PDTG, 16 de diciembre de 2011. El Programa de Democracia y Transformación Global – PDTG quiere compartir algunas miradas al conflicto provocado por el proyecto minero Conga de la empresa Yanacocha en Cajamarca que han estado ausente ó poco presente en los artículos periodísticos y analíticos sobre el caso. Más que afirmaciones son hipótesis que buscan ampliar las explicaciones e interpretaciones sobre lo que está ocurriendo, y sobre lo que va a implicar para los años que vienen. Ellos se basan en nuestro trabajo colaborativo con comunidades afectadas por la minería y las organizaciones que trabajan con estas en los últimos años.I.
El gobierno con Ollanta Humala siempre iba a ser un campo de disputa. Sin un proyecto y aparato político sólido, en un país con poca institucionalidad, el curso del gobierno dependerá de la eficacia de incidir en ello de distintos actores que al parecer buscan convencerlo de pertinencia sus intereses. Da la impresión que en este juego, las negociaciones del gravamen minero implicaron un acuerdo político de respaldo mutuo: las empresas mineras pagando un poco más de impuestos, y el gobierno respaldando las empresas para mantener sus privilegios con casos de proyectos controversiales como lo de Conga.
Como Ollanta Humala, Gregorio Santos (presidente regional de Cajamarca, proveniente de las filas de Patria Roja) se mueve en base de los cálculos de la política institucional. El resultado de esto marcará el curso, la popularidad y el éxito tanto del gobierno nacional, como del regional. Por lo dicho, tiene tan poco sentido actuar desde la tesis “Ollanta traidor”, como de la tesis “Tenemos que cuidar al gobierno para no caer en el juego de la derecha”. Más bien, requerimos de análisis más complejos y políticos del curso del gobierno que permita desarrollar estrategias organizadas y articuladas de presión y a la vez construir cambios desde abajo por parte de todas y todos que se sienten comprometid@s con la gran transformación del Perú.
II.
En el conflicto provocado por el proyecto Conga está en juego el futuro de la relación industrias extractivas-comunidades-población urbana - Estado, y no solo el futuro de este mismo proyecto: Se puede ver a Conga como un piloto que definirá la viabilidad de varios otros proyectos controversiales en Cajamarca y en el país en el contexto de un gobierno nacionalista. En los últimos años proyectos que contaron con la oposición masiva de la población local en alianza (real o impuesta por la fuerza de la organización social) con los autoridades locales no han logrado proceder (Islay, Ayavaca, Huancabamba, Tambogrande, Quilish, etc.). Si un proyecto con tantas objeciones técnicas, procedimentales y sociales como Conga logra proceder bajo el discurso de la “minería más responsable” abrirá incluso la puerta a estos proyectos suspendidos. En Cajamarca podría terminar siendo una palanca para que avanzan las otras explotaciones pretendidas, consolidando un distrito (o departamento) minero sin precedentes en el país.
En segundo lugar, Conga marca la pauta para la política del gobierno nacionalista frente a los conflictos y protestas sociales. Y en este sentido, la declaración de estado emergencia, medida muy prematura y excesiva, genera mucha preocupación. Las acciones desarrolladas previa y durante el dialogo tenían las características de una operación militar que buscaba controlar un territorio. Lejos de ver a los conflictos como oportunidades para corregir los males del Estado peruano, se los sigue viendo como amenazas que requieren de respuestas que evidencian la fuerza del gobierno, muy parecido a la política del gobierno aprista anterior. A ello se suma que se utiliza un marco legal muy cuestionable como es el DL 1095. La detención arbitraria de los dirigentes cajamarquinos en Lima, la represión de un plantón de solidaridad en Lima, y la congelación ilegal de los fondos del gobierno regional confirman la preocupación que el gobierno nacionalista recurre con facilidad y prematuramente a medidas autoritarias ante situaciones que percibe como crisis. Esperamos que esta tendencia se corrija.
En tercer lugar, el discurso de la “minería responsable para la inclusión social” busca restablecer la hegemonía del modelo extractivista en el país, que se encuentra debilitado por tanto conflicto, violencia, abusos y oposición. El éxito de ello definirá cuanto compromiso y solidaridad pueda haber en Lima (y otros centros urbanos) y en las clases medias con la protección del medio ambiente y el territorio en las otras regiones del país. Esta dimensión geo-política del conflicto Conga se obvia sistemáticamente de la mayoría de los análisis del caso, inclusive por autores independientes de los intereses económicos detrás de la minería. Curiosamente para los(as) campesinos(as) cajamarquinos(as) esta dimensión está muy clara (más que todo en relación al futuro de su región) y explica el compromiso con las protestas, desmintiendo las viejos tesis vanguardistas que ellos no tendrían consciencia política, y por tanto son manipulados (como plantea la derecha) ó requieren dirección (como plantean algunos sectores de izquierda).
III.
En los conflictos mineros de los últimos años uno puede percibir un desarrollo tanto organizativo, como discursivo. Si bien es cierto que no ha resultado en la consolidación de una organización representativa que presenta una agenda concertada -como planteaba Anahí Durand-, se puede percibir que los reclamos en los distintos conflictos están cada vez más articulados y son cada vez más programáticos y propositivos. Parcialmente se explica por las relaciones y redes entre líderes, organizaciones e instituciones presentes en estos casos que se han venido tejiendo, y parcialmente por la crítica de fondo al modelo de desarrollo que se viene generando a raíz de conflictos constantes e irresueltos en el país.
En consecuencia –al contrario de hace cinco años- en las protestas de hoy está presente una agenda de cambios que permitirían cambiar la política minera en el país, si habría la voluntad política para ello. Esta agenda incluyera políticas de ordenamiento territorial participativo, reglamentación afianzada de la consulta (que se debe dar antes de dar concesiones), la transferencia de los EIAs al Ministerio del Medio Ambiente o una autoridad independiente, la definición de zonas libres de minería, la moratoria de concesiones mineras, la planificación estratégica del uso de agua, revisión de EIAs controversiales, inversión en el agro como alternativa económica, etc.
Hasta ahora el gobierno persiste en tratar caso por caso, sin tocar las cuestiones de fondo y sin impulsar una política minera distinta e integral. Esto implicará muy probablemente nuevas Congas en los años que viene.
IV.
Con todo ello, no es casual que el primer conflicto minero grande de este gobierno ocurra en Cajamarca. De un lado, no hay región del país que conozca mejor las implicancias de la minería “moderna” debido a la presencia de Yanacocha desde las noventas, en cuanto a contaminación, daños a la salud humana, escasez de agua, etc.. Por lo tanto, decir que los cajamarquinos no saben de qué hablan o que actúan por manipulación externa, es de un racismo y tutelaje escandaloso.
De otro lado, en Cajamarca persiste un nivel de organización social y política mayor a otras partes del país (pese a la caracterización por algunos académicos de que habría conflictos sin movimientos), incluyendo la presencia de líderes muy capacitados ligados a movimientos nacionales (como Tierra y Libertad y Movimiento Nueva Izquierda) y acompañados por técnicos e intelectuales locales. Uno no puede negar que en Cajamarca también existe apoyo a Yanacocha, que se sostiene en las redes amplias de trabajo y el asistencialismo de las empresas mineras, pero a la vez, es evidente que una parte mayor de la población después de abusos, de haber visto daños permanentes a la naturaleza y la salud humana, y después de haber compartido tan poco de los supuestos beneficios, están convencidos y convencidas que la minería no puede ser el futuro de la región.
Al contrario de lo que pretenden presentar los medios de comunicación: esto no implica que están en contra de la “minería como tal”, pero sí que plantean que deben haber límites a esta actividad, que no puede desarrollarse en todo sitio y de forma indiscriminada, y que la población tiene el derecho de elegir su propio modelo de desarrollo y futuro. Las protestas en Cajamarca en este sentido representan varias críticas y posiciones, como también varias propuestas: una de ellas mayor inversión estatal en la actividad agrícola. Sumado a ello la fuerza organizativa deja en claro que el Estado de Emergencia no va a resolver el conflicto, sino más bien aumenta la indignación de la población sobre lo vivido.
V.
Como el conflicto en Cajamarca será un punto de inflexión para el gobierno y para la actividad minera en el país, pueda ser un momento (re)fundacional también para el campo progresista (para poner un nombre no del todo arbitrario, que se refiere al sector de organizaciones, instituciones, colectivos y personas que creen en cambios de fondo en el país para construir un Perú más justo y democrático).
Definitivamente el curso de gobierno, la persistencia (o nueva etapa) del modelo extractivista en el país y las respuestas desde abajo frente a ello permiten repensar a los proyectos de transformar la realidad peruana, y podrían favorecer a que surjan nuevas formas de relación entre ellas, redes e iniciativas compartidas. Un ejemplo inmediato podría ser la Marcha Nacional del Agua como iniciativa articuladora para impulsar cambios en la regulación de las industrias extractivas en el país, como también el Pacto de Unidad de organizaciones campesinas e indígenas que se viene forjando. Dentro de Gana Perú implica además que los y las congresistas electos están definiendo su relación con los movimientos sociales en el país, y su autonomía frente al gobierno.
Creemos que hay cuatro cuestiones fundamentales en este momento de potencial reconstitución del campo progresista y de las relaciones entre los sujetos sociales y políticos en el país (y en el mundo en general frente al escenario de múltiples crisis):
- La discusión del modelo de desarrollo – el modelo de desarrollo extractivista es el fondo de los conflictos mal llamados socio ambientales. Una política de cambio en este momento en el mundo, en América Latina y en el Perú es una política que transforma el modelo extractivista, generando otra economía, otra política y otra cultura en función del bien estar (o buen vivir) de todas y todos, y de los derechos de la naturaleza y de las futuras generaciones para gozar un mundo sano.
- La cuestión del Estado y de la autonomía – el curso de los distintos gobiernos progresistas en la región muestran las enormes limitaciones de generar cambios fundamentales (solo) desde el Estado. Aunque creemos que siempre hay que tratar de incidir en el Estado, la construcción de cambios culturales, económicos y políticos desde abajo, impulsando alternativas y autonomías es una dimensión fundamental de una política de cambio. Es además una condición indispensable para que pueda haber victorias electorales y políticas estatales transformadoras.
- La cuestión de la relación entre las distintas luchas y opresiones – una política de cambio ya no puede (y nunca pude) asumir solo una lucha, desde un sujeto principal con una agenda propia. Es necesario combatir todas las opresiones a la vez que mantienen el sistema actual, y ello requiere diálogo y articulación entre los movimientos sociales del país.
- La construcción de una nueva cultura política – las construcciones políticas caudillistas, autoritarias, machistas, coloniales, vanguardistas y sectaristas que hemos conocido en todo este tiempo ya no puedan servir para generar cambios de fondo. Creemos que para nueva política se requiere la construcción profunda, lenta, pero segura, de un proceso colectivo y personal del cambio. Para el periodo que viene esto implica mayor apertura a la articulación y el trabajo conjunto entre organizaciones, instituciones, frentes y colectivos basados en los intereses comunes de los pueblos en vez de los intereses particulares de cada uno. Visto la cultura política del campo progresista en el país, esto va a ser un desafío grande y de suma importancia.
Para nosotr@s el horizonte de todo ello sigue siendo la construcción de un Estado laico, plurinacional, descentralizado y realmente democrático, en lo cual se celebra la diversidad de nuestro país, se promueve la libertad y la autonomía de las personas y de los pueblos, y se impulsa una economía diversa, social y sostenible que coloque como parte a los derechos de la naturaleza y de las generaciones futuras. Ello requiere de un cambio radical de las relaciones entre la sociedad y el Estado, entre los pueblos y los gobiernos, entre las organizaciones del campo progresista, que a su vez implica la necesidad de una cultura diferente. Todo esto está en disputa hoy en día, y seguirá estándolo en los años que vienen.
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