Esta semana se reunió el Acuerdo Nacional para discutir el tema del agua. En la reunión se decidió diseñar una política nacional para el uso de este recurso y se sostuvo que esta política debía establecer una jerarquía que diera la primera prioridad al consumo humano y la segunda a la agricultura. Solo luego vendrían otras actividades, incluyendo la minería.
Todo magnífico, si no fuese porque esto es exactamente lo que ya dicta la Ley de Recursos Hídricos. Y porque, claro, plantear el problema del agua como una cuestión de escasez en la que, consiguientemente, el uso de unos deja sin el recurso a otros, supone enfrentar el único problema hídrico que no tenemos y dejar intacto el que sí.
En el Perú abunda el agua. Según cifras de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), estamos entre los veinte países con más agua en el mundo. De los dos billones de metros cúbicos con los que contamos anualmente, conforme a la misma FAO, usamos el 1%. El otro 99% se pierde. Y eso incluye, según la Autoridad Nacional del Agua (ANA) el 98% del agua de la vertiente del Pacífico. Nuestro problema del agua, pues, no es un problema de escasez; es un problema de desaprovechamiento de la que tenemos.
¿Por qué no usamos cada año el 99% del agua de la que disponemos? Pues porque hemos encomendado al Estado generar la infraestructura – represas, reservorios, ductos y demás– necesaria para aprovechar el agua y este lo ha hecho con la destreza con la que suele hacer las cosas. Un ejemplo especialmente relevante en estos días es el Gobierno Regional de Cajamarca. Esta es una región que, conforme las cifras de ANA, usa solo el 20% de su agua. Pues bien, el Gobierno Regional tiene dormidos 11 proyectos relacionados con el agua, pese a tener sus expedientes técnicos ya aprobados y pese a haber devuelto a Lima en el último lustro S/.1.230 millones provenientes del canon de las mineras.
Tampoco es el caso, por cierto, que la minería esté impidiendo que la poca agua que sí tenemos cómo aprovechar pueda llegar a los demás: de esa agua las minas usan menos del 2%.
De los dos billones de metros cúbicos con los que contamos anualmente, conforme a la misma FAO, usamos el 1%. El otro 99% se pierde…
La razón por la que en el Perú encomendamos el agua exclusivamente al Estado es porque creemos que nadie debe hacer negocio con ella, puesto que “es de todos”. ¿De todos? Queremos decir del mar, que es a donde se va cada año la mayor parte de lo que llueve en el país. La verdad es que en el Perú el agua es solo de quienes están cerca de la poca infraestructura hidráulica que hay. Los demás – entre quienes figuran los más pobres– tienen que pagarla a precios altísimos a esos camiones que se pasean por nuestras ciudades y valles. Para no hablar de las zonas rurales en donde no queda más que caminar largas horas para llegar a la fuente más cercana.
Mientras tanto ningún privado (una industria, una explotación agrícola, una comunidad campesina) con derechos de uso de agua comprados al Estado tiene incentivos para desarrollar la infraestructura (como riego por goteo o reservorios) que le permita ahorrar este recurso y trasladarlo luego a donde se necesite. La Ley de Recursos Hídricos prohíbe a los privados vender el agua. Como resultado todos los que tienen derecho a esta usan más de la que podrían y dejan correr el resto, convirtiendo al Perú en un caño permanentemente abierto. Ilustrativamente, al otro lado de la frontera, en Chile, donde los privados pueden vender el agua, estos han desarrollado una infraestructura con la que se irriga casi toda la costa de su país.
¿Por qué si el tema del agua es de escasez y no de aprovechamiento nadie habla de estas cosas? Porque en el Perú el tema del agua no es el agua sino la ideología. El agua es un rehén que ha tomado la izquierda más retrógrada para imponer las teorías que los peruanos hemos rechazado en las urnas. Lo que se quiere es decir, contra todas las cifras, que “las mineras se llevan el agua”. Por eso decía anteayer el señor Santos que el verdadero asunto con la marcha es lograr un nuevo Congreso y una nueva Constitución y por eso declaraba esta semana el señor Aduviri en plena marcha por el agua que la población exige del presidente “La Gran Transformación”. Por eso, en fin, la marcha por el agua ha podido hacer tanto de su recorrido impertérrita, bajo la lluvia.
Editorial del diario “El Comercio”
Domingo 12/02/2012
Domingo 12/02/2012
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