SEBASTIAN ORTIZ MARTÍNEZ @Shebas07
Redacción Online
Uno de los puntos flacos del Gobierno durante este año ha sido la resolución de los conflictos sociales. Tras las muertes ocurridas en Espinar(Cusco) y Cajamarca, el Ejecutivo decidió aplicar con mayor intensidad la política de prevención; sin embargo, el futuro del proyecto Conga, el caso emblemático que ha tenido que afrontar este gobierno, todavía está pendiente.
Según el último informe de la Defensoría del Pueblo, son 230 casos, entre activos y latentes, los que se mantienen en su lista hasta noviembre. Esta cifra, que significa el descenso en 17 conflictos en seis meses, está lejos de la presentada por el Ejecutivo, que solamente reconoce 66.
Las autoridades de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Defensoría del Pueblo y del Congreso hacen un balance y analizan la política de la administración humalista en la prevención y resolución de conflictos sociales.
IMPROVISACIÓN PERMITIÓ CONGA
Para el congresista de Alianza por el Gran Cambio, Juan Carlos Eguren, el desborde de las protestas en Espinar (Cusco) y Cajamarca —ambas declaradas en estado emergencia en junio y julio, respectivamente— se debió a la “inexperiencia” y “al doble discurso sobre la minería, uno en campaña y otro en el Gobierno”, del presidente Ollanta Humala.
En diálogo con elcomercio.pe, el dirigente del Partido Popular Cristiano (PPC) sostuvo que recién “se ve organizado” el trabajo de prevención de conflictos, porque al inicio del quinquenio humalista se notó “cierto nivel de improvisación”.
“Hubo un mal manejo del Gobierno por la inexperiencia y el doble discurso (…) Posteriormente, hemos tenido una posición firme y seria de parte del Ejecutivo en defensa de la generación de empleo y, en paralelo, se fortaleció el rol que le corresponde al Estado desde el punto de vista de ser muy exigente en materia de medio ambiente”, dijo.
Desde la Defensoría del Pueblo, el abogado Rolando Luque, encargado de la prevención de conflictos, sostuvo que en el caso Conga se desaprovecharon dos momentos.
“Se cortó el diálogo y no se pudo suscribir un acta que creaba dos grupos de trabajo para ver el tema ambiental y el de desarrollo. Luego, el peritaje realizado no fue concordado entre las partes para elegir a los peritos. De haberlo hecho se comprometía a las partes a respetar el resultado”, dijo en entrevista con El Comercio.
Tras la suspensión temporal de Conga, opinó Luque, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, “no solo tiene que explicarle” a la ciudadanía las denuncias que le han planteado y sus móviles políticos, sino también cuál es el proyecto de desarrollo alternativo a la minería que él propone.
QUELLAVECO, EL MODELO A SEGUIR
Luque, además, sostuvo que el manejo del proyecto Quellaveco, en Moquegua, donde las comunidades y la empresa Anglo American llegaron a un acuerdo para su ejecución, es un modelo a seguir “en el sentido de la participación de un amplio sector de autoridades, de la sociedad y del sector privado”.
El funcionario de la Defensoría destacó el liderazgo político del presidente regional de Moquegua, Martín Vizcarra Cornejo, en la solución del conflicto.
“También es un modelo por el liderazgo que tuvo el presidente regional, que era quien convocaba a las reuniones; y por el trabajo de Anglo American, que mostró de manera transparente su información y estuvo presente todo el tiempo absolviendo dudas de la población”, aseguró.
“Los liderazgos políticos fuertes son claves para solucionar un conflicto. Permiten cohesionar al grupo en torno a una figura confiable. El presidente regional de Moquegua lo es. Así los liderazgos radicales se convierten en una minoría que buscará interferir en las conversaciones, pero serán desplazados por el liderazgo fuerte”, añadió.
ATENCIÓN OPORTUNA
El factor común de la aparición de los conflictos sociales es la falta de presencia del Estado en las comunidades, aseguró el jefe de la Oficina de Diálogo Nacional de la PCM, Vladimiro Huaroc, quien también dijo que las empresas “deben modificar su relación con la población y entender que esa relación es muy delicada”.
“Estamos hablando de población pobres, que han construido conciencia ambiental, se han organizado en redes, valoran el agua y medio ambiente y necesitan ser partícipes de los beneficios que generan estas inversiones. (…) El Estado debe ser un agente importante en la prevención teniendo presencia, resolviendo y atendiendo oportunamente a su población”, señaló en entrevista con Canal N.
Huaroc, además, explicó porqué las cifras de la PCM y la Defensoría del Pueblo en relación al número de conflictos sociales son diferentes.
“Para nosotros no todas las tensiones sociales son conflictos. Hay tensiones sociales que tienen una definición de controversia y diferencia y otras que llegan a ser conflicto cuando rebasan el orden institucional y llegan a un nivel de violencia y confrontación. Entonces, hacemos esa diferenciación y eso nos ubica mejor en el tratamiento”, detalló.
En esa línea, dijo que de los 66 conflictos registrados por su oficina, 21 están relacionados a la minería y que otro número importante tiene que ver con la industria petrolera, gasífera y maderera. “El 72% de los 66 tienen que ver con la industria extractiva. Por ello, es necesario mejorar la relación empresa, comunidad y Estado. Este triángulo tiene que funcionar de manera más efectiva y solidaria”, manifestó.
LA INTENSIDAD DEL CONFLICTO
Y si bien, la Defensoría del Pueblo reconoce que durante los últimos seis meses el número de conflictos sociales ha bajado en 17, Luque sostuvo que no se puede cantar victoria.
“A partir de junio han disminuido (los conflictos), mes a mes descendieron, pero no hay que cantar victoria porque en el Perú nunca se sabe. Hemos retirado 17 casos de la lista de la defensoría. El número de conflictos no es tan importante como la intensidad que puedan alcanzar”, comentó.
Bajo esa lógica, el congresista Juan Carlos Eguren recordó que no solamente Conga se encuentra paralizado, sino también los proyectos Tía María y Majes Siguas. “Ha sido un año muy negativo para el Gobierno en el manejo de los conflictos. Hay muchos proyectos mineros que se encuentran detenidos”, expresó.
Finalmente, dijo que el reto de la administración humalista para los próximos años será dejar atrás el doble discurso y las marchas y contramarcha, a fin de posibilitar un clima de paz social para que las inversiones se ejecuten en nuestro país.
¿Y tú cómo calificas la gestión de conflictos sociales del Gobierno?
Redacción Online
Uno de los puntos flacos del Gobierno durante este año ha sido la resolución de los conflictos sociales. Tras las muertes ocurridas en Espinar(Cusco) y Cajamarca, el Ejecutivo decidió aplicar con mayor intensidad la política de prevención; sin embargo, el futuro del proyecto Conga, el caso emblemático que ha tenido que afrontar este gobierno, todavía está pendiente.
Según el último informe de la Defensoría del Pueblo, son 230 casos, entre activos y latentes, los que se mantienen en su lista hasta noviembre. Esta cifra, que significa el descenso en 17 conflictos en seis meses, está lejos de la presentada por el Ejecutivo, que solamente reconoce 66.
Las autoridades de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Defensoría del Pueblo y del Congreso hacen un balance y analizan la política de la administración humalista en la prevención y resolución de conflictos sociales.
IMPROVISACIÓN PERMITIÓ CONGA
Para el congresista de Alianza por el Gran Cambio, Juan Carlos Eguren, el desborde de las protestas en Espinar (Cusco) y Cajamarca —ambas declaradas en estado emergencia en junio y julio, respectivamente— se debió a la “inexperiencia” y “al doble discurso sobre la minería, uno en campaña y otro en el Gobierno”, del presidente Ollanta Humala.
En diálogo con elcomercio.pe, el dirigente del Partido Popular Cristiano (PPC) sostuvo que recién “se ve organizado” el trabajo de prevención de conflictos, porque al inicio del quinquenio humalista se notó “cierto nivel de improvisación”.
“Hubo un mal manejo del Gobierno por la inexperiencia y el doble discurso (…) Posteriormente, hemos tenido una posición firme y seria de parte del Ejecutivo en defensa de la generación de empleo y, en paralelo, se fortaleció el rol que le corresponde al Estado desde el punto de vista de ser muy exigente en materia de medio ambiente”, dijo.
Desde la Defensoría del Pueblo, el abogado Rolando Luque, encargado de la prevención de conflictos, sostuvo que en el caso Conga se desaprovecharon dos momentos.
“Se cortó el diálogo y no se pudo suscribir un acta que creaba dos grupos de trabajo para ver el tema ambiental y el de desarrollo. Luego, el peritaje realizado no fue concordado entre las partes para elegir a los peritos. De haberlo hecho se comprometía a las partes a respetar el resultado”, dijo en entrevista con El Comercio.
Tras la suspensión temporal de Conga, opinó Luque, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, “no solo tiene que explicarle” a la ciudadanía las denuncias que le han planteado y sus móviles políticos, sino también cuál es el proyecto de desarrollo alternativo a la minería que él propone.
QUELLAVECO, EL MODELO A SEGUIR
Luque, además, sostuvo que el manejo del proyecto Quellaveco, en Moquegua, donde las comunidades y la empresa Anglo American llegaron a un acuerdo para su ejecución, es un modelo a seguir “en el sentido de la participación de un amplio sector de autoridades, de la sociedad y del sector privado”.
El funcionario de la Defensoría destacó el liderazgo político del presidente regional de Moquegua, Martín Vizcarra Cornejo, en la solución del conflicto.
“También es un modelo por el liderazgo que tuvo el presidente regional, que era quien convocaba a las reuniones; y por el trabajo de Anglo American, que mostró de manera transparente su información y estuvo presente todo el tiempo absolviendo dudas de la población”, aseguró.
“Los liderazgos políticos fuertes son claves para solucionar un conflicto. Permiten cohesionar al grupo en torno a una figura confiable. El presidente regional de Moquegua lo es. Así los liderazgos radicales se convierten en una minoría que buscará interferir en las conversaciones, pero serán desplazados por el liderazgo fuerte”, añadió.
ATENCIÓN OPORTUNA
El factor común de la aparición de los conflictos sociales es la falta de presencia del Estado en las comunidades, aseguró el jefe de la Oficina de Diálogo Nacional de la PCM, Vladimiro Huaroc, quien también dijo que las empresas “deben modificar su relación con la población y entender que esa relación es muy delicada”.
“Estamos hablando de población pobres, que han construido conciencia ambiental, se han organizado en redes, valoran el agua y medio ambiente y necesitan ser partícipes de los beneficios que generan estas inversiones. (…) El Estado debe ser un agente importante en la prevención teniendo presencia, resolviendo y atendiendo oportunamente a su población”, señaló en entrevista con Canal N.
Huaroc, además, explicó porqué las cifras de la PCM y la Defensoría del Pueblo en relación al número de conflictos sociales son diferentes.
“Para nosotros no todas las tensiones sociales son conflictos. Hay tensiones sociales que tienen una definición de controversia y diferencia y otras que llegan a ser conflicto cuando rebasan el orden institucional y llegan a un nivel de violencia y confrontación. Entonces, hacemos esa diferenciación y eso nos ubica mejor en el tratamiento”, detalló.
En esa línea, dijo que de los 66 conflictos registrados por su oficina, 21 están relacionados a la minería y que otro número importante tiene que ver con la industria petrolera, gasífera y maderera. “El 72% de los 66 tienen que ver con la industria extractiva. Por ello, es necesario mejorar la relación empresa, comunidad y Estado. Este triángulo tiene que funcionar de manera más efectiva y solidaria”, manifestó.
LA INTENSIDAD DEL CONFLICTO
Y si bien, la Defensoría del Pueblo reconoce que durante los últimos seis meses el número de conflictos sociales ha bajado en 17, Luque sostuvo que no se puede cantar victoria.
“A partir de junio han disminuido (los conflictos), mes a mes descendieron, pero no hay que cantar victoria porque en el Perú nunca se sabe. Hemos retirado 17 casos de la lista de la defensoría. El número de conflictos no es tan importante como la intensidad que puedan alcanzar”, comentó.
Bajo esa lógica, el congresista Juan Carlos Eguren recordó que no solamente Conga se encuentra paralizado, sino también los proyectos Tía María y Majes Siguas. “Ha sido un año muy negativo para el Gobierno en el manejo de los conflictos. Hay muchos proyectos mineros que se encuentran detenidos”, expresó.
Finalmente, dijo que el reto de la administración humalista para los próximos años será dejar atrás el doble discurso y las marchas y contramarcha, a fin de posibilitar un clima de paz social para que las inversiones se ejecuten en nuestro país.
¿Y tú cómo calificas la gestión de conflictos sociales del Gobierno?
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