes y autoridades locales para buscar una salida al conflicto.

Protestas contra Conga marcan un hito dentro del gobierno y los movimientos sociales

Desde hace algunos años las disputas por el territorio y el control de los bienes comunales – a los que llamamos conflictos eco-territoriales (Svampa 2011) – representan la mayor parte de los conflictos sociales en el país. (2) Su impacto en la agenda política y social se ha encontrado en aumento durante los últimos meses. El analista y ex viceministro del ambiente en el gobierno de Humala, José de Echave, plantea que los conflictos se han vuelto más intensos en varios sentidos:
“Las consecuencias políticas de los conflictos son mayores que antes. Nunca se había caído un gabinete por un conflicto minero, y ya vamos dos en el Perú, entendiendo que el premier Valdés también ha sido reemplazado por no haber podido resolver al caso Conga. A raíz de Espinar, se rompió la bancada oficialista. (3) A la vez, las protestas plantean una agenda más programática. No rechazan sólo un proyecto determinado, sino plantean cada vez más la necesidad de políticas distintas.”
Una reconstrucción del primer año de gobierno de Humala revela que su administración ha sido determinada, en gran medida, por la relación con las empresas mineras. En uno de los primeros actos del gobierno, se anunció públicamente un aumento en los impuestos del sector minero para respaldar los programas sociales que Humala pretendía impulsar. Sin embargo, todo indica que el presidente se comprometió a un respaldo firme a favor de la minería, inclusive en casos de proyectos controversiales que se encontraban postergados o en problemas de implementación. Bajo los gobiernos de Toledo y García, proyectos en Ayavaca, Huancabamba, Tambogrande, Cajamarca e Islay no lograron prosperar por la oposición de las poblaciones locales. En este contexto, Conga se presenta como una prueba para que el gobierno nacionalista pueda mostrar su compromiso con el modelo económico actual, desplegando una serie de estrategias distintas que permitan un avance en donde los gobiernos de derecha no pudieron.

A la vez, la oposición a Conga marca un hito para el proceso de reconstrucción de la organización social peruana. Aparte de la duración y fuerza de la lucha, se destaca que las distintas tendencias políticas dentro de la protestas han sabido mantener la unidad en la acción durante meses. El Comité Unitario de Lucha garantizó, además, un escenario de protestas ejemplarmente pacíficas, simbólicas y controladas, evitando confrontaciones directas con las fuerzas del orden, pese a provocaciones de todo tipo.

También se ha mantenido un nivel de coordinación entre los dirigentes sociales, la mayoría alcaldes de la zona de influencia del proyecto y el propio presidente regional (el ex dirigente social Gregorio Santos), quienes se han sumado continuamente al campo opositor del proyecto. Y con la Marcha Nacional por el Agua (que se realizó en febrero) y una iniciativa de ley para declarar el agua como un derecho humano y proteger las cabeceras de Cuenca, la lucha cajamarquina se volvió nacional y ahora encierra un fuerte contenido programático.

Además, para respaldar la protesta social, fueron realizadas investigaciones, publicaciones y campañas mediáticas que cuestionaron de manera contundente el discurso del gobierno que afirma que la disponibilidad del agua no se encuentra en peligro por el proyecto. Todo esto muestra la lucha de Cajamarca como un enorme avance cualitativo para los movimientos sociales peruanos en términos organizativos, políticos y programáticos.

¿Gobierno minero-militar?

Lo ocurrido en los últimos meses presenta grandes interrogantes sobre el rumbo del gobierno nacionalista. El reconocido analista político Santiago Pedraglio se preguntó, tras el violento arresto del alcalde de Espinar Oscar Mollehuanca, si estábamos viendo la conformación de un gobierno minero-militar (4), mientras que José Carlos Ubilluz de la Universidad Católica planteó de manera provocadora que nadie debería sorprenderse, y que más bien era hora de despertarse del sueño democrático: “Todo aquél que se oponga al avance del capital, incluso si lo hace en nombre del medio ambiente y la salud de las comunidades, es enemigo del estado y será tratado como tal” (5).

Sin lugar a duda, Cajamarca y Espinar parecen indicar una forma de tratar las protestas y los conflictos sociales como algo que se debe criminalizar y reprimir. Esto va más allá de la judicialización de los líderes sociales o de la construcción de marcos legales que lo facilitan. También incluye las declaraciones de estados de emergencia, el amedrentamiento a las autoridades locales y regionales por parte del gobierno central, y las campañas de deslegitimación (hasta satanización) de las protestas en los medios masivos de comunicación y por políticos oficialistas y de derecha. A ello se suma la creciente militarización de las protestas, el uso de seguridad privada por parte de las empresas, y los convenios que facilitan que la policía preste servicios de seguridad a empresas extractivas. Esta política ya ha costado la vida de quince ciudadanos partícipes de las protestas desde que Ollanta Humala asumió la presidencia.

Por esto no resulta exagerado que Pablo Sánchez de Grufides (6) de Cajamarca sostenga que: “Hay un accionar y pensar militar que sostiene la intervención del gobierno, y que pone a la institucionalidad democrática misma en juego”. Sánchez llamó la atención a los maltratos e insultos cotidianos por parte de la policía y los militares durante las protestas en Cajamarca. Los vídeos de una policía pateando una olla común y golpeando a las mujeres que preparaban comida para los manifestantes, y de otro policía respondiéndole a una mujer campesina que exigía una explicación a la violencia ejercida contra ella: “porque son perros, concha su madre”, son sólo dos de decenas de ejemplos. Jaime Borda, activista de la Vicaría de Solidaridad Sicuani, quien fuera detenido arbitrariamente en un puesto policial dentro de una propiedad de la empresa XStrata, plantea: “me ha sorprendido y preocupa enormemente que diez años después del fin de la dictadura, la policía sigue actuando de la misma manera.”

El reemplazo del Primer Ministro Oscar Valdés por el Ministro de Justicia Juan Jiménez – quien tiene un perfil más abierto al diálogo – es un claro reconocimiento del agotamiento del camino de la fuerza como método único para viabilizar los grandes proyectos de inversión. Sin embargo, transformar el escenario de conflictos sociales en el país requiere de políticas distintas que permitan que el Estado asuma su rol de garante de derechos por encima de su papel de facilitador de inversiones.

Las propuestas para estas políticas están presentes en las agendas y plataformas de la sociedad civil y protestas como las de Cajamarca y Espinar. Sin embargo, su ejecución requiere de una voluntad política firme de la que parece carecer el presidente Humala. La detención arbitraria y violenta del periodista cajamarquino Jorge Chávez el 28 de julio indica más bien la continuidad de la política de criminalización de las protestas.

¿Conga va o no va?

Mientras tanto la gran pregunta “Conga va o no va” sigue sin respuesta. Una perspectiva histórica al conflicto da indicios de que puede ser muy difícil que el proyecto prospere, por lo menos durante los próximos años, principalmente por tres razones. Primero, la brutal actuación de la policía y la prepotencia de los representantes de la empresa minera en sus actuaciones públicas. Las protestas ya no sólo son en contra del proyecto Conga, sino para defender la dignidad regional, como evidencian las impresionantes imágenes de los funerales de las víctimas de la represión. Este tipo de lucha tiene una base social mayor, y se nutre de una identidad e indignación colectiva difícil de quebrar.

En segundo lugar, las rondas campesinas – el eje vertebral de la protesta cajamarquina – siguen ejerciendo un control territorial significativo en la zona de influencia de la minera. En décadas pasadas lograron derrotar al abigeo y luego impidieron que la organización Sendero Luminoso entrara al norte del país. En palabras del reconocido reportero Gustavo Gorriti: “La fuerza del campo en ese departamento donde se supone que hay mucho y falta tanto, es su organización. (…) Pensar que se los va a avasallar con prepotencia y amenazas es añadir la estupidez a la ignorancia” (7). Finalmente, contrario a lo que plantean los medios masivos en el país, tras décadas de minería, en Cajamarca (y particularmente en la provincia de Hualgayoc) la población sabe perfectamente porqué debe oponerse a nuevos proyectos mineros.

En este escenario vale la pena preguntarse si Newmont y particularmente la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial deberían persistir en el proyecto. ¿Cuáles son los costos económicos, sociales y de imagen que están dispuestos a asumir? ¿Debería permitirse la minería en zonas tan vulnerables y con poblaciones en contra de ésta? ¿No termina dañándose inclusive la imagen de la propia industria minera de esta forma? Queda claro que en realidad es el Estado peruano el que debería ofrecer los mecanismos y marcos políticos para tomar estas decisiones. El caso Conga deja en evidencia que los instrumentos que el Estado peruano maneja están claramente agotados.

Notas:

(1) Institución vinculada a la Iglesia Católica.

(2) La Defensoría del Pueblo habla de conflictos socioambientales. Para ver los informes: www.defensoria,gob.pe/temas.php?des=3.

(3) En protesta contra la violencia en Espinar renunciaron a la bancada oficialista de Gana Perú dos representantes de Cusco (Verónica Mendoza y Rubén Coa), uno de Cajamarca (Jorge Rimarachín), y los líderes históricos de la izquierda Javier Diez Canseco y Rosa Mavila. Ellos esperan constituir una bancada propia (para lo cual necesitan una adhesión adicional) que persiste en la agenda de la gran transformación.

(4) Ver: peru21.pe/2012/06/01/impresa/espinar-gobierno-minero-militar-2026735
(5) Ver: derechoshumanos.pe/2012/07/¡despierte-de-su-sueno-democratico/
(6) El Grupo de Información y Formación para el Desarrollo Sostenible
(7) Ver: www.idl.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=278.

*Raphael Hoetmer es miembro del Programa Democracia y Transformación Global: www.democraciaglobal.org y colaborador con el Programa de las Américas: www.cipamericas.org
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Fuente: http://democraciaglobal.org/opinion/609-protestas-ponen-en-entredicho-el-futuro-del-proyecto-minero-conga-en-el-peru

MUERTE MASIVA DE TRUCHAS EN CHAYLLUAGÓN-CAJAMARCA - CERCA A #CONGA

Trabajos en dique deja sin agua a Quebrada Chaylluagón y Río Grande



El último domingo 12 de agosto después del medio día se produjo la muerte de más de 30 mil truchas de la piscigranja “La Raimina”, aguas abajo de la laguna San Nicolás de Chaylluagón donde Minera Yanacocha a pesar de la oposición de la población realiza la construcción de un dique o represa del proyecto minero Conga.

La familia Tacilla Alvarado, responsabiliza directamente al proyecto Conga, toda vez que desde que empezaron  los trabajos en Chaylluagón para la represa también comenzó la disminución de las aguas en la quebrada Chaylluagón y el Río Grande que alimentaban a la piscigranja hasta que el río secó totalmente y las truchas murieron por falta de agua, sostienen en la denuncia por acta ante el fiscal Alex Torres Roncal de la Fiscalía de Medio Ambiente.

ANTECEDENTES

En el mes de agosto del año 2009 la familia Tacilla en el caserío Maraypata, distrito de la Encañada construyó una piscigranja denominada “La Raimina” con una cantidad de 30 millares de ovas nacionales, siendo que en el año 2010, ya tuvieron su primera  producción más o menos en un aproximado de cuatro toneladas de trucha la misma que fue vendida en los diferentes mercados de Cajamarca; en los meses de marzo y junio del 2010 compraron 40 mil ovas, y cada vez iban comprando más porque tenían más pozas, producción que también Salió al mercado, siendo que en el año 2011 se han comprado cerca de 50 mil ovas las mismas que se han empezado a vender al mercado desde el mes de febrero o marzo del año en curso hasta la fecha; en el mes de marzo de éste año compraron 30 mil ovas de Estados Unidos y a fines de julio se abastecieron de 30 mil ovas de Chile, con la intención de tener producción todo el año, ya que las ovas nacionales tienen tasa muy alta de mortalidad, siendo que a la actualidad se habría tenido un aproximado de ocho toneladas de trucha para consumo y murieron por falta de agua.

Según la denuncia de los propietarios las truchas de cuatro meses estaban muertas en un 90%, las que estaban listas para salir al mercado murieron un 80% y los alevines que tienen un mes han muerto un aproximado de 10%, se conoció.

El lunes 13 de agosto las autoridades del lugar el presidente de las Rondas Campesinas Idelso Quiroz Sánchez y el Teniente Gobernador Edilberto Morales Cerquín, hicieron una constatación en el lugar levantando una acta al promediar las 12 de la noche en presencia de algunos vecinos

Fuente: RED VERDE CAJAMARCA - http://caballeroredverde.blogspot.com/2012/08/muerte-masiva-de-truchas-en-chaylluagon.html
 






 
 


Libro: Periodismo Ciudadano

Periodismo Ciudadano

Hablan los familiares de los fallecidos en Celendín

Los familiares de los fallecidos en Celendín a causa del conflicto, piden a las autoridades : presidente de la republica y alcalde de Celendín se responsabilicen por lo actuado , ellas esperan conocer las causas reales de los hechos e identificación de a los culpables, por lo que estarían dispuestas a llegar hasta las ultimas consecuencias. 14/08/2012


Colectivo realiza video para reclamar a Roque Benavides por conflicto Conga



El colectivo ciudadano “Nadie Nos Paga” elaboró un vídeo donde se dirige al empresario minero Roque Benavides, gerente general de Buenaventura, para preguntarle el por qué de lo sucedido en el conflicto socio-ambiental que ha generado el proyecto Conga.
Le preguntan también acerca de la historia de malas prácticas que tiene su empresa, el caso de contaminación en Choropampa, el reservorio vacío, los 5 muertos en Celendín y Bambamarca, etc. Además, le exigen que asuma su responsabilidad porque “el Perú es de todos los peruanos”.
“Estimado Roque:
Somos limeños como usted. Disfrutamos de los beneficios del crecimiento económico. Pero también nos cuestionamos las condiciones en las que se genera la inversión privada que lo hace posible. Y, entonces, le preguntamos:

¿Por qué su empresa minera tiene una historia de conflictos y problemas permanentes con las comunidades campesinas que habitan cerca de las minas?
¿Por qué el 90% de sus proyectos causa enfrentamientos sociales?
¿Por qué la contaminación con mercurio que sufrieron dos comunidades en el año 2000 aún no se resuelve hasta hoy?
¿Por qué varios distritos cajamarquinos se quedaron sin agua en el año 2002?
¿Por qué un reservorio de agua construido para abastecer a todo un pueblo en el norte del país no funciona?
¿Por qué en Cajamarca existen pueblos que en la actualidad consumen agua con cal?
¿No cree que pudo haberse hecho algo para impedir que la imposición del proyecto Conga cueste 5 vidas humanas?

- Eleuterio García (40 años)
- José Silva (35 años)
- José Antonio Sánchez (29 años)
- Joselito Vásquez (28 años)
- César Medina (17 años) ¡17 AÑOS!

¿Desarrollo económico cueste lo que cueste?
¿Le parece justo un proyecto minero que opera sin licencia social?
¿Qué medidas va a tomar su compañía frente a las denuncias de espionaje y amedrentamiento que pesan sobre la empresa que les brinda seguridad?
¿Quién puede seguir creyéndose el cuento de que solo los agitadores políticos tienen la culpa de los conflictos medioambientales?
A ver, ¿Tiene alguna propuesta para demostrar que una minería responsable es realmente posible?

En nombre del progreso, del desarrollo y del bienestar del país que usted siempre dice defender, le exigimos a usted y a sus socios que asuman la responsabilidad que les toca en este conflicto. Les exigimos que incorporen dentro de sus objetivos una real preocupación por el medioambiente. Le exigimos que cambie la forma en que su empresa se relaciona con las comunidades implicadas en sus proyectos.

¡Lo exigimos ahora! Porque el país en el que usted invierte no es solo suyo, no es solo nuestro, es de todos los peruanos.”
Nota: Al parecer, los nombres de los fallecidos en Celendín y Bambamarca no han sido nombrados en su totalidad y, en algunos casos, son errados. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH),  los nombres serían los siguientes:
- Paulino García Rojas
- Faustino Silva Sánchez
- Antonio Joselito Sánchez Huamán
- Joselito Vásquez Jambo
- César Medina Aguilar
Los datos obtenidos por la CNDDHH fueron tomados del semanario Hildebrandt en sus trece:

Fuente: http://lamula.pe/2012/08/13/colectivo-realiza-video-para-reclamar-a-roque-benavides-por-conflicto-conga/jorgepaucar

Denunciarán a exministros y al Estado por muerte de cajamarquinos

La Coordinadora de Derechos Humanos denunciará a los exministros del Interior y Defensa, así como al Estado por homicidio calificado.

Fuente: RPP | Créditos: Rosario Coronado

Lunes, 13 de Agosto 2012

Acompañado de los familiares de los cajamarquinos que murieron en la provincia cajamarquina de Celendín, tras los disturbios contra la ejecución del proyecto minero Conga, el secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Miguel Jugo Viera, adelantó que denunciarán a los exministros del Interior y Defensa, así como al Estado, por el delito de homicidio calificado.

“Vamos a presentar una denuncia para que la instancia judicial investigue y sancione ejemplarmente a quienes dieron las órdenes y ejecutaron la misma, porque de ninguna manera el uso de armas de guerra se puede consentir para atender conflictos sociales”, expresó.

El abogado explicó que la acción se efectuará en las próximas horas y se incluyen a los extitulares de los sectores en mención Wilver Calle y José Urquizo porque habrían efectuado la orden que ocasionó las pérdidas humanas. También al Estado como tercero civilmente responsable, además de exigir la identificación de los autores directos.

Aunque si bien reconoció que el caso ya se investiga en el Ministerio Público de Chiclayo; refirió que buscan que no quede impune la muerte de los comuneros Paulino Eleuterio García Rojas, César Medina Aguilar, José Faustino Silva, Joselito Antonio Sánchez Huamán, suscitada el pasado 3 de julio.

Las declaraciones las efectuó en compañía de Jenny Marisol Malqui López y Adelaida Tabaconas Leyva, esposas de los desaparecidos José Faustino Silva y Paulino Eleuterio García, quienes en medio de lágrimas clamaban justicia y además apoyo del Gobierno Central para la atención de sus hijos.

Fuente: www.rpp.com.pe

Gobierno desencaminado del diálogo en Cajamarca


Gobierno desencaminado del diálogo en Cajamarca

Por: Jacqueline Fowks
Agosto 13, 2012

 
Tarde lluviosa en la laguna Perol, adonde llegaron alrededor de 4000 personas por la visita de los facilitadores del diálogo el 18 de julio. (Fotos: J. Fowks)

“¡Lagunas naturales y no artificiales!”, “El agua no se vende, el agua se defiende”, “Éste es el pueblo que lucha por la vida”, escucho en los videos cuando se cumplen tres semanas del encuentro de miles de cajamarquinos con los facilitadores del diálogo por el conflicto del proyecto minero Conga, los sacerdotes Miguel Cabrejos y Gastón Garatea, en tres de las lagunas que desaparecerían con las operaciones del proyecto minero Conga. Sin embargo, no hay aún novedades por parte del Ejecutivo para suspender el estado de emergencia en Cajamarca y continúa la violencia injustificada en las calles de Celendín.

En Lima, desde que el conflicto en Cajamarca llegó a las primeras planas -noviembre 2011- ha habido insistencia en responsabilizar de las movilizaciones al presidente regional Gregorio Santos y al ex dirigente Wilfredo Saavedra, que ocupó un cargo en el Frente de Defensa de Cajamarca. A ambos los han denominado azuzadores de la violencia ‘antiminera’; algunos incluyen también al activista y político Marco Arana. Sin embargo, para la gran mayoría de los cajamarquinos es claro que -por su historia política- no basta con uno o dos políticos para gestar una causa. La tradición e institución de las rondas -desde la década de los años 80- obliga a tomar acuerdos y respetar la institucionalidad, que también se expresa en otras redes y organizaciones más pequeñas (como por ejemplo, beneficiarios de programas sociales, dirigencias de centros poblados, etcétera). Es también necesario decir que en el área de influencia del proyecto Conga, la mayoría de la población es rural y pobre, pero con organizaciones.

 
Cabalgata hacia la laguna Perol, algunos atravesaron con dificultad los bofedales (pantanos), otros bordearon la trocha luego de bajar de las colinas.

También los medios capitalinos insisten en que algún rezago del terrorismo (el radicalismo) mueve las protestas en Cajamarca, sin embargo, todos los que lideran la posición de ‘Conga no va’ (Saavedra no lidera) han contrarrestado los intentos de Movadef, que trató de colarse a algunas movilizaciones. Y, recordando el pasado de 1980 al 2000, Sendero Luminoso no pudo actuar en Cajamarca porque las rondas los combatieron y les ganaron.

El gabinete que dirige el primer ministro Juan Jiménez Mayor ha anunciado que evaluará si anulan el estado de emergencia siempre y cuando haya gestos de paz y retorno a la normalidad, por parte del presidente regional de Cajamarca. Sin embargo, la Policía Nacional no da esos gestos de normalidad, en particular en Celendín donde la semana pasada nuevamente agredieron fuertemente a jóvenes (y un menor de edad). En Celendín se originó la posición contraria al proyecto minero Conga. ¿Cómo puede entonces el gobierno exigir lo que sus fuerzas del orden incumplen?



Por otro lado, una nota del diario La República reveló el sábado que el Ministerio Público no es capaz de encontrar a los responsables de las cinco muertes por los tiroteos del 3 y 4 de julio en Celendín y Bambamarca. Hay videos, tanto de la PNP como de ciudadanos, y también documentos donde queda la huella de las órdenes de la PNP y el Mininter que deben servir para llegar a los responsables. Entonces: ¿son estos los mensajes y los gestos para restablecer el diálogo en Cajamarca?

 
 En la segunda laguna esperaban unas 500 personas a mediodía. (Foto: J. Fowks)

Han pasado tres semanas de esas tres visitas a las lagunas en riesgo por el proyecto minero. Una sola imagen que describa qué ocurrió, tendría que decir que cerca de cuatro mil peruanos, predominantemente rurales, llegados la mayoría por sus propios medios y teniendo que superar los controles de seguridad de la policía y de la seguridad privada de Conga, quisieron hacerle ver a los enviados, urbanos, el peligro de su modo de vida, o simplemente de su vida: por ejemplo, una mujer denunció que la empresa minera ha entrado a su casa a sacarla a ella y su hija con violencia, que ha matado sus animales, y que no le hacen caso porque no tiene un celular o una cámara para grabar y probar lo que dice.

A continuación, dos videos de algunas formas como los ciudadanos cajamarquinos llegaron a Perol, la tercera laguna visitada por Cabrejos y Garatea.

Fuente: notasdesdelenovo.wordpress.com




15 agosto, 2012

Humala: "Una buena política hídrica será el mejor instrumento de inclusión"

Párroco Antonio Sáenz durante estado de emergencia en Celendín

"Estamos como una población descabezada", explica el sacerdote Antonio Sáenz, párroco de Nuestra Señora del Carmen en Celendín, donde viven sin gobernador ni alcalde provincial y, además, en estado de emergencia luego de las muertes del 3 de julio, causadas por disparos del Ejército. Asediados por las balas y gas pimienta, algunos ciudadanos se refugiaron cuatro horas en la iglesia y solo pudieron salir cuando la Defensoría del Pueblo llegó al lugar y conversó con la policía.



Publicado el 27/07/2012 por 

Para no olvidar, cronología de Conga

Por: Francesca EmanueleDiario 16 (Perú)

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Conga se aprobó bajo la legislatura de Alan García por el Ministerio de Energía y Minas. La normativa dice que el MINEM es el encargado de la aprobación de los EIA, si bien esto resulta contraproducente porque este ministerio es el que persigue inversiones de este calibre.

Con Humala, en noviembre de 2011, se anuncia un paro indefinido en contra del proyecto Conga. Comienzan las protestas. Pocos días después, el Ministerio del Ambiente da cuenta de su disconformidad con el EIA. Presenta un informe en el que critica al EIA por carecer de un enfoque ecosistémico, por ver a las 4 lagunas (las que se perderán con el proyecto) como reservorios de agua que podían ser usados como botaderos.

La filtración de parte de este informe produce un escándalo en la prensa de derecha del país, la que se muestra en contra de tamañas críticas al EIA de la minera Yanacocha. Por su parte, el viceministro del Ambiente, abiertamente en contra del proceder del gobierno con el proyecto Conga, presenta su renuncia.

En diciembre, el premier, junto con el ministro del Interior, se trasladó a las zonas del proyecto Conga para convencer a los dirigentes de que levanten el paro indefinido. Allí sucedería algo insólito. El primer ministro se encontró con un agente de inteligencia que era quien tenía la lista de las autoridades capacitadas para entrar en la mesa de diálogo. Entre ellas se había excluido al presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca. Esa misma noche, el primer ministro se enteraba por televisión de la declaración de estado de emergencia (suspensión de las garantías constitucionales sobre libertad y seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio) en las cuatro provincias cajamarquinas que permanecían en paro. Un acto inconstitucional debido a que para ello se requiere del refrendo del premier, y a este no se le había comunicado la medida represiva.

Asimismo, mientras el premier seguía en negociaciones con las autoridades de Cajamarca, el Ministerio de Economía y Finanzas bloqueó las cuentas del gobierno regional de Cajamarca sin notificar nada al presidente del Consejo de ministros.

Pocos días después un grupo de dirigentes de Cajamarca (incluido el presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca) eran detenidos al salir de una reunión con la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso. Fueron recluidos 10 horas en la Dircote (Dirección contra el terrorismo). El gobierno utilizaría la sombra del terrorismo para atacar a sus disidentes.

Frente a tanto atropello, el primer ministro presenta su carta de renuncia. Con él cae el primer gabinete de Humala, pero con él también nace uno nuevo dirigido por Oscar Valdés, el exministro del Interior y aquel que estuvo de acuerdo desde el principio con la declaración de estado de emergencia en la zona.

En la nueva etapa continúan las movilizaciones, y el Estado contrata a 3 peritos para analizar el EIA. La presentación del informe del EIA es positiva. Solo se dan unas cuantas recomendaciones para su posible ejecución. El presidente en un mensaje a la Nación ratifica el proyecto, mientras Cajamarca se preparaba para convocar a otro paro indefinido. Los congresistas, Javier Diez Canseco y Rosa Mavila, renuncian a la bancada de Gana Perú, luego de que el gobierno acepta continuar con el proyecto Conga.

A inicios de julio, en medio de las protestas en contra de Conga, la policía y las fuerzas armadas mostrarían su capacidad de represión dejando decenas de heridos y un total de 5 muertos en dos localidades de la región de Cajamarca. Las muertes fueron debidas a disparos de bala por parte de las fuerzas armadas. Las fuerzas de seguridad del Estado utilizaron para su transporte autobuses con el logotipo de la minera Yanacocha, dando cuenta de la connivencia entre las instituciones públicas y la empresa privada.

El 3 de julio el Ejecutivo se apresuraría a decretar, una vez más, un estado de emergencia. Al día siguiente la policía nacional detuvo arbitrariamente, y por espacio de un día, al dirigente del partido Tierra y Libertad, Marco Arana, conocido por su gran labor de denuncia en contra de los atropellos ambientales por parte de las empresas mineras.

La semana pasada se decretó la prórroga del estado de emergencia. Parece ser que la búsqueda de diálogo roza la mitología. Si nos ceñimos al proceder del Ejecutivo, notaremos que lo único que busca es la implantación del proyecto Conga a toda costa. Y para ello vienen utilizando todas sus herramientas de represión: detenciones indiscriminadas, presión económica, declaración de emergencia, golpes y balas.

Fuente:

Decisiones Ambientales



En su último mensaje a la Nación en relación con el proyecto Conga, minutos antes de un partido de la Eurocopa, el Presidente de la República anunció:
En suma, este nuevo enfoque exige innovar la forma de relacionamiento entre nuestro ambiente, el aprovechamiento de los recursos naturales, la gestión equilibrada del territorio y el uso racional de los recursos hídricos. Esto, en el marco de una nueva relación con las actividades extractivas, al servicio del desarrollo humano, en la línea de nuestros objetivos de inclusión social, tal como hemos anunciado ante el mundo en la Cumbre de Río + 20,  y lo reafirmamos ahora, ante el país.

Para lograrlo, es fundamental contar con una mejor normatividad que asegure la gobernabilidad ambiental, la modernización de los instrumentos de gestión, su adecuación a nuestra nueva realidad económica, social y cultural y la fiscalización ambiental en todas las operaciones.

Pondremos especial énfasis en actualizar las políticas y regulaciones ambientales para evitar impactos en la salud de las poblaciones y para establecer mecanismos de prevención y resolución de conflictos.

De esta manera, recuperaremos la confianza de la población en un Estado capaz de sancionar malas conductas ambientales e incentivar las buenas prácticas; capaz también de intervenir anticipadamente frente a las preocupaciones de la sociedad.

Para materializar este compromiso, constituiremos una Comisión Multisectorial que en 30 días  entregará la propuesta de normas que nos permitan avanzar en el camino de desarrollo sostenible. Esta Comisión será liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros y contará con una secretaría técnica que estará a cargo del Ministerio del Ambiente.
Este plazo de 30 días se cumplió en la última semana de julio. Y se esperaba que Humala anunciara las medidas en el mensaje de Fiestas Patrias. Pero allí lacónicamente dijo:
Hemos dado un gran paso con la aprobación de la Ley y el Reglamento de Consulta Previa para escuchar a las comunidades, y estamos elaborando una norma sobre el ordenamiento territorial buscando la puesta en valor de los recursos, el respeto de los derechos ancestrales y la mejora de la calidad de vida.
¿Qué ha ocurrido? María Luisa del Río, Augusto Álvarez Rodrich y Javier Torres Seoane, tres columnistas de tres diarios distintos (El Comercio, La República y Diario 16, respectivamente) han señalado, palabras más, palabras menos, que existe un entrampamiento sobre esta materia. El conflicto está en si se dan facultades de revisar los Estudios de Impacto Ambiental en temas mineros al Ministerio del Ambiente, así como los temas referidos al ordenamiento territorial.

En resumen, desde el Ministerio de Energía y Minas se teme perder poder, aunque - con excepción de algunas personas - hay cierto consenso sobre el paso de al menos parte de las competencias ambientales al MINAM. De hecho, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental presentó una propuesta sobre la materia:
Según la directora del Programa de Política y Gestión Ambiental de la SPDA, Isabel Calle, una de las propuestas del estudio es la creación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), que tendría competencias exclusivas para la evaluación y aprobación de estudios de impacto ambiental detallados (EIA -d).

“Reconocemos que esto no puede hacerse de manera inmediata sino de manera progresiva. Una de las ventajas es que el Minam es un ministerio nuevo, con muchas posibilidades de crecimiento, con un rol muy importante en los conflictos socioambientales”, señaló Calle.

La gente no cree en el estudio de impacto ambiental como una herramienta preventiva. No quiere asistir a las audiencias públicas porque considera que más que todo es una formalidad. Y esto se genera un poco por la falta de credibilidad y de confianza”, agregó.

Para la especialista “lo que se tiene que hacer es algunas modificaciones para que este instrumento vuelva a tener la credibilidad. El EIA forma parte del Sistema Nacional del Sistema de Impacto Ambiental (SEIA), el cual busca cuáles son los impactos en los proyectos de inversión para tratar de mitigarlos”.
A esta altura, resulta indispensable que el Presidente de la República tome una decisión final sobre la materia. Dilatar aún más el destino de estas normas - sea cual fuere - no solo sería el incumplimiento de una promesa, sino también la constatación de que, más que un giro hacia un lado u otro, lo que prima en Palacio de Gobierno es la indecisión.

Pronunciamiento del Comité de Defensa del Agua

Lunes, 13 de Agosto de 2012
Fuente: democraciaglobal.org




A las autoridades nacionales, regionales y locales y a la opinión pública.

Frente al Hecho de que la Conoco Phillips, compañía petrolera norteamericana, sigue operando en los lotes 123 y 129, ubicados en la parte media y en la cabecera del río Nanay, manifestamos:

- El Comité del Agua, como es de conocimiento público, se constituyó en defensa de la cuenca de Nanay, zona de vital importancia para los loretanos, por ser rica en biodiversidad y ser fuente principal de abastecimiento de agua de la ciudad de Iquitos y poblaciones aledañas (medio millón de habitantes). En este camino hemos realizado diversas acciones de movilización, incidencia y dialogo; logrando sensibilizar al Pueblo de Iquitos, cuyo resultado se reflejó en la marcha de 31 de mayo 2012, liderados por el Frente Patriótico de Loreto.

- Pero la imposición continúa, debido a que las actividades petroleras en la Cuenca del Nanay a la fecha, viene profundizando; a la fecha el comité del agua pone de conocimiento público que la empresa petrolera norteamericana ha presentado planes de abandono de los lotes 123 y 129. Esto no significa que se van, sino que la etapa de exploración sísmica ha concluido y que ahora están creando condiciones para solicitar los permisos para perforación exploratoria de 48 pozos que agravaran más los impactos en dicha zona, repercutiendo directamente al agua y a la población loretana.

Ante este hecho y habiendo realizado el análisis al Plan de Abandono presentado por la Conoco Phillips, instrumento que se presenta para remediar los efectos generados después de concluido una etapa de intervención, estamos en condiciones de afirmar que las actividades petroleras en la cuenca Nanay han causado graves impactos por ello urge establecer los siguiente:

a. Exigir se mejore el Plan de Abandono ante los vacíos y omisiones que denotan la falta de responsabilidad con que labora esta empresa norteamericana en una zona de alta sensibilidad ambiental.

b. Siendo reconocido los impactos generados por la Conoco Phillips, establecer cuánto se ha afectado por efectos de detonación de la pentolita utilizada en la exploración sísmica.

c. En el instrumento en mención no se menciona la cantidad, ni el volumen de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, ni cómo se ha desarrollado la disposición de los mismos.

d. Se menciona en el documento que la concentración de óxidos de nitrógeno en la atmósfera ha excedido los máximos permisibles, pero no se indica que medidas se ha tomado para remediar sus efectos.

e. Teniendo en cuenta la que las líneas sísmicas han intersectado a varios cuerpos de agua, no se mencionan la existencia de impactos por incremento de erosión, sedimentación o desestabilización de orillas que haya podido afectar las zonas de desove de los peces y quelonios.

f. De las áreas deforestadas (33.1 ha), no se menciona qué áreas y/o volúmenes se ha reforestado, teniendo en cuenta que cualquier alteración considerable en la cobertura vegetal pone en riesgo la calidad y cantidad del recurso hídrico.

g. Finalmente en el Plan de Abandono del lote 129 se ignora por completo que está superpuesto al Área de Conservación Regional Alto Nanay, Pintuyacu y Chambira.

Frente a toda esta situación, que evidencia el impacto de las actividades petroleras en el Nanay, demandamos lo siguiente:

1. Una auditoría internacional independiente que evalúe el impacto que ha generado la etapa de prospección sísmica, en los lotes 123 y 129, donde además la Conocco Phillips, pretende lograr la autorización para la perforación de 48 pozos petroleros, situación que agravaría aún más la fragilidad del ecosistema de la cuenca, que sin estar en la etapa de explotación ya ha causado serios impactos.

2. Exigir al Gobierno Regional, una vez más que informe a la ciudadanía regional y nacional qué acciones viene tomando frente a las actividades exploratorias, planes de abandono, solicitud de autorización para la perforación de pozos.

3. Exigir al Gobierno Regional que emita una nueva ordenanza declarando la Intangibilidad de la zona, a fin de contar con una herramienta legal para la defensa de la cuenca del Nanay.

4. Exigimos a las instancias competentes, SERNAMP, PROCREL, OEFA, actuar de oficio, para impedir se siga operando en ambientes sensibles y protegidos por Ley como son el Área de Conservación Regional Alto Nanay, Pintuyacu y Chambira, que ponen en riesgo el ecosistema únicos y la zona especial conocida como los humedales del Napo, ambiente protegido internacionalmente.

5. Exigir Al Gobierno Nacional y Regional cumplir con sus funciones en el marco del respeto a la Constitución Política, la Ley del Ambiente, Ley de Recursos Hídricos, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que protegen los ecosistemas frágiles.

Para contribuir a que sean atendidas estas demandas, el Comité del Agua, se compromete a realizar las siguientes acciones.

1. Un Foro Internacional para demostrar que la imposición del proyecto petrolero en la cuenca del Nanay es ilegal y ambientalmente inviable.

2. La conformación de una comisión amplia y representativa a fin de que puedan en el breve plazo viajar a la ciudad de Lima y exigir la paralización de todas las actividades petroleras en la zona.

3. Solicitar al Frente Patriótico de Loreto una asamblea de delegados, a fin de que los integrantes del Comité podamos socializar los argumentos del Comité de defensa del Agua que nos permitan exigir al Estado central la inviabilidad del proyecto petrolero.

4. A integrarnos con las organizaciones sociales en una plataforma de defensa de la cuenca de Nanay.

Iquitos, agosto de 2012

A propósito de “Estimado Roque” y los prejuicios progres



Agosto 14, 2012

La noche del domingo 12 apareció en la red un vídeo producido por el Colectivo “Nadie nos paga” en el cual un grupo de personas planteaba algunas preguntas sobre la repercusión de la megaminería en Cajamarca, en particular acerca de Yanacocha, el controvertido proyecto Conga y los funestos resultados de las protestas de los últimos meses.

Al día siguiente, lunes 13, el vídeo fue atacado a través de las redes sociales. ¿Los motivos? Dos son los principales: el menos recurrente es el que cuestiona por qué las preguntas van dirigidas a Roque Benavides, si él sólo representa a Buenaventura, una accionaria minoritaria de Yanacocha. El de más fuerza: las personas que hacen las preguntas en el vídeo, titulado “Estimado Roque”, se definen -desde los primeros segundos- como limeños que disfrutan del tan publicitado avance económico del país; además, pertenecen, evidentemente, por la forma de vestir y rasgos fonéticos, a los sectores A/B de la población y, muy probablemente, han tenido o tienen acceso a educación superior; sin olvidar que el color de su piel es bastante más claro que el del peruano promedio.

Los ataques que utilizan el argumento centrado en que el destinatario no es el correcto, hasta donde he podido leer en comentarios en Twitter, Facebook y en algún blog, han venido, como era de esperarse, de quienes están a favor, con todo el derecho, de que el proyecto Conga siga su curso. En muchos casos, tras sacar este argumento al frente, se intentó afirmarlo, en un malabarismo retórico bastante chapucero, con el pretexto de que el avance económico no puede detenerse y que no es posible avanzar sin minería. Puedo estar de acuerdo con la segunda parte: creo que el sector minero es importantísimo, vital, para la economía del país (ojo, no uso la palabra “vital” por las puras); sin embargo, no es cierto que si se detiene Conga se va a paralizar o derrumbar el aparente avance del país. Es sabido que generar miedo siempre es efectivo cuando se quiere lograr control.

De otro lado, están los comentarios que afirman que “Nadie nos paga” se equivocó de destinatario, ya que se debió dirigir a las autoridades, al Estado, al Presidente. Cierto es que Benavides es quien maneja una empresa con un acionariado minoritario; también lo es que quien otorga las licencias es el Estado. Sin embargo, se olvida que en todo este asunto, Benavides ha sido el vocero de todo el proyecto y quien ha llegado incluso a contradecir al presidente Humala. Es decir, pasa por encima de todo. Esto yo lo veo como un giro bastante ingenioso que le da, de paso, un pequeño golpe al gobierno de Humala. Esto si asumiéramos que hay solamente un interlocutor, cosa que no creo.

Las preguntas que lanza “Estimado Roque” son retóricas. Es decir, no le exigen respuestas a nadie, sino, más bien, exponen argumentos para generar discusión o conciencia (algún bloggerusó la palabra awareness). Mejor, retrocedo un poco, sí están dirigidas a alguien, pero no a una sola persona: son miles de esos jóvenes A/B a los que no se les deja de recriminar su poco interés en el país, su falta de conciencia con lo que suceda fuera de la ruta que los lleva de casa a la universidad al bar al lounge. Esos que en los comentarios en las redes sociales fueron reconocidos en las personas que hablaban en el vídeo. Se les llamó hipsters, ppkausas, pitucos, blanquitos, limeñitos, ignorantes, ociosos, hijitos de papi y todo lo que se les ocurra que vaya por ahí. Y estos epítetos venían de gente que evidentemente, por lo que decían poco después, no piensan muy diferente ac Colectivo “Nadie nos paga”.

Y aquí empieza un problema muy grave y conocido.

¿Se acuerdan cómo llamaban a los protestantes opuestos a Conga en Cajamarca quienes sí estaban a favor? Serranos, pezuñentos, ignorantes, ociosos, vayan a trabajar y no jodan. ¿Es acaso muy diferente a lo que pasa con los ataques a “Nadie nos paga”? Yo creo que no: en ambos casos los prejuicios que tenemos contra otro grupo de personas nos han hecho minimizar sus argumentos y ridiculizarlos a partir de su apariencia. Sólo que esta vez los ataques han venido de los progres que antes se escandalizaban (y lo van a seguir haciendo con justicia) cuando se trataba de la población andina de Cajamarca. Esto no es más que otra cara del paternalismo.

“Estimado Roque” es un vídeo con una misión muy explícita: generar conciencia en quienes no la han tenido o no la han querido tener porque no les importa. Por eso recurren a códigos que pueden ser reconocibles por la población a la que están apuntando, un sector que es necesario integrar a las discusiones acerca del país. Lo que ha sucedido en las redes sociales con el vídeo no lo puedo leer sino como la efectividad de la idea frente a su objetivo. El público que se lanzó a ridiculizar y a insultar no era el que se necesitaba; al fin, ellos, lo demuestran pocas líneas después de sus insultos, mal que bien sí tienen idea del problema que significa la presencia de Yanacocha en Cajamarca. Aquellos que no han entrado a twittear sobre el tema, pero que están atentos a los trending topics, son el público al cual “Nadie nos paga” ha querido llegar y creo que lo está haciendo. De repente estoy siendo demasiado optimista. Ojalá no me equivoqué y esas personas que han sido llamadas algunas vez en su vida hipsters y ppkausas, ignorantes-bebedores-de-frapuccino, y que han sido tan duramente utilizados por los prejuicios de un sector de los progres, hayan visto “Estimado Roque” y estén leyendo un poco, informándose y pensando en algo más que en ser el primero en Lima en ver The Dark Knight Rises.

Fuente: lasorderasecontagia.wordpress.com