El proyecto de ley presentado ante el Congreso que permitiría una nueva ampliación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del Complejo Metalúrgico de La Oroya fue elaborado por un grupo de trabajadores de la empresa minera Doe Run.
Lo hicieron en forma conjunta con las autoridades del distrito de Santa Rosa de Sacco y de la provincia de Yauli (La Oroya), según indicó el congresista Casio Huaire.
“En el proyecto han participado algunos dirigentes [del sindicato], algunos ingenieros que trabajan también en la empresa y que conocen obviamente cuál es la realidad y cómo se podría reiniciar [el complejo].
Es un acuerdo consensuado entre los trabajadores, ha estado presente el señor alcalde de la provincia, el señor alcalde de Santa Rosa de Sacco y el vicepresidente de la región”, explicó.
Un día antes, especialistas de la ONG Cooperacción indicaban que el proyecto de ley 636/2011 que permitirá la ampliación del PAMA de Doe Run era una norma hecha a la medida de la minera, pues no solo daba la posibilidad de una nueva prórroga en caso de fuerza mayor, sino que permitía que la empresa no sea fiscalizada con nuevos estándares ambientales en un plazo de cinco años, lo cual se traduce en la posibilidad de seguir contaminando el aire y suelo de La Oroya, sin ser sancionada.
Huaire, quien presentó la iniciativa ante el Poder Legislativo, realizó ayer una conferencia de prensa en el Congreso acompañado del alcalde provincial de Yauli, Javier García; del secretario general del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos, Roiberto Guzmán; y la presidenta del Comité de Lucha de La Oroya, Coqui Ríos.
Los representantes indicaron que el proyecto de ley no es una nueva ampliación del PAMA –pese a que considera una extensión del plazo por 24 meses y seis meses para arrancar la planta de ácido sulfúrico– sino una “aclaración de la Ley 29410” que fue la norma que en el 2009 amplió el PAMA a Doe Run por un plazo de diez meses.
Huaire explicó que es una aclaración de la referida norma para permitir el inicio de la operación del Complejo Metalúrgico.
El congresista señaló que la norma deberá pasar por la Comisión de Energía y Minas del Congreso y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, donde podría verse modificada y enriquecida con el debate.
El Comercio (Ed. Impresa 22/02/12, Pág. b4)
Lo hicieron en forma conjunta con las autoridades del distrito de Santa Rosa de Sacco y de la provincia de Yauli (La Oroya), según indicó el congresista Casio Huaire.
“En el proyecto han participado algunos dirigentes [del sindicato], algunos ingenieros que trabajan también en la empresa y que conocen obviamente cuál es la realidad y cómo se podría reiniciar [el complejo].
Es un acuerdo consensuado entre los trabajadores, ha estado presente el señor alcalde de la provincia, el señor alcalde de Santa Rosa de Sacco y el vicepresidente de la región”, explicó.
Un día antes, especialistas de la ONG Cooperacción indicaban que el proyecto de ley 636/2011 que permitirá la ampliación del PAMA de Doe Run era una norma hecha a la medida de la minera, pues no solo daba la posibilidad de una nueva prórroga en caso de fuerza mayor, sino que permitía que la empresa no sea fiscalizada con nuevos estándares ambientales en un plazo de cinco años, lo cual se traduce en la posibilidad de seguir contaminando el aire y suelo de La Oroya, sin ser sancionada.
Huaire, quien presentó la iniciativa ante el Poder Legislativo, realizó ayer una conferencia de prensa en el Congreso acompañado del alcalde provincial de Yauli, Javier García; del secretario general del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos, Roiberto Guzmán; y la presidenta del Comité de Lucha de La Oroya, Coqui Ríos.
Los representantes indicaron que el proyecto de ley no es una nueva ampliación del PAMA –pese a que considera una extensión del plazo por 24 meses y seis meses para arrancar la planta de ácido sulfúrico– sino una “aclaración de la Ley 29410” que fue la norma que en el 2009 amplió el PAMA a Doe Run por un plazo de diez meses.
Huaire explicó que es una aclaración de la referida norma para permitir el inicio de la operación del Complejo Metalúrgico.
El congresista señaló que la norma deberá pasar por la Comisión de Energía y Minas del Congreso y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, donde podría verse modificada y enriquecida con el debate.
El Comercio (Ed. Impresa 22/02/12, Pág. b4)
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