Señaló que, según la demanda ante el Poder Judicial, la empresa de capitales estadounidenses solicita la nulidad de la Resolución Nº 1743-2011/SC1-Indecopi que reconoce el crédito a favor del Estado peruano.
Estimó que la demanda tiene la clara intención de excluir al Estado del Proceso Concursal en que se encuentra la referida empresa ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
El MEM tomó conocimiento de la sorpresiva demanda presentada por Doe Run a través del reporte judicial, donde consta el trámite del Expediente 368-2012 ante el Cuarto Juzgado Transitorio – Contencioso Administrativo de Lima.
“La actitud de Doe Run Perú es inexplicable, sobre todo porque obstaculiza los esfuerzos que viene realizando el Estado, en su condición de mayor acreedor en la Junta de Acreedores, lo cual podría afectar el pronto reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya”, observó.
No obstante, el MEM reafirmó su voluntad de mantener una actitud positiva con la finalidad de que Doe Run Perú reinicie sus operaciones y cumpla con sus obligaciones ambientales, asegurando el empleo a los trabajadores, el control del medio ambiente, la salud de la población y el desarrollo sostenible de La Oroya.
“Esperamos un cambio de actitud de la empresa que revele una real intención de honrar los compromisos ambientales que están reflejados precisamente en el crédito reconocido al MEM y que Doe Run pretende impugnar mediante el mencionado proceso judicial”, añadió.
ANDINA
Estimó que la demanda tiene la clara intención de excluir al Estado del Proceso Concursal en que se encuentra la referida empresa ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
El MEM tomó conocimiento de la sorpresiva demanda presentada por Doe Run a través del reporte judicial, donde consta el trámite del Expediente 368-2012 ante el Cuarto Juzgado Transitorio – Contencioso Administrativo de Lima.
“La actitud de Doe Run Perú es inexplicable, sobre todo porque obstaculiza los esfuerzos que viene realizando el Estado, en su condición de mayor acreedor en la Junta de Acreedores, lo cual podría afectar el pronto reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya”, observó.
No obstante, el MEM reafirmó su voluntad de mantener una actitud positiva con la finalidad de que Doe Run Perú reinicie sus operaciones y cumpla con sus obligaciones ambientales, asegurando el empleo a los trabajadores, el control del medio ambiente, la salud de la población y el desarrollo sostenible de La Oroya.
“Esperamos un cambio de actitud de la empresa que revele una real intención de honrar los compromisos ambientales que están reflejados precisamente en el crédito reconocido al MEM y que Doe Run pretende impugnar mediante el mencionado proceso judicial”, añadió.
ANDINA
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