Programa Sin medias tintas promueve persecución contra maestros

[Pancarta realizada en la Marcha del Agua - Cajamarca]

Redacción Viejo Topo

Una vez más echan y juegan con fuego. El programa Sin Medias Tintas dirigido por Aldo Mariátegui y Mónica Delta, ha realizado un reportaje dentro de un estilo propio del más adocenado macartismo de los años 50.

Los blancos preferidos en el trabajo “periodístico” de marras esta vez han sido los maestros del magisterio nacional, reincorporados a sus labores educativas luego de haber purgado cárcel por hechos de la guerra interna acontecida en el país en los años 80. ¿Cuál es el supuesto crimen que han cometido estos maestros según las rimbombantes investigaciones de estos “periodistas”?

El primer hecho por el que se les acusa es ser objetivos y tener un juicio propio respecto a los hechos políticos del conflicto armado interno. También es un delito, según este reportaje, decir que fue un partido el que dirigió una guerra contra el Estado. Además, y por si fuera poco, el firmar por el MOVADEF también es considerado una grave transgresión.

Sin embargo, la cuestionada CVR señala en el capítulo 1 – Los periodos de la violencia lo siguiente: “Por su parte, las organizaciones defensoras de los derechos humanos realizaron numerosas denuncias específicas y acopiaron información sobre la guerra interna”. Como se puede ver de manera clara, la misma CVR dijo que fue una guerra.

Asimismo, esta misma comisión ha mencionado que el que llevó a cabo la llamada guerra popular fue una organización partidaria. Un ejemplo de ello lo tenemos en el subcapítulo sobre Fuerzas policiales: “La declaración del Inicio de la Lucha Armada (ILA) por parte del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL) sorprendió a gran parte de la sociedad”. A lo largo de sus discutibles capítulos, esta idea es reiterativa.

Juan Carlos Tafur de Diario 16 en su columna del 24 de enero menciona lo mismo:“Guerra interna es, efectivamente, lo que hubo”.

Sin embargo, Sin Medias Tintas no ha dudado en denostar y criminalizar el ejercicio de la docencia realizada por muchos maestros del magisterio cuya principal labor es dar a conocer de manera diáfana y científica un hecho político cuya cabal comprensión es más que necesaria en la actualidad para poder entrar en un verdadero proceso de reconciliación nacional. Y de una manera propia de la policía política, ha dado una lista de nombres de docentes precisamente para amedrentarlos por sus ideas.

Además, han señalado que las ideas de los maestros atentan contra la democracia en el país. Analicemos. En el reportaje, a un maestro se le pregunta si está de acuerdo con la amnistía general. Este responde que sí y no solo para un lado sino para todos los lados implicados en las hostilidades. Luego, Aldo Mariátegui cual inquisidor medieval dice que quienes piensan así no pueden estar enseñando en los centros educativos.

Nos preguntamos, entonces, ¿Es un delito que atenta contra la democracia manifestar su acuerdo con la amnistía general? ¿Qué es lo que pretende este reportaje? La respuesta cae por sí sola: Que nadie salga y haga la más mínima declaración a favor de la amnistía general.

Otra perlita de este execrable trabajo “periodístico” han sido las afirmaciones del ex Ministro de Educación Díaz Chávez sobre el decreto supremo que prohíbe la reincorporación a sus labores educativas a excarcelados por motivos políticos durante los 80. Dicho decreto fue dado por el actual gobierno. Este antidemocrático decreto promueve la proscripción de los maestros en virtud de sus ideas y no solo ello sino que los condena al ostracismo perpetuo, es decir, que no se desempeñen en ningún trabajo, mucho menos en el educativo.

¿Cómo se puede entender entonces esta labor de Aldo Mariátegui y Mónica Delta al servicio de la más dogmática derecha de nuestro país? Simple y sencillamente se trata de una persecución política a quienes disienten de la visión que tienen sobre la guerra los más intolerantes derechistas y que se visten de demócratas como los susodichos “periodistas”.

A esta labor inquisitorial se suman las declaraciones de Octavio Salazar y el Procurador Galindo. “¿Cómo le ha permitido entrar a las aulas?”. “Están participando en las protestas”, ha mencionado escandalizado Galindo.

Otra de las afirmaciones de este funcionario del Estado ha sido su cuestionamiento a la aplicación del derecho por parte de un poder independiente en materia legislativa. “El Poder judicial es exquisito en su interpretación”, ha dicho Galindo. Pues precisamente este poder del Estado se ha venido rigiendo por el respeto a las normas constitucionales las cuales amparan la reincorporación a la labor educativa de quienes ya cumplieron su condena o de procesados por motivos políticos.

Hay aquí un tema de respeto de la misma Constitución por quienes supuestamente son los que deben hacerla respetar: los poderes del Estado. Por un lado, el Poder Ejecutivo emite decretos supremos inconstitucionales como el DS 019-2010-ED, dado durante la gestión de Díaz Chávez. Por otro lado, el Poder Judicial ampara de acuerdo a la Constitución el ejercicio del trabajo al cual tiene derecho todo ciudadano.

Lo que promueven los medios de comunicación como Sin medias tintas y principalmente el Poder Ejecutivo del Gobierno de Ollanta es la proscripción perpetua y la eliminación de la ciudadanía a todos excarcelados de la guerra interna.

Mientras los ex asesores de la CVR andan anclados al pasado sin importarles el presente y el futuro del país, la prohibición del derecho al trabajo a los maestros tiende extenderse a todo aquel que proteste por cambiar sus condiciones de vida frente a la política económica actual del Gobierno. Hoy son los maestros, mañana serán los trabajadores de los diversos sectores.



Fuente: Viejo Topo