En la ciudad del plomo ya no humea su enorme chimenea. Desde que Doe Run decidió paralizar de repente sus actividades en junio del 2009 (aduciendo una crisis financiera), el complejo metalúrgico de La Oroya se asemeja más a un enorme, viejo y oxidado museo de metal.
En las calles ya no hay mineros caminando: La Oroya de hoy vive de los servicios que le ofrece a los viajeros que están de paso. “La vida sigue”, dice una vendedora de quesos de una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo.
El último análisis de sangre difundido por la Dirección Regional de Salud de Junín revela el primer impacto del cierre de la planta: la presencia de plomo se ha reducido en los niños.
Mientras eso ocurre en Junín, aquí en Lima, Doe Run mantiene una estrategia legal ambigua. Luego de que sus acreedores (entre ellos el Estado Peruano) le dieran una nueva oportunidad y decidieran que sea la misma empresa la que dirija el plan que la sacaría de su crisis, Doe Run acaba de presentar una nueva demanda ante el Poder Judicial para exigir la nulidad de la resolución de Indecopi que reconoce al Estado Peruano como su principal acreedor.
“La actitud de Doe Run es inexplicable, sobre todo porque obstaculiza los esfuerzos que realiza el Perú. Esto podría afectar la pronta reanudación de las operaciones”, dice el breve comunicado del Ministerio de Energía y Minas.
La estrategia de Doe Run
En las calles ya no hay mineros caminando: La Oroya de hoy vive de los servicios que le ofrece a los viajeros que están de paso. “La vida sigue”, dice una vendedora de quesos de una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo.
El último análisis de sangre difundido por la Dirección Regional de Salud de Junín revela el primer impacto del cierre de la planta: la presencia de plomo se ha reducido en los niños.
Mientras eso ocurre en Junín, aquí en Lima, Doe Run mantiene una estrategia legal ambigua. Luego de que sus acreedores (entre ellos el Estado Peruano) le dieran una nueva oportunidad y decidieran que sea la misma empresa la que dirija el plan que la sacaría de su crisis, Doe Run acaba de presentar una nueva demanda ante el Poder Judicial para exigir la nulidad de la resolución de Indecopi que reconoce al Estado Peruano como su principal acreedor.
“La actitud de Doe Run es inexplicable, sobre todo porque obstaculiza los esfuerzos que realiza el Perú. Esto podría afectar la pronta reanudación de las operaciones”, dice el breve comunicado del Ministerio de Energía y Minas.
La estrategia de Doe Run
Esta demanda se suma a la otra que el complejo metalúrgico mantiene en los tribunales de EE.UU. por 800 millones de dólares. La empresa aduce que ha recibido un trato inequitativo, porque el Gobierno no ha cumplido con su parte: la remediación de suelos en La Oroya.
¿Cuál es la verdadera intención de la empresa al demandar por segunda vez al Perú? Para Emma Gómez, abogada de Cooperacción, esto revela que Doe Run estaría más interesada en cobrar los 800 millones de dólares de la demanda en EE.UU. que en reabrir el complejo y cumplir sus compromisos ambientales. “El argumento que utiliza Doe Run es que el Gobierno Peruano busca una expropiación, por eso no lo quiere aceptar como acreedor. Me da la impresión de que están construyendo su estrategia legal para hacer creer en EE.UU que el Gobierno Peruano los quiere expropiar y así ganar los 800 millones de dólares”, sostiene.
La historia de Doe Run es una suma de excesos y extrañas concesiones: es la única empresa minera que arrastra el incumplimiento de su programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA); se le ha permitido modificarlo cuatro veces, ha incumplido su implementación y, aún así, en dos oportunidades (2006 y 2009) se le han otorgado prórrogas. Pese a estos antecedentes, un proyecto de ley promovido por el congresista Casio Huaire Chuquichaico busca darle nuevos beneficios.
La iniciativa legislativa del representante de Junín por Perú Posible promueve no solo flexibilizar el cumplimiento de estándares ambientales a esta empresa, sino también, eliminar sus deudas pendientes con el Estado y ampliar por tercera vez el plazo para la construcción de una planta necesaria para evitar la emisión al aire de plomo, arsénico y cadmio.
Este proyecto ha sido respaldado por los fujimoristas Néstor Valqui y Jesús Hurtado, y los representantes de Alianza Parlamentaria Víctor Crisólogo, Rennán Espinoza, Willyam Valle, Modesto Julca y José León. La también congresista por Junín, Doris Oseda (Gana Perú), retiró su firma porque dijo que “la habían sorprendido”. En su despacho alistan un nuevo proyecto de ley.
El proyecto de Casio Huaire recoge la misma agenda que Doe Run plantea desde junio del 2010: “tolerancia en la exigencia de cumplimiento de los estándares ambientales y la exoneración de las multas”. El congresista ha reconocido que los representantes del sindicato de Doe Run han participado en la elaboración de la propuesta.
Carmen Heck, abogada de la sociedad Peruana de Derecho Ambiental, ha dicho que el proyecto en cuestión pretende normar un caso particular, cuando las leyes deben tener alcances generales. “Una ley destinada a otorgar beneficios especiales a Doe Run sería irregular”. Consultado sobre el tema, el presidente de la comisión de pueblos indígenas y ambiente del Congreso, Antonio Medina, señaló que le parece “poco ético” que una de las partes interesadas haya participado en la elaboración de la propuesta.
Compromisos impagos
¿Cuál es la verdadera intención de la empresa al demandar por segunda vez al Perú? Para Emma Gómez, abogada de Cooperacción, esto revela que Doe Run estaría más interesada en cobrar los 800 millones de dólares de la demanda en EE.UU. que en reabrir el complejo y cumplir sus compromisos ambientales. “El argumento que utiliza Doe Run es que el Gobierno Peruano busca una expropiación, por eso no lo quiere aceptar como acreedor. Me da la impresión de que están construyendo su estrategia legal para hacer creer en EE.UU que el Gobierno Peruano los quiere expropiar y así ganar los 800 millones de dólares”, sostiene.
La historia de Doe Run es una suma de excesos y extrañas concesiones: es la única empresa minera que arrastra el incumplimiento de su programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA); se le ha permitido modificarlo cuatro veces, ha incumplido su implementación y, aún así, en dos oportunidades (2006 y 2009) se le han otorgado prórrogas. Pese a estos antecedentes, un proyecto de ley promovido por el congresista Casio Huaire Chuquichaico busca darle nuevos beneficios.
La iniciativa legislativa del representante de Junín por Perú Posible promueve no solo flexibilizar el cumplimiento de estándares ambientales a esta empresa, sino también, eliminar sus deudas pendientes con el Estado y ampliar por tercera vez el plazo para la construcción de una planta necesaria para evitar la emisión al aire de plomo, arsénico y cadmio.
Este proyecto ha sido respaldado por los fujimoristas Néstor Valqui y Jesús Hurtado, y los representantes de Alianza Parlamentaria Víctor Crisólogo, Rennán Espinoza, Willyam Valle, Modesto Julca y José León. La también congresista por Junín, Doris Oseda (Gana Perú), retiró su firma porque dijo que “la habían sorprendido”. En su despacho alistan un nuevo proyecto de ley.
El proyecto de Casio Huaire recoge la misma agenda que Doe Run plantea desde junio del 2010: “tolerancia en la exigencia de cumplimiento de los estándares ambientales y la exoneración de las multas”. El congresista ha reconocido que los representantes del sindicato de Doe Run han participado en la elaboración de la propuesta.
Carmen Heck, abogada de la sociedad Peruana de Derecho Ambiental, ha dicho que el proyecto en cuestión pretende normar un caso particular, cuando las leyes deben tener alcances generales. “Una ley destinada a otorgar beneficios especiales a Doe Run sería irregular”. Consultado sobre el tema, el presidente de la comisión de pueblos indígenas y ambiente del Congreso, Antonio Medina, señaló que le parece “poco ético” que una de las partes interesadas haya participado en la elaboración de la propuesta.
Compromisos impagos
La empresa es asidua a los tribunales. De las 14 multas impuestas entre el 2007 y el 2011 por infracciones al ambiente y la seguridad e higiene, solo ha cancelado cinco. El resto las ha llevado al Poder Judicial. Las multas por pagar suman S/.1’303.050.
En el Congreso las voces están divididas. No todos los parlamentarios están de acuerdo con una tercera ampliación, y algunos, como Antonio Medina y Doris Oseda han resaltado la importancia en la reducción de plomo en los niños desde que cerró el complejo. Esta semana, sin embargo, el presidente del Congreso, Daniel Abugattás, se mostró a favor de una nueva prórroga, pero en su bancada han precisado que se trata de una opinión personal.
¿Logrará la empresa –separada el 2010 de la Sociedad Nacional de Minería por “transgredir los principios éticos” y “no demostrar con hechos su voluntad de cumplir sus compromisos ambientales”– el plazo adicional que busca en este Congreso? El debate deberá resolverse antes de abril, cuando vence el plazo otorgado a Doe Run el 2009.
El Comercio
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