Por: JACQUELINE FOWKS
El incremento de la actividad minera en el Perú está causando tensiones con las poblaciones locales que los rechazan, piden un menor daño al entorno, o participar de los beneficios. El Gobierno de Ollanta Humala aún no ha encontrado una solución para desbloquear uno de los más importantes proyectos —la explotación aurífera de Conga— que está provocando desde hace tres semanas protestas y episodios violentos en Cajamarca, departamento de la sierra norte en el que hay una fuerte movilización en contra del proyecto.
El martes, un portavoz de las empresas Yanacocha-Newmont dijo que aceptarían algunas recomendaciones de un ‘peritaje’ internacional para modificar el estudio de impacto ambiental (EIA) de Conga. Desde abril se esperaba la respuesta de la minera, que había amenazado con suspender su inversión de 4.800 millones de dólares.
Ese mismo día, el primer ministro Oscar Valdés informó de que para el pasado jueves habría un anuncio “integral” del Gobierno sobre el controvertido proyecto; sin embargo, solo hubo una declaración del presidente arrancada por los reporteros que cubrieron una inauguración de vías en el distrito de Ate, Lima.
“Le habíamos hecho (a Newmont) una serie de planteamientos a este proyecto y saludamos que por fin se hayan identificado con nuestras propuestas”, dijo el mandatario peruano.
La administración de Humala ha heredado una legislación minera ahora desfasada: los estudios de impacto ambiental de los proyectos son hechos por consultoras privadas, luego aprobados por el ministerio de Energía y Minas y, entonces, pueden empezar las operaciones. Sin embargo, en los dos últimos años, tres grandes proyectos mineros que tenían EIA aprobados han quedado paralizados debido a la fuerte oposición y protestas de la población local.
Por ejemplo, tras continuas protestas en carreteras de Arequipa (sierra sur) contra el proyecto Tía María de la empresa Southern Perú, el EIA ya aprobado tuvo que ser revisado en 2010 por expertos contratados por UNOPS —un ente de Naciones Unidas—, lo que constituye un procedimiento inexistente en las normas, según recordó el investigador inglés Anthony Bebbington en declaraciones a este diario.
De esa forma, el Gobierno anterior de Alan García intentó mantener una inversión que cumplió con los requerimientos del Estado y obtener la aprobación local o ‘licencia social’ para el proyecto.
Una situación similar ocurrió en 2010 con el proyecto Quellaveco –de extracción de cobre- de la empresa Angloamerican –con sede en Londres–, que enfrenta la oposición de dos valles agrícolas en el departamento de Moquegua (costa sur) debido al uso del agua.
Por último, el proyecto Conga en Cajamarca está paralizado –a petición del Gobierno– desde el pasado mes de diciembre, cuando surgieron las protestas por los posibles perjuicios en una cabecera de cuenca y porque en el pasado la empresa Yanacocha incumplió compromisos medioambientales en esa región.
En abril, después que los peritos extranjeros formularon recomendaciones para un ajuste del proyecto Conga, el presidente Humala anunció que su Gobierno impulsaba una “nueva minería, amigable con el entorno, que respete las condiciones ambientales que los peruanos exigimos”. Los mismos términos los reiteró el martes en la cumbre de Río+20.
El mandatario dijo que su administración “es muy consciente de que las poblaciones requieren que estas inversiones se den en un escenario de confianza y de una relación transparente y de respeto mutuo. Este Gobierno, no va a aceptar actitudes de soberbia de ninguna empresa”.
La posición de las empresas
Consultado por EL PAÍS, Hugh Elliot, director internacional de relaciones gubernamentales de Anglo American, comentó: “Entendemos que el presidente Humala está buscando una inversión social y ambientalmente responsable. Creemos que la ‘nueva minería’ descrita no es diferente de la que Anglo American practica”.
“Para entregar los beneficios que nuestra actividad puede generar a las comunidades donde operamos, requerimos un marco institucional estable y sólido para el largo plazo, en lo público como en lo privado”, agregó.
Un poco más directo fue el director de la empresa canadiense de origen peruano Alturas Minerals, Augusto Baertl. “Esas declaraciones [del presidente sobre la nueva minería] son políticas, para tratar de estar bien con Dios y con el diablo. Pero nunca se ha visto que a un proyecto con EIA aprobado se le diga ‘un momentito’, voy a traer peritos y revisar las cosas. Estamos en una situación en que no se está respetando los procesos establecidos”, comentó a este diario.
Baertl considera que, en el caso de Conga, el Gobierno ha tenido que dirimir en el proceso, aunque con resultados aún inciertos.
“Seguro hay casos en los que, antropológicamente, uno puede darle consejos (a la empresa), un poco más de tacto, pero no hay empresa que escape de estas dificultades”, añadió Baertl, ingeniero de minas que empezó a trabajar en los años sesenta.
A su vez, el director de asuntos corporativos de la minera Barrick, Gonzalo Quijandría, ve que el Gobierno es consecuente pues se preocupa por "la estabilidad jurídica (de los proyectos mineros) pero quisiera un nuevo modelo de aceptación para que las personas tengan más confianza”.
“Es válido que el Gobierno haga que estos estudios lleguen mejor y respondan a las preguntas que ellos [la población local afectada por las operaciones] plantean”, afirmó Quijandría a título personal.
“Todos estamos aprendiendo de los aciertos y los errores. Las empresas deben tener puntería fina respecto a qué le interesa a la población antes de hacer números. No creo que ninguna de las empresas pueda sentirse ajena a las palabras del presidente”, añadió el funcionario de Barrick.
El historiador Bebbington, quien estudia los movimientos sociales frente a la minería en Bolivia y Perú desde hace una década, estima que en el caso de Conga la intervención del Gobierno ha tenido el más alto perfil en estos años, “para evitar que otro proyecto se paralice, como ocurrió con Tía María”.
Según el director de la carrera de geografía de la universidad de Clark, “el caso de Conga refleja que los canales formales de participación no funcionan en el Perú y que hay profundos problemas sociales”.
El jueves terminó sin el esperado anuncio del Gobierno y con la negativa del presidente Humala a conceder una audiencia a algunos de los líderes de la protesta, entre ellos el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, y alcaldes. Cerró con un nuevo episodio de violencia desproporcionada de la policía en Cajamarca: un grupo de efectivos arremetió contra mujeres que preparaban una olla común, se produjo un enfrentamiento y luego detenciones.
En la 1ª Comisaría, los efectivos golpearon a los detenidos, entre ellos la abogada de un organismo de derechos humanos, Amparo Abanto: otra de la Defensoría del Pueblo, Genoveva Vargas, y una joven de 17 años. En los 22 días de protestas, es el tercer episodio de violencia descontrolada de la policía contra personas desarmadas.
El martes, un portavoz de las empresas Yanacocha-Newmont dijo que aceptarían algunas recomendaciones de un ‘peritaje’ internacional para modificar el estudio de impacto ambiental (EIA) de Conga. Desde abril se esperaba la respuesta de la minera, que había amenazado con suspender su inversión de 4.800 millones de dólares.
Ese mismo día, el primer ministro Oscar Valdés informó de que para el pasado jueves habría un anuncio “integral” del Gobierno sobre el controvertido proyecto; sin embargo, solo hubo una declaración del presidente arrancada por los reporteros que cubrieron una inauguración de vías en el distrito de Ate, Lima.
“Le habíamos hecho (a Newmont) una serie de planteamientos a este proyecto y saludamos que por fin se hayan identificado con nuestras propuestas”, dijo el mandatario peruano.
La administración de Humala ha heredado una legislación minera ahora desfasada: los estudios de impacto ambiental de los proyectos son hechos por consultoras privadas, luego aprobados por el ministerio de Energía y Minas y, entonces, pueden empezar las operaciones. Sin embargo, en los dos últimos años, tres grandes proyectos mineros que tenían EIA aprobados han quedado paralizados debido a la fuerte oposición y protestas de la población local.
Por ejemplo, tras continuas protestas en carreteras de Arequipa (sierra sur) contra el proyecto Tía María de la empresa Southern Perú, el EIA ya aprobado tuvo que ser revisado en 2010 por expertos contratados por UNOPS —un ente de Naciones Unidas—, lo que constituye un procedimiento inexistente en las normas, según recordó el investigador inglés Anthony Bebbington en declaraciones a este diario.
De esa forma, el Gobierno anterior de Alan García intentó mantener una inversión que cumplió con los requerimientos del Estado y obtener la aprobación local o ‘licencia social’ para el proyecto.
Una situación similar ocurrió en 2010 con el proyecto Quellaveco –de extracción de cobre- de la empresa Angloamerican –con sede en Londres–, que enfrenta la oposición de dos valles agrícolas en el departamento de Moquegua (costa sur) debido al uso del agua.
Por último, el proyecto Conga en Cajamarca está paralizado –a petición del Gobierno– desde el pasado mes de diciembre, cuando surgieron las protestas por los posibles perjuicios en una cabecera de cuenca y porque en el pasado la empresa Yanacocha incumplió compromisos medioambientales en esa región.
En abril, después que los peritos extranjeros formularon recomendaciones para un ajuste del proyecto Conga, el presidente Humala anunció que su Gobierno impulsaba una “nueva minería, amigable con el entorno, que respete las condiciones ambientales que los peruanos exigimos”. Los mismos términos los reiteró el martes en la cumbre de Río+20.
El mandatario dijo que su administración “es muy consciente de que las poblaciones requieren que estas inversiones se den en un escenario de confianza y de una relación transparente y de respeto mutuo. Este Gobierno, no va a aceptar actitudes de soberbia de ninguna empresa”.
La posición de las empresas
Consultado por EL PAÍS, Hugh Elliot, director internacional de relaciones gubernamentales de Anglo American, comentó: “Entendemos que el presidente Humala está buscando una inversión social y ambientalmente responsable. Creemos que la ‘nueva minería’ descrita no es diferente de la que Anglo American practica”.
“Para entregar los beneficios que nuestra actividad puede generar a las comunidades donde operamos, requerimos un marco institucional estable y sólido para el largo plazo, en lo público como en lo privado”, agregó.
Un poco más directo fue el director de la empresa canadiense de origen peruano Alturas Minerals, Augusto Baertl. “Esas declaraciones [del presidente sobre la nueva minería] son políticas, para tratar de estar bien con Dios y con el diablo. Pero nunca se ha visto que a un proyecto con EIA aprobado se le diga ‘un momentito’, voy a traer peritos y revisar las cosas. Estamos en una situación en que no se está respetando los procesos establecidos”, comentó a este diario.
Baertl considera que, en el caso de Conga, el Gobierno ha tenido que dirimir en el proceso, aunque con resultados aún inciertos.
“Seguro hay casos en los que, antropológicamente, uno puede darle consejos (a la empresa), un poco más de tacto, pero no hay empresa que escape de estas dificultades”, añadió Baertl, ingeniero de minas que empezó a trabajar en los años sesenta.
A su vez, el director de asuntos corporativos de la minera Barrick, Gonzalo Quijandría, ve que el Gobierno es consecuente pues se preocupa por "la estabilidad jurídica (de los proyectos mineros) pero quisiera un nuevo modelo de aceptación para que las personas tengan más confianza”.
“Es válido que el Gobierno haga que estos estudios lleguen mejor y respondan a las preguntas que ellos [la población local afectada por las operaciones] plantean”, afirmó Quijandría a título personal.
“Todos estamos aprendiendo de los aciertos y los errores. Las empresas deben tener puntería fina respecto a qué le interesa a la población antes de hacer números. No creo que ninguna de las empresas pueda sentirse ajena a las palabras del presidente”, añadió el funcionario de Barrick.
El historiador Bebbington, quien estudia los movimientos sociales frente a la minería en Bolivia y Perú desde hace una década, estima que en el caso de Conga la intervención del Gobierno ha tenido el más alto perfil en estos años, “para evitar que otro proyecto se paralice, como ocurrió con Tía María”.
Según el director de la carrera de geografía de la universidad de Clark, “el caso de Conga refleja que los canales formales de participación no funcionan en el Perú y que hay profundos problemas sociales”.
El jueves terminó sin el esperado anuncio del Gobierno y con la negativa del presidente Humala a conceder una audiencia a algunos de los líderes de la protesta, entre ellos el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, y alcaldes. Cerró con un nuevo episodio de violencia desproporcionada de la policía en Cajamarca: un grupo de efectivos arremetió contra mujeres que preparaban una olla común, se produjo un enfrentamiento y luego detenciones.
En la 1ª Comisaría, los efectivos golpearon a los detenidos, entre ellos la abogada de un organismo de derechos humanos, Amparo Abanto: otra de la Defensoría del Pueblo, Genoveva Vargas, y una joven de 17 años. En los 22 días de protestas, es el tercer episodio de violencia descontrolada de la policía contra personas desarmadas.
Fuente: Diario El Pais - http://internacional.elpais.com/internacional/2012/06/22/actualidad/1340367008_274476.html
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