24 de abril 2012
Accionistas y ONG cuestionaron hoy a gerentes y miembros de la Junta Directiva de Newmont Mining en su reunión anual de accionistas, realizada en Wilmington, Estados Unidos. La crítica se centró en los riesgos operativos y de reputación que la empresa enfrenta actualmente en Perú y el necesario consentimiento libre, previo e informado de las comunidades
cernadas a las operaciones de la empresa. Además, el grupo de accionistas disidente recomendó enérgicamente la publicación de guías sobre prácticas ambientales y sociales de la empresa, incluyendo la supervisión que realice la junta directiva de esas cuestiones.
En 2007, es respuesta a una propuesta de accionistas de Newmont miembros del Interfaith Center on Corporate Responsibility (Centro Ecuménico de Responsabilidad Corporativa), Newmont aceptó realizar una revisión global de sus políticas y prácticas relacionadas con la oposición comunitaria a sus operaciones. En la reunión anual de este año, el proponente de la iniciativa, Julie Tanner, director asistente de Socially Responsible Investing at Christian Brothers Investment Services (CBIS) expresó su frustración porque la empresa nunca divulgó información sobre la revisión.
“Pedimos a la empresa que informe a los grupos de interés, incluyendo accionistas, sobre la implementación de un informe sobre las relaciones comunitarias" comentó Tanner.
En mayo de 2009, la empresa publicó el informe “Community Relationships Summary Report” que incluyó una lista de recomendaciones para mejorar sus políticas y prácticas en relación a las comunidades locales. De acuerdo al sitio web de la compañía, el informe concluyó que "debe mejorar sus relaciones con las comunidades, fortalecer sus capacidades de resolución de conflictos y desarrollar programas y estándares que mejoren su comportamiento".
"Hace tres años, los accionistas felicitamos a Newmont por el compromiso de abordar las causas profundas de los conflictos con las comunidades mediante una revisión de sus políticas y prácticas de relacionamiento con ellas" comentó Cathy Rowan, coodinadora de Responsabilidad Social de las Congregación Hermanas de Maryknoll.
"Pero hasta ahora no sabemos si la implementación de ese plan hizo alguna diferencia. Dada la oposición que enfrenta la empresa en el proyecto Coga, nos preguntamos si el conflicto se ha transformado en una suerte de "nueva normalidad" para la empresa. Nos preocupa la incapacidad de Newmont para obtener una licencia social en los países donde opera" concluyó.
Los accionistas también preguntaron a la Junta Directiva cómo espera asegurar la viabilidad a largo plazo de sus operaciones en Perú.
En la región de Cajamarca, al norte del Perú, diversos grupos han manifestado su oposición al proyecto Minas Congas debido a su consumo de agua y la potencial contaminación de una zona sensible y que es cabecera de cuenca. La construcción del proyecto se suspendió en noviembre de 2011 después de fuertes protestas. El 5 de diciembre el gobierno nacional declaró el estado de emergencia en cuatro distritos de la región, que finalmente se levantó el 15 de diciembre.
Nick Magel del grupo ambientalista Earthworks, en representación de los Misionaros Oblatos de María Inmaculada, dijo: "La incapacidad de Newmont de obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas por el proyecto se ha vuelto una pérdida financiera y de imágen pública para la empresa". Según las estimaciones de la empresa, las demoras en el inicio de la construcción le costaron US$2 millones al día, que la empresa ha logrado reducir.
No es la primera vez que cuestiones como esta afectan las operaciones de la empresa en Perú. En 2004, Newmont suspendió la construcción de la mina Cerro Quilish luego de semanas de protestas y oposición de las comunidades locales. En aquel momento, la empresa publicó un comunicado en los diarios donde expresó la "voluntad de siempre escuchar los sentimientos del pueblo de Cajamarca, reconocer nuestros errores y promover cambios positivos en nuestro comportamiento para reconstruir nuesrta relación con la población".
El mes pasado, la firma de investigación de mercado ECPI calificó con grado "F" a Newmont, como cada año desde 2007, debido a sus conflictos con las comunidades y gobiernos locales.
El informe de la consultora puede bajarse aquí (en inglés):http://www.ecpigroup.com/ecpshare/newsletter/2012_March/1203_ECPI_Land_Grabbing_Newmont_Mining.pdf
CONTACTOS:
Julie Tanner, Christian Bros Investment Srvcs, 917-723-7702
Cathy Rowan, Maryknoll Sisters, 718-822-0820
Nick Magel, Earthworks, 419-283-2728
Payal Sampat, Earthworks, 202-247-1180
Artículo original en inglés: http://bit.ly/EW-NewmontAGM-2012
cernadas a las operaciones de la empresa. Además, el grupo de accionistas disidente recomendó enérgicamente la publicación de guías sobre prácticas ambientales y sociales de la empresa, incluyendo la supervisión que realice la junta directiva de esas cuestiones.
En 2007, es respuesta a una propuesta de accionistas de Newmont miembros del Interfaith Center on Corporate Responsibility (Centro Ecuménico de Responsabilidad Corporativa), Newmont aceptó realizar una revisión global de sus políticas y prácticas relacionadas con la oposición comunitaria a sus operaciones. En la reunión anual de este año, el proponente de la iniciativa, Julie Tanner, director asistente de Socially Responsible Investing at Christian Brothers Investment Services (CBIS) expresó su frustración porque la empresa nunca divulgó información sobre la revisión.
“Pedimos a la empresa que informe a los grupos de interés, incluyendo accionistas, sobre la implementación de un informe sobre las relaciones comunitarias" comentó Tanner.
En mayo de 2009, la empresa publicó el informe “Community Relationships Summary Report” que incluyó una lista de recomendaciones para mejorar sus políticas y prácticas en relación a las comunidades locales. De acuerdo al sitio web de la compañía, el informe concluyó que "debe mejorar sus relaciones con las comunidades, fortalecer sus capacidades de resolución de conflictos y desarrollar programas y estándares que mejoren su comportamiento".
"Hace tres años, los accionistas felicitamos a Newmont por el compromiso de abordar las causas profundas de los conflictos con las comunidades mediante una revisión de sus políticas y prácticas de relacionamiento con ellas" comentó Cathy Rowan, coodinadora de Responsabilidad Social de las Congregación Hermanas de Maryknoll.
"Pero hasta ahora no sabemos si la implementación de ese plan hizo alguna diferencia. Dada la oposición que enfrenta la empresa en el proyecto Coga, nos preguntamos si el conflicto se ha transformado en una suerte de "nueva normalidad" para la empresa. Nos preocupa la incapacidad de Newmont para obtener una licencia social en los países donde opera" concluyó.
Los accionistas también preguntaron a la Junta Directiva cómo espera asegurar la viabilidad a largo plazo de sus operaciones en Perú.
En la región de Cajamarca, al norte del Perú, diversos grupos han manifestado su oposición al proyecto Minas Congas debido a su consumo de agua y la potencial contaminación de una zona sensible y que es cabecera de cuenca. La construcción del proyecto se suspendió en noviembre de 2011 después de fuertes protestas. El 5 de diciembre el gobierno nacional declaró el estado de emergencia en cuatro distritos de la región, que finalmente se levantó el 15 de diciembre.
Nick Magel del grupo ambientalista Earthworks, en representación de los Misionaros Oblatos de María Inmaculada, dijo: "La incapacidad de Newmont de obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas por el proyecto se ha vuelto una pérdida financiera y de imágen pública para la empresa". Según las estimaciones de la empresa, las demoras en el inicio de la construcción le costaron US$2 millones al día, que la empresa ha logrado reducir.
No es la primera vez que cuestiones como esta afectan las operaciones de la empresa en Perú. En 2004, Newmont suspendió la construcción de la mina Cerro Quilish luego de semanas de protestas y oposición de las comunidades locales. En aquel momento, la empresa publicó un comunicado en los diarios donde expresó la "voluntad de siempre escuchar los sentimientos del pueblo de Cajamarca, reconocer nuestros errores y promover cambios positivos en nuestro comportamiento para reconstruir nuesrta relación con la población".
El mes pasado, la firma de investigación de mercado ECPI calificó con grado "F" a Newmont, como cada año desde 2007, debido a sus conflictos con las comunidades y gobiernos locales.
El informe de la consultora puede bajarse aquí (en inglés):http://www.ecpigroup.com/ecpshare/newsletter/2012_March/1203_ECPI_Land_Grabbing_Newmont_Mining.pdf
CONTACTOS:
Julie Tanner, Christian Bros Investment Srvcs, 917-723-7702
Cathy Rowan, Maryknoll Sisters, 718-822-0820
Nick Magel, Earthworks, 419-283-2728
Payal Sampat, Earthworks, 202-247-1180
Artículo original en inglés: http://bit.ly/EW-NewmontAGM-2012
ECPI - LAND GRABBING IN THE MINING INDUSTRY: THE CASE OF NEWMONT MINING
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